STC16616-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16616-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00844-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Roc\u00edo Bedoya Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de esa ciudad, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn -EPM- y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb, presuntamente vulneradas por el accionado. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene estudiar de forma detallada \u00ab[su] demanda de casaci\u00f3n, sin sesgos ni exposici\u00f3n somera de apartes jurisprudenciales que aplicar\u00edan f\u00e1cilmente a cualquier decisi\u00f3n, si se utilicen preformatos que aplicar\u00edan a cualquier decisi\u00f3n reemplazando tan solo nombres y algunos apuntes\u00bb, as\u00ed como \u00abla prueba testimonial que de analizarse hubiera cambiado la decisi\u00f3n del ad quem y el de la Corte Suprema en sede de casaci\u00f3n, correspondiente a [sus] compa\u00f1eros de trabajo\u2026\u00bb; que se disponga \u00abcasar la sentencia del Tribunal\u00bb o, en su defecto, la autoridad acusada proceda a \u00abrevisar de manera detallada la demanda de casaci\u00f3n y tomar una decisi\u00f3n que respete sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Claudia Durango Mart\u00ednez promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn EPM, con miras a que se le reconociera que le correspond\u00eda recibir el salario previsto para los profesionales tipo c de la unidad de contrataci\u00f3n de esa entidad. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 8 de mayo de 2017, en la que, entre otras cosas, conden\u00f3 a la demandada al pago del reajuste salarial, prestaciones legales y extralegales, vacaciones y dem\u00e1s emolumentos salariales, en relaci\u00f3n con lo reconocido y pagado a la categor\u00eda para cargo de profesional C a partir del trato igual, ello es desde el 14 de febrero de 2014; y declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n fue apelada. <\/p>\n
2.3. El 5 de julio 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la demandada. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n esa providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 24 de noviembre de 2020 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que no era cierto que fuese insuficiente el planteamiento de la demanda de casaci\u00f3n por no demostrar su incidencia contra lo decidido en segunda instancia; que el libelo no se limit\u00f3 a la transcripci\u00f3n de funciones, sino que se\u00f1al\u00f3 los medios de convicci\u00f3n no apreciados y los indebidamente valorados. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que s\u00ed se precisaron los errores de hecho y su incidencia; que cumpli\u00f3 con la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n; y que se deb\u00eda estudiar nuevamente la demanda, en tanto que no se hizo en detalle. <\/p>\n
2.6. Adujo que hab\u00eda cumplido sus funciones con eficiencia y rendimiento, sin importar el grado de complejidad, de igual manera que los profesionales A y C; que se acogieron los argumentos de EPM, desconociendo el valor del fallo de primera instancia; y que se deb\u00edan flexibilizar las cargas t\u00e9cnicas, pues s\u00ed argument\u00f3 de fondo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn EPM indic\u00f3 que la tutela no era una tercera instancia; que no se incurri\u00f3 en error f\u00e1ctico ni se vulneraron los derechos fundamentales de la gestora; que las decisiones atacadas se emitieron dentro del marco de razonabilidad; que se pretend\u00eda reabrir un debate de instancia; que el recurso de casaci\u00f3n ten\u00eda graves deficiencias t\u00e9cnicas; y que se respetaron las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que el incumplimiento de las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para la presentaci\u00f3n de la demanda extraordinaria de casaci\u00f3n imposibilit\u00f3 realizar un estudio sobre las acusaciones planteadas; que condicionar la casaci\u00f3n a unos presupuestos m\u00ednimos de l\u00f3gica y de debida fundamentaci\u00f3n no pod\u00eda calificarse como una decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria; y que la determinaci\u00f3n emitida no era contraria a derecho, se fundaba en las disposiciones legales y en el precedente aplicable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostraci\u00f3n requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales de nuestro ordenamiento laboral, debe reunir los requisitos de t\u00e9cnica que aquellas exigen, los que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso. <\/p>\n
Se dice lo anterior porque el escrito con el que se pretende sustentar la acusaci\u00f3n, contiene graves deficiencias t\u00e9cnicas que comprometen la prosperidad del cargo propuesto, las cuales no son factibles de subsanar en virtud del car\u00e1cter dispositivo del recurso de casaci\u00f3n, como pasa a detallarse: <\/p>\n
1. La censura se\u00f1ala que el yerro f\u00e1ctico que le enrostra al Tribunal obedece a la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de las pruebas; sin embargo, cuando en la demostraci\u00f3n alude a los folios 105 a 109 y 111 del expediente, que corresponden a las funciones asignadas a los cargos de profesionales A y C, respectivamente, no lo hace para se\u00f1alarle a la Corte que estas documentales fueron equivocadamente valoradas por el Tribunal, sino que simplemente transcribe la funci\u00f3n b\u00e1sica de cada uno de estos profesionales, para decir que de acuerdo a la misma, se puede advertir que la labor de los profesionales A se encamina a ejecutar, aplicar procedimientos estrat\u00e9gicos impartidos, mientras que los tipo C, estructuran y desarrollan los planes y no solo ejecutan, y finaliza diciendo que en la realidad ese manual de funciones no se cumple. <\/p>\n
Dicho planteamiento es insuficiente, porque el censor omite indicarle a la Sala lo que las funciones de los profesionales A y C realmente demostraban y su incidencia contra lo decidido en segunda instancia, que permita evidenciar de manera incontrastable, que la verdad real de la contienda es tajantemente distinta de la que estableci\u00f3 el Tribunal y, por el contrario, de sus afirmaciones referentes a que, conforme al manual de funciones se puede advertir que la labor de los profesionales A se encamina a ejecutar, aplicar procedimientos estrat\u00e9gicos impartidos, mientras que los profesionales C, estructuran y desarrollan los planes y no solo ejecutan, parece m\u00e1s bien darle la raz\u00f3n a la alzada en su ejercicio valorativo de los aludidos documentos al sentar algunas diferencias entre dichos profesionales, sin que sean de recibo las afirmaciones del recurrente de que: todos los contratos que manejan los profesionales A y C eran de id\u00e9ntica complejidad, quienes adem\u00e1s, cumpl\u00edan las mismas funciones, lo que amerita una retribuci\u00f3n salarial igual; mientras no se tenga un respaldo probatorio que corrobore esa situaci\u00f3n para el caso de la promotora del proceso, que es precisamente la confrontaci\u00f3n que en rigor no efect\u00faa el ataque. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe se\u00f1alar, que cuando se pretende derruir los soportes f\u00e1cticos sobre los cuales se encuentra sustentado el fallo recurrido, es deber del censor, adem\u00e1s de individualizar con precisi\u00f3n las equivocaciones que habr\u00eda cometido el Tribunal en el terreno netamente f\u00e1ctico, se\u00f1alar los medios de convicci\u00f3n no apreciados o indebidamente valorados, contrastar lo que emerg\u00eda de estos de cara a lo que el fallador deriv\u00f3 de los mismos, explicar por qu\u00e9 dichas falencias tendr\u00edan las caracter\u00edsticas de un error de hecho protuberante y manifiesto, identificar los raciocinios que propiciaron un yerro de esa naturaleza y cu\u00e1l habr\u00eda sido su incidencia en la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Al respecto, en providencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, reiterada en las CSJ SL3670-2020, CSJ SL3131-2020 y CSJ SL4078-2020, entre muchas otras, la Sala manifest\u00f3\u2026 <\/p>\n
En este punto se impone volver a recordar el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed como reiterar que este medio de impugnaci\u00f3n no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cu\u00e1l de los litigantes le asiste raz\u00f3n, tarea que es la que compete a las dos instancias regulares del proceso y excepcionalmente a la Corte cuando funge como tribunal de instancia, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusaci\u00f3n, se orienta a enjuiciar la sentencia para as\u00ed establecer si al dictarla el ad quem observ\u00f3 las preceptivas jur\u00eddicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jur\u00eddico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casaci\u00f3n se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. <\/p>\n
A fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casaci\u00f3n no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia como aqu\u00ed ocurre, en el cual es posible arg\u00fcirlas libremente, y es por eso que la misma debe reunir no s\u00f3lo los requisitos puramente formales que permiten su admisi\u00f3n, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo l\u00f3gicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que la censura cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia atacada. <\/p>\n
De ah\u00ed que, el escrito con que se pretende sustentar la acusaci\u00f3n en este asunto, es m\u00e1s un alegato de instancia, que el desarrollo adecuado de un recurso extraordinario. <\/p>\n
2. De otra parte, la censura denuncia como no valorada la prueba testimonial, aspecto que ri\u00f1e con la verdad procesal, toda vez que el juez de segundo grado se refiri\u00f3 ampliamente a las declaraciones rendidas por las compa\u00f1eras de trabajo de la actora, Marleny del Socorro Guerra Tamayo, Leonel de Jes\u00fas Higuita Rodr\u00edguez, Clara Elena Botero Herrera y Carmenza Nore\u00f1a Restrepo; as\u00ed como a las vertidas por Edward Quintero Londo\u00f1o y Jairo Ortega Cadavid, \u00e9ste \u00faltimo jefe de la unidad de contrataci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si la Sala entendiera que se trat\u00f3 de un lapsus calami del recurrente, porque en realidad acusa la citada prueba testimonial por indebida apreciaci\u00f3n, de nada servir\u00eda toda vez que la censura omiti\u00f3 indicarle a la Corte en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro valorativo y qu\u00e9 es lo que en verdad demuestran las citadas testimoniales contrario a lo establecido por la alzada, pues al hacer referencia a algunas de ellas simplemente se\u00f1al\u00f3 lo dicho por el declarante y lo que en su criterio acreditan, pero, se itera, no le mostr\u00f3 a la Sala en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error de apreciaci\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Cumple decir, que si bien la prueba testimonial no es medio de convicci\u00f3n calificado para acudir en casaci\u00f3n, pues, conforme a la restricci\u00f3n del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, solamente tienen tal calidad el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n judicial; lo cierto es que, el casacionista, si pretende derruir la sentencia impugnada, est\u00e1 obligado a denunciar todos los elementos de convicci\u00f3n que soportan la decisi\u00f3n del Tribunal, pues de no hacerlo, aquellos que quedan libres de ataque, as\u00ed como las conclusiones que de los mismos derive el operador judicial de segunda instancia, mantienen intacta la sentencia acusada. <\/p>\n
En efecto, la censura no denuncia los testimonios de Carmenza Nore\u00f1a Restrepo, Edward Quintero Londo\u00f1o y Jairo Ortega Cadavid, cuando de acuerdo con las consideraciones del fallo confutado la prueba testimonial fue esencial para definir la controversia, lo que contribuye a conservar inc\u00f3lume lo decidido. <\/p>\n
Sobre este punto en providencia CSJ SL3351-2020, la Corte indic\u00f3\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 18 de noviembre de 2022. <\/p>\n
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