STC16617-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16617-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00414-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 de septiembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Abad Alexander Londo\u00f1o Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia \u2013 magistrado Plinio Mendieta Pacheco \u2013, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en un fallo anterior de tutela \u2013 27 de octubre de 2020 \u2013, esta Corte neg\u00f3 una salvaguarda que promovi\u00f3 contra el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Penal, cuestionando la mora judicial de dicha colegiatura para resolver el recurso de apelaci\u00f3n que su defensa interpuso contra la sentencia de primera instancia que lo conden\u00f3; sin embargo, su proceso contin\u00faa en indefinici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a este nuevo amparo. <\/p>\n
De los anexos e informaci\u00f3n aportada a estas diligencias se extrajo que, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, en veredicto del 17 de julio de 2017, lo conden\u00f3 a 192 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal y actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3. El asunto en segunda instancia fue asignado desde el 29 de agosto de ese mismo a\u00f1o, al magistrado Plinio Mendieta Pacheco de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
3. En consecuencia, el actor pide que se ordene al accionado dictar \u00abun pronunciamiento de fondo a dicha apelaci\u00f3n, ya que mi condena no ha sido asentada y tampoco me ha sido asignado juez de ejecuci\u00f3n de penas para poder acceder a solicitar los beneficios administrativos y de ley conforme la norma resocializadora, tales como, redenci\u00f3n de pena, cambio de fase para poder acceder al permiso de hasta 72 horas, libertad condicional, etc.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado Plinio Mendieta Pacheco de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia admiti\u00f3 que, efectivamente, el proceso que involucra al actor le fue repartido el 29 de agosto de 2017, pero que a\u00fan no ha elaborado proyecto de decisi\u00f3n \u00abpor imposibilidad material\u00bb debido a la fuerte congesti\u00f3n laboral que tiene su despacho, y porque ha debido priorizar tr\u00e1mites o procesos pr\u00f3ximos a prescribir. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no est\u00e1 en posibilidad de indicar una fecha exacta en que podr\u00eda proferir la sentencia reclamada, pues hay varios expedientes con turno prioritario al de Londo\u00f1o Ram\u00edrez y con fecha de prescripci\u00f3n cercana. <\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n del despacho que regenta, inform\u00f3 que tiene m\u00e1s de 200 procesos pendientes de decisi\u00f3n, suma que equivale al 45% de la carga laboral de toda la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y \u00abes superior a la sumatoria de todos los expedientes asignados a cuatro de los otros cinco magistrados integrantes de esa Sala\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 tambi\u00e9n que, en varias ocasiones ha puesto de presente su dif\u00edcil realidad al Consejo Seccional de la Judicatura, as\u00ed como igualmente lo hizo a la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, para que lo tengan en cuenta en los planes de descongesti\u00f3n ordenados por la sentencia T-099 de 2021 de la Corte Constitucional, pero no le han brindado hasta ahora ninguna soluci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo del Circuito de Amalfi indic\u00f3 que dict\u00f3 sentencia en el asunto que comprometi\u00f3 a Abad Alexander Londo\u00f1o, el 17 de julio de 2017 y que, sustentada la alzada contra esa decisi\u00f3n por parte de la defensa de aqu\u00e9l, remiti\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Antioquia, pero este no ha regresado. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 43 Seccional de Amalfi, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n procesal y manifest\u00f3 que la queja elevada por el actor le compete exclusivamente al tribunal accionado. <\/p>\n
4. El complejo carcelario de Jamund\u00ed, solicit\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura destac\u00f3 que, de acuerdo a los datos reportados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia registra un promedio mensual general de ingresos inferior al promedio nacional. Se\u00f1al\u00f3 que, la congesti\u00f3n del despacho de Mendieta Pacheco es de car\u00e1cter hist\u00f3rico, por lo menos desde el a\u00f1o 2009 \u00aby obedece a causas relacionadas con el manejo y direcci\u00f3n de este, pues aqu\u00e9l no ha reportado ingreso de expedientes sustancialmente mayor que el de sus pares, aunque s\u00ed ha consignado el segundo nivel m\u00e1s bajo de egresos de toda la corporaci\u00f3n a la que pertenece\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que, tomada globalmente, la Sala Penal de ese tribunal no presenta congesti\u00f3n si se compara con los promedios de otros tribunales del pa\u00eds, por lo que, en vista que la congesti\u00f3n del despacho de Plinio Mendieta \u00abno obedece a un incremento o cargas que impliquen la necesaria adopci\u00f3n de medidas extraordinarias de descongesti\u00f3n [\u2026] no obedece a una circunstancia de car\u00e1cter estructural [\u2026] no se han adoptado medidas de descongesti\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia resalt\u00f3 que, tiene conocimiento de la situaci\u00f3n de congesti\u00f3n del despacho del magistrado Mendieta Pacheco, frente al cual adopt\u00f3 medidas tales como, la creaci\u00f3n de un cargo transitorio en el a\u00f1o 2020, adem\u00e1s, con anterioridad, a la Sala Penal de ese tribunal le fue creado un cargo de magistrado adicional de car\u00e1cter permanente. Igualmente, sostuvo que la compleja situaci\u00f3n del despacho en cuesti\u00f3n tiene que ver \u00abcon circunstancias propias de la gesti\u00f3n de dicha oficina [\u2026] como la acumulaci\u00f3n de inventarios\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, durante el presente a\u00f1o, elev\u00f3 solicitud al Consejo Superior de la Judicatura de creaci\u00f3n de un cargo de auxiliar judicial para ese despacho, pero en julio, la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico respondi\u00f3 que dicha oficina \u00abno cumple con los criterios de priorizaci\u00f3n para la implementaci\u00f3n de medidas especiales de descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda al advertir que, ciertamente, existe mora judicial para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa del ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que la dilaci\u00f3n no obedece a la negligencia deliberada del magistrado a cargo del asunto, sino al alto n\u00famero de procesos con que cuenta, y aunque el Consejo Superior de la Judicatura sostuvo \u00abque ello no es su problema, en franco desconocimiento de sus deberes legales [\u2026] desde luego que esta situaci\u00f3n le incumbe, inclusive si la causa de la mora fuera el deficiente desempe\u00f1o laboral del funcionario\u00bb, y complement\u00f3 que a\u00fan siendo, \u00abinsatisfactoria su gesti\u00f3n, con las consecuencias correspondientes, eso tendr\u00eda que reflejarse en la calificaci\u00f3n integral de servicios que peri\u00f3dicamente le corresponde realizar al Consejo Superior de la Judicatura [\u2026] si no se ha hecho as\u00ed, es inadmisible que el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el argumento de que esa mora judicial \u201cno es una situaci\u00f3n generalizada\u201d, pretenda que nada tiene que ver con la vulneraci\u00f3n del derecho del actor a que su recurso sea resuelto en un plazo razonable\u00bb. <\/p>\n
Coligi\u00f3 entonces, que existe una relaci\u00f3n de causalidad entre la mora judicial denunciada y \u00abel incumplimiento de los deberes que conciernen al Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, y como considera que la mora no es corregible \u00aborden\u00e1ndole al funcionario decidir en el acto, salt\u00e1ndose el orden de prelaci\u00f3n de los asuntos a cargo con similares caracter\u00edsticas\u00bb, dispuso ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, \u00ab(\u2026) dentro del t\u00e9rmino de tres (3) meses contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de este fallo, debe adoptar las medidas necesarias para superar la congesti\u00f3n que padece el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, actualmente a cargo del doctor Plinio Mendieta Pacheco. <\/p>\n
Una vez se implementen las medidas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Plinio Mendieta Pacheco, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, si no lo hubiere hecho a\u00fan, determinar\u00e1 y comunicar\u00e1 a la parte actora una fecha concreta, real y dentro de un t\u00e9rmino razonable, en la que se resolver\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. Ese lapso no podr\u00e1 ser mayor a tres (3) meses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la Directora de la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, quien se opuso a la orden dada a esa corporaci\u00f3n por la Sala a quo pues, se le est\u00e1 dando prioridad \u00abde manera particular a un despacho judicial respecto de los 5.620 despachos judiciales existentes en la Rama Judicial sin tener en cuenta criterios objetivos sino a partir de un caso judicial\u00bb; y agreg\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo id\u00f3neo para gestionar la creaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, destac\u00f3 que, el Consejo Superior ha adoptado diversas medidas de descongesti\u00f3n en la Rama Judicial, pero las mismas atienden a un estudio t\u00e9cnico \u00abque tiene en cuenta las diferentes necesidades de todas las jurisdicciones y especialidades con el prop\u00f3sito de atender de manera objetiva los casos con acumulaci\u00f3n desbordante\u00bb, y mencion\u00f3 que existe una restricci\u00f3n presupuestal que afecta el sector de la justicia. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, el Tribunal Superior de Antioquia ha sido objeto de varias intervenciones en dicho sentido, en 2014 se trasladaron 260 procesos en estado de fallo al Tribunal Superior de Medell\u00edn; en 2015, se cre\u00f3 de forma permanente para cada despacho de magistrado el cargo de abogado asesor grado 23; en 2020, fue realizado un estudio en que se identificaron diferentes variables, resultando que el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Penal, \u00abno cumple con los criterios de priorizaci\u00f3n, puesto que su demanda es inferior al promedio nacional y no hay un desequilibrio que implique la adopci\u00f3n de una medida para fortalecer la oferta\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que, el estudio de dicho tribunal arroj\u00f3 tambi\u00e9n que, en la Sala Penal no ha existido una sobrecarga especial para el despacho del magistrado Mendieta Pacheco, pero la diferencia de egresos e inventario final es sustancial con el resto de sus hom\u00f3logos. <\/p>\n
Finalmente, recalc\u00f3 que, \u00ab(\u2026) La orden impartida por la Sala de Tutelas # 2, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, adem\u00e1s de deslegitimar la acci\u00f3n constitucional, le impone al Consejo Superior de la Judicatura incurrir en gastos adicionales que no est\u00e1n contemplados en el presupuesto, y de hacerlo caer en la prohibici\u00f3n expresa constitucional prevista en el art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia al extralimitarse en sus funciones. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n puede generar una afectaci\u00f3n al derecho de la igualdad respecto a los 5.620 despachos judiciales, ya que pretende que se priorice un plan de descongesti\u00f3n pese a existir otras necesidades en la Rama Judicial que tienen su causa en temas estructurales y no una baja gesti\u00f3n de un despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, corresponder\u00e1 establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al (i) incurrir en mora judicial injustificada para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa del accionante frente a la sentencia que lo conden\u00f3 en primera instancia (proceso penal radicado n\u00ba 2016-00145); y, (ii) si es procedente la orden dada al Consejo Superior de la Judicatura, para que adopte medidas espec\u00edficas de descongesti\u00f3n frente al despacho del magistrado accionado, bajo el entendido que, la falta de intervenci\u00f3n de esa corporaci\u00f3n en la soluci\u00f3n a la congesti\u00f3n laboral que presenta dicha oficina, tiene incidencia directa en la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Valga destacar que frente al tema solo resultar\u00eda procedente la injerencia del juez constitucional cuando resulte manifiesta y notoria la desidia o negligencia de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionan la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998) <\/p>\n
De igual forma, se precis\u00f3 que este tipo de situaciones, cuando carecen de una justificaci\u00f3n v\u00e1lida, genera en realidad vulneraci\u00f3n al debido proceso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada CSJ STC 8 jun. 2010, rad. 00814-00; 19 dic. 2012, rad. 00814-00 y STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que escenarios donde se ventilen circunstancias de esta naturaleza, involucran tambi\u00e9n la transgresi\u00f3n directa del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se ha se\u00f1alado que este derecho \u201cno puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u201d, por cuanto lo contrario \u201cimplicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb (CC. T-030\/05). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, anticipa la Corte la convalidaci\u00f3n del fallo constitucional recurrido en cuanto a refrendar la concesi\u00f3n del amparo al no advertirse, para esta Sala, una justificaci\u00f3n admisible en este caso particular frente a la mora judicial denunciada. <\/p>\n
De manera que, atendiendo los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, como existe una omisi\u00f3n concreta para resolver un asunto puesto en conocimiento del funcionario implicado, en desmedro del t\u00e9rmino establecido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal2, emerge ineludible la intervenci\u00f3n del juez de amparo en procura de remediar la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, evidenciada con dicha desatenci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, frente a situaciones como la analizada, la Corte Constitucional ha relievado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los fiscales, jueces y magistrados han de concebir la labor judicial como una funci\u00f3n que va mucho all\u00e1 de emitir providencias, dado que para que \u00e9stas sean leg\u00edtimas deben proferirse conforme a la Constituci\u00f3n y a la ley, tanto formal como materialmente, lo cual incluye que en su expedici\u00f3n se acaten los t\u00e9rminos procesales. De all\u00ed que \u201cla jurisdicci\u00f3n no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisi\u00f3n sobre las situaciones que generan el litigio, atentando as\u00ed, gravemente contra la seguridad jur\u00eddica que tienen los ciudadanos\u00bb (CC. T-052\/18). <\/p>\n
Pese a lo se\u00f1alado, no desconoce la Sala la situaci\u00f3n revelada por el magistrado accionado en cuanto a la congesti\u00f3n que padece su despacho, que no es nueva, seg\u00fan lo inform\u00f3 la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, evidenciada por lo menos desde el a\u00f1o 2009 e incrementada a\u00f1o tras a\u00f1o desde entonces pese a las diferentes intervenciones para mitigarla por parte de la corporaci\u00f3n administrativa vinculada; al efecto, en 2014 dispuso el traslado y reasignaci\u00f3n de expedientes a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, la creaci\u00f3n de un cargo permanente para los despachos de magistrados en 2015 \u2013 el de abogado asesor grado 23 \u2013, uno transitorio de descongesti\u00f3n para el del magistrado Mendieta Pacheco en 2020 y la de un despacho de magistrado adicional de planta para la Sala Penal de ese Tribunal. <\/p>\n
A pesar de ello, seg\u00fan los estudios adelantados por la referida Unidad y aportados a esta actuaci\u00f3n, ha sido la falta de gesti\u00f3n del funcionario lo que ha llevado al desborde de la estad\u00edstica en el inventario a su cargo, pues no ha se tratado, de acuerdo a los reportes, de un desequilibrio en el reparto o de una situaci\u00f3n estructural de esa colegiatura, aspectos que, por dem\u00e1s, han impedido que, bajo los criterios objetivos de an\u00e1lisis, esa entidad priorice la adopci\u00f3n de nuevas medidas descongesti\u00f3n en dicho caso. <\/p>\n
Ahora, cuando la mora se pretende justificar s\u00f3lo a partir de la \u00abexcesiva carga laboral\u00bb, la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tales argumentaciones resultan insuficientes para exculpar la dilaci\u00f3n, partiendo de que para el juez es una obligaci\u00f3n cumplir diligentemente los t\u00e9rminos para adelantar las actuaciones, porque de lo contrario a \u00abquien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo\u2026 se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CC T-1154\/04)\u00bb (STC12989-2018, 4 oct. 2018, rad. 00327-01). <\/p>\n
Y en una anterior oportunidad, en un contexto similar se dijo: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la congesti\u00f3n o exceso de trabajo de los jueces, usualmente empleada como excusa para pretender justificar la dilaci\u00f3n de los procesos, no en pocas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha precisado que no constituye argumento v\u00e1lido para ese fin, a menos que medie una evaluaci\u00f3n objetiva al respecto, \u00abpues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicci\u00f3n la ineficiencia o ineficacia del Estado\u00bb. C-301\/93. Ver tambi\u00e9n, entre otras sentencias T-190\/95, T-604\/95, T-502\/97, T-292\/99, T-710\/03, T-201\/04. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el entendido que el juez ha desplegado una actividad diligente, respetando y haciendo respetar los deberes y obligaciones que la ley impone, la posibilidad para que pueda justificar la inobservancia de los t\u00e9rminos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para resolver un asunto, debe enmarcarse en razones probadas y objetivamente insuperables, esto es, en el surgimiento de situaciones imprevisibles e ineludibles. <\/p>\n
En este caso en particular, aunque el juez acusado de mora dijo que en las visitas realizadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se hab\u00eda abordado el tema de la congesti\u00f3n, no se observa dentro de sus exculpaciones, que hubiese elevado peticiones a esa entidad para que adoptara las medidas necesarias que la conjuraran, y menos le inform\u00f3 a los reclamantes acerca de esas dificultades que se le presentaban para administrar eficazmente justicia, sometiendo as\u00ed a los usuarios de \u00e9sta a una incertidumbre sobre el momento en que se definir\u00eda su caso\u00bb (CSJ STC7494-2016, 9 jun. 2016, rad. 00059-01) Negrillas de la Corte. <\/p>\n
Con todo, se recalca que, resulta desproporcionado e injustificado el tiempo transcurrido sin pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor, cuya asignaci\u00f3n por reparto al magistrado ponente data del 29 de agosto de 2017, lo que suscita la indudable vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, el cual no pierde efectividad a\u00fan en aquellos supuestos de excesiva carga laboral cuando esta se exhibe como \u00fanico argumento de la dilaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como previamente se indic\u00f3, el fallo objeto de impugnaci\u00f3n en esta sede se ratificar\u00e1 en lo que a la mora judicial injustificada se refiere, pero la orden que se dar\u00e1 para superar la tardanza estar\u00e1 dirigida al magistrado Plinio Mendieta Pacheco, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, para que resuelva en un plazo no mayor a treinta (30) d\u00edas calendario (luego de notificada esta providencia), el recurso de apelaci\u00f3n formulado en el proceso penal con radicado 05001-60-00-207-2016-00145-01. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales \u2013 La acci\u00f3n de tutela y la afectaci\u00f3n del gasto p\u00fablico. <\/p>\n
No obstante la ratificaci\u00f3n de la salvaguarda en los t\u00e9rminos anteriores, la Sala revocar\u00e1 la orden que la Hom\u00f3loga a quo dirigi\u00f3 a la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura en torno a la adopci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n en un plazo determinado en favor del despacho del magistrado tutelado, por cuanto, como en precedente oportunidad lo dijo esta Sala, no es este un mecanismo concebido para provocar \u00f3rdenes que eventualmente impacten el presupuesto de una entidad p\u00fablica, como en este caso, la Rama Judicial. <\/p>\n
Ciertamente, en la referida decisi\u00f3n de tutela, en un contexto similar al actual, se precis\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) no se encuentra admisible imponer al \u00abConsejo Superior de la Judicatura\u00bb el deber de adoptar \u00abmedidas de descongesti\u00f3n\u00bb dentro de un \u00abplazo perentorio\u00bb de treinta (30) d\u00edas para disminuir la \u00abcarga de trabajo\u00bb del \u00f3rgano reprochado, toda vez que esa disposici\u00f3n desbord\u00f3 la \u00ab\u00f3rbita decisional\u00bb del sentenciador tutelar, cuya atribuci\u00f3n se circunscrib\u00eda a emitir un mandato con incidencia directa en los \u00abintereses\u00bb que denunci\u00f3 conculcados el pretensor, siendo claro que para ese prop\u00f3sito era suficiente con haber ordenado \u00abdeclarar la p\u00e9rdida de competencia\u00bb por vencimiento del tiempo consagrado en la ley civil para el desenvolvimiento de la casu\u00edstica que yace inconclusa, pues con ello se superaba la infracci\u00f3n padecida por el interesado. <\/p>\n
Por tanto, aun cuando se trata de una \u00abmedida\u00bb que bien puede redundar en beneficio de otros ciudadanos, lo cierto es que su implementaci\u00f3n no reporta ning\u00fan provecho al litigante que activ\u00f3 la jurisdicci\u00f3n por este canal superlativo, tanto as\u00ed que ello no hizo parte de sus pedimentos, lo cual es comprensible porque frente a \u00e9l se hac\u00eda cesar la conculcaci\u00f3n con disponer que su negocio sea remitido a otro funcionario -de igual jerarqu\u00eda y especialidad- para que all\u00ed sea impulsado con sujeci\u00f3n a los t\u00e9rminos legales establecidos para tal efecto (CSJ STC8790-2018, 10 jul. rad. 00994-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, las razones que trajo a esta actuaci\u00f3n el Consejo Superior, explicativas del porqu\u00e9 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia no cumple con los criterios de priorizaci\u00f3n para intervenirla con medidas de descongesti\u00f3n, tienen fundamento en estudios t\u00e9cnicos basados en los registros estad\u00edsticos y promedios de los tribunales y despachos judiciales del pa\u00eds, luego, no es caprichosa ni arbitraria su postura respecto de esa colegiatura. <\/p>\n
Y es que, el juez de tutela no puede desconocer las funciones y facultades encomendadas al Consejo Superior de la Judicatura y, sin elementos de juicio, bajo la orden gen\u00e9rica de que se adopten medidas de descongesti\u00f3n, sugerir la afectaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para dar soluci\u00f3n a un caso de un despacho particular, respecto del cual ya existe un diagn\u00f3stico suficientemente decantado por parte de esa entidad. <\/p>\n
Una determinaci\u00f3n como esas, debe estar precedida de an\u00e1lisis t\u00e9cnicos, estad\u00edsticos, financieros y presupuestales que validen la necesidad de la implementaci\u00f3n de la medida, pues, la toma de \u00ab(\u2026) cualquier decisi\u00f3n con impacto en los recursos p\u00fablicos, su distribuci\u00f3n o gasto demanda, indefectiblemente, un juicio de razonabilidad suficientemente fundado que garantice su ejecuci\u00f3n y blinde su disponibilidad presupuestal\u00bb (CSJ STP7074\u20132022, 24 may., rad. 00536-00). <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede constitucional, tambi\u00e9n abord\u00f3 la tem\u00e1tica, y memor\u00f3 en lo concerniente que, <\/p>\n
(\u2026) en providencia del 24 de noviembre de 2011, la Corte precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) lo [requerido] por los recurrentes desborda el \u00e1mbito de competencia del juez constitucional, toda vez que tal como lo anot\u00f3 el Juzgador constitucional de primer grado, \u201cel acto de creaci\u00f3n de un cargo en la Rama Judicial requiere el adelantamiento de un procedimiento previamente establecido y de unos recursos econ\u00f3micos que deben encontrarse incluidos dentro del presupuesto de la Rama Judicial, pues constituye norte imperativo que la creaci\u00f3n de cargos no puede exceder el monto de los recursos econ\u00f3micos incluidos en la Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996\u201d (fl. 109). <\/p>\n
Tal postura, que ahora ser\u00e1 ratificada, se ha reiterado en los prove\u00eddos CSJ STC, 31 oct. 2013, rad. 20130040001, CSJ STC14603-2014, CSJ STC6609-2017 y, m\u00e1s recientemente, en CSJ STC, 14 may. 2020, rad. 202000244. En esta \u00faltima se estableci\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) es atribuci\u00f3n exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura, dise\u00f1ar, discutir y sustentar, los proyectos a ejecutar en el respectivo per\u00edodo, constituyendo un desprop\u00f3sito pretender, por la expedita v\u00eda constitucional, obtener la orden de llevar a cabo obras no planificadas, especialmente, cuando \u00e9stas requieren la destinaci\u00f3n de cuantiosas sumas de dinero provenientes, naturalmente, del erario. Dicho de otro modo, sin el cumplimiento de los par\u00e1metros establecidos por el legislador en las normas precitadas, no hay lugar a imponer y\/o autorizar el gasto p\u00fablico que ocasionar\u00eda la instituci\u00f3n de nuevos juzgados en el pa\u00eds. Se trata de determinaciones que deben responder a estudios puntuales sobre la respectiva materia, sometidos a consideraci\u00f3n y discusi\u00f3n de las autoridades competentes, dentro de los perentorios plazos se\u00f1alados (STP7074\u20132022). <\/p>\n
Por lo discurrido, se mantendr\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo al advertirse la mora judicial injustificada, empero, se revocar\u00e1 la orden contenida en el numeral segundo del fallo constitucional impugnado; y, se modificar\u00e1 el numeral tercero, en el sentido de fijar el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas calendario para que el magistrado Plinio Mendieta Pacheco, profiera la decisi\u00f3n que corresponda en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00145-01. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se revalida la concesi\u00f3n del amparo al advertirse una mora judicial injustificada, con el fin de exaltar principios constitucionales tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso, al evidenciarse que el funcionario accionado (de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia) no justific\u00f3 con suficiencia la dilaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3. <\/p>\n
5.2. La tutela no es la v\u00eda adecuada para interferir en la destinaci\u00f3n presupuestal de la Rama Judicial, es decir, al juez de amparo no le es permitido ordenar gastos que alteren las normas sobre el presupuesto; raz\u00f3n por la cual, se dejar\u00e1 sin efecto la orden contenida en el numeral segundo de la sentencia confutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del fallo impugnado, es decir, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del demandante Abad Alexander Londo\u00f1o Ram\u00edrez. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR la orden contenida en el numeral segundo de la decisi\u00f3n confutada, dirigida al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de providencia censurada; en el sentido que, se ordenar\u00e1 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, despacho del magistrado Plinio Mendieta Pacheco, que dentro del t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas calendario, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva la alzada interpuesta por la defensa del accionante Londo\u00f1o Ram\u00edrez contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, en la causa radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2016-00145-01. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 29 de noviembre de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 1\u00ba de diciembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 179. TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE APELACI\u00d3N CONTRA SENTENCIAS. El recurso se interpondr\u00e1 en la audiencia de lectura de fallo, se sustentar\u00e1 oralmente y correr\u00e1 traslado a los no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) d\u00edas siguientes, precluido este t\u00e9rmino se correr\u00e1 traslado com\u00fan a los no recurrentes por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
Realizado el reparto en segunda instancia, el juez resolver\u00e1 la apelaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas y citar\u00e1 a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Si la competencia fuera del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez d\u00edas para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisi\u00f3n. El fallo ser\u00e1 le\u00eddo en audiencia en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas. <\/p>\n
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STC16617-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16617-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00414-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}