STC16630-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16630-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de octubre de 2022, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Inelida S\u00e1nchez frente al Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso radicado n\u00ba 2015-00184. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, con motivo de la renuncia de su anterior apoderado, le otorg\u00f3 poder \u00abespecial amplio y suficiente\u00bb a otro abogado para que la represente (en su calidad de v\u00edctima) al interior del proceso que cursa ante la justicia transicional \u2013 Ley 975 de 2005 \u2013 respecto de Ricaurter Soria Ortiz y otros 13 postulados (radicado n\u00ba 2015-00184). <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el 6 de septiembre de 2022, el citado profesional dirigi\u00f3 memorial a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicitando \u00ab(i) reconocimiento de personer\u00eda como apoderado judicial [\u2026] (ii) se informe estado actual del proceso 2015-00184; [\u2026] (iii) se expid[a] copia digital del expediente de la referencia [o acceso al expediente f\u00edsico] (\u2026) con la finalidad de conocer a fondo la totalidad de la actuaci\u00f3n e informar a mis clientes el verdadero estado procesal, as\u00ed como ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, destac\u00f3 que, mediante auto del 20 de septiembre, la magistrada a cargo de la ponencia del asunto, profiri\u00f3 auto \u00abaceptando la renuncia del doctor Puentes Acosta\u00bb; lo cual, evidentemente, difiere del contenido del memorial rese\u00f1ado. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que el togado Puentes Acosta solicit\u00f3 la nulidad del prove\u00eddo referido e insisti\u00f3 en las peticiones elevadas en el escrito primigenio; empero, cuestion\u00f3 que, la magistratura accionada no se ha pronunciado frente a la nulidad deprecada, pero adem\u00e1s, fij\u00f3 fecha para la audiencia de lectura de fallo, lo cual significa que no tendr\u00eda representaci\u00f3n legal para intervenir en la misma. En suma, sostuvo que el tribunal accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al apreciar de forma incorrecta el requerimiento elevado. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene al tribunal demandado resuelva \u00ab(\u2026) la petici\u00f3n de nulidad tanto del auto fechado el 20 de septiembre de 2022 [\u2026] como del oficio 30701 de 22 de septiembre de 2022 emanado de la secretar\u00eda de dicho tribunal [\u2026] por cuanto, en ning\u00fan momento [su] apoderado ha presentado renuncia alguna al mandato; se reconozca personer\u00eda al mismo en poder del digitalizado y se resuelva la solicitud de remisi\u00f3n de copia digital del expediente (\u2026) o permita acceder al expediente (\u2026) suspenda la diligencia de fallo programada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1. La representante judicial de v\u00edctimas de la Defensor\u00eda Regional de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que esa instituci\u00f3n ha venido brindando la debida asesor\u00eda y representaci\u00f3n a la accionante desde el 21 de mayo de 2018. <\/p>\n
2. La magistrada ponente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, mediante auto del 10 de octubre de 2022 dej\u00f3 sin efecto el pronunciamiento del 20 de septiembre anterior y en providencia del 13 octubre del a\u00f1o en curso, neg\u00f3 el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica del abogado de la accionante, \u00abpor faltar a los requisitos establecidos en el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 806 de 2020, con vigencia permanente por medio de la Ley 2213 de 2022\u00bb; y, dio prevalencia a la Defensor\u00eda P\u00fablica en el ejercicio de la facultad legal de brindar asistencia judicial a la v\u00edctimas de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
3. El fiscal 7\u00ba de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional resumi\u00f3 las principales actuaciones e indic\u00f3 que no se debe acceder a las pretensiones de la accionante, comoquiera que contra la decisi\u00f3n en la que le negaron el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica, proceden los recursos de ley. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto por hecho superado ya que, la funcionaria accionada, el 10 de octubre pasado, se pronunci\u00f3 frente a la nulidad planteada por el abogado Puentes Acosta por lo que, \u00ab(\u2026) Como quiera que el fin perseguido por la demandante era obtener pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad, resulta incuestionable la consolidaci\u00f3n de un hecho superado que torna improcedente la acci\u00f3n de tutela por carencia actual de objeto. Ahora, la sala no har\u00e1 ning\u00fan pronunciamiento sobre la decisi\u00f3n del 13 de octubre de 2022, mediante la cual le neg\u00f3 el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica, como quiera que contra esa providencia proceden los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado de la quejosa refutando lo resuelto por la a quo pues, aduce que no ha sido notificado de ninguna providencia \u00abinterlocutoria que permita inferir que el suscrito apoderado [\u2026] le hayan reconocido su calidad de defensor de confianza tanto de la accionante [\u2026] como de los dem\u00e1s sujetos procesales que en homog\u00e9neas condiciones otorgaron poder, mucho menos se ha recibido notificaci\u00f3n alguna del Tribunal de Justicia y Paz que permita inferir que la vulneraci\u00f3n o amenaza ya desapareci\u00f3 como b\u00e1culo de la carencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema planteado. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas de la actora al no haberse pronunciado frente a la solicitud nulidad del auto de 20 de septiembre de 2022 (mediante el cual \u00abacept\u00f3 la renuncia al poder\u00bb de su abogado de confianza), impidi\u00e9ndole contar con representaci\u00f3n judicial al interior del proceso de justicia y paz radicado n\u00ba 2015-184, en calidad de v\u00edctima. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
3. De la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las caracter\u00edsticas de origen, ya que (\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En el sub examine se observa que la queja expuesta por la actora en el escrito tutelar se centra en que la colegiatura accionada no ha emitido determinaci\u00f3n alguna frente a la nulidad que inco\u00f3 su mandatario judicial el 23 de septiembre de 2022, respecto del auto del 20 del mismo mes. <\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan inform\u00f3 la funcionaria convocada al contestar la presente demanda tutelar, el 10 de octubre de 2022 profiri\u00f3 la providencia echada de menos por la querellante; en aqu\u00e9lla decisi\u00f3n resolvi\u00f3 dejar sin efecto el auto de tr\u00e1mite fechado el 20 de septiembre, concretamente el literal c, en el que se dispuso \u00abaceptar la renuncia del abogado Puentes Acosta\u00bb, y adicionalmente, apunt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo anterior, por medio de la Secretar\u00eda se le pone de presente al profesional del derecho Dick Laurence Puentes Acosta lo antes dispuesto y, adem\u00e1s, se le indicar\u00e1 que, comoquiera que el poder presentado para actuar, se alleg\u00f3 por primera vez al diligenciamiento, debe ser la Sala de Decisi\u00f3n la encargada de pronunciarse sobre la procedencia o no del reconocimiento deprecado, prove\u00eddo que se comunicar\u00e1 una vez por parte del despacho ponente se haga registro del proyecto y se cumpla el tr\u00e1mite se\u00f1alado en las normas estatutarias de la administraci\u00f3n de justicia y del Acuerdo PCSJA17-10715 de 25 de julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para colegir v\u00e1lidamente, como lo hizo la Hom\u00f3loga a quo, que la circunstancia a la que se atribuy\u00f3 la transgresi\u00f3n fue solucionada en el transcurso de la primera instancia de esta actuaci\u00f3n, ya que, al disponerse por parte de la magistratura acusada \u2013 a trav\u00e9s del auto rese\u00f1ado \u2013 dejar sin efecto el prove\u00eddo del 20 de septiembre 2022, pierde el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose improcedente e inane cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse al respecto, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, independientemente de que ahora manifieste inconformidad frente a dicha resoluci\u00f3n, la que, en todo caso, le corresponder\u00e1 plantear a trav\u00e9s de los mecanismos de impugnaci\u00f3n procedentes. <\/p>\n
En un asunto similar, donde se denunci\u00f3 la mora en el tr\u00e1mite de un recurso formulado y \u00e9ste fue resuelto antes del fallo de la primera instancia tutelar, se dijo: <\/p>\n
De esta forma, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales invocados, de acuerdo a lo decantado, y al evidenciarse que la presunta vulneraci\u00f3n ces\u00f3 durante el tr\u00e1mite del primer grado de esta acci\u00f3n, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, pues incluso antes de resolverse el asunto en primera instancia constitucional, la magistrada accionada emiti\u00f3 el pronunciamiento demandado, lo que deviene en carencia actual de objeto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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