STC16631-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00157-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC16631-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- El accionante solicit\u00f3 revocar la providencia mediante la cual el juzgado anul\u00f3 el secuestro practicado en el juicio que le promovi\u00f3 a Nora Cristina Giraldo Jaramillo y a Guayacanes Ltda. (31 ag. 2022), as\u00ed como el interlocutorio que ratific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. En subsidio, pidi\u00f3 que \u201cse decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n (\u2026) y se ordene la realizaci\u00f3n de la diligencia incidental y darle la debida valoraci\u00f3n probatoria a las entrevistas\u201d que aport\u00f3 con el fin de oponerse a la invalidez declarada (30 sep. 2022). <\/p>\n
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Para soportar la pretensi\u00f3n principal, adujo, en esencia, que el convocado, a ra\u00edz de la petici\u00f3n de la parte demandada, anul\u00f3 la diligencia porque, en su criterio, la cosa objeto de esta, correspondiente al bien materia de reivindicaci\u00f3n, \u201cM\u00e1quina extrusora Monobloc NTB 400 Combat\u201d, no fue debidamente identificada, cuando lo cierto es que s\u00ed lo estaba. Agreg\u00f3, por otra parte, que el fallador le orden\u00f3 que tradujera al espa\u00f1ol la \u201cfactura invoice Exp 037\/2016\u201d, mediante la cual adquiri\u00f3 la m\u00e1quina, pese a que de ella se desprend\u00eda sus caracter\u00edsticas, as\u00ed como de la respectiva declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, anexa a la demanda. <\/p>\n
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Como fundamento del anhelo subsidiario, relat\u00f3 que no se imparti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente a la nulidad suplicada por sus contradictores, ya que no se le corri\u00f3 traslado ni se practicaron pruebas. <\/p>\n
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Finalmente, expuso que el funcionario querellado no tuvo en cuenta que si la m\u00e1quina no pudo ser identificada adecuadamente, es culpa de la parte demandada, quien entorpeci\u00f3 la diligencia. Asimismo, destac\u00f3, que la nulidad del secuestro desconoce el \u201cprincipio general de tutela efectiva\u201d, ya que, adem\u00e1s de lo anotado, \u201cno dej\u00f3 observaciones sobre el objeto secuestrado y que no se pod\u00eda movilizar, da\u00f1ar, ocultar u otro aspecto\u201d. <\/p>\n
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2.- La autoridad accionada defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y remiti\u00f3 el expediente acusado. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ansermanuevo, comisionado para la diligencia, y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la misma localidad, quien la practic\u00f3, en virtud de la subdelegaci\u00f3n que recibi\u00f3, se\u00f1alaron que el secuestro se llev\u00f3 a cabo conforme a las directrices del despacho de Cartago. La Sociedad Apoyo Judicial Especializada, en si calidad de secuestro, indic\u00f3 que la diligencia se llev\u00f3 a cabo sobre el bien correspondiente, pues quienes la atendieron fueron quienes los llevaron hasta donde se encontraba la m\u00e1quina. <\/p>\n
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3.- La primera instancia neg\u00f3 el amparo porque consider\u00f3 que la determinaci\u00f3n reprochada es razonable. <\/p>\n
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4.- El actor impugn\u00f3, reiterando los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El veredicto se revocar\u00e1 y, en su lugar, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, comoquiera que no se cumpl\u00edan con los presupuestos para anular la diligencia de secuestro. Dicho en breve: la falta de identificaci\u00f3n del bien materia de la medida no es raz\u00f3n para invalidar su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
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1.- Los administradores de justicia, en virtud del principio de colaboraci\u00f3n entre las diferentes autoridades, y lo estatuido en el canon 37 del C\u00f3digo General del Proceso, pueden comisionar a otras autoridades, entre otros aspectos, para la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, salvo que sean extraprocesales. <\/p>\n
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Sobre el particular la Sala ha recordado que: <\/p>\n
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[n]o hay, pues, un desprendimiento de la potestad decisoria, ni de la direcci\u00f3n del juicio; se trata, simplemente, de un mecanismo establecido para que respecto de un acto procesal espec\u00edfico el comisionado haga las veces del comitente e, investido de ese ropaje, d\u00e9 buena cuenta del encargo que se le hace, cumplido el cual, habr\u00e1 de remitir su actuaci\u00f3n para que haga parte del expediente (CSJ. SC. 12. Ago. 2010. Exp. 2009-01281-00). <\/p>\n
All\u00ed mismo se explic\u00f3 que <\/p>\n
[e]sa forma de traslado parcial de la competencia, hace honor a los principios de econom\u00eda y celeridad de la administraci\u00f3n de justicia, en la medida en que, entre otras cosas, facilita la posibilidad de evacuar algunos actos que necesariamente han de llevarse fuera de la circunscripci\u00f3n territorial del juez que conoce del asunto, de manera pronta y aprovechando los recursos humanos y t\u00e9cnicos con los que cuenta el aparato judicial en todo el territorio del pa\u00eds. As\u00ed, se ha explicado que \u201cla pr\u00e1ctica de pruebas y otras diligencias por funcionarios diferentes obedece a tres razones: a) A que deben realizarse fuera del territorio jurisdiccional del juez, quien no puede por regla general actuar en territorio distinto (comisi\u00f3n necesaria): b) Al c\u00famulo de asuntos que se adelantan en las oficinas judiciales, que impide al juez practicar muchas diligencias; c) A la econom\u00eda de la Administraci\u00f3n de Justicia que propende a que \u00e9sta se imparta con el menor gasto posible para los litigantes, por lo cual cuando la diligencia no reviste especial importancia, puede ser practicada por el funcionario del respectivo lugar, evit\u00e1ndose al interesado el traslado del juzgado o Tribunal del conocimiento\u2026\u201d (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, 10\u00aa Edici\u00f3n, Ed. ABC, Bogot\u00e1, 1988, P\u00e1gs. 54 y 55) (STC4973-2018). <\/p>\n
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2.- El comisionado, como delegado que es del juzgador comitente, tiene una competencia restringida, limitada a las facultades que aquel tendr\u00eda de no haber conferido la comisi\u00f3n. As\u00ed se desprende del inciso primero del art\u00edculo 40 del citado estatuto, a cuyas voces: \u201c[e]l comisionado tendr\u00e1 las mismas facultades del comitente en relaci\u00f3n con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos\u201d. Sobre los alcances de la comisi\u00f3n, asimismo la Corte ha explicado que: <\/p>\n
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[n]o hay, pues, un desprendimiento de la potestad decisoria, ni de la direcci\u00f3n del juicio; se trata, simplemente, de un mecanismo establecido para que respecto de un acto procesal espec\u00edfico el comisionado haga las veces del comitente e, investido de ese ropaje, d\u00e9 buena cuenta del encargo que se le hace, cumplido el cual, habr\u00e1 de remitir su actuaci\u00f3n para que haga parte del expediente (CSJ. SC. 12. Ago. 2010. Exp. 2009-01281-00). <\/p>\n
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3.- Ahora, en caso de que exista un desbordamiento de los contornos de la delegaci\u00f3n, la ley sanciona la respectiva actuaci\u00f3n con nulidad, pues al tenor del inciso segundo de la citada norma, \u201c[t]oda actuaci\u00f3n del comisionado que exceda los l\u00edmites de sus facultades es nula\u201d. <\/p>\n
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4.- Por supuesto, dicha circunstancia, como causal de invalidez procesal que es, est\u00e1 sometida al principio de taxatividad. De suerte que para que se estructure, debe estar comprobado el supuesto de hecho que la origina, esto es, que la autoridad comisionada haya superado los contornos de la delegaci\u00f3n, de lo contrario, no podr\u00e1 estructurarse el vicio. <\/p>\n
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5.- Trat\u00e1ndose de diligencias de secuestro, el exceso de facultades por el comisionado puede generarse en la hip\u00f3tesis de que cautele un bien distinto para el que fue comisionado, o ejerza actos ajenos a la pr\u00e1ctica de la medida cautelar, pues, n\u00f3tese, que lo que origina la nulidad es el comisionado despliegue funciones extra\u00f1as a las que le fueron encomendadas. <\/p>\n
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6.- En el caso, el fallador anul\u00f3 el secuestro practicado porque consider\u00f3 que no exist\u00eda certeza de que el bien secuestrado fuera el del objeto de la medida, al no haberse identificado plenamente en la diligencia por la autoridad comisionada. <\/p>\n
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Obs\u00e9rvese que inicialmente expuso: <\/p>\n
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As\u00ed las cosas, remiti\u00e9ndonos al caso en concreto, luego de una revisi\u00f3n minuciosa al contenido de la medida cautelar y a lo obrante en la diligencia de secuestro, no resulta di\u00e1fano que el bien secuestrado sea el mismo denunciado en la cautela. <\/p>\n
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En efecto, mientras en aquella Archivo 005 se invoca como medida \u201c..una MAQUINA EXTRUSORA MONOBLOCO NTB 400 COMBAT y sus respectivos accesorios, adquiridos por el se\u00f1or JOSE OCTAVIO BETANCOURT, seg\u00fan factura invoice EXP 037\/2016 vendido por NATREB INDUSTRIAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.-\u201c..\u201d Los accesorios a que se refiere la factura invoice Exp 037\/2016, son los relacionados en el hecho 23 de la demanda, los cuales coinciden con el documento aportado por el togado Archivo 004 expediente digital folio 074 y 075.- <\/p>\n
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Luego, al ratificar dicha determinaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
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Obs\u00e9rvese que en el auto recurrido se dijo expresamente que previo al an\u00e1lisis de la eventual oposici\u00f3n, se opt\u00f3 por examinar el contenido de la actuaci\u00f3n surtida en la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro para determinar si su evacuaci\u00f3n se realiz\u00f3 bajo los principios de igualdad procesal de las parres, del debido proceso, de legalidad y de inmediaci\u00f3n, obteni\u00e9ndose como resultado una gran incertidumbre sobre la identificaci\u00f3n del bien objeto de la cautela.- Ante ello desde luego, no hay lugar a explorar lo inherente a la oposici\u00f3n pluricitada, por cuanto si no hay plena certeza sobre la cosa a secuestrar, no puede avalarse y\/o determinarse que se cumplieron con todas las reglas destinadas para la verdadera consolidaci\u00f3n. (\u2026) Para este operador judicial es imprescindible contar con la plena identificaci\u00f3n del bien ya que, se reitera, ello permite no solo viabilizar la pr\u00e1ctica del acto en debida forma, sino dar curso a todas las actuaciones posteriores que se lleguen a derivar, como es el caso de la eventual oposici\u00f3n (se enfatiza). <\/p>\n
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Postura que, como lo denuncia el querellante, es arbitraria, comoquiera que la alegada circunstancia -falta de certeza respecto de la identidad del bien objeto de la cautela y la que fue secuestrada- no comporta el exceso de facultades que sanciona el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso. En efecto, no se trata de que la autoridad comisionada hubiese secuestrado un bien diferente al que deb\u00eda ser materia de secuestro, sino que, a juicio del comitente, no hay certeza de que ello hubiese acontecido as\u00ed; hecho que si bien constituir una irregularidad que impide la prosecuci\u00f3n de las actuaciones, no da lugar a la invalidez de la diligencia. <\/p>\n
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Y es as\u00ed, porque la ausencia de certeza entre la identidad de la cosa litigada y cautelada no se conjura quit\u00e1ndole efectos al secuestro practicado, sino adoptando las medidas necesarias para disipar la duda, entre ellas, inspeccionando el bien, lo que, con mayor raz\u00f3n, se impon\u00eda en el asunto, teniendo en cuenta que el acto en vilo es una medida cautelar, de cuya eficacia dependen los resultados del reivindicatorio. <\/p>\n
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Mem\u00f3rese que las medidas cautelares constituyen una herramienta para materializar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, comoquiera que a trav\u00e9s de ellas se garantiza la eventual sentencia favorable a los intereses del demandante. De nada vale un pronunciamiento jurisdiccional, si sus destinatarios o beneficiarios no pueden obtener su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Por ende, a tono con el principio seg\u00fan el cual, \u201c[t]oda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses (\u2026)\u201d1, e igualmente la directriz que ense\u00f1a que \u201c[a]l interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u201d2, es deber del juzgador, a la hora de aplicar las normas que gobiernan las medidas cautelares o las puedan afectar, como la de la nulidad de su pr\u00e1ctica, tener en cuenta que est\u00e1n destinadas a garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, por tanto, que debe procurar su conservaci\u00f3n. <\/p>\n
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Muestra de ello son normas como el inciso segundo del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual, cuando se declara la nulidad de la actuaci\u00f3n \u201cse mantendr\u00e1n las medidas cautelares practicadas\u201d; en el canon 298 dispone que \u201c[l]as medidas cautelares se cumplir\u00e1n inmediatamente, antes de la notificaci\u00f3n a la parte contraria del auto que las decrete\u201d, as\u00ed como que \u201c[l]a interposici\u00f3n de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada. Todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo\u201d; y el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 309, que prescribe que en caso de admitirse la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y el interesado en ella insiste, \u201cel bien se dejar\u00e1 al opositor en calidad de secuestre\u201d. <\/p>\n
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As\u00ed pues, si la irregularidad advertida por el servidor reprochado respecto de la diligencia de secuestro practicada en el asunto objetado puede ser remediada a trav\u00e9s de herramientas distintas a su nulidad, debe conjurarse por otras v\u00edas, que conserven la cautela, en aras de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. <\/p>\n
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Claro, si con posterioridad, luego de efectuadas las verificaciones que le corresponde realizar a la autoridad encargada de rituar el asunto, comprueba que el bien secuestrado no es el reclamado en reivindicaci\u00f3n, podr\u00e1 imponer las consecuencias consagradas en el art\u00edculo 40 pluricitado, pero antes no. De lo contrario, pone en riesgo la integridad de un bien que puede ser el que es materia de litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la subsistencia de la medida en esas condiciones no afecta el debido proceso de los afectados con ella, si en cuenta se tiene que la m\u00e1quina que fue cautelada les fue dejada en calidad de dep\u00f3sito (Acta de diligencia de secuestro, despacho comisorio). Adicionalmente, nada obsta para que mientras el fallador obtiene certeza de la identidad del bien, adopte las medidas pertinentes para conservarlo, sin comprometer la explotaci\u00f3n que, al parecer, la parte demandada ejerce sobre aqu\u00e9l3. <\/p>\n
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En suma, dado que la falla advertida por el sentenciador respecto al secuestro no da lugar a su invalidez, y, adem\u00e1s, la irregularidad puede ser remediada a trav\u00e9s de las verificaciones que aquel est\u00e1 llamado a realizar respecto de la identidad de la m\u00e1quina, incurri\u00f3 en desafuero al anular la diligencia llevada a cabo por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Ansermanuevo el 23 de noviembre de 2021. <\/p>\n
7.- Ahora, no desconoce la Sala que el titular del despacho accionado previo a invalidar la actuaci\u00f3n intent\u00f3 aclarar la situaci\u00f3n. Empero, si bien esas medidas, como otras, entre ellas, la de exigirle al accionante la traducci\u00f3n al espa\u00f1ol \u201cfactura invoice Exp 037\/2016\u201d, no merecen reproche constitucional alguno, ya que las adopt\u00f3 en desarrollo de su autonom\u00eda judicial, sumado a que pueden ayudar a esclarecer la controversia, se echa de menos la realizaci\u00f3n de una nueva inspecci\u00f3n sobre el bien que permita al juez cerciorarse sobre la identidad de la m\u00e1quina secuestrada, y en general realizar la falta de identificaci\u00f3n qye le atribuy\u00f3 al comisionado. <\/p>\n
<\/p>\n
8.- De otro lado, las protestas dirigidas contra el tr\u00e1mite de la nulidad carecen de fundamento, pues, por mandato del referido art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, no debe impart\u00edrseles el procedimiento prescrito para el r\u00e9gimen de nulidades prescrito en el canon 133. Al respecto, se\u00f1ala dicho el mencionado precepto: \u201c[l]a nulidad podr\u00e1 alegarse a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente, y el auto que la decida solo ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto, ello no quiere decir que le est\u00e9 vedado al juzgador decretar las pruebas que estime necesarias para resolver la nulidad, ni mucho menos que en el desarrollo de su pr\u00e1ctica no deba garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de las partes, ya que, si las circunstancias particulares del caso imponen un tr\u00e1mite adicional, el mismo debe surtirse con el fin de asegurar que la decisi\u00f3n que se expida sea el fruto de la dial\u00e9ctica correspondiente, como sucede en este evento. <\/p>\n
<\/p>\n
9.- Por lo anterior, el fallo desestimatorio de la protecci\u00f3n implorada se infirmar\u00e1 y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. Con ese prop\u00f3sito, se dejar\u00e1 sin efecto la decisi\u00f3n que anul\u00f3 la diligencia de secuestro practicada el 23 de noviembre de 2021 en el reivindicatorio 2021-00095-00, as\u00ed como las resoluciones que de ella dependen. Eso s\u00ed, salvo en cuanto al requerimiento realizado al actor para que aporte la traducci\u00f3n de la \u201cfactura invoice Exp 037\/2016\u201d, \u201cy adem\u00e1s, si a ello hubiere lugar, complementar la informaci\u00f3n que conlleve a la certeza de la identificaci\u00f3n del bien, acompa\u00f1ando si a bien lo tiene, otros documentos que permiten referenciarlo si dubitaci\u00f3n alguna\u201d, por las razones anotadas en el numeral 7\u00b0 anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
En su reemplazo, se ordenar\u00e1 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, adopte las medidas necesarias para identificar el bien secuestrado, entre ellas, se\u00f1alar un t\u00e9rmino para que el actor aporte la documentaci\u00f3n que le requiri\u00f3, y fijar fecha para la inspecci\u00f3n de aqu\u00e9l, la cual, deber\u00e1 ser posterior al plazo conferido al quejoso, con el fin de que previo a esa diligencia pueda esclarecer las caracter\u00edsticas de la m\u00e1quina materia de reivindicaci\u00f3n. La inspecci\u00f3n la realizar\u00e1, a m\u00e1s tardar, 3 de febrero de 2023. En dicha providencia, adem\u00e1s, deber\u00e1 adoptar las medidas que resulten apropiadas para garantizar la integridad del bien que fue cautelado. <\/p>\n
<\/p>\n
Efectuado todo lo anterior, y una vez el juzgador garantice a las partes la contradicci\u00f3n de las evidencias incorporadas al tr\u00e1mite, deber\u00e1 proveer sobre la nulidad de la diligencia de secuestro, valorando la totalidad de los medios de convicci\u00f3n acopiados. Para esto \u00faltimo, tendr\u00e1 un plazo m\u00e1ximo de veinte (20) d\u00edas, contados a partir del 6\u00b0 de febrero de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas y, en su lugar, se AMPARA el debido proceso de Jos\u00e9 Octavio Betancourt Henao. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, se deja sin vigor el interlocutorio de 31 de agosto de 2022, por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago anul\u00f3 la diligencia de secuestro adelantada el 23 de noviembre de 2021 por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Ansermanuevo, en el reivindicatorio n\u00b0 2021-00095-00, y de las dem\u00e1s actuaciones que de esa actuaci\u00f3n dependan, en los t\u00e9rminos y condiciones plasmadas en el numeral 9 de las consideraciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 2 del C\u00f3digo General del Proceso. Acceso a la justicia. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 11 ib\u00eddem. Interpretaci\u00f3n de las normas procesales. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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STC16631-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00157-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16631-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00157-01 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}