STC16633-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16633-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00844-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 10 de mayo de 20221, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade Director de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV- contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3, tr\u00e1mite al cual fue vinculado Sergio Humberto Cadavid Bedoya y citados los dem\u00e1s intervinientes en el incidente de desacato con radicado n\u00b0 05045-31-04-001-2021-00199. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre y en la calidad descrita, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, patrimonio y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el referido tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que Sergio Humberto Cadavid Bedoya interpuso acci\u00f3n de tutela contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, de la que conoci\u00f3 en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3 que neg\u00f3 el amparo en sentencia de 18 de agosto de 2021. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, tras ser impugnada esa determinaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia en fallo de 14 de septiembre de 2021 la revoc\u00f3 y orden\u00f3 a la UARIV que, luego de requerir al actor para que allegara los respectivos documentos que acreditaran su estado de salud, profiriera el acto administrativo mediante el cual le asignara un turno para acceder a la reparaci\u00f3n administrativa indic\u00e1ndole si era procedente su priorizaci\u00f3n por su especial condici\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que el se\u00f1or Cadavid Bedoya al considerar el incumplimiento de la referida orden, present\u00f3 incidente de desacato contra la Unidad para las V\u00edctimas, por lo que el Juzgado del circuito accionado en auto de 14 de febrero de 2022 resolvi\u00f3 sancionarlo en calidad de Director de la UARIV con 3 d\u00edas de arresto y multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sanci\u00f3n que confirm\u00f3 en grado de consulta, el Tribunal Superior de Antioquia con auto de 11 de marzo de 2022. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que posteriormente present\u00f3 solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, las cuales fueron desestimadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3 el 17 de marzo y 6 de abril de 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Unidad para las V\u00edctimas en el tr\u00e1mite del asunto ha informado la imposibilidad jur\u00eddica de dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior, puesto que la UARIV le brind\u00f3 al accionante una respuesta de fondo mediante la Resoluci\u00f3n n\u00b0 04102019-1309580 de 7 de octubre de 2021 en la que le indic\u00f3 que no era viable acceder al reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa individual, toda vez que, el desplazamiento forzado solicitado, no guarda relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado interno, sino que es producto de violencia generalizada, atendiendo lo establecido en el art\u00edculo 13 literal b de la Resoluci\u00f3n 1049 del 15 de marzo de 20192. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, entre otras, la sentencia SU034-2018 que se\u00f1ala expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia, modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
De igual modo, afirm\u00f3 que incurrieron en defecto f\u00e1ctico, al valorar de manera arbitraria las pruebas allegadas, entre ellas, la Resoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-1309580 de 7 de octubre de 2021 que neg\u00f3 el reconocimiento de la medida indemnizatoria y dar probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones elevadas en relaci\u00f3n con el auto 119 de 2013 de la Corte Constitucional y el art\u00edculo 13 literal b) de la Resoluci\u00f3n 01049 de 2019, respeto a la imposibilidad de realizar el reconocimiento y pago de la medida de indemnizaci\u00f3n cuando el desplazamiento forzado no guarda relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado interno. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 (i) ordenar a las autoridades accionadas modular los efectos del fallo atendiendo lo se\u00f1alado en la sentencia SU034-2018 y el auto 209 de 2013 de la Corte Constitucional, en la medida que se ha acreditado la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de tutela, y, (ii) dejar sin efectos las providencias de 17 de marzo y 6 de abril de 2022, por medio de las cuales no se accedi\u00f3 a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta en su contra. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3 comunicar a la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto y multa, que la misma se ha levantado con ocasi\u00f3n al cumplimiento de la orden judicial. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pidi\u00f3 conminar a los accionados para que acaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n del acatamiento de la orden o de las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto de 2 de mayo de 2022 concedi\u00f3 la medida provisional solicitada, consistente en suspender la orden de arresto proferida por el Juzgado accionado en auto de desacato de 14 de febrero de 2022, confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia en auto de consulta del 11 de marzo siguiente, as\u00ed como el requerimiento realizado a la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 el 31 de marzo de 2022. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia alleg\u00f3 copia del auto de 11 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3, en grado jurisdiccional de consulta, la sanci\u00f3n impuesta en el incidente de desacato adelantado contra el director de la UARIV Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3 manifest\u00f3 que, confirmada la sanci\u00f3n por parte del Tribunal Superior lo procedente era hacerla efectiva de acuerdo con el principio de legalidad, asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, si bien la condena por desacato no tiene naturaleza sancionatoria sino conminatoria, en el incidente no es posible volver a debatir las pretensiones de la demanda de tutela, cuesti\u00f3n cobijada por la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Consider\u00f3 que se estaba configurando un abuso del derecho al promover esta acci\u00f3n de tutela para dejar sin efecto las decisiones proferidas en las respectivas instancias o para obtener la modificaci\u00f3n de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas, alegando la imposibilidad de su cumplimiento, cuando lo cierto es que la conducta que debe desplegar la entidad actora radica en solicitarle al accionante que presente los documentos que acrediten su estado de salud actual, y sobre la base de ese estado, emitir el correspondiente acto administrativo para determinar si procede o no la priorizaci\u00f3n por motivos de salud. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el auto que neg\u00f3 el levantamiento de la sanci\u00f3n, resalt\u00f3 que la UARIV debe solicitar a Sergio Humberto Cadavid Bedoya la prueba de su estado de salud para emitir a continuaci\u00f3n la correspondiente resoluci\u00f3n de priorizaci\u00f3n, sin indicar el sentido de la decisi\u00f3n, gesti\u00f3n que no ha cumplido, pudiendo f\u00edsica y jur\u00eddicamente hacerlo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo formulado y levant\u00f3 la medida provisional, tras determinar que no se acreditaron las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela en contra de los pronunciamientos judiciales cuestionados. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que los argumentos planteados por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade a trav\u00e9s del presente mecanismo son los mismos que han sido esgrimidos a lo largo del incidente de desacato, por lo que, no implicaban ni la solicitud ni la pr\u00e1ctica de pruebas que no hubiesen podido ser valoradas en el marco del procedimiento incidental. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo manifestado por la UARIV respecto a la imposibilidad jur\u00eddica de cumplir la orden de tutela de 16 de septiembre de 2021, con fundamento en el literal b) del art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2013, dicha norma, no establece una prohibici\u00f3n para conceder la indemnizaci\u00f3n administrativa a las personas cuya inclusi\u00f3n en el RUV por desplazamiento forzado no guarde relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado interno, sino una simple facultad o posibilidad de negar tal beneficio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la UARIV bien podr\u00eda haber accedido al mismo, tal y como lo orden\u00f3 el Tribunal Superior de Antioquia, sin contrariar por el ordenamiento jur\u00eddico. Lo que implic\u00f3 que, en efecto, tal y como lo manifestaron las autoridades accionadas, no est\u00e1 realmente acreditada la imposibilidad jur\u00eddica de cumplimiento de la orden y, en consecuencia, no est\u00e1 desvirtuado el elemento subjetivo que debe acreditarse a la hora de verificar si el incumplimiento inconstitucional es sancionable en sede de desacato. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abes evidente que la negativa de la UARIV a concederle la indemnizaci\u00f3n administrativa a Sergio Humberto Cadavid Bedoya, a pesar de contar con una orden de tutela en contrario, implica que aquella entidad se ha sustra\u00eddo de su deber de respetar y cumplir las \u00f3rdenes judiciales, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna, lo que amerita la imposici\u00f3n de las sanciones por desacato que fueron ordenadas en los autos acusados, proferidos por el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Apartad\u00f3 y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que lo pretendido por el actor es revivir una discusi\u00f3n que ya se encuentra finiquitada, sobre la que ya pesa el fen\u00f3meno de la cosa juzgada y la garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica, y en la cual la decisi\u00f3n judicial fue proferida por una autoridad judicial competente en el marco de los principios constitucionales de independencia y autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, insistiendo en los cuestionamientos iniciales, entre ellos, el desconocimiento de la sentencia SU034-2018, la cual estableci\u00f3 y orden\u00f3 a los jueces de tutela, que no es v\u00e1lido argumentar que la sanci\u00f3n no se puede levantar con el sustento de que la misma se encontraba en firme. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en el evento de acoger lo indicado por el a quo constitucional y tomar el literal b) del art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 como facultativo, se estar\u00eda vulnerando el derecho a la igualdad con el que cuentan las v\u00edctimas del conflicto armado, porque se estar\u00eda accediendo de manera parcial en algunos casos y en otro no, en tanto que, la norma debe aplicarse de manera igual para todas las v\u00edctimas del conflicto armado, de conformidad con el Auto 119 de 2013. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que la sentencia impugnada deb\u00eda ser revocada por cuanto \u00abi) se evidencia la imposibilidad jur\u00eddica de dar cumplimiento a la orden judicial del fallo de segunda instancia; (ii) s\u00ed se desconoci\u00f3 un precedente jurisprudencial vinculante (iii) existe una vulneraci\u00f3n actual y sucesiva a [sus] derechos fundamentales; y (iv) se evidencia una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Frente a las providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato, se ha dicho, por regla general, que no procede la solicitud de amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01, STC12225-2022). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales sujetando la factibilidad a una \u00abvulneraci\u00f3n\u00bb clara y manifiesta del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste, y estableci\u00f3 los siguientes requisitos, <\/p>\n
\u00abi) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb (CC, SU034-18, citada entre otras en STC9959-2022, y, STC912225-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Ahora bien, el inconformismo del reclamante se circunscribe a la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas por parte de las autoridades accionadas que, en su criterio, acreditaban la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden proferida en la sentencia de tutela de 14 de septiembre de 2021, as\u00ed como el desconocimiento de la jurisprudencia aplicable frente a la posibilidad de acceder a la inaplicaci\u00f3n de las sanciones impuestas en el tr\u00e1mite del incidente de desacato iniciado por Sergio Humberto Cadavid Bedoya. <\/p>\n
En efecto, teniendo en cuenta que la UARIV no hab\u00eda dado cumplimiento a lo resuelto en el citado fallo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3 mediante auto de 14 de febrero de 2022 lo sancion\u00f3 en calidad de Director de la Unidad con 3 d\u00edas de arresto y multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Antioquia, en grado de consulta el 11 de marzo de 2022, providencia en la que expuso, <\/p>\n
(\u2026) En respuesta tanto al auto mediante el cual se ordena la apertura del tr\u00e1mite incidental, y asimismo, frente a la decisi\u00f3n mediante la cual la juez A quo sancion\u00f3 a las personas antes mencionadas la entidad accionada responde que revisada la solicitud de reparaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado presentada por Sergio Humberto Cadavid Bedoya, fue posible determinar que este fue causado en el marco de violencia generalizada, lo cual no tiene relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado, atendiendo lo establecido en el art\u00edculo 13 literal B de la Resoluci\u00f3n 1049 del 15 de marzo de 2019. <\/p>\n
Sin embargo, se pasa por alto las consideraciones jurisprudenciales tra\u00eddas a colaci\u00f3n en la decisi\u00f3n de tutela en segunda instancia, de manera concreta la sentencia T 347 de 2018, de la Corte Constitucional, donde fue analizado un escenario muy similar al expuesto en el presente caso. En ese evento, la accionante invoc\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, la entrega de ayuda humanitaria y el debido proceso, toda vez que la entidad accionada se rehus\u00f3 a asignarle el turno GAC y a hacer entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa a que tiene derecho, argumentando que los hechos victimizantes tuvieron como causa la \u201cviolencia generalizada\u201d y actuaciones relacionadas con el conflicto armado por haber sido v\u00edctima del punible de desplazamiento forzado, pese a haber sido reconocido como v\u00edctima del conflicto armado interno por la UARIV mediante la Resoluci\u00f3n No 2014-496486 del 14 de enero de 2014. <\/p>\n
Enseguida, cit\u00f3 in extenso el contenido de la aludida sentencia de la Corte Constitucional y se\u00f1al\u00f3 que a partir de los lineamientos all\u00ed expuestos, era claro que a la entidad accionada a trav\u00e9s de su representante le asist\u00eda el deber de garantizar la reparaci\u00f3n administrativa a la cual tiene derecho el actor por su inclusi\u00f3n en el RUV, debido a su identificaci\u00f3n como v\u00edctima de desplazamiento forzado por injerencia de grupos armados, tal como fue reconocido en la Resoluci\u00f3n del 16 de mayo de 2018, acto administrativo en el cual fueron valorados varios elementos de contexto que llevaron a la misma entidad encargada de atender a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, a reconocer tal calidad a Sergio Humberto Cadavid Bedoya, sin aludir en forma alguna a situaciones de violencia generaliza. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed pues, el Dr. Rodr\u00edguez Andrade, de acuerdo al respectivo manual de funciones de la entidad, entre ellas tiene la de organizar, dirigir y establecer el proceso de implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Nacional de Atenci\u00f3n, Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, para permitir el goce efectivo de sus derechos, pero no obstante haber sido notificado del auto de apertura de incidente de desacato, en ning\u00fan momento alleg\u00f3 prueba del cumplimiento que ameritara el archivo de las diligencias, mostrando en su lugar, la reticencia subjetiva de cara al cumplimiento del fallo proferido en segunda instancia por esta Corporaci\u00f3n, el 14 de septiembre de 2021. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este orden de ideas, no queda otra opci\u00f3n para la Magistratura que la de confirmar la providencia bajo estudio, habida cuenta el incumplimiento injustificado por parte del doctor RAM\u00d3N ALBERTO RODR\u00cdGUEZ ANDRADE, en calidad de Director General de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, frente a la orden de tutela proferida el 14 de septiembre de 2021, por medio del cual se tutelaron los derechos fundamentales del se\u00f1or SERGIO HUMBERTO CADAVID BEDOYA\u00bb. <\/p>\n
2.1 Posteriormente, el Juzgado Penal del Circuito de Apartad\u00f3 desestim\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n formulada por el actor, explicando en el auto de 17 de marzo de 2022, <\/p>\n
(\u2026) Como se observa, la entidad accionada, de nuevo, trajo a colaci\u00f3n la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 04102019-1309580 del 7 de octubre de 2021 expedida con anterioridad a la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal, Corporaci\u00f3n que orden\u00f3 la expedici\u00f3n, obviamente posterior, de un acto administrativo mediante el cual le asignara un turno de atenci\u00f3n para acceder a la reparaci\u00f3n administrativa, indic\u00e1ndole si es procedente su priorizaci\u00f3n por su especial condici\u00f3n, ello como consecuencia de requerir al accionante aportar la documentaci\u00f3n correspondiente, indic\u00e1ndole cu\u00e1l, para acreditar su actual estado de salud, orden del Tribunal que no se ha llevado a efecto. <\/p>\n
La indicaci\u00f3n de que la orden no es posible cumplirla porque el desplazamiento del accionante fue perpetrado por delincuencia generalizada, no cumple con el requisito de determinaci\u00f3n que exige la sentencia del Tribunal, aspecto sobre el cual no es posible su controversia en sede de incidente de desacato. <\/p>\n
Como se constata, se itera, que la entidad accionada no ha requerido a\u00fan al accionante a fin de que allegue a la respectiva sede los documentos reglamentarios para acreditar su estado de salud, y, cumplido esto, dentro de los tres d\u00edas siguientes, emita el acto administrativo mediante el cual le asignar\u00e1 un turno de atenci\u00f3n para acceder a la reparaci\u00f3n administrativa indic\u00e1ndole si es procedente su priorizaci\u00f3n por su especial condici\u00f3n, es incuestionable que la entidad no ha cumplido con lo ordenado por el Tribunal y, de paso, persiste en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que le asisten al accionante y que fueron amparados por sendas sentencias de tutela. (negrillas del texto original). <\/p>\n
2.2 Mediante providencia de 6 de abril de 2022, el Juzgado del Circuito accionado resolvi\u00f3 otra solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n elevada por el Director de la UARIV, la cual neg\u00f3 con argumentos similares, <\/p>\n
(\u2026) Como se observa, la entidad accionada, de nuevo, trajo a colaci\u00f3n la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 04102019-1309580 del 7 de octubre de 2021 expedida con anterioridad a la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal, Corporaci\u00f3n que orden\u00f3 a la entidad accionada que requiriese al accionante el aporte de unos documentos, luego de lo cual, expidiese un acto administrativo mediante el cual le asignar\u00e1 un turno de atenci\u00f3n para acceder a la reparaci\u00f3n administrativa, indic\u00e1ndole si es procedente su priorizaci\u00f3n por su especial condici\u00f3n, se reitera, ello como consecuencia de requerir al accionante aportar la documentaci\u00f3n correspondiente, indic\u00e1ndole cu\u00e1l, para acreditar su actual estado de salud, orden del Tribunal que no se ha llevado a efecto. <\/p>\n
La indicaci\u00f3n de que la orden no es posible cumplirla porque el desplazamiento del accionante fue perpetrado por delincuencia generalizada, no cumple con el requisito de determinaci\u00f3n que exige la sentencia del Tribunal, aspecto sobre el cual no es posible su controversia en sede de incidente de desacato. Al efecto, en la sentencia T-583 de 2009 la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En todo caso, es criterio de esta Corporaci\u00f3n que, en virtud de los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite del incidente de desacato no podr\u00e1n versar sobre los juicios y valoraciones decididos en la sentencia de tutela. As\u00ed mismo, ha sostenido la Corte que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acci\u00f3n contra decisiones proferidas durante el tr\u00e1mite incidental de desacato \u201cno podr\u00e1 reabrir el debate constitucional dado con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela anterior, pues su an\u00e1lisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el tr\u00e1mite de desacato en cuesti\u00f3n, esto, con relaci\u00f3n a la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante\u201d. <\/p>\n
Como se constata, se itera, que la entidad accionada no ha requerido a\u00fan al accionante a fin de que allegue a la respectiva sede los documentos reglamentarios para acreditar su estado de salud, y, cumplido esto, dentro de los tres d\u00edas siguientes, emita el acto administrativo mediante el cual decidir\u00e1 si es procedente su priorizaci\u00f3n por su especial condici\u00f3n, es incuestionable que la entidad no ha cumplido con lo ordenado por el Tribunal y, de paso, persiste tozudamente en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que le asisten al accionante y que fueron amparados por sendas sentencias de tutela. <\/p>\n
En consecuencia, el Despacho negar\u00e1 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de las sanciones impuestas en el incidente de desacato\u00bb. (negrillas del texto original). <\/p>\n
3. Ante ese recuento, no luce arbitrario que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3 hubiera negado las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que elev\u00f3 el aqu\u00ed accionante, puesto que el argumento de imposibilidad de cumplimiento de la orden proferida en el fallo de tutela, no acreditaba el requisito de determinaci\u00f3n que exige la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, aspecto sobre el cual no era posible su controversia en sede de incidente de desacato. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esas solicitudes se formularon con base en los mismos fundamentos esgrimidos inicialmente por la entidad accionada y que ya hab\u00edan sido objeto de estudio y desestimaci\u00f3n por el a quo y por el Tribunal en grado de consulta, relacionados con la imposibilidad de acceder al reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa individual, toda vez que, el desplazamiento forzado solicitado, no guarda relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado interno, sino que es producto de violencia generalizada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con la expedici\u00f3n de la providencia que defini\u00f3 el incidente de desacato, as\u00ed como con las que se negaron las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de las sanciones impuestas en el incidente de desacato, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartad\u00f3, no incurrieron en causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que se sustentaron en una hermen\u00e9utica respetable, que no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
4. Ante tal panorama y teniendo en cuenta que, no se observa ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en los precedentes citados relativa a las excepciones que abran paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los tr\u00e1mites incidentales, es improcedente este mecanismo excepcional. <\/p>\n
5. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio 33607 de 28 de noviembre de 2022 y asignada con acta de reparto de 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 \u201cArt\u00edculo 13. Causales de negativa de la indemnizaci\u00f3n administrativa. La solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa podr\u00e1 ser negada en las siguientes circunstancias: <\/p>\n
<\/p>\n
b) Cuando la inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas por el desplazamiento forzado no guarde relaci\u00f3n cercana y suficiente con el conflicto armado interno\u201d. <\/p>\n
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STC16633-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC16633-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00844-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69737","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69737"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69737\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}