STC16637-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16637-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01773-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Eliecer Barrios \u00c1lvarez contra el Tribunal Superior Militar y Policial y la Fiscal\u00eda Penal Militar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 159153. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3 en la investigaci\u00f3n formal penal que se inici\u00f3 en su contra por el delito de abandono del servicio, rindi\u00f3 indagatoria ante el Juzgado 106 de Instrucci\u00f3n Penal Militar el 27 de septiembre de 2017 y se nombr\u00f3 defensor \u00fanicamente para esa diligencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que desde esa fecha y durante la etapa instructiva estuvo \u00abdesamparado procesalmente\u00bb, al no contar con abogado defensor y, el que fue designado de oficio en la etapa de acusaci\u00f3n, no adelant\u00f3 ninguna gesti\u00f3n a su favor, circunstancia que evidencia la ausencia de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la \u00faltima actuaci\u00f3n en el proceso se registr\u00f3 el 9 de junio de 2019 con el oficio n\u00ba. 177 MDMDEJPM-GDG-JIBRIMS-775, transcurriendo m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, sin que se solucione de fondo la situaci\u00f3n y neg\u00e1ndole de esa manera el acceso eficiente a la justicia. <\/p>\n
Por otra parte, refiri\u00f3 \u00abEs imperativamente necesario que por parte del Honorable Tribunal Superior Militar exista un pronunciamiento de fondo ante mi situaci\u00f3n y mi caso en concreto. Dada la cantidad de tiempo transcurrido\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar la nulidad de la investigaci\u00f3n penal adelantada en su contra y, requerir al Tribunal Superior Militar y a la Fiscal\u00eda Penal Militar ante el Juzgado de Brigadas de Infanter\u00eda de Marina, proferir pronunciamiento frente a su situaci\u00f3n, puesto que, han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os desde su conocimiento previo al fallo de primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior Militar y Policial, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente inform\u00f3 que el proceso n\u00ba 159153 fue recibido en esa Corporaci\u00f3n el 9 de julio de 2019 procedente del Juzgado de Primera Instancia de las Brigadas de Infanter\u00eda de Marina, con el fin de ser tramitado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el defensor Capit\u00e1n de Nav\u00edo (RA) Miguel Mariano Torralvo Segura contra de la sentencia de 20 de junio de 2019, mediante la cual se conden\u00f3 al procesado a la pena principal de 12 meses de prisi\u00f3n, asunto asignado el 15 de julio de 2019 y que actualmente se encuentra al despacho en el orden que le corresponde acorde a lo preceptuado en el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998 para efectos que esa Corporaci\u00f3n adopte la decisi\u00f3n que en Derecho corresponde. <\/p>\n
Explic\u00f3 las razones por las que no ha proferido el pronunciamiento, y frente a la pretensi\u00f3n tendiente a que se ordene la nulidad de la investigaci\u00f3n penal, resalt\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. La Juez de Primera Instancia de las Brigadas de Infanter\u00eda de Marina Encargada relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el asunto cuestionado, e indic\u00f3 que el 9 de julio de 2019 fue remitido al Tribunal Superior Militar para que resolviera el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia condenatoria. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, al considerar que la tardanza por parte del Tribunal accionado en resolver la apelaci\u00f3n no ha sido injustificada y, por el contrario, tiene origen en el orden de ingreso del recurso de alzada al Despacho del Magistrado Ponente, el cual fue recibido el 15 de julio de 2019, y con antelaci\u00f3n al mismo, se encuentran otros procesos pendientes de decisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido indic\u00f3 que conceder el amparo invocado, implicar\u00eda desconocer el derecho de igualdad de las dem\u00e1s personas que, como el actor, tambi\u00e9n esperan un pronunciamiento de la administraci\u00f3n de justicia, cuyos recursos interpuestos ingresaron con anterioridad de aquel que fundamenta este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
Respecto a las alegaciones presentadas por el accionante sobre la ausencia de defensa t\u00e9cnica en la etapa instructiva y en la de acusaci\u00f3n, determin\u00f3 que no se encontraba acreditado el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que el proceso se encuentra en curso y no se puede acudir a este excepcional\u00edsimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante quien refiri\u00f3 lo manifestado por el Tribunal frente a la carga excesiva que ha impedido dar celeridad al asunto e indic\u00f3 que, debido a la tardanza en la resoluci\u00f3n del caso, \u00abno ha logrado ascender y su calidad de vida se ve afectada por que sus compa\u00f1eros que ostentan el mismo tiempo de servicio tienen un sueldo elevado en comparaci\u00f3n con el de \u00e9l. Adem\u00e1s, su honor militar se ve mancillado ante la incertidumbre que tiene su proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jorge Eliecer Barrios \u00c1lvarez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la presunta tardanza del Tribunal Superior Militar y Policial, en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la sentencia condenatoria proferida el 20 de junio de 2019. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ. STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014, STC605-2022 y STC9273-2022). <\/p>\n
No obstante, una vez revisado el expediente y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que no se evidenci\u00f3 que el Tribunal accionado hubiese incurrido, en este particular asunto, en comportamiento negligente o actuado con desidia, contrario a ello, se constat\u00f3 que el recurso formulado se encuentra actualmente en turno al despacho en el orden asignado. <\/p>\n
En efecto, del informe rendido por el Magistrado encargado del conocimiento de la apelaci\u00f3n, se evidencia que la tardanza alegada por el reclamante se debe a la congesti\u00f3n judicial que presenta el Despacho, <\/p>\n
(\u2026) [El recurso de apelaci\u00f3n] se encuentra actualmente al despacho en el orden que le corresponde acorde a lo preceptuado por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998 para efectos que esta Corporaci\u00f3n adopte la decisi\u00f3n que en Derecho corresponde. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que a\u00fan no ha tenido material concreci\u00f3n ante la elevada carga laboral que se origin\u00f3 en la circunstancia derivada de que por cerca de cuatro (04) a\u00f1os s\u00f3lo tres (03) Magistrados, de los doce (12) contemplados en la planta de personal de la Corporaci\u00f3n, asumieron el conocimiento de todas las apelaciones, tr\u00e1mites incidentales (recusaciones e impedimentos y cambios de radicaci\u00f3n) e investigaciones en primera instancia en la jurisdicci\u00f3n castrense a nivel nacional, como fuere advertido desde el env\u00edo del oficio No. 043-TSMP-PTSMP del 09 de marzo de 2018 -se anexa copia- al se\u00f1or Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al igual que de los oficios Nos. 252-TSMPPTSMP del 23 de noviembre de 2017 y 246-TSMP-PTSMP del 24 de septiembre de 2019 al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n -copia anexa igualmente-, planta de cargos aquella reducida desde el 26 de marzo de 202115 a (06) Magistrados, sin que sea viable afirmar que el simple paso del tiempo pueda ser per se considerado como mora judicial vulneradora de derechos fundamentales y que los sujetos procesales pretendan por v\u00eda de tutela suplir los recursos legales y que se salten los turnos para resolver los procesos en el orden de ingreso al despacho. <\/p>\n
De la situaci\u00f3n transcrita, no se advierte una dilaci\u00f3n injustificada que conduzca a conceder la protecci\u00f3n constitucional solicitada por el actor, en raz\u00f3n a que el retraso en la definici\u00f3n del recurso no se debe a la negligencia o descuido por parte del ponente asignado, sino a los problemas estructurales de exceso de carga laboral. <\/p>\n
Respecto a la mora judicial, esta Sala en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ. SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se descarta la tardanza atribuida al Tribunal Superior Militar y Policial y se se\u00f1ala que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que, la protecci\u00f3n constitucional no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez de conocimiento. <\/p>\n
En un evento similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3, <\/p>\n
[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 reiterada en STC214-2019, STC2674-2020 y STC10005-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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