STC16646-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16646-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil el 21 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Aguilar Hurtado en calidad de Gobernador del Santander y a trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de esa entidad territorial, contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de Puente Nacional, tr\u00e1mite al que fueron citadas la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil- CNSC, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santander, la Direcci\u00f3n Administrativa de Talento Humano de ese departamento, H\u00e9ctor Daniel Torralba Suarez y Carlos Aurelio Pedrozo Carvajal, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional y el incidente de desacato adelantado a continuaci\u00f3n radicado bajo el n\u00famero 685723103001-2021-00033-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades\u00bb, presuntamente vulnerado por los despachos judiciales accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que por el concurso de m\u00e9ritos organizado por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC mediante la convocatoria 505 de 2017 para la provisi\u00f3n de los cargos p\u00fablicos ocupados en provisionalidad en el Departamento de Santander, fue retirado del servicio H\u00e9ctor Daniel Torralba Su\u00e1rez, quien ocupaba el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Nivel Asistencial, C\u00f3digo 470 Grado 2 en provisionalidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, por lo anterior, el se\u00f1or Torralba Su\u00e1rez promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela y mediante sentencia de 14 de abril de 2021 le fueron amparados los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada como pre pensionable y al m\u00ednimo vital y se orden\u00f3 al Departamento de Santander reintegrarlo \u00aba un cargo igual o de mayor jerarqu\u00eda, en un lugar cercano a su actual domicilio y familia, sin que se afectara su ingreso salarial, a fin de no perjudicar su cotizaci\u00f3n a pensi\u00f3n hasta que hiciera parte de la n\u00f3mina de pensionados de Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en cumplimiento de lo dispuesto, \u00aby considerando que para el a\u00f1o 2021 y parte del 2022 a\u00fan no se hab\u00edan hecho todos los nombramientos en carrera del Concurso de Santander \u2013 Convocatoria 505 de 2017 de la CNSC, y que para la \u00e9poca entonces a\u00fan exist\u00edan vacantes en la planta\u00bb, dio cumplimiento a la orden, mediante los Decretos 224 de 13 de mayo de 2021 y 337 de 22 de julio de 2022. <\/p>\n
Indic\u00f3, que debido a que la CNSC mediante Circular 0001 de 2020 le orden\u00f3 hacer uso de las listas de elegibles vigentes para los cargos que se encontraban vacantes, y que el integrante de la lista de elegibles Carlos Aurelio Pedrozo Carvajal tomar\u00eda posesi\u00f3n en per\u00edodo de prueba el 11 de octubre de 2022 en el cargo de Auxiliar De Servicios Generales C\u00f3digo 470, Grado 2, la Direcci\u00f3n de Talento Humano Departamental le notific\u00f3 al se\u00f1or Torralba Su\u00e1rez la terminaci\u00f3n de su nombramiento en provisionalidad. <\/p>\n
Destac\u00f3, que en la actualidad no existen m\u00e1s vacantes por haber sido ocupadas en carrera, y no obstante que argument\u00f3 en el incidente de desacato promovido por el se\u00f1or H\u00e9ctor Daniel Torralba Su\u00e1rez la imposibilidad material de cumplimiento de la orden, los Juzgados accionados mediante autos de 28 de octubre y 3 de noviembre de 2022, lo sancionaron, vulnerando la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en especial la sentencia SU-034 de 2018, al considerar que se encuentra probada la imposibilidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica all\u00ed establecida. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efectos las providencias proferidas por los accionados el 28 de octubre de 2022 y su confirmaci\u00f3n de 3 de noviembre de 2022 en el incidente de desacato adelantado en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puente Nacional, despu\u00e9s de realizar un recuento procesal tanto de la acci\u00f3n de tutela, como del tercer incidente de desacato, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, tras aseverar que respet\u00f3 los derechos al debido proceso y contradicci\u00f3n del hoy accionante, apreci\u00f3 y valor\u00f3 todas y cada una de las pruebas que se recaudaron de acuerdo con el principio de autonom\u00eda e independencia judicial y conforme a las reglas de la sana critica. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Administrativa de Talento Humano de la Gobernaci\u00f3n de Santander, inform\u00f3 que no pod\u00eda nombrarse en provisionalidad al se\u00f1or H\u00e9ctor Daniel Torralba Su\u00e1rez, debido a que no hab\u00eda vacantes disponibles y se deb\u00eda aplicar el orden estricto de la lista de elegibles, por lo que estaba a la espera de la autorizaci\u00f3n de la CNSC y as\u00ed dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil CNSC, solicit\u00f3 declarar falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna de esa entidad a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Inform\u00f3, que consultado el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el M\u00e9rito y la Oportunidad \u2013 SIMO comprob\u00f3 que en el marco del Proceso de Selecci\u00f3n No. 505 de 2017 \u2013 Proceso de Selecci\u00f3n de Santander, se ofertaron ciento veintid\u00f3s (122) vacantes para proveer el empleo denominado Auxiliar de Servicios Generales, C\u00f3digo 470, Grado 2, identificado con el C\u00f3digo OPEC No. 26601, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernaci\u00f3n de Santander, y que agotadas las fases del concurso, mediante Resoluci\u00f3n No. CNSC \u2013 202023 20055945 de 22 de abril 2020, conform\u00f3 Lista de Elegibles para proveer las vacantes ofertadas, lista que estar\u00e1 vigente hasta el 20 de diciembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
5. H\u00e9ctor Daniel Torralba Suarez inform\u00f3 que su \u00fanica fuente de ingresos era el salario que devengaba como Auxiliar de Servicios Generales, con el cual prove\u00eda el sustento para garantizar su subsistencia y la de su n\u00facleo familiar y que, por tal motivo, inici\u00f3 el tr\u00e1mite de incidente de desacato contra la Gobernaci\u00f3n de Santander. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que en la Sede Educativa del municipio de Land\u00e1zuri donde se encontraba nombrado, se desempe\u00f1aban tres (3) funcionarios como auxiliares de servicios generales, uno en carrera y dos que estaban nombrados en provisionalidad, y que gozaba de estabilidad laboral en cumplimiento de la sentencia de tutela, sin embargo, la Gobernaci\u00f3n lo retir\u00f3 y destac\u00f3, que en la sede educativa del Municipio de Guavat\u00e1 actualmente no se ha nombrado a ninguna persona como Auxiliar de Servicios Generales, por lo que ese cargo se encuentra vacante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de San Gil concedi\u00f3 el amparo solicitado, luego de establecer una falta de motivaci\u00f3n en la providencia de 3 de noviembre de 2022, con la que el Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado de primera instancia, sancionatoria del aqu\u00ed accionante, debido a que, <\/p>\n
(\u2026) en la providencia que finiquit\u00f3 la Consulta por la decisi\u00f3n sancionatoria, dej\u00f3 de ponderarse la configuraci\u00f3n de la responsabilidad subjetiva, exigida en tal clase de sanciones, haciendo necesario la intervenci\u00f3n constitucional, porque la decisi\u00f3n aludida, frente la (sic) del Juzgado del Circuito, ciertamente no procede recurso alguno. Veamos las razones: <\/p>\n
Si bien la decisi\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional, aludi\u00f3 que exist\u00eda un incumplimiento de fallo de tutela, porque el accionante se encontraba desvinculado del ente territorial y se aludi\u00f3 a la certificaci\u00f3n emanada del ente Territorial, referida a la inexistencia de vacantes, dej\u00f3 de ventilar sus efectos desde la \u00f3ptica jur\u00eddica, para determinar si exist\u00eda o no en tal momento una limitaci\u00f3n o imposibilidad de seguir cumpliendo el fallo de tutela. Ello propio de la responsabilidad subjetiva aludida, porque como se expuso en el precedente de la H. Corte Constitucional \u201c\u2026 todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato\u2026\u201d. <\/p>\n
Pero igualmente, no se estim[\u00f3] razonable en la decisi\u00f3n aludida, que se haya omitido una explicaci\u00f3n, en torno al por qu\u00e9 no se hizo la ponderaci\u00f3n de los diversos medios probatorios aportados por la persona obligada a cumplir la orden de tutela. Es decir, no se ventil\u00f3 la incidencia de todos y cada uno de los actos administrativos que se anexaron con el escrito de defensa que allegara y que con posterioridad se decretaron como pruebas. <\/p>\n
Y ello connota mayor trascendencia porque tal fallo de tutela, hab\u00eda dispuesto un \u201creintegro\u201d y\/o \u201creubicaci\u00f3n\u201d, para el momento en que se emiti\u00f3, que como qued\u00f3 denotado, fue la orden expl\u00edcita de fallo que se pregona incumplido. Y por lo mismo, se deb\u00eda determinar la eficacia de los aludidos medios probatorios, para colegirse si subjetivamente se estaban o no cumpliendo con los derroteros impuestos por el Juez Constitucional. <\/p>\n
Por lo anterior, deb\u00eda entonces determinarse si la orden de \u201creubicaci\u00f3n\u201d, realmente se incumpli\u00f3 y a la vez, si la misma sentencia deb\u00eda conllevar la orden de mantenerlo en los respectivos cargos y hasta cu\u00e1ndo, para lo cual tambi\u00e9n deb\u00eda entonces ponderarse si, el reintegro se hizo a un cargo en provisionalidad que deb\u00eda ser suplido por disposici\u00f3n de las reglas de carrera administrativa. Y esto porque, el funcionario administrativo responsable del cumplimiento y ahora sancionado, aleg\u00f3 tambi\u00e9n en su favor que, a pesar de los reintegros que se le hiciera al se\u00f1or Torralba Su\u00e1rez, sus cargos debieron ser suplidos definitivamente por motivo de las reglas de carrera administrativa aludidas. Y si ello era as\u00ed, cu\u00e1l ser\u00eda la incidencia de tales conductas de la autoridad administrativa, para determinar si subjetivamente estaba desacatando la orden de tutela dada en beneficio del actor en tutela. <\/p>\n
De esa manera, le orden\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional, que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, dejara sin efecto lo dispuesto en la providencia del tres (3) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) y profiriera una decisi\u00f3n que consultara las razones expuestas en la parte motiva. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el se\u00f1or H\u00e9ctor Daniel Torralba Suarez [incidentante en el desacato iniciado dentro de la acci\u00f3n de tutela 685723103001-2021-00033-01] para reiterar que el accionante incumpli\u00f3 el fallo de tutela proferido dentro del anotado asunto, pues antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superaron las etapas del concurso de m\u00e9ritos, no despleg\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n destinada a adoptar acciones afirmativas en su favor, pese a conocer las condiciones de vulnerabilidad que lo convirtieron en un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 encontrarse afectado con la decisi\u00f3n, por cuanto \u00abmientras transcurren los t\u00e9rminos de los debates judiciales como el que aqu\u00ed se est\u00e1 dando, contin\u00fao cesante, sin vinculaci\u00f3n al Sistema General de Seguridad Social el Pensiones y sin cobertura en el r\u00e9gimen contributivo de Salud tanto yo como mis beneficiarios (esposa e hijos)\u00bb, pese a que en la acci\u00f3n de tutela se puso en evidencia que \u00abs\u00ed existen cargos disponibles en los cuales [pod\u00eda] ser nombrado por el Departamento de Santander para garantizar la protecci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En materia de decisiones que definen incidentes de desacato, esta Sala ha sostenido que pueden ser atacadas por la misma v\u00eda constitucional en la que tuvieron origen, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb. (CC T-1113\/05 citada en CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiteradas en STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01 y STC8762-2016, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Uno de pilares esenciales del derecho fundamental al debido proceso consiste en el deber que tienen los funcionarios judiciales de fundamentar sus decisiones, salvo que por su naturaleza de mero impulso no lo requieran, pues de esta forma se asegura correlativamente el hecho de que los litigantes conozcan el sustento de las providencias y tengan la posibilidad de discutirlas mediante los recursos de ley. En tal sentido esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ. STC7764-2018, STC1749-2021, STC12087-2021 y STC1179-2022). <\/p>\n
As\u00ed, la jurisprudencia constitucional tiene decantado que la carencia o indebida motivaci\u00f3n en cualquiera de sus modalidades, apareja un yerro configurativo de v\u00eda de hecho, enmendable por tutela, en tanto que \u00abel defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que conlleva que deba abordarse de nuevo el estudio y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso\u00bb (CSJ. STC7764-2018, STC1749-2021, STC12087-2021 y STC1179-2022). <\/p>\n
4. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mauricio Aguilar Hurtado en su calidad de Gobernador de Santander, acudi\u00f3 inconforme con la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puente Nacional en providencia de 28 de octubre de 2022 y confirmada por el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad el 3 de noviembre de 2022, en el incidente de desacato iniciado en su contra por H\u00e9ctor Daniel Torralba Suarez, b\u00e1sicamente, porque no se analiz\u00f3 si, subjetivamente, hab\u00eda incumplido o no el fallo de tutela de 14 de abril de 2021, al haber tenido que apartar de su cargo al se\u00f1or Torralba Suarez para nombrar en el mismo a la persona que se encontraba en la lista de elegibles con ocasi\u00f3n de la convocatoria 505 de 2017 de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC y no contar con m\u00e1s vacantes para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. Previo a lo anterior, debe recordarse que el fallo de tutela referido le orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Santander que, en el t\u00e9rmino de dos (2) meses, reubicara al se\u00f1or H\u00e9ctor Daniel Torralba Su\u00e1rez a su empleo en un cargo igual o de mayor jerarqu\u00eda y en un lugar cercano a su actual domicilio y familia, a fin de no afectar su cotizaci\u00f3n a pensi\u00f3n, \u00abhasta que este haga parte de la n\u00f3mina de pensionados de Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al resolver el grado de consulta de la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgador a quo, Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional procedi\u00f3 \u00aba revisar si se dio o no cumplimiento al fallo de tutela, y si se [encontraban] acreditados los elementos de responsabilidad objetiva y subjetiva en el actuar de la persona titular de cumplir con la orden, es decir, si se [encontraba] probada la culpabilidad de \u00e9ste, o por el contrario, [si exist\u00edan] razones que [justificaran] el incumplimiento; es decir [\u2026] la existencia de una conducta negligente y renuente, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo1\u00bb. <\/p>\n
Determin\u00f3 que \u00aben el presente caso [eso era] evidente, pues si bien, la entidad incidentada [hab\u00eda] allegado certificaci\u00f3n mediante la cual [pretend\u00eda] demostrar que [no exist\u00edan] vacantes disponibles dentro de las cuales [pudiera] ser reubicado el se\u00f1or Torralba Su\u00e1rez, tambi\u00e9n lo es, que se [encontraba] en la obligaci\u00f3n de cumplir con la orden de tutela, dado que [estaba] dirigida a garantizar los derechos fundamentales constitucionales de este\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se trataba de una orden prevalente de \u00abestricto cumplimiento, pues la desvinculaci\u00f3n laboral del actor, [constitu\u00eda una] flagrante trasgresi\u00f3n a sus derechos habida cuenta de que como se expuso en la sentencia de segunda instancia, se trata[ba] de una persona a quien su despido laboral le genera[ba] un grave impacto en la econom\u00eda y estabilidad [suya y de] su n\u00facleo familiar m\u00e1s cercano, teniendo en cuenta que del ingreso econ\u00f3mico por \u00e9l devengado se deriva[ba] el sustento de la familia, [pues] la desvinculaci\u00f3n laboral lo [dej\u00f3] sin la posibilidad de seguir realizando los aportes mensuales de salud y pensi\u00f3n, cercenando as\u00ed la expectativa acceder a su pensi\u00f3n por vejez\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, y sin otras explicaciones, le endilg\u00f3 una \u00abconducta veleidosa [a] quien est[aba] obligado a cumplir lo ordenado, tendiente a desatender dicho mandato, ya que no [exist\u00eda] dentro del tr\u00e1mite del incidente, la m\u00e1s m\u00ednima prueba que denote acciones positivas tendientes a dar cumplimiento a la reubicaci\u00f3n laboral del accionante, por parte de la Gobernaci\u00f3n de Santander, sino que de manera insistente solo apunta[ban] a justificar la inexistencia de vacantes para su nombramiento.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
6. De la argumentaci\u00f3n transcrita el Tribunal constitucional ech\u00f3 de menos una valoraci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva de los medios probatorios aportados por el incidentado para demostrar la raz\u00f3n o razones por las cu\u00e1les, si bien no pod\u00eda mantener al se\u00f1or Torralba Su\u00e1rez en el cargo que ven\u00eda ocupando como se lo ordenaron en el fallo de tutela, tal escenario no correspond\u00eda a un incumplimiento subjetivo, en la medida en que en la planta de personal no contaba con vacantes para el efecto, y si esto correspond\u00eda a una eventualidad de dif\u00edcil cumplimiento, supuesto indispensable para imponer la sanci\u00f3n criticada. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Es evidente la ausencia de motivaci\u00f3n por parte del Juzgado de Circuito accionado frente al reproche concreto expuesto y la existencia de un yerro configurativo de una v\u00eda de hecho, solucionable por tutela, como en casos an\u00e1logos se ha establecido por esta Corporaci\u00f3n (CSJ. STC8921-2020, reiterado en STC1749-2021 y en STC1179-2022, as\u00ed como en STC8626-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Debe reiterarse que \u00abtodo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato\u00bb, pues para esto \u00faltimo debe mediar negligencia del obligado en raz\u00f3n a que la responsabilidad es subjetiva, aspecto sobre el cual el juzgador del desacato debe desplegar argumentaci\u00f3n suficiente para imponer la sanci\u00f3n. (CC T-171\/09, citada en C-367\/14 y reiteradas, entre otras en STC8762-2016) <\/p>\n
<\/p>\n
9. Ahora, en cuanto a los argumentos tra\u00eddos por el impugnante, corresponde es al juzgador del grado de consulta establecer, a la luz de las pruebas oportunamente aportadas en el incidente de desacato, si es cierto que la Gobernaci\u00f3n de Santander no despleg\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n destinada a adoptar acciones afirmativas a su favor y cu\u00e1les fueron las razones, por las que, pese a conocer las condiciones de vulnerabilidad que en su momento lo convirtieron en un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, as\u00ed como la afectaci\u00f3n que le gener\u00f3 la situaci\u00f3n relatada y la supuesta existencia de vacantes no fue vinculado en los t\u00e9rminos de la sentencia de tutela. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, claro est\u00e1, pues no es esta tutela el escenario dise\u00f1ado por el Legislador para dirimir tales controversias. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-763 de 1998. \u201cEs el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, trat\u00e1ndose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiri\u00e9ndolo para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de tutela, d\u00e1ndosele un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas porque as\u00ed expresamente lo indica el art\u00edculo 27 del decreto 2591 de 1991\u201d. <\/p>\n
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STC16646-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16646-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69748","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69748","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69748"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69748\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69748"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69748"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69748"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}