STC16659-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16659-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01813-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de septiembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Luis Pe\u00f1a Cantillo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana \u00abresocializaci\u00f3n en conexidad y favorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja vigila la pena de 380 meses de prisi\u00f3n que actualmente descuenta, producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las sanciones que le han sido impuestas en sendos procesos penales por los delitos de \u00abtentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsi\u00f3n agravado\u00bb (radicado 2008-80218) y \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb (radicado 2017-00419). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, elev\u00f3 solicitud de permiso administrativo de 72 horas al juez ejecutor, pero este, mediante auto del 8 de noviembre de 2021 lo neg\u00f3 \u00aben aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006\u00bb (mantuvo su decisi\u00f3n al resolver el recurso de reposici\u00f3n el 28 de marzo de 2022), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad, y bajo el mismo argumento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja en prove\u00eddo del 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas providencias pues considera que, \u00ab\u00fanicamente puede neg\u00e1rsele dicho beneficio administrativo en lo que hace referencia a la condena por el delito de extorsi\u00f3n, m\u00e1s no sobre las dem\u00e1s partes de la condena [\u2026] pues no existe una conexidad entre los delitos sancionados\u00bb, y agreg\u00f3 que, como al momento de la dosificaci\u00f3n punitiva tampoco se habl\u00f3 del concepto de conexidad entre los delitos, \u00abno es leg\u00edtimo que en fase de ejecuci\u00f3n se saque a relucir [\u2026] un concepto que no se mencion\u00f3 ni se consign\u00f3 en la sentencia condenatoria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior pretende que se dejen sin efecto los proferimientos se\u00f1alados y se ordene al juez de penas \u00abrealizar la debida cuenta para determinar el cumplimiento o no del factor objetivo exigido por la ley para acceder al beneficio de hasta 72 horas, evitando extender la prohibici\u00f3n de beneficios a delitos y\/o condenas que no las tienen\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 24 de mayo de 2018 dict\u00f3 sentencia condenatoria en contra de Pe\u00f1a Cantillo por el delito de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb imponi\u00e9ndole una pena de 40 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja inform\u00f3 que deneg\u00f3 el permiso administrativo solicitado por el actor en virtud de la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006. <\/p>\n
3. La secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja alleg\u00f3 copia digital del auto interlocutorio de 12 de agosto de 2022, con el cual esa corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n desestimatoria del beneficio deprecado. <\/p>\n
4. El Fiscal 4\u00ba Especializado Delegado ante el Gaula, relacion\u00f3 la investigaci\u00f3n que adelant\u00f3 en contra de Pe\u00f1a Cantillo y por la cual fue finalmente condenado por el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Santa Marta. En cuanto a la solicitud que aqu\u00e9l realiz\u00f3 ante los jueces de penas, se\u00f1al\u00f3 que no tiene competencia para pronunciarse al respecto. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que, se est\u00e1n vulnerando los principios de \u00abfavorabilidad y legalidad\u00bb, dado que los accionados extendieron la prohibici\u00f3n que existe de beneficios y subrogados para el delito de extorsi\u00f3n a los dem\u00e1s punibles, que ni siquiera son conexos, pues as\u00ed no fue declarado en la sentencia condenatoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena \u2013 acumulada \u2013 de prisi\u00f3n de 380 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abtentativa de homicidio agravado, extorsi\u00f3n y otros\u00bb), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con fundamento en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 12 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior de Tunja, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Seguidamente, aclar\u00f3 que, la proscripci\u00f3n legal de beneficios y subrogados recae sobre la condena de 360 meses de prisi\u00f3n que impuso el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Santa Marta por los il\u00edcitos de \u00abtentativa de homicidio, concierto para delinquir y extorsi\u00f3n, todos agravados\u00bb, bajo el entendido que todos ellos, en dicho caso, van conexos a la extorsi\u00f3n, luego, estar\u00edan cobijados por la se\u00f1alada restricci\u00f3n, ya que los hechos ocurrieron en vigencia de la ley 1121 de 2006. <\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n particular del actor, el tribunal indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto interlocutorio No. 1156 del 26 de diciembre de 2019, decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas a JOS\u00c9 LUIS PE\u00d1A CANTILLO, fijando como sanci\u00f3n definitiva 380 meses de prisi\u00f3n, multa por el equivalente a 4.000 s.m.l.m.v. e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 140 meses. Para tal efecto parti\u00f3 de la pena m\u00e1s grave de 360 meses de prisi\u00f3n, impuesta por el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2009, aumentada en 20 meses de prisi\u00f3n, en virtud de la segunda condena ya descrita. <\/p>\n
De acuerdo con lo analizado previamente, el interno PE\u00d1A CANTILLO a\u00fan no ha descontado la pena que le fue impuesta en virtud de los delitos de tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y extorsi\u00f3n agravada, seg\u00fan hechos acaecidos desde el mes de octubre de 2008 hasta el 2 de marzo de 2009, y sobre la cual recae la prohibici\u00f3n de beneficios introducida por el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, dado que, sumado el tiempo de reclusi\u00f3n f\u00edsica con el lapso reconocido por redenci\u00f3n de pena que registra en el expediente, ha purgado un total de 217 meses y 3,8 d\u00edas, guarismo inferior a la pena se\u00f1alada de 360 meses de prisi\u00f3n, afectada por la prohibici\u00f3n mencionada, raz\u00f3n por la cual no resulta viable la concesi\u00f3n del beneficio impetrado\u00bb. <\/p>\n
Frente a los alegatos del sentenciado, relativos a que no es viable extender dicha prohibici\u00f3n a otros delitos no contemplados en la norma en cita, dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sobre el argumento del sentenciado respecto a que con la aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de beneficios administrativos se obra en contrav\u00eda del fin resocializador de la pena, esta Sala destaca que, contrario a lo manifestado por el se\u00f1or JOS\u00c9 LUIS PE\u00d1A CANTILLO, la Corte Constitucional ha referido que lo que se busca con la eliminaci\u00f3n de beneficios y subrogados penales para ciertos delitos, es responder al dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal de combatir esas conductas delictivas, siendo justa su aplicaci\u00f3n, frente al da\u00f1o que esos delitos causan a la sociedad. As\u00ed ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cPor v\u00eda de los beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de resocializaci\u00f3n creados por el legislador a favor del imputado, no puede entonces contrariarse el sentido de la pena, que comporta la respuesta del Estado a la alarma colectiva generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia que consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y seg\u00fan sus propias ejecutorias. <\/p>\n
Como se ha explicado, de manera reiterada, la Corte ha considerado que el legislador puede limitar la concesi\u00f3n de beneficios penales, en funci\u00f3n de la gravedad de las conductas delictivas que busca combatir. De all\u00ed que se hayan declaradas ajustadas a la Constituci\u00f3n diversas medidas encaminadas a endurecer el sistema procesal penal, muy semejantes, por lo dem\u00e1s, a las establecidas en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. As\u00ed mismo, la Corte ha estimado que la exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados penales en materia de terrorismo, no s\u00f3lo no desconoce el derecho a la igualdad, sino que se inscribe en el cumplimiento de obligaciones internacionales que Colombia ha adquirido con otros Estados.\u201d (CC C-073\/10)\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior, concluy\u00f3 que la negativa del permiso deprecada deb\u00eda confirmarse \u00ab(\u2026) por estar inmerso en la prohibici\u00f3n legal contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, por la cual se dictan normas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones, pero con las precisiones efectuadas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, lo resuelto por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y las normativas espec\u00edficas que rigen la materia, esto es, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, cotejado con la proscripci\u00f3n consagrada en el canon 26 de la ley 1121 de 2006, que en el marco de la pol\u00edtica criminal contra el terrorismo, suprimi\u00f3 todo tipo de concesiones punitivas, incluyendo las administrativas, respecto de delitos como la extorsi\u00f3n y conexos, (entre otros), no siendo posible la escisi\u00f3n de la sanci\u00f3n acumulada a fin de evaluar separadamente la viabilidad de la solicitud para cada punible, como lo pretende el gestor del amparo. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica respetable, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, 5 ab. de 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2713-2015). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, ya que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 29 de noviembre de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 2 de diciembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16659-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16659-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01813-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69755","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69755","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69755"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69755\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69755"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69755"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69755"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}