STC16661-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16661-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 3 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Antonio Vera Delgado contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el establecimiento penitenciario donde aquel se encuentra recluido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n \u00abdel principio de favorabilidad, derecho a la libertad, igualdad y aplicaci\u00f3n de igualdad de condiciones a iguales derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que en la actualidad se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagu\u00e9 COIBA-Picale\u00f1a, purgando la pena de 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n que, por los delitos de \u00absecuestro extorsivo agravado\u00bb y \u00abhomicidio agravado\u00bb, le impuso el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en sentencia de 31 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 18 de julio de 2008. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el cumplimiento de esa condena es vigilado por el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, despacho ante el cual formul\u00f3 varias solicitudes de libertad condicional por considerar que re\u00fane los requisitos tanto objetivos como subjetivos para acceder a ese instituto. <\/p>\n
La \u00faltima de esas peticiones, afirma, fue despachada desfavorablemente por la c\u00e9lula judicial ejecutora mediante auto del pasado 10 de mayo; providencia contra la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que la impugnaci\u00f3n horizontal fue desestimada el 13 de julio siguiente, en tanto que la alzada la desat\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 3 de octubre del a\u00f1o en curso, en el sentido de confirmar lo resuelto. <\/p>\n
3. Considera que las autoridades judiciales desconocieron el principio de la favorabilidad dado que \u00absi bien es cierto que el delito por el que [se] encuentr[a] condenado est\u00e1 en el listado de los excluidos para beneficios y subrogados, tambi\u00e9n es cierto que\u2026 el art\u00edculo 68A de la Ley 599 de 2000, establece\u2026 que lo dispuesto [all\u00ed]\u2026 no se aplica a la libertad condicional [sic]\u00bb de manera que al carecer de antecedentes penales y teniendo en cuenta su adecuado comportamiento en reclusi\u00f3n, es viable reconocerle el subrogado liberatorio que persigue. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior sostiene que ha visto quebrantado su derecho a la igualdad comoquiera que \u00abfue condenado dentro del mismo proceso con el se\u00f1or Arqu\u00edmedes Antonio Ram\u00edrez Soto, por los mismos hechos, en la misma fecha y con la misma condena, sin embargo a este se\u00f1or el mismo Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 en el mes de marzo de 2018 le concedi\u00f3 la libertad condiciona y a mi no me ha querido conceder el beneficio que tantes veces he solicitado [sic]\u00bb. <\/p>\n
Por las anteriores razones solicita \u00abque se [le] conceda el beneficio de la libertad condicional, teniendo en cuenta que re\u00fano los requisitos para ellos, porque he observado un buen comportamiento y re\u00fano los dem\u00e1s requisitos para gozar de dicho beneficio [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada rememor\u00f3 lo actuado en relaci\u00f3n con la solicitud de libertad condicional y manifest\u00f3 que \u00abhabiendo sido resuelta en su oportunidad la apelaci\u00f3n y estando ce\u00f1ida a la legalidad y el derecho, estimo impr\u00f3spera la acci\u00f3n propuesta al no haber sido vulnerado ni amenazado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Sexta de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 no acceder al amparo constitucional \u00abcomo quiera que\u2026 ha adelantado todas las actuaciones necesarias para la salvaguarda de los derechos fundamentales del\u2026 condenado\u00bb. <\/p>\n
3. Del fallo de primer grado se extracta que el director del establecimiento de reclusi\u00f3n donde se encuentra privado de la libertad el promotor \u00absolicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimidad por pasiva\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras analizar las decisiones objeto de censura, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal concluy\u00f3 que las mismas \u00abse ofrecen como razonables y debidamente fundamentadas, pues como pudo apreciarse, en ellas no solo se explicaron las razones de hecho y de derecho por las que era necesario resolver [acerca de la libertad condicional] a partir de lo normado en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, sino que adem\u00e1s indicaron con precisi\u00f3n los motivos por los cuales era improcedente conceder tal beneficio\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 asimismo que el estudio del subrogado liberatorio debi\u00f3 realizarse -como en efecto lo hizo el tribunal accionado- al amparo de la Ley 890 de 2004 la cual consagra unas condiciones que le resultaban m\u00e1s beneficiosas, en la medida que el an\u00e1lisis fundamentado en la ley 1709 de 2014, como era lo pretendido, llevar\u00eda aparejado la aplicaci\u00f3n de la Ley 1121 de 2006, la cual prohibi\u00f3 la concesi\u00f3n de cualquier sustituto punitivo a aquellos condenados por el delito de \u00absecuestro extorsivo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que la denegaci\u00f3n de la excarcelaci\u00f3n condicional no obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 68A del Estatuto Penal, como erradamente lo entendi\u00f3 Vera Delgado, sino a la valoraci\u00f3n negativa que la c\u00e9lula judicial ejecutora realiz\u00f3 sobre la conducta punible por la que se profiri\u00f3 sentencia, de cara a lo indicado por el juzgado fallador en torno \u00abal nivel de peligrosidad del comportamiento delictual, el cual recay\u00f3 sobre un menor de edad que, no solo fue objeto de secuestro extorsivo, sino adem\u00e1s le fue arrebatada su vida y su cad\u00e1ver desmembrado para buscar su efectivo ocultamiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en que debe accederse a la libertad condicional en la medida que \u00abcuento con un tiempo superior a 252 me de prisi\u00f3n y se aporto resolucion N# 639116 de fecha 30\/03 de 2022, expedida por el director de la carcel Coiba de Ibague Tolima, con un tiempo de 275 meses de prision [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del accionante, dentro del proceso 2006-00024 al confirmar la providencia por medio de la cual el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de aquella ciudad no accedi\u00f3 a la libertad condicional, desconociendo, seg\u00fan dice, el principio de favorabilidad. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos del impugnante de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el quejoso es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron adversas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el actor atribuye a los prove\u00eddos que cuestiona lesi\u00f3n al principio de favorabilidad, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal desconocimiento, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los jueces competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre el quejoso y las autoridades cognoscentes e, incluso, frente a lo consignado por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal al desatar la primera instancia, pues en el fallo impugnado se le explic\u00f3 con suficiencia por qu\u00e9 las razones que tuvo el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 para no acceder a la libertad condicional resultaron acertadas. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar pues lo pretendido por el demandante resulta improcedente habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16661-2022 Magistrado Ponente STC16661-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02180-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}