STC16665-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16665-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 68001-22-13-000-2022-00507-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda Luisa Hern\u00e1ndez Maldonado y An\u00edbal \u00c1vila Pedraza contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y Primero Civil Municipal de Floridablanca. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a Luis Emiro Boh\u00f3rquez, Nidia Celis C\u00e1ceres, Andr\u00e9s Morelli Lizcano, el Banco Davivienda S.A. y los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y Quinto Civil Municipal de esa misma ciudad. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades judiciales accionadas en el juicio ejecutivo de radicado 2016-00502. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Banco Davivienda S.A. promovi\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario con garant\u00eda real contra Mar\u00eda Luisa Hern\u00e1ndez Maldonado, An\u00edbal \u00c1vila Pedraza y Luis Emiro Boh\u00f3rquez Bautista, pretendiendo el cobro del pagar\u00e9 04-13427-6, constituido en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC), equivalentes a $9.800.000, correspondientes al cr\u00e9dito adquirido para la compra de una vivienda, suscrita en escritura p\u00fablica 940 del 22 de abril de 19911. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga bajo el radicado 1999-584, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 14 de mayo de 1999 y el 24 de mayo de 2005 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y el remate del bien en litigio2; sin embargo, producto de una orden constitucional3, el 19 de agosto de 2008, esa autoridad judicial dio por terminado el proceso, en virtud de lo establecido en la Ley 546 de 19994. <\/p>\n
2.3. La referida entidad financiera formul\u00f3 un nuevo juicio ejecutivo mixto de menor cuant\u00eda contra los ya enjuiciados, con el prop\u00f3sito de cobrar la obligaci\u00f3n insoluta del pagar\u00e9 04-13427-6. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga conoci\u00f3 la causa bajo el radicado 2009-00010 y libr\u00f3 orden de apremio el 19 de febrero de 2009, frente a la cual los ejecutados formularon la excepciones de m\u00e9rito. El 28 de enero de 2011, esa autoridad judicial aprob\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito a favor de Nidia Celis C\u00e1ceres y dispuso tenerla como cesionaria de la parte demandante en la causa coercitiva5. El 6 de febrero de 2012, ese estrado judicial dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 infundados los medios de defensa propuestos y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a favor de la cesionaria6; pero, al desatar la alzada interpuesta contra la anterior determinaci\u00f3n, el 29 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga la revoc\u00f3, porque consider\u00f3 que la obligaci\u00f3n no era exigible por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito7. <\/p>\n
2.4. Nidia Celis C\u00e1ceres impetr\u00f3 demanda ejecutiva mixta de menor cuant\u00eda en contra de los enunciados deudores, de la cual conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca bajo el radicado 2016-00502, asunto en el que libr\u00f3 mandamiento de pago el 13 de septiembre de 20168, emplaz\u00f3 a los ejecutados y les design\u00f3 curador ad litem9. El 13 de junio de 2018 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y se decret\u00f3 el remate del bien hipotecado en p\u00fablica subasta10. Por auto emitido el 22 de septiembre de 2020 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito realizada por la ejecutante11. <\/p>\n
2.5. Los ejecutados Mar\u00eda Luisa Hern\u00e1ndez Maldonado y An\u00edbal \u00c1vila Pedraza formularon incidente de nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago, por indebida notificaci\u00f3n, lo cual fue negado en prove\u00eddo de 5 de octubre de 202012 y confirmado por el superior el 27 de mayo de 202113. <\/p>\n
2.6. El 3 de febrero de 2021, los ejecutados, Mar\u00eda Luisa Hern\u00e1ndez Maldonado, en nombre propio y como apoderada de An\u00edbal \u00c1vila Pedraza, solicitaron la terminaci\u00f3n de proceso por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y las sentencias SU-813 de 2007 y SU-787 de 201214, aduciendo que la reestructuraci\u00f3n no se realiz\u00f3 en debida forma, porque no se alleg\u00f3 comunicaci\u00f3n alguna en la que se les indicara, de manera clara y concreta, cu\u00e1l era la propuesta de \u00abnueva forma de pago (\u2026) y se expusiera cu\u00e1l era el capital sin intereses ni de plazo ni de mora, proyecci\u00f3n de las cuotas, monto de cada una de ellas, sistema de amortizaci\u00f3n, tasa de inter\u00e9s, lugar y forma de recaudo de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Dicha petici\u00f3n fue negada el 17 de agosto de 202115 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, prove\u00eddo que confirm\u00f3 el 21 de junio de 2022, en sede de reposici\u00f3n16. <\/p>\n
2.8. Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, con prove\u00eddo de 22 de agosto de 2022, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga lo declar\u00f3 inadmisible17. <\/p>\n
2.9. Reprochan los tutelantes que el Despacho del Circuito accionado, al emitir el prove\u00eddo de 22 de agosto de 2022, incurri\u00f3 en defectos sustantivo y procesal, porque declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n, aun cuando \u00abla terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito corresponde a una nulidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Censuran la providencia dictada el 17 de agosto de 2021 por el Juzgado Civil Municipal accionado y confirmada el 21 de junio de 2022, por incurrir en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, toda vez que: i) no obra en el plenario prueba del cumplimiento, en debida forma, del requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que se cobra, pues \u00abno se alleg\u00f3 ninguna comunicaci\u00f3n en donde se acreditara que los aqu\u00ed demandados hubieran recibido documento en el que se les expusiera de manera clara y concreta cual era la nueva forma de pago\u00bb, esto es, indicando cu\u00e1l \u00abera el capital sin intereses ni de plazo ni de mora, proyecci\u00f3n de las cuotas, monto de cada una de ellas, sistema de amortizaci\u00f3n, tasa de inter\u00e9s, lugar y forma de recaudo de la obligaci\u00f3n\u00bb, de conformidad con las pautas se\u00f1aladas por la Corte Constitucional; y ii) se neg\u00f3 a terminar el proceso en contra de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, las sentencias de unificaci\u00f3n de ese Alto Tribunal y los fallos de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, solicitan que se ordene al Juzgado Civil Municipal de Floridablanca resolver nuevamente la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n de proceso, atendiendo el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga se remiti\u00f3 a los argumentos consignados en la providencia censurada y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por no haber vulnerado los derechos de los tutelantes. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca relat\u00f3 las actuaciones surtidas, indic\u00f3 que no ha transgredido garant\u00eda fundamental alguna y que el asunto \u00abse encuentra al Despacho para ejercer control de legalidad previo a materializar la comisi\u00f3n ordenada a la Notaria Primera de Floridablanca, para efectos de llevar a cabo la venta en subasta p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. Nidia Celis C\u00e1ceres y Andr\u00e9s Enrique Morelli Lizcano pidieron que se niegue la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que el cr\u00e9dito s\u00ed se reestructur\u00f3 unilateralmente, por cuanto se \u00abagotaron todos los medios persuasivos posibles para la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y no se logr\u00f3 a pesar de la intervenci\u00f3n de la Superfinanciera\u00bb, criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte en un asunto similar (CSJ STC6485-2022). Agregaron que el proceso no se puede terminar, porque \u00ablos demandados no tienen capacidad de pago para asumir la obligaci\u00f3n ya que el inmueble tiene un embargo de Impuestos (\u2026) por una deuda que tienen con el Municipio de Floridablanca\u00bb. <\/p>\n
4. Rosana Pab\u00f3n Gamarra, curadora ad litem designada por el Tribunal para representar a Luis Emiro Boh\u00f3rquez, Nidia Celis C\u00e1ceres y Andr\u00e9s Morelli Lizcano manifest\u00f3 atenerse a lo probado en el proceso y a lo que se defina en sede constitucional. <\/p>\n
5. El Banco Davivienda S.A. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, porque desde el a\u00f1o 2010 cedi\u00f3 los derechos de cr\u00e9dito perseguidos. <\/p>\n
6. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio ejecutivo 2009-00010, en el cual no desconoci\u00f3 las garant\u00edas de los tutelantes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto encontr\u00f3 que las decisiones cuestionadas eran razonables. Respecto de los reproches esbozados frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el expediente est\u00e1 probado que el cr\u00e9dito s\u00ed fue sometido a restructuraci\u00f3n; de igual forma, se analiz\u00f3 (\u2026) que la parte ejecutante busc\u00f3 a trav\u00e9s de Superfinanciera, llegar a un acuerdo respecto de la restructuraci\u00f3n con los demandados, sin que estos hubieren manifestado voluntad para ello\u00bb. En lo atinente a la censura elevada contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga dijo que su decisi\u00f3n de rechazar la alzada interpuesta se funda acertadamente en lo dispuesto en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien manifest\u00f3 que el a quo no hizo \u00abuna confrontaci\u00f3n de los hechos\u00bb, porque \u00abno es cierto conforme a las pruebas obrantes en el proceso que se hubiese agotado el proceso de Reestructuraci\u00f3n ordenada\u00bb en la Ley de Vivienda, en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-787 de 2012 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el Despacho municipal accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por defectos sustantivo y f\u00e1ctico, porque no explic\u00f3 las razones para inaplicar la citada normativa y para apartarse del precedente jurisprudencial aplicable, considerando \u00abcomo agotado el proceso de reestructuraci\u00f3n con una simple invitaci\u00f3n que no cumple con los requisitos de dicho procedimiento y por lo tanto la obligaci\u00f3n incorporada en el pagar\u00e9 no es exigible\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes pretenden el amparo de sus derechos fundamentales que consideran vulnerados, con ocasi\u00f3n del auto dictado el 21 de junio de 2022 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, mediante el cual se neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de radicado 2016-00502, y el prove\u00eddo emitido el 22 de agosto de 2022 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, que declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sobre el particular, sea lo primero indicar que el Juzgado del Circuito accionado declar\u00f3 inadmisible el recurso vertical formulado contra el auto que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo porque la decisi\u00f3n fustigada no es susceptible de apelaci\u00f3n, en virtud de las reglas contenidas en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; en consecuencia, para la Sala esa determinaci\u00f3n no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida de conformidad con la norma que establece la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n solo respecto de algunas decisiones, entre las cuales no se encuentra aquella que niega la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
3. A pesar de lo anterior, otra consideraci\u00f3n debe hacerse frente al primer reproche, por cuanto estudiada la inconformidad alegada frente al Juzgado Civil Municipal accionado en el escrito inicial, de cara a los elementos demostrativos obrantes al diligenciamiento, la Sala advierte que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar. En efecto, la autoridad judicial enjuiciada incurri\u00f3 en un proceder que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
3.1. Al negar la terminaci\u00f3n del proceso, que fue solicitada bajo el argumento de que la invitaci\u00f3n a reestructurar el cr\u00e9dito no incluy\u00f3 una propuesta de la \u00abnueva forma de pago (\u2026) [que] expusiera cu\u00e1l era el capital sin intereses ni de plazo ni de mora, proyecci\u00f3n de las cuotas, monto de cada una de ellas, sistema de amortizaci\u00f3n, tasa de inter\u00e9s, lugar y forma de recaudo de la obligaci\u00f3n\u00bb, el Juzgado municipal18 accionado sostuvo que <\/p>\n
una revisi\u00f3n minuciosa de los documentos allegados por la parte demandante con la presentaci\u00f3n de la demanda, permite ver con absoluta claridad que la reestructuraci\u00f3n que extra\u00f1a la parte demandada s\u00ed fue cumplida por la parte demandante y prueba de ello es el acervo probatorio que obra de folios 106 a 143 del cuaderno principal, en los cuales se observan las invitaciones que se les hicieran para llegar a un acuerdo de pago que se ajustara a sus condiciones y capacidades de pago, as\u00ed como de las gestiones adelantadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia, con los mismos fines. <\/p>\n
3.2. Argumento que fue reiterado, al resolver el recurso de reposici\u00f3n impetrado contra esa determinaci\u00f3n, en auto de 21 de junio de la presente anualidad, en el que se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
En aras de dar soporte a la decisi\u00f3n de no reponer la providencia recurrida, se hace necesario traer a colaci\u00f3n nuevamente los fundamentos dados en la providencia recurrida, los cuales son producto de un an\u00e1lisis detallado al expediente, en donde se puede encontrar que la parte demandante al momento de radicar la demanda aport\u00f3 las pruebas de haber tramitado ante la Superfinanciera la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la negativa de dos de los ejecutados, argumentando que la acci\u00f3n estaba prescrita, documentos que permiten ver con absoluta claridad que la reestructuraci\u00f3n que extra\u00f1a la parte demandada s\u00ed fue cumplida por la parte demandante, tal como se puede leer en los folios 106 a 143 del cuaderno principal en f\u00edsico y debidamente digitalizado, contenido en el expediente virtual\u2026 <\/p>\n
Se logra analizar que se hicieron las invitaciones para llegar a un acuerdo de pago que se ajustara a las condiciones y capacidades de pago de los deudores, as\u00ed como de las gestiones adelantadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia. (\u2026). <\/p>\n
4. Esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar, en relaci\u00f3n con el cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999 en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses para la adquisici\u00f3n de vivienda que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, que es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor, tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido le resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha se\u00f1alado que el documento que recoge la reestructuraci\u00f3n, junto con el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n, forma un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo, sin que para ello resulte relevante verificar la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso, si este corresponde a la primera ejecuci\u00f3n o si se trata de un cr\u00e9dito al d\u00eda o en mora para el 31 de diciembre de 199919. Sobre el particular, la Sala ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
De igual manera, instituy\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n concertada para el pago diferido de los saldos, tomando en cuenta las verdaderas condiciones econ\u00f3micas de los afectados, como una manera de conjurar la crisis social existente y con el \u00e1nimo de evitar que las familias siguieran perdiendo sus hogares. <\/p>\n
Bajo esos par\u00e1metros ning\u00fan beneficio reportaba a los ejecutados la terminaci\u00f3n de los litigios, sin que existiera la posibilidad de replantear las condiciones para saldar esas deudas hacia futuro. Ello quiere decir que la reestructuraci\u00f3n no era un paso discrecional para los acreedores, ni mucho menos renunciable por los deudores, en vista de su trascendencia constitucional\u2026 <\/p>\n
Esta revisi\u00f3n excepcional de la forma como se desarrolla el acuerdo volitivo respecto de los propietarios de los inmuebles que ven\u00edan cumpliendo a cabalidad los cr\u00e9ditos y cesaron en sus pagos, despu\u00e9s de que entr\u00f3 a regir la Ley 546 de 1999, es obligatoria para el acreedor, por los alcances constitucionales que se le han dado a los principios que inspiraron su expedici\u00f3n. De tal manera que, si la misma tuvo por objeto conjurar la grave situaci\u00f3n generalizada preexistente, tambi\u00e9n sirve de patr\u00f3n para situaciones de insatisfacci\u00f3n futura, derivados de otros factores sociales que incidieran en el desarrollo contractual. <\/p>\n
Refuerza lo expuesto, la sentencia de tutela SU-813 del 4 de octubre de 2007 que profiri\u00f3 la Corte Constitucional con alcances generales, en la que precis\u00f3 que en la Ley de vivienda se incluyeron (\u2026) expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Ciertamente, con esta normatividad, no s\u00f3lo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla (CSJ STC3632-2017, reiterado en STC11990-2019). <\/p>\n
A partir de esa precisi\u00f3n preliminar, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que <\/p>\n
\u2026el derecho a la reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecuci\u00f3n anterior o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora; (…) la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y (…) \u00e9sta es una obligaci\u00f3n tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo cr\u00e9dito (…). <\/p>\n
Al respecto, (…) conviene recordar, que [es] deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u201cconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u201d (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u201clo cierto es que la exigencia de \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica\u201d\u00bb (Subrayado fuera de texto) (Ver cita en CSJ STC11990-2019). <\/p>\n
A su vez, la Sala ha definido que cuando no se ha acreditado en debida forma la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito es necesario, para acceder al resguardo constitucional, que se colmen los siguientes requisitos: <\/p>\n
(i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. (CSJ STC10546-2020). <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, auscultado el material probatorio obrante en el plenario, se extrae con claridad el cumplimiento de los presupuestos rese\u00f1ados. Ciertamente, la acci\u00f3n constitucional se formul\u00f3 el 11 de octubre de 2022, cuando a\u00fan no se hab\u00eda realizado la almoneda -tal como milita en el compulsivo-. Adem\u00e1s, los actores cumplieron con la \u00abm\u00ednima diligencia\u00bb demandada, por cuanto, una vez intervinieron en el proceso y habi\u00e9ndose resuelto la nulidad propuesta por indebida notificaci\u00f3n, solicitaron su terminaci\u00f3n por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito adquirido para vivienda, de conformidad con las previsiones de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, frente a la posibilidad de que el acreedor realice la reestructuraci\u00f3n unilateral, por falta de acuerdo con los deudores, argumento en el cual se cimienta la decisi\u00f3n controvertida, pues la ejecutante invit\u00f3 a los ejecutados a reestructurar la deuda y acudi\u00f3 a la Superintendencia Financiera para que la asistiera en tal prop\u00f3sito, pero ellos expresaron que no deseaban llegar a acuerdo alguno, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n cambiaria estaba prescrita por haber transcurrido tres a\u00f1os desde que termin\u00f3 el proceso ejecutivo anterior en 200820, seg\u00fan respuesta del 9 de abril de 2014 enviada por Mar\u00eda Luisa Hern\u00e1ndez Maldonado y An\u00edbal \u00c1vila Pedraza a la apoderada de la ejecutante21, reiterada por la se\u00f1ora Hern\u00e1ndez Maldonado a la Superintendencia Financiera el 10 de octubre de 201422, lo cierto es que la referida invitaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los lineamientos necesarios para habilitar la reestructuraci\u00f3n unilateral. <\/p>\n
Al respecto, mem\u00f3rese que la Corte Constitucional, en sentencia SU787-2012, asever\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n a la que alude al Ley 546 de 1999 corresponde a \u00abun negocio o instrumento jur\u00eddico\u00bb, cuya finalidad consiste en variar las condiciones inicialmente pactadas, para que, ante el deterioro de su capacidad de pago, el deudor pueda darle una \u00abatenci\u00f3n adecuada a su obligaci\u00f3n\u00bb. Dicho negocio, en principio, presupone un acuerdo de voluntades entre las partes, a fin de establecer los t\u00e9rminos y condiciones que regir\u00e1n en lo sucesivo la obligaci\u00f3n, no obstante, la ausencia de tal convenio, por ejemplo, porque el deudor se niega a ello, habilita la actuaci\u00f3n unilateral del acreedor, pero siempre que le haya dado a conocer las condiciones y propuesta de reestructuraci\u00f3n, en aspectos tales como el plazo, la modalidad de amortizaci\u00f3n y la tasa, los cuales, se itera, se fijan en beneficio del deudor que vio afectada su capacidad de pago. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de lo anterior, en un caso en el que la reestructuraci\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo en debida forma, esta Corte dijo, <\/p>\n
Las elucubraciones rese\u00f1adas no contienen irregularidad, pues, en efecto, se observa que aun cuando la activa realiz\u00f3 todas las gestiones necesarias para lograr la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d del cr\u00e9dito y ofreci\u00f3 distintas opciones a los deudores, ante el silencio de \u00e9stos no determin\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda el nuevo modo de amortizaci\u00f3n y pago de la obligaci\u00f3n -fin de la reestructuraci\u00f3n- y tampoco notific\u00f3 del mismo a Jos\u00e9 P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez y Mar\u00eda Guadalupe Delgado, quienes, antes de ser demandados, debieron contar con el primer plazo, siquiera, para sufragar la cuota establecida\u2026 <\/p>\n
Lo anterior significa, se insiste, que si el acto jur\u00eddico de la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d no se surti\u00f3 mediante acuerdo entre acreedor y deudor y por ello devino su realizaci\u00f3n \u201cunilateral\u201d como as\u00ed lo ha permitido la jurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-, es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u2026 (CSJ STC2549-2019). <\/p>\n
En otra oportunidad, la Sala aval\u00f3 esa reestructuraci\u00f3n unilateral y la confirmaci\u00f3n de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pero porque el acreedor hab\u00eda presentado una propuesta al deudor, as\u00ed: <\/p>\n
Se encuentra demostrado con los documentos arrimados que el cesionario YERMAN IV\u00c1N POCHES BURGOS extendi\u00f3 poder a la profesional del derecho que aqu\u00ed la representa judicialmente, para que en su nombre concretara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito con los se\u00f1ores OLGA LUCIA RAMIREZ CUEVAS y MARTIN PORRAS VARGAS; quien, en desarrollo de ese mandato, remiti\u00f3 a los se\u00f1ores RAMIREZ CUEVAS y PORRAS VARGAS, una propuesta pormenorizada de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, invit\u00e1ndolos a comparecer a su oficina dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la recepci\u00f3n de tal comunicaci\u00f3n, para acordar la REESTRUCTURACI\u00d3N de su obligaci\u00f3n hipotecaria, y solicit\u00e1ndole enviaran copia de documentaci\u00f3n que establezca su capacidad de pago\u2026 <\/p>\n
4.3. As\u00ed pues, en el sub examine, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado, el estrado judicial censurado indic\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n extra\u00f1ada \u00abs\u00ed fue cumplida\u00bb, dado que la ejecutante le realiz\u00f3 invitaciones a los ejecutados para llegar a un acuerdo de pago, aunado a que adelant\u00f3 \u00abgestiones\u00bb ante la Superintendencia Financiera de Colombia para la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero los tutelantes se negaron a llevar a cabo la negociaci\u00f3n con sustento en que la obligaci\u00f3n se encontraba prescrita. <\/p>\n
Sin embargo, auscultados los elementos demostrativos obrantes en el plenario, se observa que, si bien la apoderada judicial de la demandante, en el a\u00f1o 2013, remiti\u00f3 a los demandados ofrecimiento para reestructurar de consuno el cr\u00e9dito23, advirtiendo que para acordar las nuevas condiciones de la obligaci\u00f3n deb\u00edan concurrir a su oficina con los documentos necesarios. Y, que ante la negativa de aquellos24, en el a\u00f1o 2014, acudi\u00f3 ante la Superintendencia Financiera para tal fin. En definitiva, lo cierto es que esa entidad no le dio tr\u00e1mite a dicha s\u00faplica, entre otros motivos, por cuanto la solicitante no aport\u00f3 la documentaci\u00f3n requerida para realizar la reestructuraci\u00f3n unilateral del cr\u00e9dito por esa v\u00eda25. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, de las probanzas aportadas por los ejecutados con la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, se observa que, con respuesta adiada el 7 de octubre de 2016, esa autoridad administrativa le aclar\u00f3 a la mandataria de la ejecutante las razones de la precitada decisi\u00f3n, en la que, entre otras, le dijo que <\/p>\n
una vez revisado los documentos aportados en el tr\u00e1mite radicado con el 2014063358-000 en especial en los folios 12 al 20 que contienen las tablas \u201c1 y 2\u201d no se observa varias planillas en las que al parecer se concreta como \u201clas propuestas para la reestructuraci\u00f3n\u201d sin que se observe los valores referidos a la condonaci\u00f3n de intereses de mora, y si en efecto se realizaron pagos\u202626. <\/p>\n
De ah\u00ed que, m\u00e1s all\u00e1 de la invitaci\u00f3n a negociar las condiciones de la obligaci\u00f3n insoluta y de los intentos infructuosos de adelantar la reestructuraci\u00f3n ante la Superfinanciera, no se verific\u00f3 en el expediente documento alguno que pruebe que la ejecutante hubiese puesto en conocimiento de los deudores, de forma expresa e inequ\u00edvoca, la propuesta o el plan de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n con las nuevas condiciones de pago, para soportar el incumplimiento de pago que se ejecuta, aspecto en que se sustent\u00f3 la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso y frente al cual el Juzgado municipal accionado no se pronunci\u00f3, pues solo aludi\u00f3 a que la ejecutante s\u00ed intent\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de mutuo acuerdo, acudiendo, incluso, a la Superintendencia, pero sin especificar si aquellos intentos cumpl\u00edan con los requisitos, pese a que no comunicaban la propuesta de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha sostenido que <\/p>\n
Adem\u00e1s, la \u00abcomunicaci\u00f3n [dirigida] a Gerardo Iv\u00e1n (\u2026) en el mes de noviembre de 2010, en la que se le ofrece la restructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb (resalta la Corte), no cumple con los est\u00e1ndares de dicha instituci\u00f3n, dado que el aludido tr\u00e1mite no fue concluido y qued\u00f3 en una simple oferta o invitaci\u00f3n a negociar. <\/p>\n
No se olvide c\u00f3mo la Corte ha sostenido que no es arbitrario que el acreedor fije las pautas m\u00e1s beneficiosas para el obligado, en aquellos casos en los que el \u00faltimo no acceda a \u00abrestructurar el cr\u00e9dito\u00bb de forma voluntaria, ya que la \u00abtutela judicial del cr\u00e9dito\u00bb debe ser salvaguardada, dada la importancia que ello implica en la econom\u00eda (STC2549-2019); empero, dicha tarea no finaliza con la simple \u00abinvitaci\u00f3n\u00bb a ello, por cuanto es necesario que, tras el silencio de \u00e9ste, el mutuante informe las condiciones del \u00abnuevo pacto\u00bb, para que el obligado tenga nitidez de su \u00abnuevo horizonte\u00bb y, desde ese momento, pueda haber claridad de cu\u00e1ndo se hace exigible el pr\u00e9stamo. <\/p>\n
De modo que al no divisarse los documentos que dieran cuenta de lo antedicho, (\u2026), la intromisi\u00f3n exigida se abre paso. (CSJ 9036-2019). (Se subraya). <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, la Sala ha considerado <\/p>\n
la realizaci\u00f3n \u00abunilateral\u00bb de la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb es una posibilidad permitida por la \u00abjurisprudencia constitucional -SU-787 de 2012-\u00bb, particularmente en aquellos eventos en los que no medie \u00abacuerdo entre acreedor y deudor\u00bb, pero (\u2026) para que ese acto jur\u00eddico surta efectos \u00abes necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u00bb. (CSJ STC217-2020, se destaca). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto, la Corte encontr\u00f3 como razonable la decisi\u00f3n del Juez de instancia, porque el acto jur\u00eddico de la reestructuraci\u00f3n unilateral no se llev\u00f3 a cabo en debida, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
En efecto, al resolver los reparos formulados por el inconforme, en relaci\u00f3n con la demostraci\u00f3n de la \u00abreestructuraci\u00f3n unilateral\u00bb de las obligaciones exigidas judicialmente, el operador judicial criticado se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Estudiado el recurso de reposici\u00f3n el a quo se\u00f1al\u00f3 que si bien fue suministrada copia de la constancia emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dicho documento ni alguno de los dem\u00e1s aportados al plenario evidencian que su (sic) puso en conocimiento de los deudores \u201clas f\u00f3rmulas para una eventual reestructuraci\u00f3n, al fin de cuentas la misma SFC dej\u00f3 advertido que desconoce la capacidad de pago actual de los aqu\u00ed demandados, y por lo mismo, correspond\u00eda adelantar los procesos judiciales previos para lograr el respectivo acto de reestructuraci\u00f3n.\u201d\u00bb\u2026 <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, concluy\u00f3 que aunque el recurrente aleg\u00f3 la \u00abposibilidad de realizar la reestructuraci\u00f3n de manera unilateral ante la imposibilidad de lograr acuerdo un acuerdo con los deudores\u00bb, lo cierto es que, precis\u00f3 el juzgador, ello \u00abno se encuentra suficientemente acreditado\u00bb, lo que impide librar la orden ejecutiva, razonamiento que soport\u00f3 en jurisprudencia de esta Corte27, en lo relativo a que, aunque es posible la realizaci\u00f3n unilateral de la reestructuraci\u00f3n conforme a lo previsto en la SU787 de 2012, \u00abparticularmente en aquellos eventos en los que no medie \u201cacuerdo entre acreedor y deudor (\u2026) para que ese acto jur\u00eddico surta efectos es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u00bb. (CSJ STC7619-2022). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido y dado que es deber de los jueces revisar si junto con el t\u00edtulo base del recaudo la parte demandante ha acreditado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en debida forma, que para el caso concreto de la actuaci\u00f3n unilateral implica que los deudores puedan rebatir una propuesta concreta y detallada, aspecto que fue la base fundamental de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso28 y frente al cual no se emiti\u00f3 un pronunciamiento concreto, el amparo implorado tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
6. Finalmente, frente al argumento tra\u00eddo por la parte ejecutante en la repuesta allegada en la primera instancia, referido a que no puede darse por terminado el proceso, porque sobre el inmueble recae una cautela de embargo decretada con ocasi\u00f3n de los impuestos por aquellos adeudados al municipio de Floridablanca, corresponde recordar que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la existencia de un cobro coactivo vigente en contra de los deudores no significa per se su incapacidad de pago. <\/p>\n
Sobre el particular, en fallo CSJ STC5248-2021, la Corte unific\u00f3 el criterio en el entendido de que <\/p>\n
\u2026no basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, seg\u00fan lo expuesto, y en aras de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, cuando \u00e9ste se vea comprometido. <\/p>\n
7. Por consiguiente, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, lo resuelto en el tr\u00e1mite debatido compromete los derechos fundamentales alegados por los accionantes y abre paso a conceder el resguardo, de modo que la decisi\u00f3n del a quo constitucional ser\u00e1 revocada y, por consiguiente, se dispondr\u00e1 que el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca deje sin efecto la providencia de 21 de junio de 2022, a fin de que proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que resuelva el recurso el reposici\u00f3n interpuesto contra el auto del 17 de agosto de 2021, en tanto dispuso que \u00abla solicitud de terminaci\u00f3n se<\/p>\n
despachar\u00e1 desfavorablemente a la parte demandada\u00bb, analizando el material probatorio acopiado al interior del compulsivo, las precisiones expuestas y la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia, seg\u00fan en derecho corresponda. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, dispone: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, para, en su lugar, CONCEDER el amparo deprecado. <\/p>\n
SEGUNDO: Dejar sin valor ni efecto la providencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca el 21 de junio de 2022, as\u00ed como todas las que de ella dependan, emitidas en el proceso ejecutivo mixto promovido por Nidia Celis C\u00e1ceres de radicado 2016-00502. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca que, en los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, proceda a resolver nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto del 17 de agosto de 2021, en tanto dispuso que \u00abla solicitud de terminaci\u00f3n se despachar\u00e1 desfavorablemente a la parte demandada\u00bb, analizando el material probatorio acopiado al interior del compulsivo, las precisiones expuestas y la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia, seg\u00fan en derecho corresponda. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito lo resuelto en esta providencia y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta \u201cC01Principal\u201d, archivo \u201c01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1\u201d, folios 5-32, documentos soporte allegados al juicio 2016-00502. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c02CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte2\u201d, folios 67 a 71, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Fallo de tutela dictado el 28 de julio de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Folios 72 a 82, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 83 y 84, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 88, Archivo \u201c01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1\u201d, ibidem. Banco Davivienda cedi\u00f3 el cr\u00e9dito al se\u00f1or Andr\u00e9s Enrique Morelli Lizcano y este a Nidia Celis C\u00e1ceres. <\/p>\n
6\u0002 Folios 35 a 45, archivo \u201c01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte2\u201d, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 89 a 62, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Carpeta \u201cC01Principal\u201d, archivo \u201c01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1\u201d, folio 246. <\/p>\n
9\u0002 Folio 280 y 284, expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c06Aprueba liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y no comisiona para remate\u201d, ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Carpeta \u201cC06ApelacionAuto\u201d, Archivo \u201c16Acta audiencia incidente nulidad\u201d, ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Archivo \u201c09.AutoDecideRecurso\u201d, ibidem. <\/p>\n
14\u0002 Archivo \u201c09Memorial, Solicitud terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de\u201d, ibidem. <\/p>\n
15\u0002 Archivo \u201c18AutoNiegaTerminaci\u00f3nPorReestructuraci\u00f3n\u2026\u201d, ibidem. <\/p>\n
16\u0002 Archivo \u201c30 2016-00502 Auto resuelve recurso de reposici\u00f3n\u201d y \u201c33 2016-00502 Auto Repone y concede Apelaci\u00f3n\u201d, ibidem. <\/p>\n
17\u0002 Archivo \u201c39 2016-00502 MemorialParteInformaInadmisibilidadRecurso\u201d, folio 4, ibidem. <\/p>\n
18\u0002 Auto del 17 de agosto de 2022. <\/p>\n
19\u0002 CSJ STC11990-2019. <\/p>\n
20\u0002 La prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria fue alegada por la curadora ad litem de los ejecutados en su contestaci\u00f3n, pero se neg\u00f3 en la providencia del 13 de junio de 2018. <\/p>\n
21\u0002 Folio 139, archivo 01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1.PDF. <\/p>\n
22\u0002 Folio 139, archivo 01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1.PDF. <\/p>\n
23\u0002 Archivo \u201c01CuadernoPrincipalDigitalizado-Parte1\u201d, folio 134. <\/p>\n
24\u0002 Folios 139, ibidem. <\/p>\n
25\u0002 Folios 180 y 181, ibidem. <\/p>\n
26\u0002 Folios 32 y 33, archivo \u201c09Memorial, Solicitud terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de\u201d, ib. <\/p>\n
27\u0002 CSJ STC217-2020. <\/p>\n
28\u0002 Y del recurso de reposici\u00f3n, en el cual se argument\u00f3 lo siguiente: \u00abes claro que dentro del tr\u00e1mite adelantado por la Doctora SARAY LIZCANO BLUN, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Oficina de la Superintendencia Financiera de Colombia, que no se acredit\u00f3 por parte de la solicitante que se hubiera puesto en nuestro conocimiento la propuesta concreta de reestructuraci\u00f3n, puesto que, como lo dice la Honorable Corte Suprema de Justicia, no basta con la sola invitaci\u00f3n a reestructurar el cr\u00e9dito, para dar por agotado de manera unilateral el requisito de reestructuraci\u00f3n, ya que en concreto, la reestructuraci\u00f3n es un negocio jur\u00eddico que involucra la renegociaci\u00f3n de todos los aspectos de la obligaci\u00f3n tal como lo son, intereses de plazo, de mora, capital a pagar, plazo, y sistema de amortizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16665-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16665-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 68001-22-13-000-2022-00507-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69761","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69761"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69761\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}