STC16670-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16670-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01931-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n 2 de Tutelas de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Gustavo Alberto Garc\u00eda G\u00f3mez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de dicha ciudad, a Colpensiones, los municipios G\u00f3mez Plata y Guatap\u00e9 (Antioquia), as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 2010-00164-01. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderada, procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social, a la vida en condiciones dignas, tutela judicial efectiva, seguridad jur\u00eddica, igualdad, y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra el ISS, hoy Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, por haber reunido los requisitos m\u00ednimos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aplicado por remisi\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagr\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 30 de julio de 2010, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medell\u00edn accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n reclamada a partir del 1\u00ba de febrero de 2010. <\/p>\n
2.3. El 13 de marzo de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a Colpensiones, al estimar que no proced\u00eda la acumulaci\u00f3n de tiempos de servicios p\u00fablico y privado para hacerse acreedor de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica solicitada. <\/p>\n
2.4. El 26 de noviembre de 2018, la Sala de Descongesti\u00f3n cas\u00f3 la sentencia (CSJ SL4244-2018) y, para mejor proveer, orden\u00f3 oficiar al Municipio de G\u00f3mez Plata, para que se expidiera una certificaci\u00f3n salarial. Posteriormente, mediante pronunciamiento CSJ SL5016-2019, dict\u00f3 sentencia de instancia y conden\u00f3 a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensi\u00f3n reclamada con fundamento en la Ley 71 de 1988, seg\u00fan el IBL de los \u00faltimos 10 a\u00f1os, en un 75% equivalente a $590.152,30, a partir del 1 de febrero de 2010. <\/p>\n
2.5. El actor adujo que, al no estar de acuerdo con la mesada reconocida, toda vez que en la liquidaci\u00f3n no fueron tenidos en cuenta \u00ablos INGRESOS reales cotizados y no cotizados\u00bb, solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia, a efectos de obtener la reliquidaci\u00f3n respectiva, la cual fue negada por prove\u00eddo CSJ AL2812-2022. <\/p>\n
2.6. El tutelante sostiene que la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por omisi\u00f3n en la pr\u00e1ctica de pruebas, pues \u00absi no se conoc\u00eda el salario de todos los a\u00f1os, lo propio era oficiar, para mejor proveer, al MUNICIPIO DE GUATAPE o a COLPENSIONES, para que certificaran salarios de la \u00e9poca, pero NO dar por hecho que estos correspond\u00edan a 1 smlmv\u00bb, m\u00e1xime cuando durante su vida laboral cotiz\u00f3 entre 2 y 3 smlmv. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abCORREGIR y MODIFICAR la Sentencia SL5016-2019 (\u2026) para que incluya en la liquidaci\u00f3n de la PENSION DE VEJEZ un Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n real y acorde a los salarios devengados no cotizados\u00bb; as\u00ed como, que se \u00abdeje sin valor la decisi\u00f3n AL2812 de junio 22 de 2022, para que se acoja la solicitud de correcci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la sentencia SL 5016-2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Colpensiones afirm\u00f3 que no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n manifest\u00f3 que no fue parte en el proceso rebatido. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que las determinaciones proferidas por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral convocada se sustentaron en \u00abun an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa aplicable, as\u00ed como de la jurisprudencia y los hechos probados durante la actuaci\u00f3n, elementos que descartan, con suficiencia, la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada del promotor, enfatizando que lo pretendido con la tutela es que \u00abse incluyan en el INGRESO BASE DE LIQUIDACION de la pensi\u00f3n todos LOS TIEMPOS LABORADOS y COTIZADOS\u00bb, teniendo en cuenta lo devengado por los servicios prestados al municipio de Guatap\u00e9. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir en sede de casaci\u00f3n las determinaciones del 30 de octubre de 2019 y 22 de junio de 2022, al estimar que no se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico respecto de los ingresos percibidos para calcular la pensi\u00f3n reconocida. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver lo concerniente al recurso de casaci\u00f3n y la solicitud de correcci\u00f3n, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda casar el fallo del Tribunal Superior de Medell\u00edn y condenar a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de Garc\u00eda G\u00f3mez la pensi\u00f3n de vejez en cuant\u00eda de $590.152.30 a partir del 1\u00ba de febrero de 2010; as\u00ed como, no acceder a la correcci\u00f3n de dicha providencia. <\/p>\n
3. Respecto a la providencia CSJ SL5016-2019, que cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal de Medell\u00edn, dicha colegiatura lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n al sostener que en el proceso no era motivo de controversia que el se\u00f1or Garc\u00eda G\u00f3mez: i) naci\u00f3 el 12 de marzo de 1947; ii) era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; iii) cumpli\u00f3 60 a\u00f1os de edad, el 12 de marzo de 2007; iv) \u00abreuni\u00f3 823 semanas por servicios prestados al sector p\u00fablico no sufragados a entidad o caja de previsi\u00f3n y 206.57 cotizadas al ISS, para un total de 1.029.57\u00bb; y, v) Colpensiones le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez, porque no eran computables los tiempos laborados en entidades oficiales de todos los \u00f3rdenes, que no aporten al sistema de seguridad social que los protege. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por el recurrente y, en punto de su condici\u00f3n de beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, s\u00ed era viable la acumulaci\u00f3n tiempos de servicio p\u00fablicos servidos y no cotizados al fondo de previsi\u00f3n con las semanas de cotizaci\u00f3n efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, pues en el caso particular, el actor \u00abcotiz\u00f3 a trav\u00e9s del ISS, 823 semanas, las que sumadas a los tiempos p\u00fablicos servidos \u2013 206.57, arrojan un total de 1.029.57 que superan los 20 a\u00f1os de servicio\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en sentencia CSJ SL4457-2014, reiterado en la providencia CSJ SL1702-2018, en el sentido que: <\/p>\n
(\u2026) los tiempos servidos a entidades estatales, deben ser tenidos en cuenta para la consolidaci\u00f3n del derecho pensional, independientemente de si han sido o no objeto de aportes a una entidad de previsi\u00f3n social; ello por cuanto, se trata de una circunstancia que no es atribuible al afiliado, y por tal raz\u00f3n no puede generar una afectaci\u00f3n al mismo… <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 lo afirmado en las sentencias CSJ SL15524-2015, CSJ SL5987-2016, CSJ SL1017-2017 y CSJ SL515-2018, en las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, al estudiar asuntos similares, indic\u00f3 que a la parte demandante \u00abpor virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb, era dable reconocerle el derecho a la pensi\u00f3n \u00abconsagrada en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, r\u00e9gimen bajo el cual es viable la posibilidad de sumar tiempos p\u00fablicos y privados para acceder a la pensi\u00f3n por [aportes] all\u00ed prevista\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, refiri\u00f3 que para establecer el monto, deb\u00eda tenerse en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 y precis\u00f3 que el IBL \u00abest\u00e1 determinado por el promedio salarial sobre el cual cotiz\u00f3 durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os anteriores al reconocimiento del derecho a partir de la fecha de retiro del sistema, con una tasa de reemplazo del 75%, que corresponde a la Ley 71 de 1988\u00bb, ello en consonancia con la documentaci\u00f3n allegada al proceso. <\/p>\n
As\u00ed, procedi\u00f3 a establecer que lo cuestionado por el se\u00f1or Garc\u00eda G\u00f3mez no era \u00abun error en la realizaci\u00f3n de las operaciones aritm\u00e9ticas que dieron lugar a la cuantificaci\u00f3n de la mesada pensional\u00bb, sino que lo pretendido era \u00abel c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n con el promedio de ingresos base de cotizaci\u00f3n \u2013IBC, distintos a los que se encuentran probados en el plenario\u00bb, es decir, la historia laboral, la Resoluci\u00f3n n.\u00b000125 de 2010, y el escrito de demanda inicial, circunstancia que evidenciaba la improcedencia de la petici\u00f3n. <\/p>\n
Lleg\u00f3 a dicha conclusi\u00f3n, al estimar que con dicha solicitud se estar\u00edan afectando \u00ablos elementos intr\u00ednsecos que componen el c\u00e1lculo, esto es, una de las bases del fallo\u00bb, aunado a que para obtener el ingreso base de liquidaci\u00f3n y calcular el monto de la pensi\u00f3n, conforme al art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, se promediaron \u00ablos \u00faltimos 10 a\u00f1os anteriores al reconocimiento del derecho a partir de la fecha de retiro del sistema con una tasa de reemplazo del 75% que corresponde a la Ley 71 de 1988\u00bb y, en cuanto a los tiempos que adujo que no fueron tenidos en cuenta, estos fueron promediados por la Sala \u00abcon un IBC equivalente al salario m\u00ednimo legal vigente\u00bb. <\/p>\n
5. Analizadas las providencias rebatidas, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por el casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5.1. En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que el recurrente le endilgaba al Tribunal, toda vez que evidenci\u00f3 que si era procedente el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, cuyo monto fij\u00f3 seg\u00fan lo enunciado en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el ingreso base de liquidaci\u00f3n es el promedio salarial de los \u00faltimos 10 a\u00f1os anteriores al reconocimiento del derecho, con una tasa de reemplazo del 75%, seg\u00fan lo previsto en la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
En lo atinente a la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica de la sentencia que conden\u00f3 a Colpensiones, se estableci\u00f3 que la misma no estaba dirigida a evidenciar la existencia de un error aritm\u00e9tico en el c\u00e1lculo del ingreso base de cotizaci\u00f3n, sino a que se realizara un nuevo c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n con el promedio de ingresos base de cotizaci\u00f3n \u2013IBC, distintos a los que se encontraban acreditados en el proceso, lo cual no era procedente. <\/p>\n
5.2. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante, con miras a cuestionar las actuaciones rebatidas, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial al resolver lo pertinente. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa, aunado a que no es procedente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, ordenar que se decreten pruebas adicionales que no fueron consideradas en las etapas pertinentes ya fenecidas en el juicio respectivo, como se pretende. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se impone mantener el fallo refutado, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, por las razones referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16670-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16670-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01931-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}