STC16673-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16673-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00383-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, el Consejo Seccional de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio del Interior y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo, Cotty Morales Caama\u00f1o, Agencia de Viajes American Tours, Alturas Capital del Eje y Arrendamientos Manuel Jos\u00e9 Quintero. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en las acciones populares 66001310300120220000700, 66001310300120220003100 y 66001310300120220003800. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que el accionante instaur\u00f3 las referidas acciones, a fin de que los demandados contaran con el servicio pertinente para la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n objeto de la Ley 982 de 2005, cuyo tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al Juzgado accionado. La 2022-00007 se promovi\u00f3 contra la Agencia de Viajes American Tours y fue admitida el 26 de enero de 2022 (coadyuvada por Cotty Morales Caama\u00f1o); la 2022-00031 contra Alturas Capital del Eje, admitida el 3 de febrero de 2022; y la 2022-00038 contra Arrendamientos Manuel Jos\u00e9 Quintero, admitida el 11 de febrero de 2022. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que el Juzgado convocado no resuelve los recursos y memoriales en los t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998, desconociendo los art\u00edculos 12, 117 y 120 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al accionado \u00abFALLAR mi acci\u00f3n popular\u00bb y al Consejo Seccional de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n nombrar conjueces o jueces de descongesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que ya fall\u00f3 todas las acciones populares censuradas, luego de adelantarse la audiencia de pacto de cumplimiento. Destac\u00f3 que su carga laboral es excesiva y que el actor presenta un \u00absinn\u00famero de solicitudes improcedentes\u00bb, lo cual imposibilita emitir sentencia en el t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira destac\u00f3 que no tiene como funci\u00f3n \u00abla de hacer cumplir a los Despachos Judiciales los t\u00e9rminos procesales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que no ha participado en las acciones populares cuestionadas y tampoco ha recibido solicitudes frente a estas. Por su parte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n afirm\u00f3 que la designaci\u00f3n de conjueces y jueces de descongesti\u00f3n escapa de sus competencias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Pereira adujo que el actor no se ha dirigido a esa entidad, para pedir acompa\u00f1amiento en la acci\u00f3n constitucional, y tampoco se le ha remitido copia de las diligencias discutidas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el Municipio de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Risaralda- alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la carencia actual de objeto, en consideraci\u00f3n a que el Juzgado convocado profiri\u00f3 sentencia en las acciones populares objeto de queja. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien manifest\u00f3 que s\u00f3lo con la tutela se logra el cumplimiento de los t\u00e9rminos para fallar y solicit\u00f3 que se exhorte al tutelado, para que obedezca los t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con ocasi\u00f3n del incumplimiento del accionado de los t\u00e9rminos perentorios dispuestos en la Ley 472 de 1998 y la omisi\u00f3n de proferir sentencia en las acciones populares 2022-00007, 2022-00031 y 2022-00038. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Analizadas las probanzas obrantes en el plenario, se observa que, durante el tr\u00e1mite de esta tutela, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 2 de noviembre de 20221, en los procesos 2022-00007 y 2022-00031, mientras que, en el 2022-00038, la emiti\u00f3 el 31 de octubre de 20222, lo cual evidencia que ya se desataron los asuntos que fundamentaban este ruego, por lo que la alegada mora fue superada y, por tanto, la tutela es inviable; al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
(…) de suerte que, si el demandado ya emiti\u00f3 el acto extra\u00f1ado por el promotor de la acci\u00f3n de tutela, se infiere que el punto materia de protesta ya no existe, pues […]ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. (resaltado fuera del texto). Ver entre otras STC265-2021. <\/p>\n
3. De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n orientada a que se nombren conjueces y jueces de descongesti\u00f3n y la queja referida a una eventual falta disciplinaria, por incumplimiento de los t\u00e9rminos legales para decidir, destaca la Sala que el actor puede acudir directamente ante las autoridades competentes, a fin de formular los requerimientos y reproches que estime necesarios, pues el juez de tutela no est\u00e1 facultado abrogarse competencias que no corresponden, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 e fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Notificadas por estado electr\u00f3nico del 3 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico del 1 de noviembre de 2022. <\/p>\n
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