STC16674-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16674-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00389-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 4 de noviembre de 2022, con la cual se deneg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Maicol Humberto Mej\u00eda Posada contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de la mencionada urbe y a los intervinientes en el proceso de alimentos de radicado 2010-00472-00 y de sucesi\u00f3n 2010-00476-00-00 <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial cuestionada al interior de la causa de alimentos. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que su madre Marvi Posada promovi\u00f3 proceso de alimentos en contra de la sucesi\u00f3n intestada de su padre Humberto Mej\u00eda Var\u00f3n (Q.E.P.D.). Asunto de conocimiento del Juzgado atacado. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que la sucesi\u00f3n es de conocimiento del Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, la cual se declar\u00f3 abierta el 29 de septiembre de 2010, escenario en donde se dispuso la suma de $450.000 mensuales como alimentos provisionales a su favor. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, pese a que el Juzgado accionado reconoce el derecho que tiene al suministro de alimentos, este se\u00f1al\u00f3 que el deceso del alimentante no genera esa misma consecuencia, porque trat\u00e1ndose de alimentos adeudados por disposici\u00f3n legal, la masa hereditaria debe gravarse al tratarse una asignaci\u00f3n forzada. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que la obligaci\u00f3n alimentaria es contra la sucesi\u00f3n de su padre. Por lo tanto, no debe ser asumida por la c\u00f3nyuge sobreviviente ni tampoco por los herederos. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se revoque la sentencia proferida en el proceso de alimentos el 26 de julio de 2022. Y, en su lugar, se sirva condenar a la mencionada sucesi\u00f3n al pago de las cuotas alimentarias demandadas y causadas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e91 expres\u00f3 que la sentencia emitida \u00abse ajusta al debido proceso que hoy reclama el accionante y que, por que la misma no haya atendido de manera exitosa sus pedimentos, no quiere decir que violente derecho fundamental alguno, sino que, al contrario, se garantiz\u00f3 que las mismas fuentes del derecho fueran las que decidieran de fondo el presente asunto\u00bb. Por lo tanto, pidi\u00f3 que no se tutelen los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e92, relat\u00f3 que efectivamente conoce de la sucesi\u00f3n del causante Humberto Mej\u00eda Var\u00f3n, la cual fue promovida por Hermelinda Ausique de Mej\u00eda y Eduardo Mej\u00eda Ausique, tr\u00e1mite en el que, con auto del 3 de noviembre de 2010, se reconoci\u00f3 como heredero al accionante, en ese momento menor de edad. Destac\u00f3 que las decisiones adoptadas al interior del tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n han sido ajustadas a derecho, escap\u00e1ndose de su \u00f3rbita las decisiones proferidas por otros Despachos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n realizada por parte del Juzgado Segundo de Familia, corroborada en la sentencia de julio 26 del a\u00f1o que transcurre, son pronunciamientos que lejos est\u00e1n de corresponder a una v\u00eda de hecho; en otras palabras, \u201c(\u2026) la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00absi se causa un perjuicio irremediable si se tiene en cuenta la antig\u00fcedad del proceso de alimentos, su naturaleza y la necesidad de los mismos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 26 de julio de 2022, que le neg\u00f3 las pretensiones formuladas en la demanda de alimentos. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 -con prove\u00eddo del 26 de julio de 20223- expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, luego de invocar la sentencia C-017 de 20194, respecto a las obligaciones alimentarias, entr\u00f3 a pronunciarse sobre los l\u00edmites respecto a las obligaciones alimentarias. Para tal fin, trajo a colaci\u00f3n la sentencia STC 9523 de 2016 proferida por esta Corporaci\u00f3n en la que se establece que: <\/p>\n
la regla general es que los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 422 del estatuto civil, de ah\u00ed que si var\u00edan esas condiciones, el cumplimiento de ese deber legal cese de manera ineludible. <\/p>\n
Esa obligaci\u00f3n se puede extinguir por la muerte del alimentario o cuando \u00e9ste deja de estar en estado de necesidad o el alimentante no se halla en condiciones econ\u00f3micas de prestar los alimentos. <\/p>\n
Sin embargo, el deceso del alimentante no genera esa misma consecuencia, porque trat\u00e1ndose de alimentos adeudados por disposici\u00f3n legal, la masa hereditaria debe gravarse, pues se trata de una asignaci\u00f3n forzosa, como lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo Civil: <\/p>\n
\u00abAsignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, a\u00fan con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. <\/p>\n
Asignaciones forzosas son: <\/p>\n
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas <\/p>\n
2.1. De lo anotado, destac\u00f3 que en el caso en concreto, las pretensiones del actor persiguen que \u00abse fije una cuota alimentaria definitiva a cargo de la sucesi\u00f3n, esto es, que los herederos reconocidos dentro de la sucesi\u00f3n siendo causante el se\u00f1or HUMBERTO MEJ\u00cdA VARON (Q.E.P.D.), que a prop\u00f3sito se conoce, se adelanta ante el Juzgado Sexto de Familia de Ib\u0105gu\u00e9, sean los obligados en garantizar los alimentos en favor del joven MAICOL HUMBERTO MEJ\u00cdA POSADA, quien tambi\u00e9n es heredero reconocido en dicha sucesi\u00f3n.\u00bb. Raz\u00f3n por la cual, recalc\u00f3 que \u00abdemostrado el fallecimiento del obligado a suministrar la cuota alimentaria, conforme a lo dilucidado anteriormente, la masa hereditaria dejada por el causante, qued\u00f3 gravada por ser una asignaci\u00f3n forzosa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, entr\u00f3 a revisar la manera en que se debe asumir tal prestaci\u00f3n, memorando para tal efecto el mismo pronunciamiento de esta Sala, en el entendido que: <\/p>\n
En ese orden, para determinar la forma en la que se deben pagar esa prestaci\u00f3n, el canon 1227 del estatuto civil, dispone que \u00abLos alimentos que el difunto ha debido por la ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligaci\u00f3n a uno o m\u00e1s part\u00edcipes de la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, cuando se trata de alimentos forzosos, la obligaci\u00f3n es intrasmisible y, en principio, no se transfiere a los herederos, sino que afecta de manera general la masa herencial, de ah\u00ed que la cuota alimenticia deba pagarse con cargo a ella y no en detrimento del patrimonio propio de los sucesores del fallecido. <\/p>\n
As\u00ed el art\u00edculo 1016 del C\u00f3digo Civil dispone que en todo caso \u00abse deducir\u00e1n del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado (\u2026): 4\u00ba) Las asignaciones alimenticias forzosas.\u201d, por ello el ordenamiento civil previ\u00f3 que las personas legitimadas para recibir alimentos puedan seguir percibiendo su pago, con independencia de la muerte de la persona que los preve\u00eda, por lo que el cumplimiento de esa prestaci\u00f3n se debe hacer con cargo a la masa de bienes que integran la sucesi\u00f3n del difunto. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de alimentos forzosos, por m\u00e9rito de la ley (Art. 1227 del C\u00f3digo Civil), \u00e9stos afectan la masa hereditaria, y no se transfiere dicha obligaci\u00f3n a los herederos, sino que los alimentos debidos, deben suplirse en la misma masa herencial como anteriormente se ilustr\u00f3\u00bb <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo expuesto, la Sala observa tambi\u00e9n el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Ello pues, al interior del proceso de sucesi\u00f3n adelantado por el Juzgado Sexto de Familia vinculado, con prove\u00eddo del 9 de mayo de 2017, se determin\u00f3 \u00abcrear una hijuela que garantice los alimentos del adolescente MAICOL HUMBERTO MEJ\u00cdA POSADA, teniendo en cuenta que al mes de mayo del a\u00f1o 2013 esto es hace cuatro a\u00f1os, los mismos ascend\u00edan a la suma de $13.006.000, aunado al hecho que a la fecha MAICOL HUMBERTO cuenta con 17 a\u00f1os de edad, por tanto, la obligaci\u00f3n subsiste\u00bb. En consecuencia, es en este escenario en donde se debe debatir lo que finalmente se persigue por esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-3. Anexo 07Contestaci\u00f3nTutela-2022-00389.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo Respuesta Tutela – 2022-00389.pdf. Carpeta 08.RespuestaJ06FliaIbagu\u00e9 <\/p>\n
3\u0002 Folio 32-42. Anexo 02Cuaderno1B.pdf. Expediente Juzgado. <\/p>\n
4\u0002 \u00abEn suma, para la Sala la obligaci\u00f3n de prestar alimentos corresponde a una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter especial en cuanto le asisten unas caracter\u00edsticas y requisitos particulares, ya que (i) su naturaleza es principalmente de car\u00e1cter civil; (ii) se fundamenta constitucionalmente en los principios de solidaridad, equidad, protecci\u00f3n de la familia, necesidad y proporcionalidad; (iii) tiene una finalidad asistencial de prestaci\u00f3n de alimentos por parte del obligado o alimentante al beneficiario o alimentario; (iv) adquiere un car\u00e1cter patrimonial cuando se reconoce la pensi\u00f3n alimentaria; (v) el bien jur\u00eddico protegido es la vida y subsistencia del alimentario y, como consecuencia, sus dem\u00e1s derechos fundamentales; (vi) exige como requisitos para su configuraci\u00f3n que (a) el peticionario necesite los alimentos que solicita; (b) que el alimentante tenga la capacidad para otorgarlos; y (c) que exista un v\u00ednculo filial o legal que origine la obligaci\u00f3n; (vii) se concreta jur\u00eddicamente cuando se hace exigible por las v\u00edas previstas por la ley \u2013administrativas o judiciales-, en aquellos casos en que el alimentante elude su obligaci\u00f3n frente al beneficiario o alimentario; y finalmente, lo que resulta especialmente relevante para el presente estudio de constitucionalidad (viii) no tiene un car\u00e1cter indemnizatorio, de manera que implica la existencia de una necesidad actual, lo cual no quiere decir que cuando \u00e9sta ya ha sido decretada por las v\u00edas legales existentes no pueda exigirse judicialmente las cuotas que el alimentante se ha abstenido de pagar, por negligencia o culpa, incluso por v\u00eda ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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