STC16677-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16677-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04185-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00204-01. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual, el Tribunal no reconoce las agencias en derecho a su favor en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
3. Demanda que se le ordene a la accionada \u00abreconozca agencias en derecho a mi favor en AMBAS INSTANCIAS\u00bb. Asimismo, pide que \u00abse valore la orden dada en sentencia de tutela por la H CS SC LABORAL LA CUAL APORTO\u00bb. Por \u00faltimo, solicita que se vincule a la \u00abdra Margarita Cabello Blanco, Procuradora General Naci\u00f3n en Bogot\u00e1\u00bb a fin de \u00abCOADYUVAR MI TUTELA\u00bb y que \u00abpruebe en derecho como act\u00faa el procurador delegado en esa acci\u00f3n popular\u00bb y en caso de no actuar que \u00absea este investigado\u00bb1. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn manifest\u00f3 que no ha vulnerado el derecho fundamental invocado por el actor. Para ello, indic\u00f3 que no se conden\u00f3 en costas \u00aben raz\u00f3n a que no hubo una parte vencida en el proceso\u00bb2. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 que se niegue la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto el accionante \u00abdebi\u00f3 solicitar dentro de la oportunidad establecida en el c\u00f3digo general del proceso adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n de las providencias en el punto espec\u00edfico\u00bb y no aspirar a usar este mecanismo excepcional para suplir su incuria3. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la negativa de la accionada a reconocer las agencias en derecho a su favor en el tr\u00e1mite de segunda instancia de la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00204-01. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad cuestionada -con sentencia del 29 de junio de 2022-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el actor, confirm\u00f3 el fallo de primer grado. Y se abstuvo de condenar en costas en ambas instancias. Para ello, luego de hacer un recuento de los hechos y las actuaciones procesales que se surtieron en el tr\u00e1mite, procedi\u00f3 a evaluar el fundamento de la apelaci\u00f3n -\u00ab\u201cagencias en derecho a mi favor en ambas instancias\u201d (\u2026) considerando que la carencia actual de objeto por hecho superado no impide tal condena en su favor\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el punto, el Tribunal encontr\u00f3 infundados los argumentos del accionante. Ello pues, la acci\u00f3n popular cuestionaba la ausencia de servicios p\u00fablicos sanitarios para personas con limitaciones f\u00edsicas en el establecimiento de comercio accionado. Sin embargo, en el proceso se demostr\u00f3 que \u00ablo \u00fanico que le faltaba al ba\u00f1o era el aviso o se\u00f1al que lo demarca\u00bb, siendo falso el supuesto que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n. Por lo tanto, consider\u00f3 que \u00abninguna satisfacci\u00f3n para los derechos colectivos en general y para las personas con movilidad reducida en particular, se logr\u00f3 con la acci\u00f3n en estudio\u00bb. As\u00ed las cosas, el colegiado concluy\u00f3 que no hab\u00eda nada que superar, \u00abpues las instalaciones sanitar\u00edas exist\u00edan\u00bb. Indic\u00f3 que la apelaci\u00f3n no es de recibo por cuanto \u00abla parte demandada no fue vencida en el proceso, como tampoco ha formulado recurso de apelaci\u00f3n que le resultara desfavorable\u00bb4. <\/p>\n
2.2. Conforme a lo expuesto, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Corte, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable5. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. En el punto, no puede olvidarse que la condena en costas est\u00e1 prevista por el legislador como un mecanismo sancionatorio a cargo de la parte vencida en el juicio. O, entre otros eventos, si le resulta desfavorable la apelaci\u00f3n para restituir al vencedor aquellos costos que hubiera tenido que asumir con ocasi\u00f3n del pleito y, en la medida de su comprobaci\u00f3n. En ese orden, si el colegiado determin\u00f3 que se absten\u00eda de condenar en costas, resulta razonable la no imposici\u00f3n de estas. De manera que el proceder el Tribunal no comporta defecto alguno con entidad suficiente para trasgredir los derechos fundamentales del convocante6. <\/p>\n
2.3. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad.2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446-2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
3. Respecto a que \u00abse valore la orden dada en sentencia de tutela por la H CS SC LABORAL LA CUAL APORTO\u00bb, se advierte que los supuestos f\u00e1cticos planteados en la sentencia STL15674-20217 son diferentes a los plasmados en esta oportunidad. Adem\u00e1s, se debe destacar que los efectos de las decisiones constitucionales son inter partes, de manera que los fallos de esta naturaleza no producen efectos \u00aberga omnes\u00bb. As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (citada en CSJ10096-2021, 11 de agosto, rad. 2021-00115-01; reiterada en STC1295-2022, 10 de febrero, rad. 2021-02655-01). <\/p>\n
4. Finalmente, y frente a las pretensiones dirigidas a la \u00abdra Margarita Cabello Blanco, Procuradora General Naci\u00f3n en Bogot\u00e1\u00bb, basta se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en ese sentido frente a la autoridad cuestionada, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela invocada. Comunicar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c11001020300020220418500-0002Documento_Radicacion.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0012Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0016Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c12Sentencia.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular de rad. 2021-00204-01. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g.197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
7\u0002 Aportada por el accionante. Archivo \u201c003Anexos.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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