STC16678-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16678-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04191-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida Ana Carolina Molina Daza, quien dice actuar como agente oficioso de Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, contra los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de su prohijado al debido proceso administrativo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y derecho de petici\u00f3n, presuntamente trasgredidas por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Mediante Nota Verbal 0249 del 10 de febrero del 2021, la embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del se\u00f1or Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina. <\/p>\n
2.2. Protocolizada la solicitud de entrega y culminado el tr\u00e1mite descrito en la Ley 906 de 2004, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 el concepto CP134-2022 del 17 de agosto del 2022, en el que conceptu\u00f3 favorablemente al pedido de extradici\u00f3n1. <\/p>\n
2.3. Comunicada tal actuaci\u00f3n, la Secretar\u00eda de la Sala Penal remiti\u00f3 las diligencias f\u00edsicas al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio no. 26773 del 25 de agosto del 20222. <\/p>\n
2.4. El 26 de agosto del 2022, la apoderada del se\u00f1or Dur\u00e1n Colina present\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n. Remedio procesal que fue resuelto en auto AP5325 del 15 de noviembre del 20223. En este se resolvi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la solicitud de aclaraci\u00f3n del concepto CP134-2022 de 17 de agosto de 2022\u00bb. Aduce la accionante que dicha petici\u00f3n fue resuelta extempor\u00e1neamente y \u00absin contar dicha corte con el expediente de extradici\u00f3n de mi agenciado en su poder despacho y la sala celebrada por todo el cuerpo colegiado de esa corte superior\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 13 de septiembre del 2022, el Ministerio de Justicia y del Derecho profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n Ejecutiva no. 1984, mediante la cual se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del se\u00f1or Dur\u00e1n Colina \u00abpara que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica por el Cargo Uno (Concierto para distribuir m\u00e1s de cinco kilogramos de coca\u00edna, con la intenci\u00f3n, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la coca\u00edna ser\u00eda importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la Acusaci\u00f3n en Caso No. 21- 20142-CR-SCOLAlGOODMAN, dictada el 11 de marzo de 2021, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida\u00bb. Decisi\u00f3n que fue confirmada mediante Res. No. 276 del 21 de noviembre del 20225. <\/p>\n
2.6. Inconforme con las anteriores determinaciones, la defensora radic\u00f3 ante la Hom\u00f3loga Penal de esta Corte Suprema solicitud de revocatoria directa \u00abdel concepto CP134-2022 y la decisi\u00f3n administrativa o acto administrativo del 15 de noviembre del a\u00f1o 2022 aprobado en sala n\u00famero de acta 267 que resolvi\u00f3 extempor\u00e1neamente recurso de aclaraci\u00f3n sin tener facultades en esta etapa del tr\u00e1mite ni contar con expediente integral del proceso de extradici\u00f3n n\u00famero interno-59562 (cui110010204000202100966-00)\u00bb. Adicionalmente, hizo lo propio frente a la resoluci\u00f3n n\u00famero 276 del 21 de noviembre del 2022, dictada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Todo ello por considerar que dichos \u00abactos administrativos\u00bb adolecen de falsa motivaci\u00f3n y desviaci\u00f3n del poder. <\/p>\n
2.7. Reprocha la accionante que tales \u00abacciones de revocatoria directa\u00bb no han sido resueltas a la fecha. Y, pese a ello, el 25 de noviembre del 2022, le fue notificado a su agenciado la decisi\u00f3n de extradici\u00f3n, se insiste, \u00absin resolverse los radicado pedidos a revocarse directamente, sobre todo que los se\u00f1ores magistrados resolvieron un recurso de ley ACLARACION, que no pod\u00edan hacerlo sin tener el \u00fanico expediente que est\u00e1 en manos y custodia del ministro de justicia por ello no gozan de facultades administrativas para tal fin porque se consolid\u00f3 un desviaci\u00f3n del poder como lo alega la abogada del mandante agenciado en la petici\u00f3n de revocatoria\u00bb. Y es que, a su juicio, es claro que \u00abla Resoluci\u00f3n Ejecutiva al no encontrarse en firme, no tiene la potencialidad de producir efectos jur\u00eddicos, para exigir su ejecuci\u00f3n por ello se observa el viernes no pod\u00edan notificar de la firmeza del acto que ordena extradici\u00f3n si conoc\u00edan de la petici\u00f3n de revocatoria directa de dichos actos administrativos generando acto de conmoci\u00f3n como re victimizado por la doble incriminaci\u00f3n existente desvalorada por cosa juzgada que no est\u00e1 clara y definida su situaci\u00f3n administrativa porque al no resolverse las peticiones no se pude obtener un acto administrativo que no solo cuenta con la posibilidad de agotar el recurso de reposici\u00f3n en sede administrativa, sino que adem\u00e1s tiene la oportunidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art\u00edculo 138 Ley 1437 de 2011) contra las decisiones proferidas por el Gobierno Nacional en el marco de su procedimiento de extradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene \u00abamparar el derecho fundamental de petici\u00f3n y debido proceso administrativo acceso a la administraci\u00f3n de justicia para que se responda de fondo sobre las peticiones radicadas a los \u00f3rganos accionados sobre la revocatoria directa por falsa motivaci\u00f3n desviaci\u00f3n de poder en el contenido de los actos administrativos que ordenan la extradici\u00f3n del se\u00f1or demandante hoy agenciado en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Ministerio de Justicia y del Derecho relat\u00f3 el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del ciudadano Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina. Indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente en tanto que \u00abla parte accionante acude a la acci\u00f3n constitucional de tutela para reclamar derechos o plantear controversias que tienen las v\u00edas o los cauces ordinarios para ser debatidos ante la autoridad respectiva, la cual ser\u00eda la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. As\u00ed pues, no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de subsidiariedad. Aunado a lo anterior, consider\u00f3 que \u00ablo que pretende la parte accionante es invocar una instancia m\u00e1s dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, reiterando argumentos anteriormente presentados ante las respectivas instancias ya descritas con anterioridad y a la fecha de hoy, pretendiendo la revocatoria directa de los actos administrativos, acci\u00f3n que se encuentra en estudio y tr\u00e1mite, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso del se\u00f1or Dur\u00e1n Colina. Precis\u00f3 que en auto del 9 de diciembre del 2022, resolvi\u00f3 declarar improcedente la \u00absolicitud de revocatoria directa\u00bb comoquiera que \u00abcontra el concepto que emite la Corte al interior de una solicitud de extradici\u00f3n no procede recurso alguno, pues el desarrollo normativo adelantado por el Legislador para regular su tr\u00e1mite no lo contempl\u00f3 (art. 490 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal); y dicho concepto tampoco constituye un acto administrativo, eventualmente susceptible de revocatoria directa\u00bb. Adem\u00e1s, dijo haberle puesto de presente que \u00abel pronunciamiento efectuado por la Sala en el auto AP5325-2022 de 15 de noviembre de 2022, no obedeci\u00f3 al desarrollo de un recurso ordinario, como parece entenderlo la accionante sino que se fundament\u00f3 en lo dispuesto en los art\u00edculos 285, 286 y 287 de la Ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), que establece que las providencias pueden ser \u00abaclaradas\u00bb, \u00abcorregidas -por errores aritm\u00e9ticos-\u00bb, o \u00abadicionadas\u00bb de oficio o solicitud de parte\u00bb, seg\u00fan sea el caso\u00bb. Tambi\u00e9n se le inform\u00f3 que no se requer\u00eda del expediente en f\u00edsico, pues \u00abpara resolver su petici\u00f3n tan solo bastaba con analizar si en el concepto CP134-2022, con el cual ya contaba la Sala en sus archivos y en la Relator\u00eda, se consignaron frases que ofrecieran duda o confusi\u00f3n, lo cual no se evidenci\u00f3 y por tanto se declar\u00f3 improcedente esa solicitud\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora cuestiona la presunta mora judicial por parte de la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y del Derecho en la resoluci\u00f3n de las solicitudes de revocatoria directa interpuestas contra el \u00abconcepto CP134-2022 y la decisi\u00f3n administrativa o acto administrativo del 15 de noviembre del a\u00f1o 2022\u00bb y la \u00abresoluci\u00f3n n\u00famero 276 del 21 de noviembre del 2022\u00bb, proferidas por las antedichas autoridades respectivamente. <\/p>\n
2. Encuentra la Sala que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que la gestora no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a las autoridades convocadas. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: \u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019) (Se subraya). En ese orden de ideas, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley, que le haya sido otorgado poder especial para el efecto o que act\u00fae como agente oficioso. En este \u00faltimo caso, la solicitud debe reunir los siguientes elementos \u00ab(i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos.(\u2026) (CC T-531 de 2002; citada, entre otras, CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. STC17395-2015) (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ, STC1719-2020, citada en STC6186-2022). <\/p>\n
3.- En este caso, la promotora asever\u00f3 que el se\u00f1or Eduin Samuel Dur\u00e1n \u00abno puede representar f\u00edsica y directamente esta demanda ante su despacho por su situaci\u00f3n psicof\u00edsica emocional de salud que padece en su humanidad por la privaci\u00f3n de libertad que le asiste, igual no porta ni cuenta con elementos art\u00edculos propios electr\u00f3nicos para redactar, desplegar y radicar esta acci\u00f3n desde el lugar en detenci\u00f3n centro penitenciario la picota, por esa circunstancia y en asistencia a su derecho a la intimidad desea a su inter\u00e9s que sea esta libelista quien represente sus derechos constitucionales legitimados en la causa para actuar aqu\u00ed hoy agenciados\u00bb. <\/p>\n
3.1. Pues bien, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente asunto. Sin embargo, \u00fanicamente obra en el plenario la manifestaci\u00f3n de la actora respecto de \u00absituaci\u00f3n psicof\u00edsica emocional de salud que padece en su humanidad\u00bb, sin aportar medios de prueba que acrediten dicha circunstancia. Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00aben lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, la se\u00f1ora Ana Carolina Molina Daza no est\u00e1 legitimada para invocar en causa ajena la protecci\u00f3n de los derechos supuestamente conculcados al agenciado, ya que no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que demuestre que \u00e9ste no pod\u00eda valerse por s\u00ed mismo y, como tal, que le hubiere encargado dicha tarea. Y es que, para que una persona pueda ser representada a trav\u00e9s de la figura de la agencia oficiosa, se requiere que est\u00e9 en imposibilidad de promover por s\u00ed mismo la acci\u00f3n constitucional, situaci\u00f3n que no corresponde a aquellas personas privadas de la libertad. <\/p>\n
Frente al particular, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u00ablos derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del t\u00e9rmino, esto es, son derechos dotados para demandar del estado su protecci\u00f3n\u00bb (T-900 de 2005). A su turno, esta Sala, en un caso equiparable, advirti\u00f3 que: \u00aben cuanto a la agencia oficiosa invocada con fundamento en que su representado se encuentra privado de la libertad, se advierte que no acredit\u00f3 los presupuestos que validaran su proceder, pues ello no es \u00f3bice para que aquel pueda acudir directamente a la solicitud de amparo, en tanto que dispone de los servicios establecidos para la recepci\u00f3n de tutelas y cualquier tipo de documentaci\u00f3n al interior del centro carcelario, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 58 de la Ley 65 de 19936\u00bb. (CSJ, STC5478-2022). <\/p>\n
Y, en un asunto de similar temperamento, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl amparo peticionado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad en raz\u00f3n de la ausencia de legitimaci\u00f3n de la accionante para invocar la protecci\u00f3n de los derechos de Ruth Carmen Uparela Impeth y Elkin de Jes\u00fas Jaramillo G\u00f3mez, pues sus aserciones, dirigidas a justificar la agencia oficiosa respecto de \u00e9stos, resultan insuficientes\u00bb. <\/p>\n
\u00abEsto \u00faltimo, porque la aseveraci\u00f3n relativa a hallarse sus prohijados bajo una medida de aseguramiento en su domicilio ubicado en Medell\u00edn, no permite colegir una imposibilidad f\u00edsica o mental para acudir directamente a este auxilio, m\u00e1xime si aquellos bien pudieron conferirle poder a la aqu\u00ed censora para su representaci\u00f3n, tal como lo hicieron para entablar el tr\u00e1mite aqu\u00ed criticado\u00bb (CSJ STC1719-2020, Feb. 20 de 2020, rad. 2020-00415-00 reiterada en Jun. 5 de 2020, rad. 2020-01125-00) (se subraya). <\/p>\n
4. Por lo explicado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA por improcedente la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00abE. 59562 \u2013 CONCEPTO FAVORABLE (CP134-2022)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan consulta en la p\u00e1gina del Siglo XXI. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 17 del PDF \u00abPRUEBA_28_11_2022, 8_27_26 a. m..pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00abResoluci\u00f3n Ejecutiva No. 198 del 13 de septiembre de 2022 – EDUIN SAMUEL DUR\u00c1N COLINA\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 PDF \u00abResoluci\u00f3n Ejecutiva No. 276 de 21 de noviembre de 2022 – EDUIN SAMUEL DUR\u00c1N COLINA\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 58. Derecho de petici\u00f3n, informaci\u00f3n y queja. Todo interno recibir\u00e1 a su ingreso, informaci\u00f3n apropiada sobre el r\u00e9gimen del establecimiento de reclusi\u00f3n, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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