STC16679-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16679-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 15 de noviembre de 2022, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Lady V\u00e9lez Ochoa, contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2021-00349-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad convocada al rechazar por extempor\u00e1neos los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n incoados frente al prove\u00eddo de 10 de octubre de 2019, por medio del cual declar\u00f3 infundadas las excepciones previas formuladas al interior del juicio n\u00ba 2021-00349-00. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que el 10 de abril de 2014 Gandhi Huertas Machado solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de bienes que se hab\u00edan inventariado en virtud del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que entre ellos se hab\u00eda conformado. <\/p>\n
Asegura, que en la aludida contienda no ha operado el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que no se han decretado pruebas, por lo que considera que la normativa que actualmente debe gobernar el asunto es el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Sostiene que pese a lo anterior, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 insiste en sujetar a las reglas del numeral 5\u00ba del canon 625 del C\u00f3digo General del Proceso el tr\u00e1mite de los recursos incoados frente al auto que despach\u00f3 desfavorablemente los medios exceptivos propuestos. <\/p>\n
Cuestiona la manera en la que el despacho fustigado realiz\u00f3 el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos del citado auto, pues asegura que \u00ab(\u2026) debe obedecer al siguiente tenor conforme el CPC, el d\u00eda once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) el plexo deb\u00eda estar en secretaria, (sic) el d\u00eda doce (12) del mismo mes y a\u00f1o se impon\u00eda su notificaci\u00f3n en \u201cestado\u201d, los d\u00edas trece (13), diecis\u00e9is (16) y diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) obedecen a la ejecutoria de la providencia (Art. 321 y 331 CPC), por ende, siendo radicados los recursos el d\u00eda diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), ello se hizo dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Recalca que \u00abla presente contienda debe guiarse por el CPC y no por el CGP. (\u2026) La diferencia en aplicar una normativa u otra en el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos para el caso in examine milita en que, conforme el CPC, se debe computar un d\u00eda m\u00e1s, ya que el canon 321 del CPC dispone que la inserci\u00f3n en \u201cestado\u201d solo \u201cse har\u00e1 pasado un d\u00eda de la fecha del auto\u201d, d\u00eda en que el cartulario deb\u00eda permanecer en secretaria. (\u2026) No se puede regentar un proceso conforme el CPC y realizar un c\u00f3mputo de t\u00e9rminos con el CGP, ello conlleva un desatino procesal e impropiedad adjetiva que afecta el debido proceso y legalidad del litigio\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se dejen sin valor ni efecto las determinaciones que datan de 10 de octubre de 2019, 8 de febrero de 2021 y 21 de octubre de 2022, en el proceso n\u00ba 2021-00349-00 \u00aba trav\u00e9s de las cuales se niegan los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto que resolvi\u00f3 las excepciones previas por considerarlos extempor\u00e1neos\u00bb, y se orden\u00e9 al estrado accionado tramitarlos a la luz del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que aunque conoci\u00f3 inicialmente de las diligencias que originan el reclamo constitucional, las mismas fueron remitidas a su hom\u00f3logo primero, en raz\u00f3n a la p\u00e9rdida de competencia que se declar\u00f3 en el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juez Primero de Familia del precitado lugar defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que ha sido respetuoso de las prerrogativas de las partes involucradas en la controversia. Enfatiz\u00f3 que el 8 de febrero anterior, rechaz\u00f3 de plano el recurso de reposici\u00f3n y la concesi\u00f3n del subsidiario de apelaci\u00f3n interpuestos por la parte demandada en contra del auto 10 de septiembre de 2019, por el cual se resolvieron las excepciones previas por extempor\u00e1neos, \u00abal tenor de lo establecido en los art\u00edculos 318 y 322 del C\u00f3digo General del Proceso, y por auto del 21 de octubre de 2022 se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y se deneg\u00f3 por improcedente el recurso de queja conforme lo dispone el art\u00edculo 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Gandhi Arnoldo Huertas Machado se opuso a la prosperidad del auxilio asegurando que las autoridades cuestionadas han obrado con \u00abrectitud y probidad ajustados a la Ley y a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Procurador Judicial de Familia se\u00f1al\u00f3 que la tutela es improcedente, en tanto que, es un mecanismo excepcional, por lo que pidi\u00f3 que \u00ab(\u2026) se niegue el amparo siempre y cuando lo considere pertinente conforme a la ley y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre en materia Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adujo que no tiene participaci\u00f3n alguna en el juicio al que se hace referencia en la tutela aunado a que no se identific\u00f3 la vulneraci\u00f3n o amenaza de menores de edad.<\/p>\n
6. Adriana Magaly Hern\u00e1ndez Parra indic\u00f3 que la aqu\u00ed gestora ha adelantado diversas acciones de tutela, recursos y denuncias \u00ab(\u2026) muchos de ellos sin tener respaldo jur\u00eddico alguno\u00bb, lo que en su criterio s\u00f3lo busca la dilaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que incumple el presupuesto de la subsidiariedad y agreg\u00f3 que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial, precisando que \u00abdentro del plenario, si se agotaron todas las herramientas adjetivas existentes, sin que al interior del litigio de marras exista m\u00e1s remedios procesales con el fin de conjurar el desatino procesal puesto sobre la palestra en sede constitucional. Es importante se\u00f1alar que, fueron dos (02) ocasiones en la que la parte Tutelante interpusiera el recurso de queja, sin que al mismo se le diera tr\u00e1mite y\/o prosperidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las prerrogativas deprecadas por la convocante al rechazar, por extempor\u00e1neos, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n incoados frente al auto que declar\u00f3 infundadas las excepciones previas formuladas al interior del litigio n\u00ba 2019-00349-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Hechos probados. <\/p>\n
3.1. Gandhi Arnoldo Huertas Machado llam\u00f3 a juicio a Luz Lady V\u00e9lez Ochoa pretendiendo la exclusi\u00f3n de bienes inventariados en la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial conformada entre ellos, asunto que inici\u00f3 su tr\u00e1mite en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El 17 de septiembre de 2019, la aqu\u00ed accionante interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria frente a la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, -quien, actualmente, tiene a cargo la resoluci\u00f3n del asunto, el 8 de febrero de 2022 rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neos los recursos indicando que \u00abaplicable al asunto el numeral 5 del Art. 625 del C\u00f3digo General del proceso respecto al tr\u00e1nsito legislativo de los proceso (sic) en curso, es claro al establecer que \u201c5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u201d; por consiguiente, atendiendo al informe de Secretaria (sic) de fecha 23 de septiembre de 2019, obrante a folio 69 de esta encuadernaci\u00f3n, se rechaza de plano el recurso de reposici\u00f3n y la concesi\u00f3n del subsidiario de apelaci\u00f3n interpuestos por la parte demandada en contra del auto de fecha 10 de septiembre de 2019, por el cual se resolvieron las excepciones previas, por extempor\u00e1neos, a tenor de lo establecido en los Art\u00edculos 318 y 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme con lo anterior, la interesada present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, el primero fue rechazado de plano y el segundo no fue otorgado por improcedente, el 21 de octubre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el auxilio resulta improcedente por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
El reclamo constitucional se enfila a cuestionar el auto que rechaz\u00f3, por extempor\u00e1neos, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n incoados frente al prove\u00eddo que declar\u00f3 infundadas las excepciones previas alegadas por la demandada en el juicio n\u00ba 2021-00349-00, en la medida que, en criterio de la aqu\u00ed gestora el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos debi\u00f3 surtirse conforme a las reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues asegura que \u00abla diferencia en aplicar una normativa u otra en el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos para el caso in examine milita en que, conforme el CPC, se debe computar un d\u00eda m\u00e1s, ya que el canon 321 del CPC dispone que la inserci\u00f3n en \u201cestado\u201d solo \u201cse har\u00e1 pasado un d\u00eda de la fecha del auto\u201d, d\u00eda en que el cartulario deb\u00eda permanecer en secretaria\u00bb. <\/p>\n
Conforme qued\u00f3 demostrado en el numeral anterior, el auto de 10 de septiembre de 2019 que declar\u00f3 infundadas las excepciones previas formuladas por el extremo pasivo se notific\u00f3 en estado el d\u00eda 11 de ese mes y a\u00f1o, lo cual significa que los interesados podr\u00edan haber formulado sus reparos, oportunamente, durante los d\u00edas 12, 13 y 16 de septiembre de 2019, no obstante, dicho t\u00e9rmino venci\u00f3 sin que se propusiera alguna censura, pues n\u00f3tese que s\u00f3lo el 17 de septiembre de esa anualidad se radicaron los recursos. <\/p>\n
En cuanto a la notificaci\u00f3n por estado, los reg\u00edmenes procesales prev\u00e9n: <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3digo de Procedimiento Civil <\/p>\n
C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
Art\u00edculo 321 <\/p>\n
Art\u00edculo 295 <\/p>\n
\u00abLas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el Secretario. La inserci\u00f3n en el estado se har\u00e1 al d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia, y en \u00e9l deber\u00e1 constar (\u2026)\u00bb Negrilla y subrayado a prop\u00f3sito. <\/p>\n
\u00abLa notificaci\u00f3n de los autos que no deba hacerse personalmente, se cumplir\u00e1 por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborara el secretario. La inserci\u00f3n en el estado se har\u00e1 pasado un d\u00eda de la fecha del auto, y en ella ha de constar (\u2026)\u00bb Negrilla y subrayado a prop\u00f3sito. <\/p>\n
Al respecto habr\u00e1 de precisarse que, independientemente del estatuto procesal que se aplique en el presente caso, lo cierto es que en cuanto a la notificaci\u00f3n de los autos, concretamente en relaci\u00f3n con la inserci\u00f3n en el estado no se presenta variaci\u00f3n alguna, ni tampoco respecto del t\u00e9rmino de ejecutoria de las providencias, por lo que, se itera la ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas por la promotora, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 visto, se garantiz\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n y defensa de las partes. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, por cuanto no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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