STC16683-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02189-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1 de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, Sintraseguridad Social, Bernardo Escobar Cano, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00596. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante, actuando a trav\u00e9s de su directora jur\u00eddica, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso, en conexidad con el \u00abprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bernardo Escobar Cano solicit\u00f3 ante el extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013 ISS el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional, con fundamento en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, pero, con oficio n.\u00ba 15423 del 12 de noviembre de 2013, la neg\u00f3, ya que el Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005 estableci\u00f3 que las reglas previstas en convenciones perder\u00edan vigencia el 31 de julio de 2010, y, que en su caso, para esa calenda solo acreditaba 54 a\u00f1os de edad y 6.051 d\u00edas de servicio, por lo que no cumpli\u00f3 con los requisitos de tiempo ni de edad. <\/p>\n
2.2. En el 2014, nuevamente pidi\u00f3 la anotada prestaci\u00f3n ante la UGPP, pero, con resoluci\u00f3n n.\u00ba 016726 del 28 de abril de 2015, se despach\u00f3 desfavorablemente, por las mismas razones expuestas, en su momento, por el extinto ISS. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, Escobar Cano inici\u00f3 el ordinario laboral, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien, con fallo de 30 de noviembre de 2018, absolvi\u00f3 a la entidad demandada; decisi\u00f3n confirmada en segunda instancia, el 29 de agosto de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, en tanto que \u00abla convenci\u00f3n colectiva 2001-2004, a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, mantuvo su vigor por ministerio de la Ley hasta el 31 de julio de 2010, fecha m\u00e1xima que ten\u00edan los trabajadores del ISS para consolidar su derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, en virtud del recurso extraordinario formulado por el all\u00ed gestor (SL2444-2022, 6 jul.) la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 infirm\u00f3 el fallo del ad quem, para, en sede de instancia, condenar a la UGPP a pagar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del 1 de enero de 2015, en cuant\u00eda inicial de $1.549.895, junto con los incrementos anuales, en 13 mesadas por a\u00f1o, m\u00e1s el retroactivo y dem\u00e1s emolumentos exigibles a la fecha de desembolso efectivo \u2013excepto los intereses por mora\u2013. <\/p>\n
2.5. En ese orden, la UGPP se\u00f1al\u00f3 que la anotada providencia desconoci\u00f3 el precedente constitucional (CC, SU-555 de 2014), as\u00ed como el contenido mismo del instrumento extralegal y su vigencia, por cuanto \u00abla Convenci\u00f3n Colectiva de 2001-2004 exig\u00eda para otorgar una pensi\u00f3n convencional haber cumplido 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad para los hombres, situaci\u00f3n que fue pasada por alto por la accionada ya que para la fecha hasta la cual tuvo vigencia la convenci\u00f3n, 31 de octubre de 2004, inclusive, con las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas que se pudieran presentar hasta el 31 de julio de 2010\u00bb. De igual forma, censur\u00f3 que se haya omitido pronunciamiento frente a la compartibilidad de la prestaci\u00f3n, pues esa es una de las formas en que se materializa la subrogaci\u00f3n del riesgo de vejez en el sistema de seguridad social, y, en el caso del se\u00f1or Escobar Cano, se ocasion\u00f3 \u00abun grave perjuicio al erario\u00bb ya que se dispuso el pago de una pensi\u00f3n convencional, sobre el 100%, a la cual \u00abno tiene derecho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abDEJAR sin efectos la decisi\u00f3n laboral del 06 de julio de 2022 dictada por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, en el proceso laboral 66001310500120170059600 por la flagrante v\u00eda de hecho y el abuso palmario del derecho en raz\u00f3n al reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional al se\u00f1or Bernardo Escobar Cano quien no cumpli\u00f3 la totalidad de los requisitos durante la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004\u00bb y (ii) \u00abORDENAR dictar una nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda laboral\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo del a quo constitucional, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00ab7.1 Un Magistrado de la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, solicit\u00f3 se nieguen las pretensiones del accionante dada su improcedencia, en la medida que no se ha incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos, y la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 2 de la Ley Estatutaria 1781 de 20 de mayo de 2016 y el Reglamento Interno de la Sala. <\/p>\n
7.2 El Juzgado 2\u00b0 Laboral del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el expediente laboral radicado 2017-00596. <\/p>\n
7.3 La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, expuso que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales. Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente COLPENSIONES no tiene petici\u00f3n o tr\u00e1mite pendiente por resolver a favor del ciudadano. <\/p>\n
7.4 La Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por cuanto no es la llamada a responder por las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
8. Los dem\u00e1s vinculados dentro del presente tr\u00e1mite constitucional, guardaron silencio\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, un abogado que refiri\u00f3 ser el apoderado del se\u00f1or Escobar Cano alleg\u00f3 escrito en el que se opuso a la prosperidad del petitum. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abla jurisprudencia constitucional, ha enfatizado en la improcedencia de la acci\u00f3n, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa judicial id\u00f3neos y eficaces para plantear tales aspectos, de all\u00ed que si el accionante cuenta con un mecanismo judicial apto, no resulta leg\u00edtimo que pretenda crear alternativamente otra v\u00eda para lograr \u00f3rdenes o declaraciones que son competencia del juez natural y no del constitucional, pues ello no se compadece con la naturaleza y finalidades del mecanismo excepcional, que no son diferentes a denunciar la vulneraci\u00f3n y obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, con sustento en el fallo SU-427 de 2016, indic\u00f3 que \u00abante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n; [y] de acuerdo con lo anterior, cabe precisar en la citada decisi\u00f3n se prev\u00e9 que en los casos en los que se avizore una grave afectaci\u00f3n del erario \u00abcon ocasi\u00f3n de una prestaci\u00f3n evidentemente reconocida con abuso del derecho\u00bb ser\u00eda procedente la acci\u00f3n de amparo constitucional con miras a evitar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La UGPP recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abno puede confundirse la expectativa del derecho con la figura del derecho adquirido ya que el derecho pensional se adquiere una vez se cumplan a cabalidad de los requisitos se\u00f1alados en las disposiciones que lo contienen, como es el presente caso donde la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 se\u00f1al\u00f3 como requisitos para otorgar la pensi\u00f3n convencional el cumplimiento de 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad, en el caso de los hombres, pero en ninguno de sus apartes se estableci\u00f3 que la configuraci\u00f3n del derecho se perfeccionar\u00eda posteriormente a la vigencia de la convenci\u00f3n al cumplir los requisitos de edad y\/o tiempo de servicios\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, insisti\u00f3 en que \u00abaun cuando el despacho accionado impone a la UGPP la carga de reconocer una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional sin el cumplimiento de los requisitos legales, al conferir la pensi\u00f3n convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, cuando la parte accionante cumpli\u00f3 la edad de los 55 a\u00f1os en agosto de 2010 y los 20 a\u00f1os de servicio en el a\u00f1o 2013, en su decisi\u00f3n no tiene en cuenta que la pensi\u00f3n convencional tiene la naturaleza de ser compartida con la pensi\u00f3n de vejez que sea reconocida por Colpensiones, por lo que La UGPP NO debe asumir el pago del 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida a favor de se\u00f1or BERNARDO ESCOBAR CANO, en raz\u00f3n a que esta entidad s\u00f3lo debe reconocer y pagar los mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES), de esta manera, al no emitirse ning\u00fan pronunciamiento al respecto en el fallo del 06 de julio de 2022 se est\u00e1 generando una carga a la UGPP que excede las competencias legales en materia pensional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por Bernardo Escobar Cano contra la UGPP (SL2444-2022, 6 jul.), por casar la providencia absolutoria del ad quem, y, en sede de instancia, reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional en favor del solicitante, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al concreto. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 infirm\u00f3 la providencia absolutoria del ad quem en el curso del ordinario laboral promovido por Bernardo Escobar Cano contra la UGPP, para, en su lugar, reconocer la prestaci\u00f3n convencional reclamada, en tanto que \u00abde cara al instrumento convencional que rigi\u00f3 para los trabajadores oficiales del extinto ISS, (\u2026) el plazo pactado debe ser respetado, aunque exceda el 31 de julio de 2010, como quiera que se limit\u00f3 hasta el 2017\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico cargo formulado en sede extraordinaria, enfilado por la senda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005, con fundamento en que \u00abel colegiado al interpretar la norma superior, no tuvo en cuenta los argumentos medulares que emanan de la Constituci\u00f3n y de los tratados internacionales de derechos humanos laborales, debiendo realizar una ex\u00e9gesis m\u00e1s amplia del contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, la autoridad denunciada precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia que neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional, con base en que, por virtud del par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, las reglas de car\u00e1cter pensional contenidas en acuerdos extralegales tendr\u00edan vigencia durante el t\u00e9rmino inicialmente pactado; que aquellas que se prorrogaran autom\u00e1ticamente con posterioridad a 29 de julio de 2005, tambi\u00e9n perder\u00edan vigor el 31 de julio de 2010. Con tal aserci\u00f3n, indic\u00f3 que los trabajadores del ISS ten\u00edan hasta esa fecha, para consolidar su derecho pensional convencional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el problema jur\u00eddico que esta Sala de Casaci\u00f3n debe resolver, se concreta a determinar si el juzgador plural, incurri\u00f3 en un error al concluir con sustento en el Acto Legislativo 01 de 2005, que la pensi\u00f3n extralegal reclamada solo tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, expuso que, dada la v\u00eda de \u00abpuro derecho\u00bb en la que se enmarc\u00f3 el embate, \u00abno es materia de controversia que el demandante naci\u00f3 el 8 de agosto de 1955 y cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes de 2010 (f.\u00b020); que prest\u00f3 sus servicios al extinto Instituto de los Seguros Sociales de manera interrumpida entre el 20 de octubre de 1993 y el 31 de marzo de 2015, por un lapso de 21 a\u00f1os, 4 meses y 7 d\u00edas (f.\u00b024); que cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de labores a esa entidad en noviembre de 2013; que se encontraba afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales \u2013 Sintraseguridadsocial y era beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre la posibilidad de extender o no los beneficios convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, en atenci\u00f3n a la reforma constitucional del 2005, con soporte en el criterio del \u00f3rgano de cierre de esa especialidad explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEsta Corporaci\u00f3n hab\u00eda adoctrinado que, en principio, no resultaba posible extender los efectos de las cl\u00e1usulas de un convenio colectivo de trabajo m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, en la medida que ese fue el plazo m\u00e1ximo fijado por el constituyente derivado, para obtener un beneficio pensional de linaje extralegal (entre varias providencias, se cita la CSJ SL2543-2020). No obstante, en sentencia CSJ SL3635-2020, ense\u00f1\u00f3 que prevalecer\u00eda el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n inicialmente pactado por los suscribientes de la convenci\u00f3n. Por tanto, si la voluntad de las partes fue dar a las estipulaciones convencionales mayor estabilidad en el tiempo, estas constituyen derechos adquiridos (CSJ SL, 3 abr. 2008, rad. 2907) y expectativas leg\u00edtimas mientras contin\u00faen vigentes (CC SU-555-2014), as\u00ed se supere el l\u00edmite del 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Por ende, estableci\u00f3 que en el sub-lite \u00abde ninguna manera, puede desconocerse que uno de los objetivos primordiales de los derechos de asociaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva, sino el m\u00e1s importante, es el de lograr a trav\u00e9s del consenso, acuerdos basados en los principios de la buena fe y la confianza leg\u00edtima, que permitan el mejoramiento de las condiciones laborales, pensionales y de vida de los trabajadores, en consonancia con lo reglado en el art. 23, numeral 4 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos\u00bb, por lo que, con sustento en las consideraciones desarrolladas en el fallo CSJ SL3635-2020, 16 sep., reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abBajo ese contexto, tal como se determin\u00f3 en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cl\u00e1usulas convencionales de car\u00e1cter pensional m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposici\u00f3n colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previ\u00f3 de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garant\u00eda a la leg\u00edtima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convenci\u00f3n colectiva de trabajo que firmaron, mientras contin\u00fae vigente, as\u00ed esa vigencia supere el l\u00edmite del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
As\u00ed es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no est\u00e9n consolidadas, s\u00ed han determinado una expectativa v\u00e1lida respecto de la permanencia de sus cl\u00e1usulas, basadas en el principio de la buena fe que atenci\u00f3n al principio de la confianza leg\u00edtima, significa, en el horizonte, que se alcanzar\u00e1n los requisitos para su afianzamiento durante el t\u00e9rmino de su vigencia. <\/p>\n
Ello, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante el tiempo en que la misma o algunas de sus cl\u00e1usulas conserven su vigencia, de modo que su \u00e1mbito de protecci\u00f3n cobija los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el t\u00e9rmino pactado\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que \u00abla intelecci\u00f3n que dio el Tribunal a la norma constitucional no est\u00e1 acorde con el criterio actual de esta Sala, que ha sido reiterada en decisiones posteriores de cara al instrumento convencional que rigi\u00f3 para los trabajadores oficiales del extinto ISS, en el sentido de que el plazo pactado debe ser respetado, aunque exceda el 31 de julio de 2010, como quiera que se limit\u00f3 hasta el 2017\u00bb, raz\u00f3n por la cual cas\u00f3 el fallo del tribunal ad quem, y, en sede de instancia, reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDado que el demandante cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el 8 de agosto de 2010 y que noviembre de 2013 alcanz\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios, de acuerdo con el certifica do de folio 24, tiene derecho a la prestaci\u00f3n desde el 1 de abril de dicho a\u00f1o, pues acredit\u00f3 las condiciones y requisitos exigidos en el art. 98 convencional para obtener la prestaci\u00f3n antes de 2017. <\/p>\n
El monto de la prestaci\u00f3n, debe calcularse de conformidad con el numeral 2 del art. 98 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, por lo que corresponder\u00e1 al 100% del promedio de lo percibido en los tres \u00faltimos a\u00f1os de servicios, para el cual se debe tener en cuenta la asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentaci\u00f3n y transporte y el valor del trabajo nocturno, suplementario, horas extras, dominicales y festivos, tal como lo establece el par\u00e1grafo 5 de la cl\u00e1usula convencional. <\/p>\n
Al hacerse exigible la pensi\u00f3n el 1 de abril de 2015, el reclamo elevado el 9 de diciembre de 2014 (f.\u00b042), no tuvo la virtud de interrumpir la prescripci\u00f3n. Ahora bien, como la demanda inaugural fue presentada el 19 de diciembre de 2017 (f.\u00b0125), admitida el 22 de febrero de 2018 (f.\u00b0126) y la notificaci\u00f3n del auto admisorio del escrito inaugural se llev\u00f3 a cabo el 17 de abril de 2018 (f.\u00b0194), es claro que no oper\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 6 de diciembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC16683-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16683-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02189-01 (Aprobado en Sala de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}