STC16684-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16684-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02284-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Elisa Garc\u00eda Rojas contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y Bancolombia S.A., as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00175. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abimparcialidad, (\u2026) defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Carmen Elisa Garc\u00eda Rojas promovi\u00f3 declarativo contra Bancolombia S.A., en procura de \u00abque se dejaran sin efecto las actuaciones relacionadas con su despido\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el reintegro y el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00absalarios, cesant\u00edas y sus intereses, primas de servicios y convencionales (\u2026), la indexaci\u00f3n (\u2026) la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios morales y econ\u00f3micos\u00bb1, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel banco no incurri\u00f3 en abuso cuando termin\u00f3 el contrato laboral con la iniciadora del proceso\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la promotora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, pues coligi\u00f3 que: (i) \u00abel [juzgador de segundo grado] no aplic\u00f3 indebidamente la norma que gobierna la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba\u00bb; (ii) \u00abla sentencia del Tribunal no viola ninguna garant\u00eda constitucional, pues reconoce la existencia de la oportunidad que tuvo la trabajadora (\u2026) de expresar sus razones ante el banco empleador\u00bb; (iii) \u00abno hay lugar a abordar las recriminaciones sobre la forma en que fue recaudada y practicada la prueba testimonial, pues ello no es materia del recurso extraordinario\u00bb; y, (iv) \u00abno es viable desacreditar las pruebas h\u00e1biles que se dan por valoradas con desv\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por cuanto \u00abno realiz\u00f3 un adecuado an\u00e1lisis Constitucional distinto al de justificar la acci\u00f3n patronal (\u2026) cuando se encuentra debidamente probado que la entidad (\u2026) no hizo ning\u00fan llamado a rendir descargos ni mucho menos concedi\u00f3 la oportunidad (\u2026) para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente contenido en la \u00abSentencia de Unificaci\u00f3n proferida por la Corte Constitucional en SU-449 de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL2688-2022, 2 ago., y en consecuencia se ordene \u00abdictar una nueva sentencia de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y la interpretaci\u00f3n de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que aquella \u00absigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 (\u2026) [la jurisprudencia] en la (\u2026) que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, la hoy tutelante pretende mostrar como erradas, buscando, con la acci\u00f3n, las resultas favorables de un proceso ordinario ya concluido\u00bb. <\/p>\n
2. Bancolombia S.A. indic\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela carece de los requisitos establecidos por la jurisprudencia, ya que la accionante tuvo en el curso del proceso laboral las garant\u00edas de su debido proceso, derecho de defensa en todas las instancias, cuesti\u00f3n distinta es que no haya quedado conforme con el resultado del proceso y ahora pretenda constituir con esta acci\u00f3n un nuevo recurso o instancia para debatir hechos que ya fueron resueltos por el juez natural y se encuentran ejecutoriados\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga remiti\u00f3 el expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abde la lectura de la decisi\u00f3n dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se puede apreciar que se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, dando cabal respuesta a los cuestionamientos planteados por la parte accionante, tal como se advierte de la lectura de la decisi\u00f3n confutada. En ese orden de ideas, los razonamientos de la accionada no se pueden controvertir en el marco de la acci\u00f3n de tutela dado que estos no se advierten arbitrarios o caprichosos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[d]entro de la relaci\u00f3n laboral que mantuv[o] con BANCOLOMBIA S.A. se evidenciaron situaciones inapropiadas por parte de la entidad, que no respet\u00f3 el debido proceso ni el derecho de defensa al terminar [el] contrato de trabajo alegando una justa causa, situaci\u00f3n que no fue tenida en cuenta por los \u00f3rganos judiciales (\u2026) ya que el llamado al que se hace referencia no fue otro distinto al de hacer la entrega de la carta de despido con argumentos y decisiones previamente tomadas por el empleador sin haber[la] escuchado ni dado la oportunidad de defender[se]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL2688-2022, 2 ago.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla sentencia del Tribunal no viola ninguna garant\u00eda constitucional, pues reconoce la existencia de la oportunidad que tuvo la trabajadora (\u2026) de expresar sus razones ante el banco empleador\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cuatro cargos en los que acusa la providencia de segundo grado de: (i) aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart\u00edculo 167 del CGP, por integraci\u00f3n ordenada en el 145 del CPTSS, lo que condujo a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 62, literal a), numeral 6, en relaci\u00f3n con el 55, literales e) y h); 58, numeral 1); 60, numerales 1) y 10) y 108 del CST.\u00bb; (ii) violaci\u00f3n directa \u00abde los art\u00edculos 1, 2, 29 de la CP, que condujo a la aplicaci\u00f3n indebida del 62, literal a), numeral 6, en relaci\u00f3n con los preceptos 55, literales e) y h); 58, numeral 1.\u00ba; 60, numerales 1.\u00ba y 10.\u00ba; y 108 del CST\u00bb; (iii) \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 169 y 170 del CGP y la infracci\u00f3n directa del 221, numerales 4) y 9), ibidem, como violaci\u00f3n medio que llev\u00f3 al Tribunal a la aplicaci\u00f3n indebida de los preceptos 62, literal a), numeral 6.\u00ba; 55, literales e) y h); 58, numeral 1.\u00ba; 60, numeral 1.\u00ba y 10.\u00ba; y 108 del CST\u00bb; y, (iv) \u00abaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 62, literal a), numeral 6.\u00ba, en relaci\u00f3n con los apartados 55, literales e) y h); 58, numeral 1.\u00ba; 60, numerales 1.\u00ba y 10.\u00ba; y 108 del CST\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abProcede la Sala a evaluar los cargos, sin pasar por alto que la mayor parte de los esfuerzos de la oposici\u00f3n se contrajeron a defender la actuaci\u00f3n del juez colegiado de instancia, antes que a presentar reparos t\u00e9cnicos para refutar los ataques, salvo en cuanto record\u00f3 que la prueba testimonial no es apta en la casaci\u00f3n del trabajo para estructurar los errores f\u00e1cticos que se acusan por la v\u00eda de los hechos, a menos que, previamente, se demuestren aquellos a trav\u00e9s de elementos probatorios calificados por el legislador como aptos para ese efecto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sobre el primer ataque, precis\u00f3 que \u00abel ad quem no aplic\u00f3 indebidamente la norma que gobierna la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba, pues parti\u00f3 de que la ahora recurrente \u00aben todo el tiempo\u00bb tuvo el beneficio de ser escuchada. Esto implica que, sin necesidad de referir expl\u00edcitamente qui\u00e9n deb\u00eda probar el hecho de la oportunidad de defensa, encontr\u00f3 que este elemento s\u00ed qued\u00f3 establecido, (\u2026) [lo] que en modo alguno significa la adjudicaci\u00f3n indebida de una responsabilidad probatoria a la accionante\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 estudiando el segundo reproche y, en ese punto, indic\u00f3 que \u00abel juez de apelaciones tuvo presente esa tesis jurisprudencial [fallo CC SU449-2020], a partir de la cual no descart\u00f3 que la empleadora cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de ofrecer una oportunidad de escucha a la casacionista, antes de despedirla, con lo que no pudo haber aplicado con error las normas constitucionales que exigen ese debido proceso, m\u00e1xime cuando esa conclusi\u00f3n, por ser de corte f\u00e1ctico, no debe ser analizada en los cargos de la v\u00eda directa\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, con apoyo en lo establecido en las decisiones SL679-2021, 10 feb., y SL2351-2020, 8 jul., reliev\u00f3 que \u00abla sentencia del Tribunal no viola ninguna garant\u00eda constitucional, pues reconoce la existencia de la oportunidad que tuvo la trabajadora Garc\u00eda Rojas de expresar sus razones ante el banco empleador, sin que ello implicara que debiera llevarse a cabo un determinado procedimiento circunscrito a normas adjetivas, pues no es ese el sentido que han venido sosteniendo en torno a esa garant\u00eda, tanto esta Corte como la Constitucional\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, sobre el tercer embate, razon\u00f3 que \u00ablo que termina reprochando es que el Tribunal hubiera acogido y valorado el testimonio de Jos\u00e9 Antonio S\u00e1nchez Curiel, del que dice que es un testigo de o\u00eddas, lo que implica verificar su contenido \u2014operaci\u00f3n vedada al tribunal de casaci\u00f3n cuando el cargo transita la v\u00eda directa y que tampoco es posible atender por la indirecta, por tratarse de prueba inh\u00e1bil en esta etapa procesal\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno hay lugar a abordar las recriminaciones sobre la forma en que fue recaudada y practicada la prueba testimonial, pues ello no es materia del recurso extraordinario, que no est\u00e1 configurado para atender probables falencias procesales y menos cuando los hechos sucedieron en el curso de la instancia inicial, pues es claro que no fue el Tribunal el generador de ese decreto probatorio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, abord\u00f3 el cuarto cargo, estudiando las pruebas aptas en casaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abSobre la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo (\u2026) la Corte observa que el Tribunal no apreci\u00f3 con error esa prueba, pues al leerla se atuvo al criterio jurisprudencial ya rese\u00f1ado, seg\u00fan el cual no es indispensable que se surta una audiencia formal de descargos para cumplir el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho de defensa ante las acusaciones del empleador; en ese orden, bastaba una reuni\u00f3n, aunque fuera inmediatamente anterior a la entrega de la carta de finiquito contractual, para consumar ese deber de escucha que deb\u00eda honrar el ente accionado, sin consideraci\u00f3n a la existencia de un tr\u00e1mite diferente, o a que ella contara con un periodo previamente establecido en alguna norma interna o legal para preparar su defensa. <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte, el contenido de esa misiva no est\u00e1 aislado del haz probatorio, sino que tiene respaldo en otra documental (\u2026): la respuesta al derecho de petici\u00f3n que Bancolombia le dirigi\u00f3 al entonces apoderado de la se\u00f1ora Garc\u00eda Rojas (\u2026), en la que le explica que, a pesar de que no existe en la entidad un procedimiento de descargos, ni verbal ni escrito, antes de terminarle su contrato, la exlaborante \u00abfue llamada a que rindiera explicaciones sobre sus faltas, sin que las razones expuestas por ella fueran satisfactorias ni de recibo\u00bb. Ante esa realidad, resultan coherentes las manifestaciones escritas de la opositora, a m\u00e1s de que la actora no desconoci\u00f3 la realizaci\u00f3n de esa reuni\u00f3n, sino que reclam\u00f3 una diligencia de descargos, que no demostr\u00f3 que estuviera estipulada en documentos internos de la entidad, como el contrato laboral o la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, por lo que no resultaba obligatoria para la dadora de empleo. <\/p>\n
(\u2026) En cuanto a los correos de los folios 181 a 183 (\u2026) la lectura integral que le dio el juez de la alzada a esa documental, apta en casaci\u00f3n, no es descabellada, y menos lo es si la correlacion\u00f3 con la prueba testimonial, la que, por no estar autorizada como medio generador del error de hecho, no puede ser considerada por la Corte <\/p>\n
(\u2026) [T]ambi\u00e9n existen otros correos electr\u00f3nicos, no acusados en casaci\u00f3n, que verifican que exist\u00edan cr\u00edticas al desempe\u00f1o de la trabajadora (\u2026) y que ella recibi\u00f3 de manera directa. (\u2026) Toda esta informaci\u00f3n muestra que las razones del descontento del banco, ante su desempe\u00f1o, eran del dominio de la casacionista\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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