STC16686-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16686-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01989-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 15 de diciembre de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos Trivi\u00f1o Herrera contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad y las partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal 2006-05596. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 libertad\u2026 locomoci\u00f3n\u2026 [y] libertad [sic]\u00bb, que estima lesionados por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recaudados se extracta que contra el ac\u00e1 actor se adelant\u00f3 la causa penal indicada precedentemente por el delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador, en la cual, el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, en sentencia de 29 de enero de 2018, lo conden\u00f3 a 52 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas y a sufragar una multa de $150.160.000, neg\u00e1ndole los subrogados de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior del mismo distrito judicial, mediante providencia del 17 de enero de 20202, sin que en su contra se formulara recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El 13 de octubre de aquel a\u00f1o, el condenado -por conducto de apoderado- formul\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n al amparo de la causal 2\u00aa del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que se encuentra actualmente en tr\u00e1mite ante la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Trivi\u00f1o Herrera acude a este instrumento pues considera que el tribunal ad quem dict\u00f3 sentencia inadvirtiendo que, en su caso particular, la acci\u00f3n penal se hallaba prescrita por cuanto los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre diciembre de 2004 y noviembre de 2005, de manera que no era aplicable el incremento temporal establecido en el art\u00edculo 14 de la Ley 1474 de 2011, sino que la contabilizaci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo deb\u00eda realizarse con fundamento en el original art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acus\u00f3 a la providencia de segundo grado de incurrir en un defecto \u00abprocedimental\u00bb habida cuenta que la corporaci\u00f3n \u00aben lugar de haber confirmado la sentencia ha debido decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal de oficio en favor del procesado, por cuanto se trata de una sanci\u00f3n para el estado frente a su inactividad, y en desarrollo del principio de legalidad [sic]\u00bb <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de la sentencia y profiera fallo de remplazo y como consecuencia la libertad inmediata [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un remitente que se identific\u00f3 como \u00abdespacho 28 Sala Penal Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb se limit\u00f3 a informar que mediante sentencia de 17 de enero de 2020 confirm\u00f3 la condena irrogada a Trivi\u00f1o Herrera como autor del delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador. <\/p>\n
Pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite, habida consideraci\u00f3n que \u00abno vulner\u00f3 derechos fundamentales al accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal 264 Seccional, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica y de Justicia se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto, de conformidad con el precedente de esta corte Casaci\u00f3n Penal y de la Corte Constitucional, la acci\u00f3n penal no estaba prescrita al momento de la emisi\u00f3n del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
3. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la subdirectora de Gesti\u00f3n de Representaci\u00f3n Externa de la DIAN, quien agreg\u00f3 que el presente resguardo desatiende el presupuesto de la inmediatez dado que desde la firmeza del fallo cuestionado transcurrieron \u00ab9 meses aproximadamente\u00bb sin que exista \u00abjustificaci\u00f3n alguna de dicha demora por parte del actor\u00bb y menos se hubiera acreditado la inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo por cuanto \u00abse encuentra pendiente de decidir la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb formulada por el gestor contra el prove\u00eddo de segundo grado de all\u00ed que debe aguardar su resoluci\u00f3n pues las decisiones que pretende atacar por esta v\u00eda fueron emitidas por autoridades judiciales competentes \u00abdentro del marco estructural de la administraci\u00f3n de justicia, en un proceso que se adelant[\u00f3] conforme la normativa aplicable\u00bb. <\/p>\n
Descart\u00f3, a su turno, la presencia del perjuicio irremediable invocado por el actor en tanto la restricci\u00f3n de la libre locomoci\u00f3n \u00abdeviene de una sentencia impuesta por un juez competente, dentro de una actuaci\u00f3n dotada de todas las garant\u00edas procesales a los intervinientes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n pues considera que \u00abla acci\u00f3n de revisi\u00f3n es muy demorad[a] y mientras tanto\u2026 se le vulnera el derecho de la libertad, el derecho al trabajo y el derecho a la libre locomoci\u00f3n, por eso se impone la presente acci\u00f3n de tutela para evitar un da\u00f1o irremediable, toda vez que cuando resuelvan la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u2026 posiblemente ha cumplido la pena\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, insisti\u00f3 en que el colegiado de segundo grado debi\u00f3 decretar oficiosamente la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, de manera que someterlo a acudir al mecanismo de defesa ordinario y esperar su resoluci\u00f3n es prolongar la lesi\u00f3n de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el ac\u00e1 gestor al no decretar oficiosamente la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desat\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de condena proferido por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito de la misma ciudad, data del 17 de enero de 2020 (notificada en estrados el 30 del mismo mes y a\u00f1o, cuando se produjo su lectura), en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el 26 de noviembre de 2020, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital, es decir, superado el semestre establecido en la jurisprudencia como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; empero, en este evento el accionante nada dijo a efecto de tratar de justificar la tardanza para promover la salvaguarda, luego entonces no existen situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado excesivamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad \u2013 Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal est\u00e1 en curso <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, debe la Corte resaltar que tambi\u00e9n se observa incumplido el criterio que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
Como se tiene establecido jurisprudencialmente, la acci\u00f3n de tutela dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Conforme con lo anterior, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el censor teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, formul\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra el fallo de segundo grado, herramienta procesal id\u00f3nea para derruir la firmeza del mismo a la luz del art\u00edculo 192-2 de la Ley 906 de 2004, la cual se encuentra pendiente de definici\u00f3n, siendo ese el escenario natural en el que se definir\u00e1, por el juez competente -que no es otro que esta Corte-, lo concerniente a la presunta prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Conforme con ello, la acci\u00f3n supralegal se torna improcedente pues no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto, m\u00e1xime cuando el presunto perjuicio irremediable alegado por el gestor no pas\u00f3 de ser una mera afirmaci\u00f3n carente de sustento jur\u00eddico y probatorio pues recu\u00e9rdese que la privaci\u00f3n de la libertad que padece, se encuentra soportada en un fallo cobijado por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, a\u00fan se encuentra en curso el tr\u00e1mite extraordinario de revisi\u00f3n en el cual se examinar\u00e1n los argumentos del actor frente al acaecimiento del aludido fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. Tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza, y <\/p>\n
4.2. Formul\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n con el fin de derruir la firmeza del fallo de segundo grado, la cual se encuentra en curso, debiendo esperar su resoluci\u00f3n por parte de la autoridad judicial competente, de donde se desprende que el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la alzada el pasado 2 de diciembre. <\/p>\n
2\u0002 Le\u00edda en audiencia del 30 de enero siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
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