STC16689-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16689-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandataria judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por el auto de 29 de marzo de 2022 (confirmado en sede de reposici\u00f3n en prove\u00eddo de 25 de agosto siguiente), mediante el cual el fallador convocado -en el juicio para la efectividad de la garant\u00eda real promovido en su contra- aprob\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del predio hipotecado que present\u00f3 el ejecutante. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que el referido inmueble fue avaluado inicialmente, por un auxiliar de la justicia, en $2.732\u00b4407.913, pero como las dos diligencias de remate que se programaron con base en esa pericia se declararon desiertas (los d\u00edas 11 de agosto y 15 de octubre de 2020), el ejecutante hizo uso de la potestad prevista en el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso, presentando un nuevo aval\u00fao (el 5 de noviembre de 2020) por la suma de $1.273\u00b4471.500. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 18 de noviembre del mismo a\u00f1o, es decir, dentro de la oportunidad prevista en el canon 444 del citado estatuto procesal, se opuso a la aprobaci\u00f3n de esa peritaci\u00f3n resaltando las deficiencias que el mismo presentaba y anunciando la aportaci\u00f3n de un contra aval\u00fao una vez se superara la inundaci\u00f3n que para ese entonces presentaba el inmueble, lo cual finalmente hizo el 10 de febrero de 2021 (cuando alleg\u00f3 un aval\u00fao por $2.861\u00b4244.975). <\/p>\n
Anot\u00f3 igualmente que, en auto de 19 de octubre de 2021, el accionado se neg\u00f3 a tener en cuenta las dos experticias aportadas por las partes: la del ejecutante, por estimar que su fundamentaci\u00f3n no estaba completa; y la del ejecutado por cuanto se alleg\u00f3 de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que este \u00faltimo prove\u00eddo fue impugnado \u00fanicamente por el ejecutante, quien aleg\u00f3 que, de estimarse insuficiente la motivaci\u00f3n del aval\u00fao, lo procedente era solicitar las aclaraciones y complementaciones que fueran necesarias; argumento que acogi\u00f3 el fallador de conocimiento y, en consecuencia, mediante prove\u00eddo de 19 de enero de 2022, requiri\u00f3 al experto que elabor\u00f3 el aval\u00fao presentado por el demandante, para que completara el sustento de sus conclusiones. <\/p>\n
Expuso finalmente que, una vez presentadas las explicaciones adicionales del perito (las cuales considera artificiosas e insuficientes), el fallador accionado aprob\u00f3 el nuevo aval\u00fao en la suma de $1.273\u00b4471.500; decisi\u00f3n que posteriormente confirm\u00f3 al resolver el recurso de reposici\u00f3n que \u00e9l formul\u00f3. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene decretar el recaudo de un nuevo dictamen pericial que refleje, con veracidad, el valor actual del predio objeto de disputa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El fallador accionado y el demandante del ejecutivo que ac\u00e1 interesa (Juan Enrique Montoya Urrea) se opusieron a la prosperidad del resguardo, por considerar que la motivaci\u00f3n de la fustigada providencia no involucra una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo por estimar indebidamente motivada la providencia mediante la cual se aprob\u00f3 la reducci\u00f3n del aval\u00fao del inmueble objeto de disputa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el ejecutante, Juan Enrique Montoya Urrea, insistiendo en la razonabilidad del prove\u00eddo; recalcando que su contraparte no agot\u00f3 los mecanismos procesales que ten\u00eda a su alcance para controvertir el dictamen pericial de actualizaci\u00f3n; y enfatiz\u00f3 el considerable periodo de tiempo que ha transcurrido desde que el juicio inici\u00f3. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que en caso de que no se encuentre de recibo su censura, se precise que el fallador accionado no debe recaudar una nueva experticia, sino simplemente ofrecer una motivaci\u00f3n adicional a la ya esgrimida, para lo cual reclam\u00f3 celeridad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01 y STC12203-2022, 14 sep. 2022, rad. 02939-00). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC12203-2022, 14 sep. 2022, rad. 02939-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, la Corte coincide con la magistratura de primer grado en cuanto a los defectos de motivaci\u00f3n que presenta la providencia objeto de censura. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, es importante recalcar que, al oponerse a la aprobaci\u00f3n del dictamen pericial de actualizaci\u00f3n que present\u00f3 el ejecutante (dentro del t\u00e9rmino que para esos efectos contempla el art\u00edculo 444-2 del C\u00f3digo General del Proceso), el promotor del amparo formul\u00f3 las siguientes observaciones: <\/p>\n
\u00aba) En primera instancia, el se\u00f1or ALBERTO FIDEL RESTREPO MERCADO no fue consultado en ning\u00fan momento por la parte ejecutante para conceder permiso o autorizaci\u00f3n para el ingreso del perito. <\/p>\n
b) El registro fotogr\u00e1fico que se acompa\u00f1a con la experticia aportada por la parte ejecutante tan s\u00f3lo muestra y describe la parte de la entrada del predio y nada se dice acerca del interior y totalidad del mismo teniendo en cuenta que se trata de una heredad que cuenta con 410 Has + 9.705 mts2 que colinda en la parte Norte con Eduardo Pupo y al Oeste con Salom\u00f3n Saade y que la misma tambi\u00e9n cuenta con 11 potreros destinados para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica en el \u00e1rea de la ganader\u00eda, la existencia irrefutable de corrales de vareta antiguos. <\/p>\n
c) Para la fecha de la presunta visita (Noviembre 1 de 2020) alrededor del 50% del predio se encontraba inundado debido las caracter\u00edsticas topogr\u00e1ficas del predio (tierras bajas) y a las lluvias que se registraban para ese momento y que se prolongaron por aproximadamente dos meses en toda la zona norte colombiana, lo cual lejos de desmejorar el valor comercial del predio lo incrementan debido a que ello viabiliza la permanencia de agua para abastecimiento del resto del inmueble. <\/p>\n
d) Los datos introducidos en dicha experticia no corresponden con la realidad pues no coincide en lo m\u00e1s m\u00ednimo con los aportados por los se\u00f1ores JAIME RUZ RAMOS en Noviembre de 2010 y FERNANDO HERNANDEZ en Junio de 2019, los cuales son coincidentes en la descripci\u00f3n del predio pese a haberse practicados en fechas distintas con el \u00fanico fin de determinar el aval\u00fao del mismo y de ah\u00ed sus precios. <\/p>\n
e) El perito VANSTRAHLEN miente o falta a la verdad en el suyo, cuando manifiesta en la p\u00e1gina 5 del mismo que el predio NO DESARROLLA ninguna actividad ganadera ya que se encuentra abandonada y se aprecia algunos trajines de animales de monte y asnal: estado de mantenimiento es nulo y que la tierra no se encuentra civilizada (mecanizables), pues la realidad era y a\u00fan hoy es totalmente distinta pues el predio NO se encuentra abandonado y s\u00ed es explotado econ\u00f3micamente en el \u00e1rea de la ganader\u00eda, lo cual constituye una falencia pericial por cuanto en la parte central de la finca ALBANIA se encontraban apastando 50 b\u00fafalos, 87 vacas entre paridas y escotera y caballar, las cuales el perito afirm\u00f3 correspond\u00edan a huellas de trajines de animales de monte y asnar cuando ello es falso y sobre cuya afirmaci\u00f3n no existe ning\u00fan respaldo probatorio. <\/p>\n
f) Otra falencia detectada en el informe pericial de Noviembre de 2020, lo constituye lo relativo al llamado CUADRO ESTADISTICO que se visualiza en la p\u00e1gina 6 del mismo que tambi\u00e9n contiene grandes y visibles falencias, inconsistencias y falsedades como son: <\/p>\n
g) En el ac\u00e1pite denominado INVESTIGACION ECONOMICA Y CALCULOS que precede el llamado CUADRO ESTADISITICO se informa por parte del perito que se ha consultado un grupo de personas conocedoras del mercado de tierra en la regi\u00f3n de EL BRILLANTE y que todos los consultados son de la regi\u00f3n y tienen fincas cercanas, a quienes se les indaga por los precios de algo sobre lo cual no hay claridad en el informe y que luego son expuestos en el tal llamado CUADRO ESTADISTICO. Ahora bien, suponiendo que los valores econ\u00f3micos expuestos en el cuadro sean los valores o precio de venta de predios, es importante formularnos las siguientes preguntas: \u2022 \u00a1A qu\u00e9 predio se est\u00e1n refiriendo porque el cuadro estad\u00edstico no se\u00f1ala el nombre de la propiedad o predio sobre el cual se est\u00e1 efectuando ese c\u00e1lculo o hallando dicho valor? \u2022 \u00a1A qu\u00e9 persona le corresponde cual predio? \u2022 \u00a1Qu\u00e9 tipo de personas y predios se est\u00e1n evaluando o consultando para hacer el an\u00e1lisis comparativo y de ese modo establecer un valor comercial promedio para la finca ALBANIA? \u2022 \u00a1Cu\u00e1l es la condici\u00f3n o extensi\u00f3n de la finca o fincas de cada uno de los encuestados? <\/p>\n
h) Teniendo de presente que el perito de manera previa al CUADRO ESTADISTICO ha afirmado que todos los consultados son de la regi\u00f3n de EL BRILLANTE y tienen fincas cercanas, se hace necesario entrar a detallar los datos expuestos en el plurinombrado CUADRO ESTADISTICO. En este cuadro aparecen tres (3) columnas: una denominada Nombre del encuestado o fuente indirecta; una segunda columna denominada Tel\u00e9fono y una tercera llamada Clase (III). En la primera de las columnas aparece el nombre de PEDRO GOMEZ ACEVEDO quien de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por mi cliente es el propietario de una finca colindante con el predio ALBANIA llamada VILLA GLORIA con una extensi\u00f3n de aproximadamente 160 hect\u00e1reas y quien fuera consultado en su momento (Junio 10 de 2019) por el perito HERNANDO HERNANDEZ acerca del precio de la oferta por hect\u00e1rea de su finca dando un valor de $8.500.000.oo, y c\u00f3mo se explica que a tan s\u00f3lo un poco m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s informe del perito designado por el despacho, el se\u00f1or GOMEZ ACEVEDO indique que el valor de oferta de su finca es de tan solo $3.100.000.oo cuando las condiciones f\u00edsicas y econ\u00f3micas de la misma son al parecer las mejores actualmente?, ello no es otra cosa sino una falsedad la cual podr\u00e1 corroborar el juzgado tan s\u00f3lo marcando el n\u00famero de tel\u00e9fono que aparece en el informe del Dr. VANSTRAHLEN y poder verificar que el se\u00f1or PEDRO GOMEZ ACEVEDO actualmente no oferta el valor de la hect\u00e1rea de su finca a ese precio \u00edrrito. Otra de los nombres de las personas encuestadas es JULIO GOMEZ BARBOSA quien de acuerdo con las informaciones suministradas por mi cliente no es propietario de ninguna finca en la regi\u00f3n de EL BRILLANTE sino un trabajador o jornalero del se\u00f1or PEDRO GOMEZ ACEVEDO, lo que equivale a decir que no tiene conocimientos acerca del precio de ofertas de tierras en el sector porque no es propietario de ninguna y por lo tanto esa informaci\u00f3n indicada en el cuadro estad\u00edstico es completamente falsa. Un tercer nombre en el listado de encuestados es EDER ZORACA MEJIA, quien tambi\u00e9n de acuerdo a las informaciones suministradas por mi cliente no es propietario de ning\u00fan predio o finca sino tan s\u00f3lo un jornalero y labora por d\u00edas en fincas cercanas a la FINCA ALBANIA y ocasionalmente tambi\u00e9n colabora con su padre en una peque\u00f1a parcela de su propiedad, por lo que la informaci\u00f3n acerca del valor de la oferta de precio por hect\u00e1rea de fincas en la regi\u00f3n que pudo haber dado esta persona es inexacta pues no se desenvuelve en este campo. Por \u00faltimo tenemos el nombre de la se\u00f1ora ALICIA MILAGRO OSPINO MEZA, quien seg\u00fan las informaciones suministradas por mi cliente s\u00ed es propietaria pero de una peque\u00f1a parcela en el caser\u00edo EL BRILLANTE pero de quien se desconoce las condiciones de su predio y si posee los conocimientos b\u00e1sicos sobre el tema en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pese a la claridad y seriedad de tales reparos, el fallador de la causa guard\u00f3 silencio frente a las mismas y aprob\u00f3 las explicaciones que de manera sobreviniente ofreci\u00f3 el perito, sin ofrecer una verdadera argumentaci\u00f3n sobre su credibilidad y pertinencia. En estricto sentido, el juzgador se limit\u00f3 a referirse a algunos apartados de la probanza a manera de aparente convalidaci\u00f3n de sus fundamentos, guardando silencio sobre las inconsistencias denunciadas por el deudor hipotecario, quien enf\u00e1ticamente ven\u00eda recalcando, entre otras cuestiones, que la experticia presentada por su contraparte (en la que se avalu\u00f3 el inmueble en menos del 50% del valor calculado inicialmente) se elabor\u00f3 sin siquiera haber ingresado a la heredad. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n no vari\u00f3 sustancialmente con motivo del recurso de reposici\u00f3n que el ejecutado present\u00f3 frente al auto aprobatorio del dictamen, pues en dicha oportunidad la labor argumentativa del juzgador de conocimiento nuevamente se circunscribi\u00f3 a citar las normas que regulan la materia; reprochar que el ejecutado no hubiera aportado un aval\u00fao que contradijera los fundamentos de la experticia de su contendor y cotejar muy someramente el contenido de esta \u00faltima probanza con un informe t\u00e9cnico que se hab\u00eda recaudado en el a\u00f1o 2018, el cual, dada su antig\u00fcedad, no era apto para reflejar la situaci\u00f3n actual de la heredad. <\/p>\n
Cabe agregar que ni siquiera el eventual silencio del ejecutado frente a la pericia de actualizaci\u00f3n que present\u00f3 su contraparte (o la ausencia de un contra dictamen) habilitaba al despacho cognoscente para acoger -sin mayores miramientos- las conclusiones vertidas en el informe t\u00e9cnico que se le present\u00f3, pues incluso en tal supuesto estaba obligado, no solo a estudiar concienzudamente el m\u00e9rito cient\u00edfico y probatorio de ese elemento de juicio, sino a exteriorizar las razones que lo llevaban a acoger, o desestimar, su contenido. <\/p>\n
No en vano prev\u00e9 el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso que \u00abEl juez apreciar\u00e1 el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb, a lo que agrega el canon 279 de esa misma codificaci\u00f3n que \u00aba excepci\u00f3n de los autos que se limiten a disponer un tr\u00e1mite, las providencias ser\u00e1n motivadas de manera breve y precisa\u00bb. <\/p>\n
Sobre este mismo particular, el precedente de la Sala ense\u00f1a que \u00abuno de los requisitos sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esa condici\u00f3n, dentro de la autonom\u00eda que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeci\u00f3n de las partes en el traslado correspondiente\u00bb (CSJ SC 2 ago., 2006, exp. 6192, entre otras). <\/p>\n
Como los aspectos expuestos en precedencia no fueron debidamente valorados por el funcionario accionado, resulta patente la trasgresi\u00f3n del derecho a un debido proceso del actor y el consecuente acierto del fallo de tutela de primera instancia. Ciertamente, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, resulta necesario invalidar la providencia atacada, para que el juez de conocimiento analice nuevamente todas las aristas con las que cuenta para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Resta anotar que tampoco es viable disponer las precisiones que reclam\u00f3 el impugnante en cuanto a la forma en que dicho fallador debe dar cumplimiento a la orden de tutela, puesto que es puntualmente a ese juzgador a quien corresponde establecer, con detenimiento y a la luz de los elementos de juicio que tenga en su poder, la necesidad de recaudar una nueva probanza o simplemente emitir una nueva providencia; labor que tampoco se estima necesario apremiar, por cuanto el sistema de consulta digital de la Rama Judicial evidencia que por auto del pasado 1\u00ba de diciembre, el convocado ya adopt\u00f3 las determinaciones que estim\u00f3 necesarias para continuar con la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la sentencia objeto de censura, por no encontrarse de recibo las argumentaciones que en su contra esgrimi\u00f3 el impugnante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16689-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16689-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00325-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. A trav\u00e9s de mandataria judicial, el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69784","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69784\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}