STC16693-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16693-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2022-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que desestim\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Bayardo Alveiro Portilla Hermoso, \u00c1lvaro Javier Herrera Rosero, James Rubiel Rosas Obando y Graciela Benavides \u00c1lvarez en contra de los Juzgados Promiscuo del Circuito de y Segundo Promiscuo Municipal de Samaniego. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes dentro del proceso 2019-00053. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado, procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En escrito radicado en agosto del 2019, Lorena Alicia Alominia instaur\u00f3 demanda en contra de Bayardo Albeiro Portilla, \u00c1lvaro Javier Herrera, James Rosas Obando, Col\u00f3n Pantoja y Mar\u00eda Zoila Imbaqu\u00ed Ch\u00e1vez1, con el fin de obtener la reivindicaci\u00f3n de un lote de terreno ubicado en el per\u00edmetro urbano del municipio de Samaniego (Nari\u00f1o), junto con las construcciones en \u00e9l levantadas, y que se condenara a los accionados a restituir los frutos civiles que dicho bien produjo, los que tas\u00f3 en $25.181.4812. <\/p>\n
2.2. En auto de 29 de agosto de 2019, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego rechaz\u00f3 la demanda y la remiti\u00f3 a los juzgados promiscuos municipales de la misma ciudad. Lo anterior, habida cuenta que el aval\u00fao catastral del bien vindicado, para esa anualidad (2019), ascend\u00eda al monto de $29.312.000 y, por tanto, era un asunto de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb3. <\/p>\n
2.3. Surtidas algunas actuaciones, el 23 de septiembre siguiente, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Samaniego admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda4. <\/p>\n
2.4. Los demandados, a trav\u00e9s de apoderado, contestaron el libelo y se opusieron a lo pretendido; y, algunos de ellos, plantearon diversas excepciones (\u00abprescripci\u00f3n ex[tintiva] de dominio\u00bb y la \u00abinnominada\u00bb) y objetaron la estimaci\u00f3n de los frutos, hecha por la demandante5. <\/p>\n
2.5. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, mediante sentencia de 22 de marzo de 2022, el Juzgado de primera instancia accedi\u00f3 a lo pretendido, orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien, conden\u00f3 en frutos a los demandados por la suma global de $60.339.8746 y fij\u00f3, como agencias en derecho a cargo de \u00e9stos, $25.597.638. <\/p>\n
2.6. El 26 de agosto de los cursantes, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los accionados, confirm\u00f3 lo pertinente a la restituci\u00f3n del inmueble a la actora y modific\u00f3 la condena por frutos, que redujo a $41.802.424, y las agencias en derecho, disminuidas a $12.798.8197. <\/p>\n
3. Los gestores cuestionan lo decidido en las sentencias de ambas instancias, porque: i) la demanda fue mal planteada, pues -all\u00ed y en el escrito por el cual se contestaron las excepciones de m\u00e9rito propuestas- se adujo que los demandados eran tenedores y no poseedores, sumado a que no se individualizaron los lotes ocupados por cada uno de los accionados sino que se pretendi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n de un todo, aspectos ambos que conduc\u00edan a que la acci\u00f3n real deducida no pudiese prosperar; ii) a pesar de haberse objetado, conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, los frutos estimados bajo juramento, \u00abla parte demandante no solicit\u00f3 ni aport[\u00f3] pruebas como lo dispone esta norma\u00bb, cuesti\u00f3n \u00e9sta que no pod\u00eda ser suplida a trav\u00e9s de pruebas de oficio; iii) las agencias en derecho se fijaron \u00abexageradamente altas\u00bb, ya que la manera de determinarlas era de acuerdo con el valor del aval\u00fao catastral, aunado a que se violent\u00f3 el art\u00edculo 281 del Estatuto Adjetivo en lo Civil, porque en la demanda se hizo una estimaci\u00f3n de frutos, \u00absin embargo, en la sentencia se condena a los demandados a pagar unos frutos muy superiores a los estimados en la demanda\u00bb; iv) se aplic\u00f3 indebidamente el precepto 169 ibidem, en tanto \u00aben la inspecci\u00f3n judicial s[\u00ed] se verific\u00f3 que ning\u00fan demandado estaba en posesi\u00f3n del lote descrito en la pretensi\u00f3n de la demanda\u00bb; y v) se infringieron los art\u00edculos 392 y 393 del mismo compendio, en atenci\u00f3n a que si el proceso era de m\u00ednima cuant\u00eda debi\u00f3 adelantarse, ante el juez de primer grado, una sola audiencia, no dos. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, solicitan que se dejen sin efectos los fallos proferidos por los juzgados criticados. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Samaniego sostuvo que el auxilio no reun\u00eda el presupuesto de la inmediatez en relaci\u00f3n con el supuesto error de haberse tramitado el juicio como de menor cuant\u00eda siendo de m\u00ednima, pues la demanda fue admitida en 2019; adem\u00e1s, que se realiz\u00f3 la audiencia estipulada en el art\u00edculo 372 C\u00f3digo General del Proceso y se ejecut\u00f3 el \u00abcorrespondiente control de legalidad\u00bb, sin que los interesados alegaran dicho vicio, con lo cual aceptaron \u00abel tr\u00e1mite de doble instancia del proceso verbal de menor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n, destacando que el propio mandatario judicial de los accionantes, al momento de contestar la demanda, manifest\u00f3 que sus apoderados eran poseedores del inmueble a restituir y que, en el tr\u00e1mite, \u00abse llevaron a cabo actuaciones encaminadas a establecer dicha condici\u00f3n [la de poseedores]\u00bb, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda aducirse que esa calidad no estaba probada. <\/p>\n
Frente a la tasaci\u00f3n de las agencias en derecho, indic\u00f3 que no hab\u00eda yerro alguno, pues se siguieron los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En cuanto a la irregularidad por la indebida tramitaci\u00f3n impartida al asunto, en atenci\u00f3n a su cuant\u00eda, sostuvo que nada se expuso en las oportunidades pertinentes y que, en todo caso, ello pod\u00eda ser discutido el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Lorena Alicia Alominia asever\u00f3 que las decisiones censuradas se apegaron a lo probado y se ci\u00f1eron a la normatividad aplicable. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo propuesto frente a algunos aspectos y lo neg\u00f3 respecto de otros. <\/p>\n
En primer lugar, sobre la supuesta indebida tramitaci\u00f3n dada al proceso por causa de la cuant\u00eda, asever\u00f3 que los gestores debieron poner de presente esa irregularidad en los momentos procesales correspondientes, cosa que no hicieron, aunado a que esa falencia no era causal de nulidad. <\/p>\n
De otro lado, frente a los supuestos vicios de la sentencia, relacionados con los presupuestos de \u00e9xito de la acci\u00f3n reivindicatoria deducida y la condena que all\u00ed se impuso en lo que ata\u00f1\u00eda a las agencias en derecho, sostuvo que la providencia de segunda instancia no conten\u00eda un yerro ostensible que posibilitara la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Tampoco encontr\u00f3 subvertido el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto esa norma -afirm\u00f3- permit\u00eda condenar por sumas superiores a las inicialmente estimadas cuando existiere oposici\u00f3n, cosa que en el caso se verific\u00f3, por lo cual no se desconoci\u00f3 el principio de la congruencia previsto en el art\u00edculo 281 ibidem. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes. En lo medular, insistieron en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se dejen sin efectos los fallos dictados en ambas instancias por los juzgadores censurados. <\/p>\n
2. La Corte ratificar\u00e1 lo resuelto por el juzgador constitucional de primer nivel, por las siguientes razones: <\/p>\n
2.1. En lo concerniente a la indebida tramitaci\u00f3n que -supuestamente- se le imprimi\u00f3 al asunto criticado, revisadas las piezas procesales allegadas se evidencia que los gestores dejaron pasar las oportunidades que ten\u00edan para poner ello de presente a los falladores cuestionados. Tales omisiones imposibilitan acudir a esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Al respecto, esta Corte ha puntualizado que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (CSJ STC122-2020, CSJ STC820-2020 y CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
2.2. Por su parte, en el fallo de 26 de agosto de 2022, dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego, sobre el que esta Sala centrar\u00e1 su estudio por cuanto fue a trav\u00e9s de \u00e9l que se zanj\u00f3 de manera definitiva la controversia, en torno a la viabilidad de la acci\u00f3n reivindicatoria deducida por Lorena Alicia Alominia, dicho estrado razon\u00f3: <\/p>\n
Sobre el segundo reparo, que consiste en determinar si se acreditaron legalmente el cumplimiento de los requisitos para que prospere la acci\u00f3n reivindicatoria, particularmente sobre la identidad entre lo pretendido por la demanda y lo pose\u00eddo por los demandados, y la condici\u00f3n de ocupantes o poseedores de los demandados, con relaci\u00f3n al inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n, tenemos que el apelante afirma que la doctrina y la jurisprudencia nacional han establecido requisitos para que proceda una acci\u00f3n reivindicatoria, estos son: <\/p>\n
– Derecho de propiedad en cabeza del demandante. <\/p>\n
– Condici\u00f3n de poseedor del demandado. <\/p>\n
– Identidad entre lo pose\u00eddo por el demandado y lo pretendido por el demandante. <\/p>\n
– Que se trate de cosa singular o cuota proindiviso de cosa singular. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que la acci\u00f3n reivindicatoria es la protectora el derecho de dominio; entendida esta como la acci\u00f3n que puede ejercitar el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, cuando \u00e9ste \u00faltimo aparece desprovisto de t\u00edtulo jur\u00eddico que justifique dicha posesi\u00f3n, por tanto dicha acci\u00f3n de dominio es la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular de la que no est\u00e1 en posesi\u00f3n para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil (\u2026). <\/p>\n
Deteni\u00e9ndose, en primer t\u00e9rmino, en el requisito alusivo a la identidad entre lo pose\u00eddo por los convocados y lo pretendido por la demandante, precis\u00f3: <\/p>\n
se tiene que con base a lo expresado por el apelante de que no se cumple el requisito de establecer la identidad entre lo pose\u00eddo por los demandados y lo pretendido por la demandante, aduciendo que estos no hacen posesi\u00f3n del predio descrito, porque el se\u00f1or Fabio Melo, esposo de la demandada ocupa parte del predio por lo que los demandados no ocupan el predio en toda su extensi\u00f3n, y la demanda no tiene esas especificaciones, por lo que afirma que no existe una identidad entre lo pose\u00eddo por el demandado y lo pretendido por el demandante, y que no es posible ordenarles a los demandados restituir el lote de terreno como el descrito en la demanda, pues no ser\u00eda posible para ellos hacerlo. <\/p>\n
En ese sentido, reprocha este Estrado Judicial la actitud del togado de la parte demandada, pues lo que pretende la se\u00f1ora demandante es la reivindicaci\u00f3n de las partes del predio pose\u00eddas por los demandados, y como se pudo constatar en la inspecci\u00f3n judicial realizada el d\u00eda 6 de agosto de 2019, \u00e9sta fue realizada en el mismo predio descrito en la demanda, por lo que no es cierto lo argumentado por los accionados, en el entendido que en caso de prosperar esta acci\u00f3n para estos le es imposible entregar el bien descrito. Luego entonces, si se llega a ordenar la reivindicaci\u00f3n perfectamente pueden dejar de poseer lo que es por ellos pose\u00eddo, y la demandante tendr\u00eda la totalidad del bien, como quiera que la parte que posee su nombrado c\u00f3nyuge, este la tiene por la autorizaci\u00f3n de la propietaria del inmueble, y los demandados poseen partes del predio debidamente identificado e individualizado en la demanda, como se confirm\u00f3 o verifico con el dictamen pericial (levantamiento topogr\u00e1fico y plan\u00edmetro), y como lo dio a conocer el perito Jos\u00e9 Luis Montero; en concordancia con lo afirmado por la parte actora; inmueble que se encuentra particularmente determinado y el t\u00edtulo de dominio que se invoca abarca la totalidad del mismo, o si se quiere o mejor, si se trata de cuota de la cosa singular, dicho t\u00edtulo escriturario comprende la plenitud de la cuota o cuotas que reivindica, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Acerca, de la identidad del predio a reivindicar, no basta para tal fin o para satisfacer tal elemento que \u00fanicamente deba constar el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n con su correspondiente registro, el Alto Tribunal de la Justicia Ordinaria desde 1918 reitera: que \u201ctrat\u00e1ndose de fincas ra\u00edces es preciso que el demandante exprese \u00edntegramente los linderos de la cosa que pretende reivindicar, porque si omite algunos, la finca no queda individualizada o determinada\u201d. En el mismo sentido, expuso en el a\u00f1o 1923: \u201cLa determinaci\u00f3n de la finca ra\u00edz que se reivindica no puede hacerse sino por el se\u00f1alamiento de sus linderos; y cuando ella hace parte de un globo mayor de tierra cuyos linderos se expresan, no basta decir que la primera est\u00e1 comprendida dentro de los l\u00edmites de la segunda, sino que es preciso determinarla se\u00f1al\u00e1ndole delimitaci\u00f3n especial\u201d. La exigencia fue reiterada en forma puntual en 1924, al sostener que: \u201cLa Corte tiene establecida la doctrina de que quien intenta reivindicar una finca ra\u00edz, debe determinarla con sus linderos, y no le basta indicar que ella est\u00e1 comprendida en otra o que hace parte integrante de esta\u201d. En 1925, a\u00f1adi\u00f3: \u201cEs doctrina constante de la Corte, que no tiene valor probatorio una escritura p\u00fablica de transmisi\u00f3n del dominio de un inmueble (finca ra\u00edz) si no est\u00e1 singularizado por medio de los correspondientes linderos\u201d. Finalmente, en enero de 2017 puntualiz\u00f3 que: \u201c[l]a identidad del predio a reivindicar y el pose\u00eddo por el reinvidicante viene demostrada con el t\u00edtulo y modo referido, en este caso la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n y el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, la inspecci\u00f3n judicial, el dictamen pericial y las pruebas documentales aportadas. El predio se debe individualizar por la ubicaci\u00f3n, extensi\u00f3n y linderos en la inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial que se allegue, como el bien descrito en el t\u00edtulo del que se deriva el derecho de dominio invocado, en la porci\u00f3n del predio se\u00f1alada (\u2026)\u201d. No basta, por tanto, una identificaci\u00f3n puramente documental, sino que se precisa que esa descripci\u00f3n coincida con la realidad f\u00edsica del objeto reclamado, como sucede o acontece en este caso. <\/p>\n
Pas\u00f3 luego a referirse a la calidad de poseedores de los interpelados, cuesti\u00f3n que defini\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
Por otro lado, alega el apelante \u00fanico que la condici\u00f3n de poseedor de los demandados no fue probada por el demandante, y que los demandados ingresaron al predio como comodatarios, y que si bien en un principio excepcion\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por haber pose\u00eddo el bien inmueble por un t\u00e9rmino superior al se\u00f1alado en la ley para usucapir, esto no resulta cierto porque para el momento no contaba con suficiente conocimiento sobre el caso para poder llegar a la conclusi\u00f3n de ser comodatarios y no poseedores. Sobre este asunto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n (CSJ SC 003 de 14 de marzo de 1997, reiterada en SC 14 diciembre de 2000 y SC 12 de diciembre de 2001, entre otras)\u201d. <\/p>\n
Tenemos que, si en un principio hubo discordia entre las partes sobre el tiempo de posesi\u00f3n, pues los demandados aseguraban ser poseedores anteriormente a la fecha en que la demandante fue propietaria y esta aseguraba que eran poseedores desde el momento que el bien inmueble se transfiri\u00f3 a ella, esto qued\u00f3 zanjado en primera instancia, y no es objeto de discusi\u00f3n, cuando se determin\u00f3 que CISA S.A., como propietaria del inmueble objeto de litigio, y antes de esta de otras entidades p\u00fablicas o estatales; as\u00ed esta sea una sociedad de econom\u00eda mixta y su marco de regulaci\u00f3n sea el derecho privado, los demandados eran poseedores con anterioridad a la transferencia del derecho de dominio a la se\u00f1ora LORENA ALICIA ALOM\u00cdA; sin lugar a que prosperara la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio, por no cumplir con las cargas estipuladas en la ley para tal fin. Sin embargo, para el momento de formular la demanda y la contestaci\u00f3n de la misma, ya exist\u00eda un acuerdo de los demandados de ostentar la condici\u00f3n de poseedores, por lo que resulta sorpresivo y reprochable para esta Judicatura el cambio de denominaci\u00f3n que han tomado los demandados o el apoderado de \u00e9stos, situaci\u00f3n que por lo menos resulta incongruente, inoportuna e incoherente. <\/p>\n
Sobre la discusi\u00f3n en torno a si los demandados pose\u00edan cosas singulares o de otra \u00edndole, consider\u00f3: <\/p>\n
que tampoco es procedente, toda vez que la Sala Civil Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC del 13 de octubre de 2011, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cCabe se\u00f1alar que no pierde la condici\u00f3n de ser cosa singular el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n por el hecho de que se haya especificado en la demanda un predio, y luego demuestre que el dominio o la posesi\u00f3n recae sobre una porci\u00f3n menor del mismo, pues \u00e9sta se impregna de esa misma caracter\u00edstica, claro est\u00e1 hall\u00e1ndose perfectamente determinada como parte integrante del bien disputado.\u201d <\/p>\n
En ese sentido, no resulta violatorio del principio de congruencia las divisiones hechas al interior del predio para ordenar la reivindicaci\u00f3n, toda vez que \u00e9stas partes estaban siendo pose\u00eddas, si bien es cierto no en la totalidad del predio, si estaban dentro de ese predio descrito en la demanda. <\/p>\n
En lo concerniente a la tasaci\u00f3n de las agencias en derecho, que cifr\u00f3 -iterase- en el monto de $12.798.819, el juez del circuito querellado razon\u00f3: <\/p>\n
Respecto a la desproporci\u00f3n de la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, el togado de los demandados le asiste la raz\u00f3n en su reproche, como quiera que las mismas fueron tasadas exageradamente por la Juez A quo; las mismas que debieron tasarse conforme lo prev\u00e9 el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, aplicando espec\u00edficamente los art\u00edculos 2 y 5, que disponen que las citadas tarifas en los procesos de primera instancia en procesos declarativos (verbales), se los debe tasar por la cuant\u00eda, y cuando en la demanda se formules pretensiones de contenido pecuniario, de menor cuant\u00eda, entre el 4% y 10% de la pedido; que conforme a la naturaleza, la calidad y duraci\u00f3n realizada por el apoderado de la demandante, ser\u00e1 la m\u00ednima; esto el 4% de lo pedido en la demanda, pedido que comprende la suma de $319.970.481. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la supuesta incongruencia configurada, seg\u00fan los censores, al conden\u00e1rseles por una suma superior a la razonada bajo la gravedad de juramento en la demanda, advirti\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los argumentos expuestos al respecto por la parte promotora del amparo tutelar, en contra de la determinaci\u00f3n adoptada, se fundamentan en una interpretaci\u00f3n incorrecta del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, en la medida que dicha norma reguladora del juramento estimatorio, indica que \u00e9ste es prueba del monto de los frutos reclamados mientras su cuant\u00eda no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo, agregando m\u00e1s adelante que el Juez no puede reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. <\/p>\n
Es decir, que cuando la parte contraria objete el juramento probatorio, el juzgador del conocimiento puede condenar por suma superior, en la medida en que queden demostrados los frutos o perjuicios, tal como sucedi\u00f3 en el asunto bajo an\u00e1lisis pues existi\u00f3 controversia respecto del monto de los frutos estimados, y se practic\u00f3 al interior del plenario la respectiva prueba que result\u00f3, por dem\u00e1s, conducente, pertinente y \u00fatil, para su acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Como las conclusiones a las cuales arrib\u00f3, con independencia de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias o totalmente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto a ellas el fallador criticado lleg\u00f3 luego de realizar una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas arrimadas al plenario y de la normatividad llamada a regir el caso, la tutela frente a este aspecto no puede prosperar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden8. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Posteriormente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 4 de febrero de 2020, se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la se\u00f1ora Graciela Benavides \u00c1lvarez (fl. 195, archivo digital \u00ab01ExpedientePrimeraParte.pdf\u00bb). <\/p>\n
2\u0002 Fls. 3-9, archivo digital \u00ab01ExpedientePrimeraParte.pdf\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Fls. 126-127, archivo digital \u00ab01ExpedientePrimeraParte.pdf\u00bb <\/p>\n
4\u0002 Fls. 148-160, archivo digital \u00ab01ExpedientePrimeraParte.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 158-161, 197-201, 208-212, archivo digital \u00ab01ExpedientePrimeraParte.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Fls. 79-92, archivo digital \u00ab02ExpedienteSegundaParte.pdf\u00bb <\/p>\n
7\u0002 Archivo digital \u00ab09Fallo2instancia26agosto2022.pdf\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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STC16693-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16693-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2022-00094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69787","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69787\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}