STC16698-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16698-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02116-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular las partes del proceso de radicado 89820. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Fredys Enrique Vanegas Echavarr\u00eda instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la UGPP, para que le fuese reconocida y pagada la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998 -1999 de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero a partir del 21 de octubre de 2013 y las dos mesadas adicionales debidamente indexadas. <\/p>\n
2.2. El 10 de marzo de 2020, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 a la accionada a pagar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada y, en adelante, 14 mesadas al a\u00f1o y con los respectivos reajustes legales. Igualmente, declar\u00f3 la compartibilidad pensional entre la pensi\u00f3n que percibe el demandante de Colpensiones y la prestaci\u00f3n concedida. <\/p>\n
2.3. El 31 de julio de 2020, la Sala Laboral de Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adicion\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, para concretar que \u00abel mayor valor a pagar por la UGPP para la anualidad 2015, asciende a $879.163\u00bb y condenar \u00abal pago del retroactivo pensional debidamente indexado al momento de su cancelaci\u00f3n efectiva\u00bb, confirmando la decisi\u00f3n en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.4. El 3 de mayo de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que en el asunto se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, toda vez que se interpret\u00f3 erradamente que \u00abla edad es un requisito de exigibilidad m\u00e1s no de causaci\u00f3n (\u2026) para conferir un derecho con posterioridad a la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva, esto es al 31 de julio de 2010\u00bb, configur\u00e1ndose con ello un \u00ababuso del derecho\u00bb y \u00abfraude a la ley\u00bb, as\u00ed como por ordenar el pago de la mesada catorce sin tener en cuenta que no se cumplieron los requisitos de edad y tiempo antes de la fecha indicada, todo lo cual afect\u00f3 el erario p\u00fablico. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efectos las decisiones emitidas en el proceso laboral censurado y se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n 4 Laboral convocada, dictar una nueva providencia, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspendan las providencias atacadas hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada manifest\u00f3 que su determinaci\u00f3n se ajust\u00f3 a derecho y se justific\u00f3 razonadamente en los precedentes aplicables de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
2. Quien adujo ser la apoderada del se\u00f1or Fredys Enrique Vanegas Echavarr\u00eda, pidi\u00f3 negar el amparo, al estimar que \u00ablo decidido descansa sobre criterios de interpretaci\u00f3n razonables y es fruto de un serio y completo an\u00e1lisis frente a la situaci\u00f3n evaluada en ese momento\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del amparo, dado que no se hab\u00eda agotado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, aunado a que no evidenci\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, conforme a sus caracter\u00edsticas de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad, que permita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la entidad accionante, reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 3 de mayo de 2022, que defini\u00f3, en \u00faltimas, el proceso ordinario laboral promovido contra la UGPP. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la UGPP, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que no era motivo de controversia que el se\u00f1or Vanegas Echavarr\u00eda: i) naci\u00f3 el 21 de octubre de 1958, por lo que \u00abarrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2013\u00bb; ii) prest\u00f3 sus servicios a la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero desde \u00abel 1.\u00b0 de junio de 1979 hasta el 27 de junio de 1999, esto es, por m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb; iii) era \u00abbeneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la organizaci\u00f3n sindical y la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero\u00bb; y iv) el 12 de junio de 2018 elev\u00f3 solicitud pensional ante la UGPP. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a referir lo planteado por la recurrente, en cuanto a que era indispensable para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n reclamada por el se\u00f1or Vanegas Echavarr\u00eda que este arribara a la edad pensional establecida en el art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 en vigencia de dicho instrumento extralegal o antes del 31 de julio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 001 de 2005. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en sentencia CSJ SL526-2018, reiterado en la providencia CSJ SL3438-2021, en la cual, al resolver un asunto similar, indic\u00f3: <\/p>\n
[…] para la Sala fluye indubitable que la redacci\u00f3n del art\u00edculo 41 convencional en estudio, particularmente en su Par\u00e1grafo 1o, desde su vista gramatical, sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica o final\u00edstica no tiene m\u00e1s que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de marras perdieron la condici\u00f3n de trabajadores activos; 2) que para la estructuraci\u00f3n del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) a\u00f1os de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestaci\u00f3n se producirse cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) a\u00f1os, si se es mujer, y de cincuenta (55) a\u00f1os, si se es hombre. <\/p>\n
Esto \u00faltimo habr\u00e1 de resaltarse por constituir el meollo del asunto, ya que, en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acord\u00f3 en la aludida disposici\u00f3n como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuraci\u00f3n del derecho sino apenas como una condici\u00f3n para su exigibilidad, goce o disfrute\u2026 <\/p>\n
No ocurre lo mismo, entiende la Corte, cuando la prestaci\u00f3n pensional se extiende expresamente a ex trabajadores de la empresa, pues en tal caso, la edad establecida para el acceso a la pensi\u00f3n no est\u00e1 atada a una relaci\u00f3n laboral o v\u00ednculo jur\u00eddico vigente, sino todo lo contrario, a una situaci\u00f3n personal o individual, por tanto no puede ser vista como un requisito de estructuraci\u00f3n o conformaci\u00f3n del derecho, sino simplemente como una condici\u00f3n de su exigibilidad, goce o disfrute. <\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensi\u00f3n as\u00ed prevista se reducen a dos: la prestaci\u00f3n de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 a\u00f1os, y la desvinculaci\u00f3n del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condici\u00f3n personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, la edad considerada en la estipulaci\u00f3n convencional fluye indiferente a la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, por exigir \u00e9sta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, \u00e9ste hubiere perdido la condici\u00f3n de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposici\u00f3n convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuraci\u00f3n del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute\u2026 <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n entiende la Corte, en segundo t\u00e9rmino, que el aludido Par\u00e1grafo 1o previ\u00f3 el derecho pensional a favor de quienes habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio m\u00ednimo de servicio pero no arribaron a cierta edad en su vigencia, porque, precisamente, a quienes les exigi\u00f3 tal condici\u00f3n pensional se refiri\u00f3 paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuraci\u00f3n del derecho -pues no lo pod\u00edan cumplir en ese tiempo-, sino apenas de su disfrute. <\/p>\n
Con base en esa postura, la Sala de Descongesti\u00f3n analiz\u00f3 el alcance de la norma convencional en la que se sustentaba la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada por el se\u00f1or Vanegas Echavarr\u00eda, es decir, el art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n 1998-1999, y concluy\u00f3 que no hubo yerro en la interpretaci\u00f3n de esa normativa ni en el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal. <\/p>\n
Tampoco encontr\u00f3 error alguno al disponer el pago de la mesada catorce, toda vez que el derecho \u00abse caus\u00f3 cuando el trabajador complet\u00f3 veinte a\u00f1os de servicios, y ello ocurri\u00f3 antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, reforma constitucional que produjo efectos hacia el futuro, no retroactivos, y que expresamente reconoci\u00f3 que el Estado garantizar\u00eda los derechos adquiridos\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que el se\u00f1or Vanegas Echavarr\u00eda hab\u00eda superado los 20 a\u00f1os de servicios y que, contrario a lo sostenido por la censora, la edad era un requisito de exigibilidad para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada, pues as\u00ed se pact\u00f3 en la respectiva convenci\u00f3n colectiva, raz\u00f3n por la cual el dercho adquirido no se ve\u00eda afectado por los l\u00edmites previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005; aunado a que, al haber obtenido el tiempo de servicios antes de dicha normativa y, por tanto, causar la prestaci\u00f3n referida, era procedente el reconocimiento de la mesada catorce. <\/p>\n
4.2. De acuerdo con lo referido, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4.3. Igualmente, resulta necesario se\u00f1alar que no puede el juez de tutela suspender una decisi\u00f3n adoptada en el marco de un proceso judicial mientras se acude a otras instancias, como se pretende, pues ello ir\u00eda en detrimento del derecho al debido proceso de quienes en \u00e9l intervinieron, lo cual torna improcedente la protecci\u00f3n constitucional, dado que la parte actora cuenta con otro medio de defensa para exponer sus reproches frente a la decisi\u00f3n censurada, la cual, al contar con suficiente sustento normativo y jurisprudencial, no genera el perjuicio irremediable alegado, que habilite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se mantendr\u00e1 el fallo refutado, en cuanto no accedi\u00f3 al amparo, por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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