STC16715-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16715-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01632-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al Juzgado 23 Laboral del Circuito de la misma ciudad, al se\u00f1or Mauricio Alfredo Ospino Murillo y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 2015-00273. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Mauricio Alfredo Ospino Murillo instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por despido sin justa causa prevista en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario \u2013IDEMA\u2013 y la organizaci\u00f3n sindical SINTRAIDEMA. <\/p>\n
2.2. El 5 de abril de 2017, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, conden\u00f3 a la accionada a pagar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada y declar\u00f3 que dicha prestaci\u00f3n \u00abser\u00eda compartida con la de vejez que eventualmente le concediera Colpensiones, momento a partir del cual la demandada asumir\u00eda el mayor valor\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 28 de mayo de 2019, la Sala Laboral de Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y absolvi\u00f3 a la entidad demandada. <\/p>\n
2.4. El 21 de febrero de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por el se\u00f1or Ospino Murillo y cas\u00f3 la sentencia atacada; en consecuencia, modific\u00f3 la providencia de primera instancia en cuanto al valor inicial de la mesada pensional, revoc\u00f3 lo pertinente a la pretensi\u00f3n de pago de intereses moratorios y la conden\u00f3 a reconocer las sumas ordenadas en forma indexada. <\/p>\n
En ese sentido, resalt\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues los 10 a\u00f1os de servicios prestados no fueron como trabajador oficial, dado que durante un periodo fue servidor p\u00fablico y, por tanto, no acredit\u00f3 el tiempo exigido, sumado a que se desconoci\u00f3 el l\u00edmite temporal previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz para finalizar el perjuicio irremediable que se genera por el pago de la mesada ordenada, m\u00e1xime que, acorde con lo previsto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017 era procedente flexibilizar el requisito de subsidiariedad, porque en el asunto se evidenciaba un abuso del derecho frente al reconocimiento pensional otorgado. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la sentencia emitida el 21 de febrero de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral y se ordene dictar una nueva providencia, en la cual se confirme la decisi\u00f3n de segunda instancia emitida por el Tribunal. <\/p>\n
Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspenda la providencia atacada hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA1 <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se aten\u00eda a las razones que fundamentaron la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 en su momento. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, dado que la autoridad convocada no incurri\u00f3 en los alegados defectos f\u00e1ctico y sustantivo, pues su determinaci\u00f3n se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas que se recaudaron y que le permitieron reconocer el derecho a la pensi\u00f3n convencional. Destac\u00f3 que \u00abno satisfizo el principio de subsidiariedad\u00bb, pues la entidad puede acudir al recurso de revisi\u00f3n, y agreg\u00f3 que no se evidenci\u00f3 que la prestaci\u00f3n social declarada hubiera sido concedida con abuso del derecho. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la entidad accionante, enfatizando en los argumentos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 21 de febrero de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, que cas\u00f3 el fallo dictado el 28 de mayo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Mauricio Alfredo Ospino Murillo, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia a la sentencia CSJ SL15605-2016, reiterada en la decisi\u00f3n CSJ SL2597-2018, de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en la cual, al resolver un asunto de similares caracter\u00edsticas en el que se analizaba el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1996-1998, expuso: <\/p>\n
para la Sala dicha cl\u00e1usula que alude a la pensi\u00f3n en caso de despido injusto, lleva a colegir que el \u00fanico entendimiento posible es que se causa o adquiere con los requisitos relativos a la prestaci\u00f3n de los servicios por m\u00e1s de diez o quince a\u00f1os y el despido sin justa causa, sin que exista un l\u00edmite en el tiempo para tener derecho a ese beneficio extralegal, de manera que cobija a los trabajadores que incluso superen los 20 a\u00f1os de trabajo, como ocurre en el caso que nos ocupa. <\/p>\n
Con base en ello, la Sala de Descongesti\u00f3n analiz\u00f3 el alcance de la norma convencional en la que se sustentaba la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, para establecer que la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible era que dicha prestaci\u00f3n se \u00abcausa con el requisito de la prestaci\u00f3n de los servicios y el retiro sin justa causa, de modo que el cumplimiento de la edad constituye, efectivamente, una mera condici\u00f3n para su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
3.2. Por lo anterior, cas\u00f3 el fallo del Tribunal y determin\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente, pues el beneficio se produjo con \u00abel despido sin justa causa y la prestaci\u00f3n del servicio [a la entidad] por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, los cuales acaecieron en el a\u00f1o de 1997, fecha para la cual no reg\u00eda el mencionado acto reformatorio y estaba vigente la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1996-1998\u00bb. <\/p>\n
No obstante, precis\u00f3 que s\u00ed existi\u00f3 equivocaci\u00f3n del juez de primera instancia en cuanto al hecho de no reconocer la prestaci\u00f3n con el 76% que se\u00f1alaba el par\u00e1grafo II del art\u00edculo 97 convencional, pues la prestaci\u00f3n all\u00ed consagrada debi\u00f3 ser analizada como \u00abun beneficio extralegal, producto de la negociaci\u00f3n colectiva, fruto de la voluntad y aceptaci\u00f3n de los protagonistas sociales\u00bb, no pudiendo ignorar lo all\u00ed convenido, ni hacer \u00abinterpretaciones forzadas en detrimento de los intereses del actor\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, al proferir la condena, se\u00f1al\u00f3 que solo establecer\u00eda las condiciones para su liquidaci\u00f3n, dado que el valor retroactivo pensional adeudado se alteraba por la compartibilidad de la pensi\u00f3n y, en esa medida, resalt\u00f3 que, en caso de existir, desde el reconocimiento de la prestaci\u00f3n legal de vejez, \u00abla convocada solo tendr\u00eda a cargo el mayor valor que resultara entre el valor de una mesada y otra, si lo hubiere\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, adujo que no debi\u00f3 condenarse al pago de intereses moratorios, dado que acorde al criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, fijado en sentencias CSJ SL16949-2016, CSJ SL9316-2016 y CSJ SL994-2018, es que trat\u00e1ndose de una prestaci\u00f3n pensional de origen extralegal estos no son procedentes, aunque las sumas reconocidas s\u00ed deb\u00edan ser indexadas, debido a la p\u00e9rdida del valor adquisitivo de las mismas. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por el casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que el se\u00f1or Ospino Murillo le endilgaba al Tribunal, toda vez que la pensi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 convencional se causaba con el cumplimiento del requisito de prestaci\u00f3n de servicios de \u00abm\u00e1s de diez (10) a\u00f1os y menos de quince (15), continuos o discontinuos en el IDEMA\u00bb, norma que, se destaca, se limita a indicar un t\u00e9rmino de servicios en la entidad sin calificar la condici\u00f3n, as\u00ed como por el retiro sin justa causa de quien, en ese momento, ostenta la calidad de trabajador oficial beneficiario de la convenci\u00f3n, como en efecto se verific\u00f3 en el asunto, de manera que, como ese t\u00e9rmino se cumpli\u00f3 antes de la vigencia del Acto Legislativo de 2005, el peticionario contaba con un derecho adquirido y, por tanto, el requisito de la edad era una mera condici\u00f3n para su exigibilidad y no para su causaci\u00f3n, como bien lo sostuvo la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en criterio fijado en las providencias CSJ SL15605- 2016 y CSJ SL2597-2018. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada. En ese orden, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4.3. Igualmente, resulta necesario se\u00f1alar que no puede el juez de tutela suspender una decisi\u00f3n adoptada en el marco de un proceso judicial mientras se acude a otras instancias, como se pretende, pues ello ir\u00eda en detrimento del derecho al debido proceso de quienes en \u00e9l intervinieron. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se mantendr\u00e1 el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan documento disponible en el archivo del expediente de primera instancia remitido a esta Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
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