STC16717-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16717-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00515-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que concedi\u00f3 el amparo peticionado por Yobelis Mares Fl\u00f3rez contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La aqu\u00ed gestora, Yobelys Mares Fl\u00f3rez, present\u00f3 demanda en contra del se\u00f1or Luis Alfredo Dunc\u00e1n Hern\u00e1ndez, solicitando que se fijara una cuota alimentaria en favor suyo y en contra del interpelado, con quien convivi\u00f3 -refiere-, en uni\u00f3n libre, por espacio de 19 a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. En auto de 7 de abril de los corrientes, el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla1 inadmiti\u00f3 el libelo, bajo dos argumentos: i) el poder adjuntado no satisfac\u00eda las exigencias previstas en el entonces vigente art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 2020; y ii) la demandante no acredit\u00f3 la calidad de compa\u00f1era permanente del convocado Dunc\u00e1n Hern\u00e1ndez, pues tal condici\u00f3n deb\u00eda probarse con una \u00absentencia judicial en firme o escritura p\u00fablica de la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb o con un acta de conciliaci\u00f3n expedida por entidad competente y no con una declaraci\u00f3n juramentada rendida ante notario. <\/p>\n
2.3. Como la segunda de las exigencias rese\u00f1adas no fue subsanada, mediante auto de 12 de mayo de los cursantes, se rechaz\u00f3 la demanda, prove\u00eddo que fue confirmado el 28 de junio posterior, en sede de reposici\u00f3n; en la misma providencia, el estrado accionado no concedi\u00f3, por improcedente, al tratarse de un asunto verbal sumario de \u00fanica instancia, la alzada interpuesta. <\/p>\n
3. La gestora cuestiona la actuaci\u00f3n relatada, en s\u00edntesis, porque considera que s\u00ed debi\u00f3 admitirse a tr\u00e1mite la demanda, pues satisfac\u00eda los requisitos de ley, y porque debi\u00f3 concederse la apelaci\u00f3n que formul\u00f3. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado pide, en concreto, que se conceda el recurso vertical que propuso. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado de Familia querellado hizo un recuento de su gesti\u00f3n y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo promovido, porque el requisito echado de menos, esto es, la demostraci\u00f3n de la calidad de compa\u00f1era permanente no estaba enlistado en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, luego, no era procedente exigirlo como presupuesto para admitir la demanda, ya que esa era una cuesti\u00f3n de fondo que deb\u00eda ser analizada en la decisi\u00f3n que zanjare la controversia. <\/p>\n
Con fundamento en lo narrado, le orden\u00f3 al querellado dejar sin efectos el auto por el cual rechaz\u00f3 la demanda promovida por la gestora y proveer nuevamente sobre ella. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el titular del despacho accionado, advirtiendo que, de conformidad con lo previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 82 y 5\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, se deb\u00eda verificar que quien formula la demanda est\u00e1 legitimado para ello, en consonancia con el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil y lo previsto en la Ley 54 de 1990 y 979 de 2005. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora cuestiona que se haya rechazado la demanda de alimentos por ella formulada y por ello pretende que se conceda, ante el superior, el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto de 12 de mayo de los cursantes. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n obedece a una respetable interpretaci\u00f3n de las normas aplicables, en particular, de los art\u00edculos 21.7, 390.2 y el par\u00e1grafo primero de esta \u00faltima disposici\u00f3n, todos del C\u00f3digo General del Proceso, que -en efecto- se\u00f1alan que los asuntos de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria se tramitan en \u00fanica instancia y, por tanto, contra las decisiones que en su trasegar se adopten no procede recurso de apelaci\u00f3n. Luego, la tutela frente a este reproche deviene inviable. <\/p>\n
3. En torno a la cuesti\u00f3n que est\u00e1 en disputa y que constituye el eje de la impugnaci\u00f3n planteada en relaci\u00f3n con el fallo constitucional de primer grado, esto es, la referida a que s\u00ed deb\u00eda acreditarse la calidad de compa\u00f1era permanente aludida por la accionante, como presupuesto para tramitarse la demanda -de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria- por ella promovida frente a Luis Alfredo Dunc\u00e1n Hern\u00e1ndez, el estrado accionado, en el auto de 12 de mayo de los cursantes, argument\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con lo dicho de la uni\u00f3n marital de hecho, si es evidente que nace en s\u00ed mismo por la voluntad de las partes, pero cabe aclarar que para lo pretendido en este proceso se necesita no solo demostrar la voluntad de las partes sino poder comprobarla mediante la prueba indicada enti\u00e9ndase acuerdo conciliatorio expedido por un centro de conciliaci\u00f3n, escritura p\u00fablica o sentencia judicial. <\/p>\n
Lo mencionado anteriormente porque dentro de los procesos de alimentos el juez debe auscultar (i) Vinculo o t\u00edtulo entre alimentante y alimentado, (ii) necesidad del alimentado y (iii) capacidad del alimentante; alej\u00e1ndonos de los otros requisitos nos enmarcamos en el primero de ellos para indicar que sin ese no es posible adelantar el tr\u00e1mite verbal sumario de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria. <\/p>\n
Aclarando que el (i) Vinculo o t\u00edtulo entre alimentante y alimentado, tiene procedencia en el estado civil de las personas que debe estar plasmado en el documento base o el que es prueba id\u00f3nea enti\u00e9ndase el Registro Civil de Nacimiento, sin esa prueba no es procedente revisar los otros dos requisitos; para culminar la idea explicativa de este auto se reitera que acuerdo conciliatorio expedido por un centro de conciliaci\u00f3n (sic), escritura p\u00fablica o sentencia judicial pueden modificar el Registro Civil de Nacimiento con la respectiva anotaci\u00f3n marginal. <\/p>\n
Para ratificar la anterior determinaci\u00f3n, el 28 de junio pasado, el Juzgado accionado precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) para estudiar estos procesos es necesario i) la necesidad del alimentario; ii) la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante; y iii) capacidad del alimentante (\u2026) (resaltado de la Sala) (CSJ. Civil, sentencia STC1314 de 7 de febrero de 2017, exp. 2016-00695-01). <\/p>\n
Dos de dichos requisitos se estudian en el fondo del asunto los que son el i) la necesidad del alimentario; y el iii) capacidad del alimentante; el otro ii) la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico, ya de afinidad, ora de consanguinidad o de naturaleza civil, para el caso de los adoptivos, o en las hip\u00f3tesis del donante; que se puede definir para los casos que estudiaremos como el titulo base para poder ejercer el derecho a recibir alimentos, que en nuestro estado colombiano es el registro civil de nacimiento. <\/p>\n
El art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 1970 elimin\u00f3 las pruebas complementarias, de modo que lo relativo a los estados civiles para hechos ocurridos con posterioridad a esta norma, pueden probarse exclusivamente con el registro civil, eliminado categ\u00f3ricamente la existencia entre principales y supletorias. (Sentencia STC 3474 de 2014) <\/p>\n
Se menciona esto, porque dentro del proceso de referencia se hace necesario el t\u00edtulo que es en s\u00ed mismo la prueba de la existencia de dicho vinculo, que para las uniones maritales de hecho serian una sentencia, conciliaci\u00f3n o en su defecto una escritura p\u00fablica donde se vislumbre la declaraci\u00f3n de dicha uni\u00f3n y que luego sea traslada al registro civil de nacimiento de la pareja. <\/p>\n
Se debe mencionar que con esta providencia no se est\u00e1 desconociendo los v\u00ednculos que nacen por solo de hecho de la convivencia, sino que para acceder a este tipo de derecho como el de recibir cuota alimentaria, esa convivencia debe estar reconocida legalmente con alguno de los procedimientos que se indicaron antes. <\/p>\n
3.1. Para la Sala, contrario a lo determinado por el tribunal constitucional de primer nivel, las resoluciones censuradas no resultan arbitrarias o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fueron proferidas despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y de la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la autoridad judicial accionada consider\u00f3 que la demanda -de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria contra mayor de edad- presentada por la tutelante no satisfac\u00eda los requisitos de ley, habida cuenta que deb\u00eda demostrar, por los medios de prueba que estim\u00f3 conducentes para ello (escritura p\u00fablica, acta de conciliaci\u00f3n o sentencia judicial) y no a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n jurada, que ella era la compa\u00f1era permanente del demandado, a quien pretend\u00eda se le gravara con una obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, independientemente de que la postura sea o no compartida, lo cierto es que a ella arrib\u00f3 el estrado recriminado despu\u00e9s de realizar un estudio de las actuaciones surtidas y de analizar, en forma motivada y razonada, la normatividad que regula el asunto, raz\u00f3n por la cual, aunque la tutelante no acepte ese criterio, no por esa causa puede el juez de tutela \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb2. En ese sentido, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, la Sala resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3 y, por tanto, la tutela propuesta carece de todo viso de prosperidad. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo reclamado por Yobelis Mares Fl\u00f3rez contra del Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00515-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los dem\u00e1s integrantes de la Corporaci\u00f3n salvo mi voto, porque difiero de la forma en que se abord\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado en la acci\u00f3n constitucional, as\u00ed como de los argumentos que soportan su soluci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo primero, a mi juicio, debido a la relevancia constitucional de la controversia, esto es, la limitaci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de una persona a prop\u00f3sito de la prueba de la calidad de compa\u00f1era permanente en que demand\u00f3, la Sala debi\u00f3 dilucidar de fondo el debate, definiendo con los argumentos de rigor por qu\u00e9 s\u00ed o por qu\u00e9 no quienes aducen esa condici\u00f3n para impulsar un litigio deben acreditarla mediante sentencia judicial, acta de conciliaci\u00f3n o escritura p\u00fablica en la que se haya declarado previamente la uni\u00f3n marital de hecho a que le pertenecen o pertenecieron. Con mayor raz\u00f3n, si el tema, debido a sus contornos, es de importancia para el pa\u00eds, sumado a que la jurisprudencia nacional al respecto no es uniforme. <\/p>\n
Respecto de lo segundo, estoy en desacuerdo con la tesis seg\u00fan la cual, la prueba de la calidad de compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente para demandar alimentos es solemne y, por ende, solo puede demostrarse a trav\u00e9s de los medios establecidos en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, esto es, sentencia judicial, acta de conciliaci\u00f3n y escritura p\u00fablica. Esa postura desconoce en primer lugar, el derecho a fundar una familia, y el deber constitucional de protegerla, con independencia de su origen jur\u00eddico o natural, ya que dichas garant\u00edas exigen que las autoridades judiciales le otorguen efectos a las uniones de hecho bajo las circunstancias en las que se forman, esto es, por los hechos, y no en virtud de un formalismo. En segunda medida, deja de lado que el estado civil derivado de esa calidad es de hecho y, por ende, no puede exigirse una formalidad para su acreditaci\u00f3n. En tercer lugar, no considera que el Decreto 1260 de 1970, que establece la solemnidad de la prueba del estado civil, ni el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990 no son \u00f3bice para llegar a dicha conclusi\u00f3n. Cuarto, olvida que la Corte Constitucional, mediante sentencia de constitucionalidad, estableci\u00f3 que hab\u00eda libertad probatoria para acreditar la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, salvo cuando se persigan los efectos asociados a la sociedad patrimonial. E igualmente, que otras Corporaciones reconocen derechos a quienes acreditan integrar una uni\u00f3n marital de hecho, no solo mediante los instrumentos consagrados en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990. Finalmente, no tiene en cuenta que, trat\u00e1ndose de alimentos entre compa\u00f1eros permanentes, no hay una norma que exija acreditar dicha calidad a trav\u00e9s de una solemnidad, y que lo que all\u00ed se reclama es la ayuda y socorro mutuo que surge de la existencia de la familia forjada en v\u00ednculos naturales. <\/p>\n
Con el fin de mostrar toda la problem\u00e1tica que hay detr\u00e1s del debate que suscita esta salvaguarda, y soportar las anteriores aserciones, consigno in extenso los razonamientos que plasm\u00e9 en la ponencia derrotada por la Sala mayoritaria. <\/p>\n
1.- Del derecho a fundar una familia y el deber constitucional de protegerla, con independencia de su origen jur\u00eddico o natural. <\/p>\n
Una de las manifestaciones del derecho a la libertad de una persona, es el de decidir compartir su plan de vida al lado de otra y fundar una familia. Esa posibilidad, como se desprende del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 19914, puede materializarse por v\u00ednculos jur\u00eddicos o naturales, por la decisi\u00f3n libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. <\/p>\n
Ocurre lo primero, cuando esa decisi\u00f3n se exterioriza a trav\u00e9s del contrato de matrimonio, mientras que en la segunda hip\u00f3tesis, ajena a cualquier formalidad, el consentimiento se concreta a en la ejecuci\u00f3n de ese proyecto de vida en com\u00fan, que el legislador ha denominado \u00abuni\u00f3n de marital de hecho\u00bb, y que se caracteriza por su singularidad, el prop\u00f3sito y el compromiso de un acompa\u00f1amiento permanente. <\/p>\n
Cualquiera que sea la opci\u00f3n elegida por el interesado, no solo debe ser respetada por el Estado, sino tambi\u00e9n protegida, al ser una expresi\u00f3n de su libertad, y dar origen a la familia, que es el \u00abgrupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros\u00bb5. <\/p>\n
Tal protecci\u00f3n debe dispensarse de forma igualitaria a ambos tipos de familia, en atenci\u00f3n a su \u00abidentidad sustancial\u00bb, sin perjuicio, claro de est\u00e1, de un eventual tratamiento diferencial, justificado en las particularidades de su formaci\u00f3n y efectos jur\u00eddicos6. Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata de dos opciones vitales igualmente protegidas por la constituci\u00f3n pero distinguibles en raz\u00f3n de su conformaci\u00f3n y efectos jur\u00eddicos. En estas condiciones, el trato diferenciado resulta no s\u00f3lo constitucional sino necesario, pues, una regulaci\u00f3n id\u00e9ntica, equivaldr\u00eda a desconocer las diferencias existentes entre las dos instituciones e incluso podr\u00eda implicar anular una de las dos opciones, constitucionalmente protegidas, con que cuentan los ciudadanos para conformar una familia. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, y pese a las diferencias anotadas, existe una equivalencia sustancial entre el matrimonio y la uni\u00f3n marital de hecho: las dos instituciones dan origen a una familia y, desde este punto de vista, merecen igual protecci\u00f3n constitucional\u00bb7 <\/p>\n
2.- Del estado civil, como instrumento para derivar derechos y obligaciones en virtud de la pertenencia a una familia. <\/p>\n
2.1. Uno de los mecanismos a trav\u00e9s de los cuales se concreta el deber del Estado de proteger la familia es el del estado civil, debido a que este le permite a las personas que pertenecen a ella reclamar derechos y obligaciones en virtud de dicha circunstancia. Por eso, el referido canon 42 constitucional establece que \u00ab[l]a ley determinar\u00e1 lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Desde esa perspectiva, n\u00f3tese c\u00f3mo, el precepto 1\u00b0 del Decreto 1260 de 1970, que es la normatividad que en la actualidad regula el estado civil de una persona, contempla que este es \u00abes su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad, determina su capacidad jur\u00eddica para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley (\u2026)\u00bb. Asimismo, el canon 5\u00b0 de ese mismo estatuto prescribe que \u00abel estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que los determinan y de la calificaci\u00f3n legal de ellos\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se trata de exigir consecuencias jur\u00eddicas en virtud de la pertenencia a una familia, se hace valer el estado civil. As\u00ed, por ejemplo, cuando la ley prescribe que el c\u00f3nyuge tiene derecho a alimentos, porci\u00f3n conyugal, a pensi\u00f3n de sobrevivientes u otro tipo de prestaciones, no hace cosa distinta que referirse a aqu\u00e9l. De ah\u00ed que indagar por calidades como la de casado, hijo, padre, compa\u00f1ero permanente, entre otras, supone dar cuenta del estado civil. <\/p>\n
Su prueba es solemne; as\u00ed lo ha expuesto esta Corte al decir que \u00abtrat\u00e1ndose del estado civil impera la tarifa legal\u00bb, por ende, \u00abes un asunto que no puede derivarse de pruebas distintas como la confesi\u00f3n, o de la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita (\u2026), pues su acreditaci\u00f3n exige el registro civil (\u2026) o la partida eclesi\u00e1stica para personas nacidas antes de la expedici\u00f3n de la Ley 92 de 19388, tal como lo establece el art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 19709\u00bb (SC592-2022). <\/p>\n
La existencia de esa restricci\u00f3n probatoria, por supuesto, no es deliberada, es fruto del contexto hist\u00f3rico en el que fue expedida (1970), antes de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 y de la Ley 54 de 1990; a trav\u00e9s de ella se busca brindar certeza y publicidad a los actos, hechos y providencias que constituyen el estado civil. Todo, a fin de que la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona ante la familia y la sociedad sea oponible a todos. <\/p>\n
3.- El estado civil de los integrantes de una uni\u00f3n marital de hecho: la prueba de la calidad de compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
3.1.- No hay duda de que respecto de quienes integran una familia conformada por una uni\u00f3n marital de hecho se predica la existencia de un estado civil: el de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
As\u00ed se desprende del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, a cuyo tenor: \u00abA partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Uni\u00f3n Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente, al hombre y la mujer10 que forman parte de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. Y lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, desde 2008, en virtud de los cambios normativos introducidos en las relaciones familiares a partir de dicha ley, y la transformaci\u00f3n que sufri\u00f3 todo el ordenamiento jur\u00eddico patrio a partir del reconocimiento constitucional de las familias originadas por v\u00ednculos naturales, como la imposici\u00f3n del deber de protegerlas, en pie de igualdad que las nacidas por lazos jur\u00eddicos. En AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00003-01, se destac\u00f3: \u00ab(\u2026) \u2018as\u00ed como el matrimonio origina el estado civil de casado, la uni\u00f3n marital de hecho tambi\u00e9n genera el de \u2018compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente\u2019\u2019 y si bien no la ley no la \u2018designa expresamente (\u2026) \u2018como un estado civil\u2019\u2019, tampoco \u2018lo hace con ning\u00fan otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente\u2019, imponiendo el deber de registrar \u2018los dem\u00e1s \u2018hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil\u2019\u2019, en todo caso, \u2018distintos, a los que menciona\u2019\u00bb. <\/p>\n
Ahora, bajo esa mirada, y teniendo en cuenta que la prueba del estado civil es solemne, esta Corporaci\u00f3n, en variadas oportunidades, aunque no en todas, as\u00ed como una parte de la doctrina nacional, han sostenido que la prueba de la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente tambi\u00e9n lo es (AC5111-201711, STC9791-201812, STC2401-2019, SC5698-202113). La Sala, por su parte, partiendo de entender que el estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente fue regulado en una norma especial, la Ley 54 de 1990, ha expuesto que dicho estatuto en su art\u00edculo 4\u00b0, modificado por el precepto 2\u00b0 de la Ley 979 de 2005, prev\u00e9 que tal calidad ha de demostrarse mediante alguno de los siguientes tres documentos: sentencia judicial, acta de conciliaci\u00f3n y escritura p\u00fablica. La doctrina, por su parte, e incluso la autoridad del registro civil, ha ido m\u00e1s all\u00e1, estableciendo el deber de registrar las uniones maritales de hecho que hayan sido declaradas mediante tales instrumentos14. <\/p>\n
En fin, bajo la idea de que el estado civil es un asunto solemne, se ha exigido a quienes integran una uni\u00f3n marital de hecho acreditar la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente a trav\u00e9s de una formalidad. <\/p>\n
3.2. Sin embargo, una nueva mirada del asunto, que tome en consideraci\u00f3n i) el deber de protecci\u00f3n de la familia originada una uni\u00f3n marital de hecho; ii) la naturaleza de ese tipo de v\u00ednculos; iii) y el contexto y las razones que subyacen a las normas del registro del estado civil, y a la Ley 54 de 1990 con sus modificaciones, impone una reflexi\u00f3n distinta, que permita determinar si en realidad la restricci\u00f3n probatoria puede predicarse para una situaci\u00f3n, cuya existencia y eficacia en el mundo del derecho, por sus particularidades, no depende, en principio, de formalidad alguna. <\/p>\n
3.2.1. Como arriba se indic\u00f3, a la luz de la Carta de Derechos, uno de los deberes del Estado es el de respetar el derecho de las personas a fundar una familia, y proteger el v\u00ednculo que la misma ha deseado formar para desarrollar su proyecto de vida, con independencia de sus caracter\u00edsticas. <\/p>\n
El cumplimiento de dicho mandato constitucional traduce, entre otros aspectos, el de dotar de efectos jur\u00eddicos al tipo de uni\u00f3n escogido por los interesados teniendo en cuenta sus particularidades, pues, de nada vale reconocer la prerrogativa a conformar una familia por v\u00ednculos naturales, si en la pr\u00e1ctica los derechos y deberes que pueden derivarse de su pertenencia a ella no se pueden reclamar o su efectividad depende de la exigencia de formalismos ajenos a su esencia. <\/p>\n
Entonces, como la uni\u00f3n marital de hecho es una comunidad de vida, permanente y singular, que surge por el \u00abhecho\u00bb de la convivencia, extra\u00f1o a cualquier solemnidad, su protecci\u00f3n se traduce en el deber de otorgarle efectos a trav\u00e9s de la prueba libre de las circunstancias que la constituyen. Si el Estado protege a las familias formadas por los \u00abhechos\u00bb, lo l\u00f3gico es que a la hora en que alguno de sus miembros pretenda derivar alguna consecuencia de la uni\u00f3n, haga valer aquellos mediante los medios de convicci\u00f3n que resulten pertinentes y conducentes para acreditarlos. <\/p>\n
En suma, el deber de respetar el derecho a fundar una familia por v\u00ednculos naturales, y el deber de protegerla, impone concluir que, en principio, la calidad de compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente y, por tanto, la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho puede demostrarse libremente. <\/p>\n
3.2.2. Lo anterior, no tropieza con la solemnidad del registro del estado civil exigido por el Decreto 1260 de 1970, como tampoco con el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990. Lo primero, porque la formalidad del registro no aplica para el estado civil de compa\u00f1ero permanente, y lo segundo debido, a que la pauta especial mencionada, en realidad, es una excepci\u00f3n, junto a otras, al principio general de libertad probatoria, como se explica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
i) De la inaplicabilidad de la formalidad del registro al estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente y, por tanto, la inexistencia de solemnidad para acreditarlo. <\/p>\n
Para cuando el entonces Presidente de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 el Decreto 1260 de 1970 -Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas-, en el que dispuso, entre otros aspectos, que \u00ab[l]os hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil (\u2026)\u00bb15, y \u00ab[e]l estado civil debe constar en el registro del estado civil\u201d16, no contempl\u00f3 el estado civil de compa\u00f1ero permanente, ni su registro. F\u00edjese que se refiri\u00f3 solo al de registro nacimiento, matrimonio y defunci\u00f3n, y a varios de los actos, hechos y providencias que pod\u00edan afectarlo17. <\/p>\n
Y no lo hizo, porque para esa \u00e9poca, en la que las llamadas \u00abrelaciones concubinarias\u00bb eran a\u00fan juzgadas moralmente, dado que la \u00fanica opci\u00f3n v\u00e1lida para conformar familia era el matrimonio, era impensable que una persona vinculada a otra por la simple voluntad y comunidad de vida, y su grupo familiar, pudieran tener derechos en virtud de esa relaci\u00f3n de hecho. <\/p>\n
Aunque para 1970, el entonces \u00abconcubinato\u00bb habida sido despenalizado18, y el legislador empezaba a reconocer ciertos derechos a los \u00abconcubinos\u00bb, espec\u00edficamente, en materia laboral19, la sanci\u00f3n social persist\u00eda, al punto que no fue sino hasta la Ley 29 de 1982 que se otorgaron iguales derechos a los hijos matrimoniales o extramatrimoniales. <\/p>\n
La uni\u00f3n marital de hecho y el estado civil de sus integrantes no aparecen en escena sino hasta 1990, con la Ley 54, cuando el legislador reconoci\u00f3 la existencia de la comunidad de vida, permanente y singular como una fuente de la familia, otorg\u00e1ndole ciertos efectos, ampliados en su totalidad por la Constituci\u00f3n de 1991, al prescribir que la familia se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, bien por la decisi\u00f3n libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la uni\u00f3n marital de hecho y el estado civil que genera escapa del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del deber de registro prescrito por el Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Ahora, la falta de exigencia de esa formalidad, en contraste con el deber de acreditarla para reclamar derechos derivados del estado civil, no fue irrelevante para el Decreto 1260, ya que el referido canon 105, tras se\u00f1alar que \u00abninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario p\u00fablicos, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenaci\u00f3n (…)\u00bb, establece: \u00ab(\u2026) salvo en cuanto a los hechos cuya demostraci\u00f3n no se requiera legalmente la formalidad de registro\u00bb. <\/p>\n
Luego, tambi\u00e9n es dable inferir que si la calidad de compa\u00f1eros permanentes deriva de un hecho -uni\u00f3n marital de hecho-, para la cual el Decreto 1260 de 1970 no exige la <\/p>\n
formalidad del registro20, se descarta, en virtud de dicha normatividad, la solemnidad de su prueba. <\/p>\n
Aunque, como se dijo, la Ley 54 de 1990 reconoci\u00f3 valor a las uniones de hecho, ella no regul\u00f3 en su integridad el estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
Es cierto que de su art\u00edculo 4\u00b0 emerge la existencia de una regulaci\u00f3n probatoria al respecto, empero, sus alcances no son generales, se reducen a normar la prueba de esa calidad cuando alguno de los compa\u00f1eros permanentes pretende derivar de la uni\u00f3n efectos patrimoniales, concretamente, la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y los aspectos asociados a ella. <\/p>\n
Esto, porque revisado el contexto y los fines de dicha Ley, se concluye que fue expedida con el prop\u00f3sito de que las llamadas y maltratadas, hasta entonces, \u00abrelaciones concubinarias\u00bb, generaran efectos patrimoniales equivalentes a los del matrimonio, pues, pese a que para la d\u00e9cada de 1990 ten\u00edan cierto reconocimiento social, sus efectos econ\u00f3micos eran precarios, dado que, conforme a los avances jurisprudenciales del momento, no generaban por s\u00ed solas \u00ab\u2018comunidad de bienes ni sociedad de hecho\u2019\u00bb (SC2719-2022). <\/p>\n
As\u00ed brota de la exposici\u00f3n de motivos del Proyecto de Ley n\u00b0 107, C\u00e1mara de 1988, \u00abpor el cual se legisla sobre el r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, en la que se consign\u00f3 que deb\u00eda reconocerse \u00abun hecho social evidente, como lo es el de las familias o uniones maritales de hecho, as\u00ed como corregir una fuente de injusticias para un n\u00famero creciente de compatriotas que, a falta de protecci\u00f3n legal, ven desaparecer el fruto del esfuerzo compartido por la consolidaci\u00f3n de un patrimonio con su compa\u00f1ero permanente compa\u00f1era permanente\u00bb. Por su lado, en la exposici\u00f3n del proyecto discutido en el Senado, se advirti\u00f3, entre otros aspectos: <\/p>\n
(\u2026) se ha pretendido reconocer un hecho social evidente (\u2026) as\u00ed como corregir una fuente de injusticia, pues, a diferencia de la sociedad conyugal, las sociedades conyugales de hecho no generan por s\u00ed sola comunidad de bienes (\u2026). <\/p>\n
La jurisprudencia no ha admitido, por il\u00edcita, la sociedad patrimonial como consecuencia de la mera convivencia, cre\u00e1ndose injusticias. De all\u00ed que se estime necesario adoptar la definici\u00f3n y denominaci\u00f3n para todos los efectos civiles, con las presunciones sobre la sociedad, patrimonio, pruebas, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n (\u2026). La legislaci\u00f3n civil de nuestro pa\u00eds ha permanecido pasiva ante las relaciones concubinarias, puesto que, si bien no las condena, tampoco les reconoce efecto jur\u00eddico alguno (\u2026), ataca la causa del problema21 <\/p>\n
Y en ese contexto, el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 en su redacci\u00f3n original establec\u00eda: \u00ab[l]a existencia de una uni\u00f3n marital de hecho se establecer\u00e1 por los medios ordinarios de prueba consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y ser\u00e1 de conocimiento de los Jueces de Familia en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, obs\u00e9rvese c\u00f3mo los art\u00edculos restantes de la Ley 54 (9 en total), a excepci\u00f3n del primero y el \u00faltimo, relativos, respectivamente, a la definici\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y la fecha de promulgaci\u00f3n de la ley, versan sobre la sociedad patrimonial. El segundo se refiere a las hip\u00f3tesis en que se presume \u00aby hay lugar a declararla judicialmente\u00bb, el tercero, al patrimonio que integra la sociedad, el quinto alude a su disoluci\u00f3n, el sexto y el s\u00e9ptimo a su liquidaci\u00f3n y el procedimiento para obtenerla, y el octavo, al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para intentar la disoluci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n de la pluricitada comunidad. <\/p>\n
Asimismo, en el canon 6\u00b0 se dispuso: \u00ab[c]ualquiera de los compa\u00f1eros permanentes o sus herederos, podr\u00e1n pedir la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y la adjudicaci\u00f3n de los bienes.Cuando la causa de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n sea la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, la liquidaci\u00f3n podr\u00e1 hacerse dentro del respectivo proceso de sucesi\u00f3n, siempre que exista la prueba de la uni\u00f3n marital de hecho en la forma exigida por el art\u00edculo segundo de la presente ley\u00bb. <\/p>\n
La anotada finalidad no vari\u00f3 con la Ley 979 de 2005, que modific\u00f3 los preceptos 2, 4, 5 y 6 de la normativa en cuesti\u00f3n, debido a que trav\u00e9s de ella se quiso, simplemente, otorgar a los compa\u00f1eros permanentes v\u00edas distintas a la judicial, para obtener la declaratoria de la existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
As\u00ed, el art\u00edculo 2 de la Ley 54, seg\u00fan el cual \u00abse presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos (\u2026)\u00bb, fue adicionado con el siguiente inciso: <\/p>\n
\u00ab[l]os compa\u00f1eros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: <\/p>\n
2. Por manifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo. <\/p>\n
Y a tono con esas nuevas posibilidades, el art\u00edculo 2\u00b0 de la norma en cita modific\u00f3 el canon 4\u00b0 de la Ley 54 para decir que la uni\u00f3n marital de hecho se pod\u00eda declarar a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica, acta de conciliaci\u00f3n y sentencia judicial. As\u00ed consta en la exposici\u00f3n de motivos del Proyecto de Ley n\u00famero 148 de 2003, C\u00e1mara, 29 de 2003 Senado, \u00abpor medio del cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes22\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es un proyecto que me parece sumamente importante, especialmente para dar una soluci\u00f3n a muchas situaciones de hecho de parejas que actualmente tienen que acudir al proceso judicial para efectos de su declaratoria de una uni\u00f3n marital y por supuesto de la sociedad patrimonial por ellos conformada. <\/p>\n
El proyecto de ley lo que pretende es simplemente fijar unos mecanismos \u00e1giles que les permita precisamente a estas parejas que est\u00e1n en situaciones que las define la Ley 54 de 1990, como son la primera: Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho, durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. B. Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho, por un lapso no inferior a dos a\u00f1os o impedimento legal para contraer matrimonio, por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas, por no menos de un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho, no solamente que ella se pruebe a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n judicial, sino que de mutuo acuerdo estos compa\u00f1eros permanentes puedan acudir ante un Notario, para que pueda declararla y den fe de la existencia de esa sociedad, en la medida que se presente una de las dos circunstancias y no solamente que se pueda declarar ante una Notar\u00eda, sino igualmente esa manifestaci\u00f3n pueda hacerse ante un centro de conciliaci\u00f3n obviamente demostrando la misma situaci\u00f3n que define la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Igualmente, en raz\u00f3n de esa declaratoria hay la necesidad de modificar el art\u00edculo cuarto de la Ley 54 de 1990, y el art\u00edculo quinto y sexto de la misma ley, en raz\u00f3n de que tiene que haber concordancia con las razones por las cuales se modifica precisamente esta norma, esto es, que la modificaci\u00f3n del art\u00edculo cuarto igualmente es que la existencia de la uni\u00f3n marital, no solo se establezca por los medios ordinarios de prueba ante el juez de familia, que es el competente tal como establece la Ley 54, sino que tambi\u00e9n pueda ser declarado por Notario o por Centro de Conciliaci\u00f3n (\u2026)23. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El art\u00edculo 3 de la Ley 979, por su parte, en armon\u00eda con lo anotado, vari\u00f3 el 5\u00b0 de la Ley 54 con el fin de a\u00f1adir la causal de disoluci\u00f3n de la sociedad, \u00ab[d]e com\u00fan acuerdo entre compa\u00f1eros permanentes, mediante acta suscrita ante Centro de Conciliaci\u00f3n legalmente reconocido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el precepto 4\u00b0 cambi\u00f3 la redacci\u00f3n del inciso segundo del 6\u00b0 de la Ley 54; de decir que la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial pod\u00eda intentarse en el respectivo juicio de sucesi\u00f3n con \u00abprueba de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, cuando la causal de disoluci\u00f3n fuera la muerte de uno de los compa\u00f1eros, estableci\u00f3 que ello era viable \u00absiempre y cuando previamente se haya logrado su declaraci\u00f3n conforme a lo dispuesto en la presente ley\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, la exigencia de la sentencia judicial, la escritura p\u00fablica y el acta de conciliaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, es exigible, \u00fanicamente, cuando el compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente persigue la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial y los aspectos asociados a ella24. <\/p>\n
Entonces, si de acuerdo con los designios del legislador, la sentencia judicial, el acta de conciliaci\u00f3n y la escritura p\u00fablica en donde conste la declaraci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho es exigible para fines exclusivamente, patrimoniales no es posible, entonces, pedir dichos documentos para prop\u00f3sitos ajenos a esa finalidad. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, conforme al precepto 31 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a extensi\u00f3n que deba darse a toda ley se determinar\u00e1 por su genuino sentido (\u2026)\u00bb, es decir, teniendo en cuenta las razones que subyacen a la regla, a fin de determinar si en realidad, la situaci\u00f3n de que se trate resulta o no cobijada por ella. <\/p>\n
Sobre el principio de libertad probatoria, como regla general, para acreditar la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, y la necesidad, excepcional, para efectos patrimoniales, de acreditar dicha condici\u00f3n a trav\u00e9s de los medios contemplados en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54, la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 como ratio decidendi, en la sentencia C-131 de 201825: <\/p>\n
En s\u00edntesis, para demostrar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jur\u00eddicas distintas a la declaraci\u00f3n de los efectos econ\u00f3micos de la sociedad patrimonial, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el ordenamiento procesal como lo son los testimonios o las declaraciones juramentadas ante notario. De all\u00ed que, exigir determinadas solemnidades para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la materia y, adem\u00e1s, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como: reparaciones econ\u00f3micas, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social y exenci\u00f3n del servicio militar obligatorio, entre otros (se enfatiza). <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por su parte, ha indicado: <\/p>\n
En otras palabras, la condici\u00f3n de compa\u00f1ero (a) permanente no se adquiere por una declaraci\u00f3n formal ante notario, ni por ninguna otra ritualidad, sino por el devenir cotidiano de la pareja que comparte su vida con la intenci\u00f3n de conformar una familia por la voluntad responsable de hacerlo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Para la prueba de la condici\u00f3n de compa\u00f1ero (a) permanente y demostraci\u00f3n de la convivencia tiene establecido la jurisprudencia que se aplica el principio operante en materia laboral de libertad probatoria reconocida a los jueces de esta especialidad por el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues no ha previsto la ley solemnidad alguna o prueba ad sustantiam actus (SL5524-2016, entre otras). <\/p>\n
La Sala hom\u00f3loga penal, a su vez, en casos en los que ha evaluado la prueba de la pluricitada calidad, ha explicado: <\/p>\n
(\u2026) el a quo deneg\u00f3 tal condici\u00f3n [la de compa\u00f1ero permanente] por cuanto no se alleg\u00f3 pruebas que acrediten la uni\u00f3n marital de hecho que en su momento existi\u00f3 con la v\u00edctima directa, esto es, \u2018declaraci\u00f3n juramentada por terceros o documento leg\u00edtimo expedido por autoridad competente donde se declare la existencia de la uni\u00f3n\u2019 (\u2026). Sin embargo, la Sala no comparte tal considerando, pues, aunque dichos elementos resultan importantes, no son los \u00fanicos de los cuales se puede desprender tal conclusi\u00f3n (SP659-2021). <\/p>\n
iii) La excepci\u00f3n al principio de libertad probatoria en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho no es la \u00fanica. Es posible encontrar otras, que el legislador ha previsto en ciertos \u00e1mbitos, en desarrollo de su libertad de configuraci\u00f3n. Un ejemplo de ello es el caso de la adopci\u00f3n entre compa\u00f1eros permanentes. Los numerales 3\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, declarados condicionalmente exequibles por la sentencia C-477 de 1999, habilitan a aquellos a iniciar procesos de adopci\u00f3n. Y el art\u00edculo 124 del mismo compendio, sobre la prueba de esa calidad establece que <\/p>\n
Para los fines de la adopci\u00f3n, la convivencia extramatrimonial podr\u00e1 probarse por cualquiera de los medios siguientes: <\/p>\n
1. Inscripci\u00f3n del compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente en los registros de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar o de las instituciones de seguridad o previsi\u00f3n social, con antelaci\u00f3n no menor de dos (2) a\u00f1os al inicio del tr\u00e1mite de adopci\u00f3n. <\/p>\n
2. Inscripci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n material de hecho, en la Notar\u00eda del lugar del domicilio de la misma, con antelaci\u00f3n no menor de dos (2) a\u00f1os al inicio del tr\u00e1mite de adopci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja. <\/p>\n
4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005. <\/p>\n
De este modo, la solemnidad prescrita para el estado civil en el Decreto 1260 de 1970, ni la establecida en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, es \u00f3bice para concluir que el estado civil de compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente puede acreditarse a trav\u00e9s de la prueba libre de los hechos constitutivos de la uni\u00f3n marital de hecho que integran. <\/p>\n
Ahora, frente a dicha tesitura podr\u00eda argumentarse, que el principio de seguridad jur\u00eddica y la oponibilidad del estado civil, por el contrario, imponen la necesidad de extender la restricci\u00f3n probatoria a efectos de acreditar el estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, de modo que exista certeza de que, quien dice tener esa calidad, en efecto la tenga. Sin embargo, no es as\u00ed, ya que la exigencia del registro o un documento (sentencia judicial, escritura p\u00fablica o acta de conciliaci\u00f3n) no es la \u00fanica manera de satisfacer dichos requerimientos; tambi\u00e9n se alcanzan, dados los principios de informalidad y prevalencia de la realidad sobre las formas que rigen la uni\u00f3n marital, mediante otras pruebas pertinentes, que den cuenta de sus elementos esenciales. <\/p>\n
Y es que, el hecho de que no haya lugar a exigir un medio de convicci\u00f3n espec\u00edfico a efectos de acreditar el estado civil de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, no significa que dicha calidad pueda admitirse con la aducci\u00f3n de cualquier probanza. No. La evidencia de que trate, si bien es libre, debe tener m\u00e9rito suficiente para generar en su destinatario el convencimiento sobre la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
4.- Bajo estos derroteros, concluyo que el estado civil de compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente, al surgir de la voluntad de una pareja de construir un proyecto de vida com\u00fan, \u00abdonde se observe la singularidad, la intenci\u00f3n y el compromiso de un acompa\u00f1amiento constante\u00bb, puede acreditarse por cualquier medio probatorio que d\u00e9 cuenta de esos elementos, salvo que el legislador exija demostrar esa calidad a trav\u00e9s de una probanza espec\u00edfica, como sucede en el caso de la sociedad patrimonial, seg\u00fan se explica. <\/p>\n
5.- De la prueba del estado civil de la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente para demandar: caso de alimentos. <\/p>\n
5.1.- La ley, en ciertos casos, reclama a quien acude a la jurisdicci\u00f3n la prueba de la calidad en la que act\u00faa, so pena de inadmitir la demanda, y rechazarla posteriormente, si en todo caso la exigencia no se cumple. As\u00ed lo disponen los art\u00edculos 90, 84 y en especial del 85 del C\u00f3digo General del Proceso que estipul\u00f3 que \u00abcon la demanda se deber\u00e1 aportar la prueba de la (\u2026) calidad de heredero, c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente, curador de bienes, albacea o administrador de comunidad o de patrimonio aut\u00f3nomo en la que intervendr\u00e1n dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Al hacerlo, el legislador indaga anticipadamente por la legitimaci\u00f3n en la causa, pues, por esa v\u00eda, busca asegurar que la litis se adelante con el sujeto facultado para promover la respectiva acci\u00f3n. Y de ese modo, en aras del principio de econom\u00eda procesal, evitar que se emprendan litigios por personas que se sabe, desde el principio, no est\u00e1n habilitados por la ley para reclamar determinado derecho. <\/p>\n
Lo que se explica porque el ordenamiento jur\u00eddico ha reconocido derechos y deberes en virtud de determinadas relaciones jur\u00eddicas, asimismo ha establecido acciones para reclamarlos y sus correspondientes titulares. Luego, cuando se acude a la jurisdicci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de una espec\u00edfica calidad, a fin de hacer efectivo alg\u00fan inter\u00e9s asociado a ella, como, por ejemplo, la de heredero, c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente, el legislador quiere que, preliminarmente, con las evidencias sumarias a disposici\u00f3n del demandante, dicha circunstancia se demuestre, so pena de que el caso no pueda ser atendido por la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, como la legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto material de la sentencia estimatoria, el juez en dichas hip\u00f3tesis deber\u00e1 volver sobre ella al definir el litigio, esta vez, tomando en consideraci\u00f3n la defensa planteada por el convocado, si la hubo, as\u00ed como las probanzas recaudadas durante el tr\u00e1mite del proceso26. <\/p>\n
5.3. La acci\u00f3n enfilada a que se fijen alimentos es de aquellos casos en los que se debe acreditar, anticipadamente, la calidad en que se act\u00faa, concretamente, el estado civil, Esto, porque el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil ha establecido en virtud de \u00e9l qui\u00e9nes son los titulares de esa prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Uno de sus beneficiarios, son \u00ablos compa\u00f1eros permanentes que forman una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb; as\u00ed lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-1033 de 2002, al determinar que el numeral 1\u00b0 del referido art\u00edculo 411, que establec\u00eda a los c\u00f3nyuges como titulares de la prestaci\u00f3n, era exequible \u00absiempre y cuando se entienda que esta disposici\u00f3n es aplicable a los compa\u00f1eros permanentes que forman una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. Al respecto, expuso: <\/p>\n
De este modo, una interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil obliga concluir que si la obligaci\u00f3n alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, seg\u00fan el cual los miembros de la familia tienen la obligaci\u00f3n de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no est\u00e1n en capacidad de asegur\u00e1rsela por s\u00ed mismos, y la uni\u00f3n marital de hecho al igual que el matrimonio est\u00e1 cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compa\u00f1eros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del v\u00ednculo familiar, m\u00e1s aun teniendo en cuenta la expresa prohibici\u00f3n que hace el art\u00edculo 13 Superior. <\/p>\n
<\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario permitir\u00eda presumir que las personas que constituyen una uni\u00f3n marital de hecho pretenden evadir responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido incluso judicialmente. <\/p>\n
Ahora, de acuerdo con los lineamientos trazados en el numeral 5\u00b0 de las consideraciones, para demostrar dicha calidad el interesado tiene libertad probatoria, comoquiera que no existe una norma que imponga un medio espec\u00edfico de prueba. <\/p>\n
En primer lugar, n\u00f3tese que all\u00ed la citada Corporaci\u00f3n se refiere a que la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente est\u00e9 \u00abdemostrada\u00bb, y no declarada, de modo que el sentenciador pueda inferir, con fundamento en las evidencias sumarias aportadas con la demanda, que la parte demandante ostenta esa calidad respecto de su convocado, quien, por lo dem\u00e1s, tendr\u00e1 la oportunidad de rebatir la condici\u00f3n que se le atribuye. <\/p>\n
En segunda medida, no hay motivos para extender las restricciones prescritas en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990 a la hip\u00f3tesis comentada. Las razones que subyacen a dicha regla, se repite, ata\u00f1en a los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital, mientras que los alimentos entre compa\u00f1eros permanentes conciernen a los personales. Dicha prestaci\u00f3n, como se dijo en la citada sentencia citada, surge en virtud de la ayuda y socorro mutuos, exigibles a las parejas que integran o integraron27 una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Al mismo tiempo, sostener que el compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente solo puede demandar judicialmente alimentos con la prueba de la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho conlleva, en la pr\u00e1ctica, a supeditar los efectos personales de la uni\u00f3n marital a una solemnidad, cuando precisamente su eficacia depende de los hechos y no de ning\u00fan documento. <\/p>\n
Ello, igualmente traducir\u00eda para el interesado, la carga de iniciar el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho a efectos de que, a consecuencia de la respectiva declaraci\u00f3n, se le reconozca el derecho a alimentos, cuando se trata de una prestaci\u00f3n que se requiere con prontitud en aras de satisfacer las necesidades vitales del alimentario, y que puede ventilarse con mayor celeridad a trav\u00e9s de la cuerda del verbal sumario28. <\/p>\n
En suma, la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1ero permanente a efectos de demandar la prestaci\u00f3n de alimentos puede acreditarse por medio de cualquier probanza, sin perjuicio del an\u00e1lisis que le incumbe realizar al juzgador al definir la controversia. <\/p>\n
7.- Caso concreto. <\/p>\n
Por ende, la quejosa no estaba obligada a acreditar la calidad de compa\u00f1era permanente a trav\u00e9s de sentencia judicial, acta de conciliaci\u00f3n o escritura p\u00fablica; era suficiente, para los fines de la admisi\u00f3n del libelo introductorio, la copia de la \u00abdeclaraci\u00f3n jurada rendida con fines extraprocesales\u00bb aportada como anexo, toda vez que se trata de un documento suscrito por ella y su convocado, en el que manifestaron la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, considero que la protecci\u00f3n otorgada por el Tribunal a la promotora del amparo debi\u00f3 mantenerse, pero en virtud del anterior an\u00e1lisis. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Tramit\u00f3 la demanda bajo el radicado 2022-00052. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CJS STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
4\u0002 Al tenor de dicha disposici\u00f3n: \u201c[l]a familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad. Se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u201d. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed lo prev\u00e9 el pre\u00e1mbulo de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o. Otros instrumentos internacionales ratifican la esencia de la familia y el deber de protecci\u00f3n por parte del Estado. As\u00ed, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, en su art\u00edculo 17 establece que \u201cla familia es elementos natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado\u201d; la Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos del Hombre en el canon 6\u00b0 dispone que \u201ctoda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protecci\u00f3n para ella\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Tres ejemplos de ese tratamiento diferencial lo constituyen, la sociedad de bienes que origina cada una de las uniones, la porci\u00f3n conyugal, y la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. En el matrimonio, la sociedad conyugal se presume desde la celebraci\u00f3n; el derecho a la porci\u00f3n conyugal y la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar despunta, igualmente, a partir de las nupcias. En cambio, la uni\u00f3n marital de hecho solo genera dichas consecuencias, una vez hayan transcurrido dos (2) a\u00f1os de convivencia (ver art\u00edculos 1774 del C\u00f3digo Civil, sentencia C-284 de 2011, art\u00edculo Art. 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, y art\u00edculo 12 de la Ley 258 de 1996). <\/p>\n
7\u0002 C. Constitucional, Sentencia C-174 de 1996. <\/p>\n
8\u0002 Dicha ley en su art\u00edculo 18 prescribi\u00f3:\u201c[a] partir de la vigencia de la presente ley solo tendr\u00e1n car\u00e1cter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias aut\u00e9nticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley\u201d (norma derogada por el Decreto 1260 de 1970). <\/p>\n
9\u0002 La norma comentada se\u00f1ala: \u201c[l]os hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1933 [sic], se probar\u00e1n con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10\u0002 De conformidad con la sentencia C-075 de 2007, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n establecido en la Ley 54 de 1990 tambi\u00e9n se aplica a las parejas del mismo sexo. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, en esa ocasi\u00f3n se dijo: \u201cEn lo que a las personas convocadas como c\u00f3nyuges, por tratarse de un estado civil s\u00f3lo se puede acreditar, como qued\u00f3 visto, con el correspondiente registro civil de matrimonio si el v\u00ednculo naci\u00f3 despu\u00e9s de 1932 y las citadas como compa\u00f1eras permanentes en los t\u00e9rminos que indican la ley 54 de 1990 con las modificaciones previstas en la ley 979 de 2005, documentos que no se allegaron respecto de las as\u00ed citadas\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Sobre el t\u00f3pico se indic\u00f3: (..) verifica la Corte que en dicho tr\u00e1mite se recaudaron los testimonios (\u2026) versiones que si bien no tendr\u00edan la virtualidad de probar el estado civil de compa\u00f1era permanente de la actora, pues para ello el legislador contempl\u00f3 otro tipo de probanzas, s\u00ed llevan a una convicci\u00f3n razonable de la convivencia entre los involucrados, <\/p>\n
13\u0002 En esa oportunidad, la Corte advirti\u00f3: \u201cCon respecto a la declaraci\u00f3n de compa\u00f1ero permanente, es pertinente citar lo consagrado en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 979 de 2005. Por lo dem\u00e1s, seg\u00fan varias sentencias que en sede constitucional ha proferido esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n se ha aceptado que el v\u00ednculo marital se pruebe por cualquiera de los medios de prueba dispuestos por el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. All\u00ed se citan las providencias STC9791-2018, STC4963-2020 y STC2401-2019. <\/p>\n