STC16718-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16718-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes e interesados en el incidente de desacato de radicado 0500131030112022000291. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas en el incidente de desacato de radicado 2022-00029. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn se adelant\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00029, promovida por Gloria Imelda Pe\u00f1a Ram\u00edrez contra la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, que neg\u00f3 las pretensiones de la gestora en sentencia del 9 de febrero de 20222, por haberse configurado un hecho superado. <\/p>\n
2.2. Impugnada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, con decisi\u00f3n del 15 de marzo de 20223, la revoc\u00f3 y le orden\u00f3 a la Unidad accionada que iniciara \u00abel proceso de respuesta de fondo a la solicitud dentro de los t\u00e9rminos reglamentarios establecido para ello en el art\u00edculo 11 del Decreto4 (sic) 1049 del 2019 [\u2026] en relaci\u00f3n a la solicitud de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, asign\u00e1ndole el turno correspondiente\u00bb5; ello, por cuanto, si bien le inform\u00f3 a la peticionaria que no se encontraba en condiciones para ser priorizada y, por tanto, el pago reclamado se efectuar\u00eda seg\u00fan la disponibilidad presupuestal vigente para el a\u00f1o siguiente, guard\u00f3 <\/p>\n
silencio la UARIV respecto a la forma en que se surtir\u00e1 dicha entrega, pues s\u00f3lo se limita a se\u00f1alar categ\u00f3ricamente que est\u00e1 supeditado a la disponibilidad presupuestal -el que en este caso de acuerdo con el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n no se pudo materializar, pero no determina el procedimiento o en su defecto el turno que tendr\u00eda el hoy accionante para que se materialice su derecho en la otra vigencia presupuestal del 2022 y su orden de llegada respecto a los otros beneficiarios que se encuentren en iguales condiciones (\u2026) por el contrario, la supeditan a que cada a\u00f1o deba esperar a que se reeval\u00fae nuevamente su priorizaci\u00f3n, aspecto que vulnera impl\u00edcitamente su derecho a la igualdad. <\/p>\n
2.3. Gloria Imelda Pe\u00f1a Ram\u00edrez present\u00f3 incidente de desacato6 contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, asunto en el que, surtido el tr\u00e1mite pertinente, el estrado del circuito acusado, en auto de 13 de junio de 2022, sancion\u00f3 a Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade, en su calidad de director de la referida Unidad, con multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes7. <\/p>\n
2.4. El Tribunal acusado, con auto de 23 de junio de 20228, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n consultada. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, se presentaron solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, las que fueron desestimadas el 13 de septiembre9, 410 y 1011 de octubre de 2022 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
3. El actor censura los autos que le impusieron la sanci\u00f3n por desacato, porque incurrieron en: i) defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-034 de 2018; ii) defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio allegado al proceso, debido a que dio por probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin estudiar la imposibilidad de acatar la orden judicial; iii) desconocimiento del precedente constitucional contenido en el fallo T-351 de 2011; y iv) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, por desconocer lo ordenado en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de pago de las indemnizaciones a las v\u00edctimas, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. <\/p>\n
En sustento adujo que, pese a que la Unidad ha presentado reiterados informes y ha pedido la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, comunicando las razones por las cuales no es posible dar cumplimiento al fallo de tutela, por cuanto la actora ten\u00eda un puntaje de 20.224 en el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n, que no era suficiente para asignar un turno de pago de la indemnizaci\u00f3n reconocida en septiembre de 2020, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, no ha sido posible obtener el levantamiento de la multa impuesta en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la entidad no pod\u00eda alterar los turnos que se reconocen a quienes re\u00fanen los criterios de priorizaci\u00f3n, porque desconocer\u00eda \u00ablos derechos de otros con mejor o mayor prioridad y de contera el reglamento a cuyo cumplimiento se halla obligado\u00bb y que no pod\u00eda asignar un turno para el desembolso pretendido, porque ello estaba sujeto a que las personas reunieran unos criterios de priorizaci\u00f3n y a la disponibilidad presupuestal dada para cada vigencia, de manera que, al no poderse cumplir con ello no es posible establecer la responsabilidad subjetiva del sancionado, pues, actuar en sentido contrario al procedimiento aplicable, implicar\u00eda el \u00abdesconocimiento de la regla general de priorizaci\u00f3n de los beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n administrativa por efecto del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, a su vez, que el 31 de julio de 2022 se realiz\u00f3 nuevamente el proceso t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n de la tutela, el cual arroj\u00f3 que la tutelante no acredit\u00f3 los criterios para recibir el pago de la indemnizaci\u00f3n ordenada en esta vigencia, conforme con la disponibilidad presupuestal asignada para el 2022, lo cual comunic\u00f3 a la accionante. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que: (i) se inaplique la sanci\u00f3n \u00abdel 13 de junio de 2022 confirmada en auto de fecha 23 de junio de 2022\u00bb; (ii) proferir una nueva decisi\u00f3n que estudie de fondo las solicitudes de inaplicaci\u00f3n con observancia de la sentencia SU-034-2018 y el auto 206-2017 de la Corte Constitucional; (iii) se comunique \u00aba la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n de arresto y pecuniaria que la mismas se ha levantado\u00bb; y (iv) se conmine a los accionados para que \u00abacate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones y del proceso que debe agotar para la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n 01049 de 2019, destacando que en el procedimiento de priorizaci\u00f3n realizado en esta vigencia la tutelante tampoco result\u00f3 favorecida, por no reunir los requisitos necesarios, por lo cual es imposible establecer el turno para el pago del dinero reconocido. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y acceder a las pretensiones del actor. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prerrogativas fundamentales aducidas por el accionante, con ocasi\u00f3n de la confirmaci\u00f3n del incidente de desacato proferido en la acci\u00f3n constitucional de radicado 2022-00029, pues, en su criterio, los falladores de instancia incurrieron en los defectos sustantivo y f\u00e1ctico y en desconocimiento del precedente, porque no tuvieron en cuenta que la orden constitucional, orientada a que se asigne un turno a la tutelante para el pago de la indemnizaci\u00f3n pretendida, es de imposible cumplimiento, pues aquella no re\u00fane los requisitos de priorizaci\u00f3n establecidos en el procedimiento aplicable. <\/p>\n
2. De entrada se precisa que, si bien la censura tambi\u00e9n se dirige contra lo resuelto por el Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn, fue en la decisi\u00f3n emitida en sede de consulta por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad que se defini\u00f3 el asunto y, por tanto, se analizar\u00e1 lo all\u00ed resuelto12. <\/p>\n
3. Insistentemente la jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales; no obstante, por regla general, este mecanismo no procede contra decisiones emitidas en sede de desacato, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la jurisprudencia constitucional ha previsto que solo en casos excepcionales la tutela es viable frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio (CC, SU034-18). <\/p>\n
4. Del marco conceptual referido y del examen de las probanzas, esta Colegiatura anticipa la prosperidad del amparo, ello, por cuanto, se evidenci\u00f3 que se convalid\u00f3 el castigo impuesto por el Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn -13 de junio de 2022-, sin valorar las argumentaciones expuestas por la entidad incidentada en el tr\u00e1mite del desacato, de cara a lo definido en la Resoluci\u00f3n 01049 de 2019, a trav\u00e9s de la cual se estableci\u00f3, entre otros, el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n frente a la indemnizaci\u00f3n administrativa otorgada a las v\u00edctimas del conflicto armado, inspirado en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la que se ciment\u00f3 el procedimiento para realizar el desembolso de la indemnizaci\u00f3n ordenada y asignaci\u00f3n de los turnos para pago, proporcional a la disponibilidad presupuestal asignada a cada vigencia. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Magistratura accionada adujo que, durante el tr\u00e1mite de la consulta \u00abno se alleg\u00f3 memorial por parte de la entidad incidentada que diera luces siquiera del \u00e1nimo de cumplimiento de la orden [\u2026] aunado [a que] [\u2026] el Tribunal se puso en contacto directo [\u2026] con la accionante, y se pudo constatar que la vulneraci\u00f3n al derecho [\u2026] contin\u00faa lacerado\u00bb; lo cual evidencia \u00abla desidia frente a una orden impartida en un fallo de tutela\u00bb, por lo que resultaba evidente la \u00abrebeld\u00eda de la incidentada\u00bb; no obstante, de lo auscultado se advierte que la Unidad accionada alleg\u00f3 las exculpaciones el 6 y 17 de mayo y 16 de junio de los corrientes, exponiendo las razones por las cuales no se configuraba la responsabilidad subjetiva necesaria para imponer sanci\u00f3n en sede de desacato, pues era imposible asignar el turno para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n ordenada en la sentencia de tutela, con argumentos soportados en el procedimiento aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que las reglas definidas en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019 buscan precisamente organizar las fases a evacuar para lograr el reconocimiento y orientar de forma equitativa los turnos para el desembolso de los recursos a aquellas personas que son favorecidas con la indemnizaci\u00f3n que otorga el Estado. <\/p>\n
Con ese derrotero, la Unidad inform\u00f3 a los despachos confutados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Gloria Imelda Pe\u00f1a Ram\u00edrez y su n\u00facleo familiar, explicando que en la Resoluci\u00f3n 04102019-744509 del 2 de septiembre de 2020 se reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, pero que, una vez aplicado el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n para registrar la fecha del desembolso de la indemnizaci\u00f3n, arroj\u00f3 un puntaje de 20.224 el cual era insuficiente para alcanzar lo reclamado en la lista para el a\u00f1o 2021, as\u00ed como tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda, pues, para ello, se requer\u00eda gestionar, nuevamente, el mismo an\u00e1lisis con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022; \u00abpor tanto dar paso a entregar fechas de pago a un caso de resultado no favorable del m\u00e9todo abre la puerta a que se ALTERE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD y se desborde todo lo que hasta el momento se ha logrado con la implementaci\u00f3n del procedimiento dado los recursos finitos que se tienen para materializar la medida\u00bb. <\/p>\n
Tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n allegados a la foliatura, para definir si la actuaci\u00f3n del sancionado era negligente, desidiosa y si, por su mera liberalidad, hab\u00eda decidido no acatar la orden constitucional sin justificaci\u00f3n alguna, pues no puede olvidarse que la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n por desacato debe hacer un an\u00e1lisis de la conducta particular y subjetiva del incidentado, m\u00e1xime que era necesario evitar incurrir en contradicci\u00f3n con lo establecido en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019 y en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, por cuanto materializar lo ordenado implicaba per se asignar un turno para el pago de un dinero respecto de una persona que no hab\u00eda superado los criterios de priorizaci\u00f3n y alterar los turnos fijados a otros, transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por la se\u00f1ora Gloria Imelda Pe\u00f1a Ram\u00edrez. <\/p>\n
En consecuencia, a pesar de que esas exculpaciones fueron expuestas en la tutela que dio lugar a la orden constitucional, en tanto fueron reiteradas en sede de desacato, no pod\u00edan desconocidas, siendo indispensable determinar, con base en estas, si la conducta del promotor era susceptible de ser calificada, en el plano subjetivo, como desidiosa frente al fallo constitucional dictado; de ah\u00ed que correspond\u00eda era apreciar y justificar si era merecedor o no de la sanci\u00f3n imputada. <\/p>\n
Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). <\/p>\n
4.1. T\u00e9ngase en cuenta que esta Corporaci\u00f3n, en asunto similar, razon\u00f3: <\/p>\n
Examinada la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n cuestionada (7 dic. 2021) y las respuestas brindadas por el incidentado en el respectivo tr\u00e1mite (17 y 25 nov. 2021), se advierte que la magistratura omiti\u00f3 valorar a cabalidad las manifestaciones sometidas a su conocimiento. Ciertamente, se extra\u00f1a de esa determinaci\u00f3n el an\u00e1lisis de las actuaciones posteriores al veredicto con las que el accionado pretendi\u00f3 justificar su proceder, sus alegatos de imposibilidad material de cumplimiento del fallo y su invocada ausencia de responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras) (CSJ STC1233-2022, subraya la Sala). <\/p>\n
En otra oportunidad, la Sala consider\u00f3: <\/p>\n
Y es que, a pesar de resultar trascendental para la definici\u00f3n del asunto sometido a su conocimiento, ning\u00fan estudio mereci\u00f3 el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n existente respecto de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, contenido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 15 de marzo de 2019 de la Unidad all\u00ed acusada, expedido conforme los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional; as\u00ed como tampoco la observancia que aquellos deben impartirle a dicho tr\u00e1mite\u2026 <\/p>\n
Con tal proceder, se itera, la Tribunal censurado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, para as\u00ed definir su verdadero alcance de cara al caso concreto y no contradecir lo establecido por la Corte Constitucional entorno a dicho procedimiento y al derecho a la igualdad de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado (CSJ STC2756-2022). <\/p>\n
En t\u00e9rminos an\u00e1logos, en otro caso, la Sala estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Con ese derrotero, los precursores, en representaci\u00f3n de la UARIV, informaron a los despachos confutados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Carlos Arturo Caicedo y su n\u00facleo familiar. Explicaron que en \u00abResoluci\u00f3n n\u00ba 04102019 -713739 del 3 de junio de 2020 (\u2026) se reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb empero, una vez se efectu\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d en aras de registrar la fecha de entrega de los emolumentos, arroj\u00f3 un puntaje de 24.8767 el cual era insuficiente para alcanzar la prelaci\u00f3n reclamada en la lista para el a\u00f1o 2021, as\u00ed como tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda pues, para ello, se requer\u00eda gestionar, nuevamente, el mismo an\u00e1lisis con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
En s\u00edntesis, tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al infolio y evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar\u00bb lo ordenado implicaba per se alterar los turnos fijados transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Carlos Arturo (CSJ STC3802-2022). <\/p>\n
Similar criterio fue expuesto en CSJ STC4173-2022. <\/p>\n
4.2. No desconoce la Sala que la orden constitucional impon\u00eda asignar el turno correspondiente para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n reconocida, pero tampoco puede perderse de vista que la entidad destac\u00f3 en el tr\u00e1mite incidental la imposibilidad del servidor p\u00fablico convocado de modificar la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica de priorizaci\u00f3n realizada en 2021 y que esta deb\u00eda renovarse anualmente, como lo dispone el art\u00edculo 17 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, la cual, una vez efectuada, seg\u00fan lo allegado con la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n del 26 de septiembre de 2022, arroj\u00f3 un valor de 20.224 y el puntaje m\u00ednimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, resultado que se comunic\u00f3 a la tutelante en la misma fecha; de manera que, ante esas alegaciones, correspond\u00eda al Tribunal analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva del actor, sumado a que la situaci\u00f3n de la tutelante inicial, aplicado el procedimiento respectivo, se ha mantenido, seg\u00fan la \u00faltima evaluaci\u00f3n realizada, razones por las cuales se justifica la intervenci\u00f3n en sede constitucional, tal y como lo considerado la Sala en los asuntos similares tra\u00eddos a colaci\u00f3n. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es claro que, ante la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura accionada en relaci\u00f3n con la consulta del incidente de desacato, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efectos el auto del 23 de junio de 2022 y se ordenar\u00e1 a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn que proceda a resolver nuevamente la consulta del incidente, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el auxilio implorado por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade; en consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR sin efectos la providencia proferida el 23 de junio de 2022 por el Colegiado querellado en el incidente de desacato de radicado 050013103011202200029, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de ella. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR al Tribunal accionado que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda nuevamente a resolver la consulta del incidente, con observancia de las pruebas que obren en el expediente y teniendo en cuenta las consideraciones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Gloria Imelda Pe\u00f1a Ram\u00edrez y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 1. Documento 008. 2022-00029 FALLO NIEGA. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 2 IMPUGNACION. Documento 002. T-020 2022 00029. <\/p>\n
4\u0002 Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. <\/p>\n
5\u0002 Esta decisi\u00f3n no fue seleccionada para revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, seg\u00fan auto del 30 de junio de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 001. 2022-00029 SOLICITUD DE DESACATO. <\/p>\n
7\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 013. 2022-00029 SANCION. <\/p>\n
8\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 019. 2022-00029 03AutoResuelveConsulta. <\/p>\n
9\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 024. 2022-00029 NIEGA INAPLICACION SANCION. <\/p>\n
10\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 030. 2022-00029 NIEGA INAPLICACION SANCION. <\/p>\n
11\u0002 Carpeta 2022-00029 CDNO 3 INCIDENTE 3MAY2022. Documento 034. 2022-00029 NIEGA INAPLICACION SANCION. <\/p>\n
12\u0002 Criterio expuesto, entre otras sentencias, en CSJ STC4538-2020. <\/p>\n
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STC16718-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16718-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade frente a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}