STC16720-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-04257-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes dentro del proceso 2021-00231, as\u00ed como al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Gerardo Alonso Herrera formul\u00f3 una acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento comercial denominado Salud Droguer\u00eda, que se admiti\u00f3 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 8 de junio de 2021 bajo el radicado 2021-00231. <\/p>\n
2.2. Mediante escrito de 29 de septiembre del 2021, el actor popular alleg\u00f3 memorial con el que pretendi\u00f3 reformar la demanda, en el cual manifest\u00f3 que no desist\u00eda de las costas frente al accionado1. En auto de 4 de octubre siguiente, tal pedimento se desestim\u00f32. <\/p>\n
2.3. El 13 de enero del 2022, se dict\u00f3 el fallo de primera instancia, ordenando al accionado garantizar \u00abel acceso de las personas que se movilicen en silla de ruedas hac\u00eda (sic) el interior de las instalaciones donde funciona el establecimiento de comercio SALUD DROGUER\u00cdA\u00bb; adem\u00e1s, neg\u00f3 la condena en costas solicitadas por el accionante contra el municipio convocado al tr\u00e1mite, porque \u00e9ste ostentaba la calidad de vinculado al proceso y su rol en el asunto era el \u00abde velar por la garant\u00eda del inter\u00e9s colectivo protegido y as\u00ed se le ordenar\u00e1\u00bb, de manera que, al no ser la parte vencida, no hab\u00eda lugar a imponerle esa carga, sumado a que desde la demanda el promotor renunci\u00f3 a que las costas y las agencias en derecho se impusieran a cargo del particular demandado3. <\/p>\n
2.4. El 24 de enero de los cursantes, se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que contra la sentencia de primera instancia propuso el demandante4. <\/p>\n
2.5. El 5 de octubre de 2022, el actor le manifest\u00f3 al ad quem que se retractaba del desistimiento que efectu\u00f3 en relaci\u00f3n con la condena en agencias en derecho5. <\/p>\n
2.6. El 23 de noviembre ulterior, el Tribunal accionado profiri\u00f3 sentencia que modific\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en primer grado, en el sentido de ordenar que se constituyera p\u00f3liza de seguros para garantizar el cumplimiento del fallo, y la confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s6. <\/p>\n
3. El gestor cuestiona que la Colegiatura querellada le neg\u00f3, injustificadamente, el reconocimiento de las agencias en derecho. Adem\u00e1s, censura que el fallo de segundo grado se profiri\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado pide que \u00abse ordene al magistrado que conceda agencias en derecho a mi favor en ambas instancias\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Tribunal accionado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal cuestionado vulner\u00f3 el derecho fundamental del promotor en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2021-00231), por cuanto no emiti\u00f3 condena en costas, incluyendo agencias en derecho, a favor del actor popular. <\/p>\n
2. Revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la providencia del 23 de noviembre del a\u00f1o en curso, el Tribunal convocado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 13 de enero de los corrientes, en lo referente a la condena en costas a favor del actor popular, precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), el cual establece que, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
11. Se comparten entonces los argumentos de la funcionaria de primera instancia para desestimar la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, solicitada en la demanda, porque, \u201c\u2026la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones, en efecto no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso. <\/p>\n
2.1. Para la Sala, la determinaci\u00f3n censurada no resulta arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y de la normativa que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la autoridad judicial accionada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, en cuanto neg\u00f3 las costas procesales solicitadas en el asunto, concepto que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del Proceso, incluye las expensas, los gastos del proceso y las agencias en derecho, porque en la demanda el actor popular las solicit\u00f3 \u00fanicamente frente al ente territorial vinculado al tr\u00e1mite, el cual, al no ser el accionado ni el directo vulnerador del derecho colectivo invocado y no haber resultado vencido en el juicio, no pod\u00eda ser objeto de esa condena, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. Aquellas tampoco se impusieron contra el particular accionado, pues el impulsor de la demanda expresamente indic\u00f3 que no las reclamaba en su contra, al afirmar que \u00abDESISTO de COSTAS, AGENCIAS en DERECHO y de CUALQUIER suma de dinero que provenga del accionado particular\u00bb7. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, independientemente de que la postura sea o no compartida, lo cierto es que a ella arrib\u00f3 la corporaci\u00f3n recriminada despu\u00e9s de realizar un estudio detallado de las actuaciones surtidas y de analizar, en forma motivada y razonada, la normativa que regula el asunto, raz\u00f3n por la cual, aunque el tutelante no acepte ese criterio, no por esa causa puede el juez de tutela \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb8; m\u00e1xime que el juez constitucional no est\u00e1 facultado, por virtud de la simple disconformidad planteada, para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. En ese sentido, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, la Sala resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb9 y, por tanto, la tutela propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
3. Lo anterior no cambia a\u00fan si se tuviere en cuenta que, el 29 de septiembre del 2021, el ahora censor radic\u00f3 ante el juzgado a quo un memorial con el cual aspir\u00f3 a reformar la demanda y manifest\u00f3 que no desist\u00eda de las costas del proceso10, el cual fue negado el 4 de octubre posterior11, porque fue presentado extempor\u00e1neamente, es decir, por fuera del plazo previsto en el art\u00edculo 93 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ello, porque dicho prove\u00eddo fue emitido poco menos de un a\u00f1o antes de proponerse -el 30 de noviembre anterior12- el amparo que se examina, de manera que el reparo en cuesti\u00f3n no re\u00fane el requisito de la inmediatez, justamente porque esta Sala ha estimado que el t\u00e9rmino razonable para proponerlo es de seis meses13. Lo que precede, sin olvidar que el anotado prove\u00eddo de 4 de octubre de 2021 no fue recurrido por el gestor, por lo cual tampoco se satisface -frente a este aspecto- el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Finalmente, debe se\u00f1alarse que, si el reclamante considera que en alguna irregularidad incurri\u00f3 el Tribunal accionado, por incumplimiento de los t\u00e9rminos legales para decidir, el actor puede acudir directamente ante las autoridades competentes, a fin de formular los requerimientos y reproches que estime necesarios, pues el juez de tutela no est\u00e1 facultado abrogarse competencias que no corresponden, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. En consecuencia, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital 34ReformaDemanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital 35AutoDeniegaSolicitudReforma.pdf <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 49Sentencia.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 51ConcedeRecurso.pdf <\/p>\n
5\u0002 Archivo digital 18CorreoMemorialGerardoHerrera pdf. <\/p>\n
7\u0002 Archivo digital 02Demanda.pdf. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
9\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CJS STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
10\u0002 Archivo digital 34ReformaDemanda.pdf. <\/p>\n
11\u0002 Archivo digital 35AutoDeniegaSolicitudReforma.pdf. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. archivo digital 02. SOPORTE DE RECEPCI\u00d3N. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021. <\/p>\n
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STC16720-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16720-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-04257-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}