{"id":69809,"date":"2024-05-20T20:57:46","date_gmt":"2024-05-20T20:57:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc16722-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:57:46","modified_gmt":"2024-05-20T20:57:46","slug":"stc16722-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc16722-2022\/","title":{"rendered":"STC16722 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC16722-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC16722-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;11001-02-03-000-2022-04261-00 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Herrera &nbsp;frente la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de &nbsp;Pereira. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e &nbsp;intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado &nbsp;6668231030012021001661. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;El gestor, demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido &nbsp;proceso, presuntamente vulnerado por &nbsp;la autoridad judicial convocada. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los &nbsp;siguientes hechos y alegaciones relevantes: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;Gerardo Alonso Herrera formul\u00f3 una acci\u00f3n popular &nbsp;contra el propietario del establecimiento comercial denominado Mamu &nbsp;Espacios M\u00e1gicos, que se admiti\u00f3 por el Juzgado Civil &nbsp;del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 4 de junio de 20212. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;El 12 de octubre posterior se dict\u00f3 fallo de primera &nbsp;instancia3, &nbsp;accediendo a lo deprecado por el actor popular, esto es, ordenando al &nbsp;propietario del establecimiento de comercio referido que \u00abgarantice &nbsp;el acceso de las personas que se movilicen en silla de ruedas hac\u00eda &nbsp;el interior de las instalaciones donde funciona el establecimiento de &nbsp;comercio MAMU ESPACIOS M\u00c1GICOS\u00bb; &nbsp;adem\u00e1s, neg\u00f3 la condena en costas solicitadas por el &nbsp;accionante contra el municipio convocado al tr\u00e1mite, porque &nbsp;\u00e9ste &nbsp;ostentaba la calidad de vinculado al proceso y su rol en el asunto &nbsp;era el \u00abde velar por la garant\u00eda del inter\u00e9s &nbsp;colectivo protegido y as\u00ed se le ordenar\u00e1\u00bb, de &nbsp;manera que, al no ser la parte vencida, no hab\u00eda lugar a &nbsp;imponerle esa carga, sumado a que desde la demanda el promotor &nbsp;renunci\u00f3 a que las costas y las agencias en derecho se &nbsp;impusieran a cargo del particular demandado. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. &nbsp;El 22 de octubre de 20214 &nbsp;se concedieron los recursos de apelaci\u00f3n que contra la &nbsp;sentencia de primer grado propusieron el demandante y el apoderado de &nbsp;la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o. &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. &nbsp;El 31 de marzo del presente a\u00f1o, el Tribunal accionado &nbsp;profiri\u00f3 sentencia5 &nbsp;que modific\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en primer grado, en &nbsp;el sentido de ordenar p\u00f3liza de seguros para garantizar el &nbsp;cumplimiento del fallo, conden\u00f3 en costas a la coadyuvante &nbsp;Cotty Morales, por el fracaso de la alzada y confirm\u00f3 en lo &nbsp;dem\u00e1s. &nbsp;<\/p>\n<p>2.5. &nbsp;Al respecto, el tutelante argumenta que su acci\u00f3n \u00abSALIO &nbsp;TRIUNFANTE\u00bb y \u00abES ABIERTAMENTE&nbsp;CONTRARIO EN &nbsp;DERECHO&nbsp;EL DESISTIR&nbsp;DE LAS AGENCIAS EN DERECHO\u00bb, por &nbsp;lo que \u00abResulta&nbsp;impropio renunciar&nbsp;a un beneficio &nbsp;dinerario sin siquiera&nbsp;haber sido decretado\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Conforme &nbsp;a lo relatado, solicit\u00f3 que \u00abse ordene al &nbsp;magistrado&nbsp;que&nbsp;conceda agencias en derecho a mi favor en &nbsp;ambas instancias contra la parte&nbsp;vencida, amparado art 365 CGP\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;momento del registro del fallo no se hab\u00edan recibo respuestas. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>III. CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;En &nbsp;el sub &nbsp;examine, &nbsp;corresponde a la Sala establecer si el Tribunal cuestionado vulner\u00f3 &nbsp;el derecho fundamental del accionante en el tr\u00e1mite de la &nbsp;acci\u00f3n popular (rad. 2021-00166), por cuanto no emiti\u00f3 &nbsp;condena en costas, incluyendo agencias en derecho, a favor del actor &nbsp;popular. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la &nbsp;providencia del 31 de marzo del a\u00f1o en curso, el Tribunal &nbsp;convocado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto &nbsp;contra la sentencia del 12 de octubre de 2021, en lo referente a la &nbsp;condena en costas a favor del actor popular, precis\u00f3 que esta &nbsp;se neg\u00f3 en primera instancia, porque aqu\u00e9l renunci\u00f3 &nbsp;a ellas desde la demanda frente al particular accionado, sumado a que &nbsp;no se \u00abconden\u00f3 al ente territorial porque fue vinculado &nbsp;al proceso como autoridad encargada de velar por la protecci\u00f3n &nbsp;del derecho colectivo invocado, no como representante de su &nbsp;vulneraci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;respecto, destac\u00f3 que, conforme con lo previsto en el art\u00edculo &nbsp;38 de la Ley 472 de 1998, se deben aplicar las reglas previstas en el &nbsp;estatuto procesal y solo se podr\u00e1 \u00abcondenar al &nbsp;demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al &nbsp;demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala &nbsp;fe\u00bb, sumado a que esa condena procede contra la parte vencida &nbsp;en el juicio, seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 365 &nbsp;del C\u00f3digo General del Proceso. &nbsp;<\/p>\n<p>Tras &nbsp;analizar dichas disposiciones, advirti\u00f3 que era acertado el &nbsp;planteamiento expuesto por el a &nbsp;quo, &nbsp;para negar la condena en costas a favor del actor popular y en contra &nbsp;del municipio convocado al tr\u00e1mite, porque: &nbsp;<\/p>\n<p>el &nbsp;ente territorial no es accionado sino vinculado, y que la orden que &nbsp;se impone para superar la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos &nbsp;que se hall\u00f3 no gravita sobre su cabeza. Ninguno de tales &nbsp;asertos aparece cuestionado en la alzada, donde se acude a otra serie &nbsp;de argumentaciones para reclamar remuneraci\u00f3n a su favor. &nbsp;<\/p>\n<p>Como &nbsp;en verdad el municipio de Santa Rosa era ajeno a la calidad de &nbsp;accionado, pues no fue a \u00e9l a quien se atribuy\u00f3 la &nbsp;vulneraci\u00f3n de derechos colectivos pretendi\u00e9ndose &nbsp;garantizar el libre acceso sin barreras f\u00edsicas al lugar donde &nbsp;se ofrecen servicios al p\u00fablico, naturalmente no fue la parte &nbsp;vencida del juicio. As\u00ed, &nbsp;la condena no pod\u00eda serle impuesta y queda atendida la &nbsp;observaci\u00f3n del actor popular respecto de la intervenci\u00f3n &nbsp;del Municipio en el presente tr\u00e1mite. &nbsp;<\/p>\n<p>6.3.- &nbsp;El anterior panorama no cambia porque, desde la demanda, el actor &nbsp;haya expresado su intenci\u00f3n de que el municipio fuera &nbsp;\u201csancionado\u201d en costas, por la omisi\u00f3n en el &nbsp;cumplimiento de sus funciones de cara a la garant\u00eda y &nbsp;cumplimiento de los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n se &nbsp;invoc\u00f3, pedido que se reitera con similar fundamento en la &nbsp;alzada. Lo anterior porque en el caso concreto no es ese el objeto &nbsp;esencial de este tr\u00e1mite constitucional (cuestionar el &nbsp;comportamiento del ente territorial), ni puede ser el soporte de una &nbsp;condena en costas una presunta omisi\u00f3n administrativa. &nbsp;Recu\u00e9rdese que la naturaleza de la condena en costas es &nbsp;procesal, no sustancial. &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Tribunal tambi\u00e9n precis\u00f3 que la condena en costas &nbsp;\u00abtampoco corresponde a la remuneraci\u00f3n por un trabajo &nbsp;determinado [\u2026] ser actor popular no es una profesi\u00f3n, &nbsp;labor u oficio que deba ser remunerada en los t\u00e9rminos que &nbsp;propone el coadyuvante, o conforme a las disposiciones contenidas en &nbsp;el estatuto laboral sustantivo\u00bb, de manera que cuando se niega &nbsp;esa condena no se incurre en &nbsp;<\/p>\n<p>un &nbsp;empobrecimiento injusto a hombros del accionante: fue \u00e9l mismo &nbsp;quien \u201cdesisti\u00f3\u201d de la condena en costas respecto &nbsp;del particular, decisi\u00f3n que, aceptada en primera instancia, &nbsp;fue recibida de conformidad, aunque resulte impropio renunciar a un &nbsp;beneficio dinerario sin siquiera haber sido decretado. &nbsp;<\/p>\n<p>7.- &nbsp;Para finalizar, respecto al enunciado que plantea el actor respecto a &nbsp;que si el ente territorial no puede resultar condenado en costas &nbsp;tampoco podr\u00eda recurrir la sentencia de primer nivel, baste &nbsp;decir que en este caso la Alcald\u00eda de Santa Rosa de Cabal no &nbsp;apel\u00f3 tal decisi\u00f3n y en consecuencia ninguna resoluci\u00f3n &nbsp;de fondo merece aquella premisa. &nbsp;<\/p>\n<p>Sin &nbsp;perjuicio de lo anterior, es propicio recordar que precisamente, como &nbsp;entidad p\u00fablica a cargo de la protecci\u00f3n del derecho o &nbsp;inter\u00e9s colectivo objeto de debate, la autoridad &nbsp;administrativa est\u00e1 facultada para intervenir en el tr\u00e1mite &nbsp;como sujeto procesal \u2013 que no es lo mismo que ser parte &nbsp;procesal [\u2026]. En ese sentido, bien podr\u00eda recurrir &nbsp;aquellas decisiones que considere contrarias a su misi\u00f3n &nbsp;constitucional o legal (protecci\u00f3n del derecho colectivo), o &nbsp;que resulten adversas a sus peticiones, sin que por ello se convierta &nbsp;en parte del proceso. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;Para la Sala, la determinaci\u00f3n censurada no resulta arbitraria &nbsp;o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida &nbsp;despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable &nbsp;de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y de la normativa &nbsp;que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no &nbsp;habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;efecto, la autoridad judicial accionada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n &nbsp;de primera instancia, en cuanto neg\u00f3 las costas procesales &nbsp;solicitadas en el asunto, concepto que, de conformidad con lo &nbsp;previsto en el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso, incluye las expensas, los gastos del proceso y las agencias &nbsp;en derecho, porque en la demanda el actor popular las solicit\u00f3 &nbsp;\u00fanicamente frente al ente territorial vinculado al tr\u00e1mite, &nbsp;el cual, al no ser el accionado ni el directo vulnerador del derecho &nbsp;colectivo invocado y no haber resultado vencido en el juicio, no &nbsp;pod\u00eda ser objeto de esa condena, en virtud de lo previsto en &nbsp;el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el &nbsp;numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso. Aquellas tampoco se impusieron contra el particular &nbsp;accionado, pues el impulsor de la demanda expresamente indic\u00f3 &nbsp;que no las reclamaba en su contra, al afirmar que \u00abDESISTO de &nbsp;COSTAS, &nbsp;AGENCIAS en DERECHO y de CUALQUIER suma de dinero que provenga del &nbsp;accionado particular\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;As\u00ed las cosas, independientemente de que la postura sea o no &nbsp;compartida, lo cierto es que a ella arrib\u00f3 la autoridad &nbsp;accionada despu\u00e9s de realizar un estudio detallado de las &nbsp;actuaciones surtidas y de analizar, en forma motivada y razonada, la &nbsp;normativa que regula el asunto, raz\u00f3n por la cual, aunque el &nbsp;tutelante no acepte ese criterio, no por esa causa puede el juez de &nbsp;tutela \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar &nbsp;cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas &nbsp;del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s &nbsp;acertados\u00bb6; &nbsp;m\u00e1xime que el juez constitucional no est\u00e1 facultado, &nbsp;por virtud de la simple disconformidad planteada, para realizar una &nbsp;\u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de &nbsp;instancia\u00bb. En ese sentido, en providencia CSJ STC, 28 mar. &nbsp;2012, rad. 00022-01, la Sala resalt\u00f3 que \u00abla adversidad &nbsp;de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le &nbsp;allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias &nbsp;frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb7 &nbsp;y, por tanto, la tutela propuesta no tiene vocaci\u00f3n de &nbsp;prosperidad. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;En consecuencia, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. &nbsp;<\/p>\n<p>IV. &nbsp;DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la &nbsp;Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA &nbsp;el &nbsp;amparo invocado. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;Justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Mamu Espacios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;M\u00e1gicos &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuaderno &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C01CuadernoPrincipal. Archivo pdf 07AutoAdmision. Expediente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;digital. &nbsp;<\/p>\n<p>3\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuaderno &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C01CuadernoPrincipal. Archivo pdf 10Sentencia. Expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>4\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuaderno &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C01CuadernoPrincipal. Archivo pdf 49AutoConcedeRecursoApelacion. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>5\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuaderno &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C02SegundaInstancia. Archivo pdf 10Sentencia. Expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>6\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sentencia CSJ STC, 7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mar. 2008, rad. 2007-00514-01. &nbsp;<\/p>\n<p>7\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CJS STC9955-2022, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC16722-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp; STC16722-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;11001-02-03-000-2022-04261-00 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; Decide &nbsp;la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Herrera &nbsp;frente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69809","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69809\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}