STC16726-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04269-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Eduardo de Jes\u00fas Eraso Oviedo contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00454. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e imparcialidad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se tramit\u00f3 la mencionada acci\u00f3n de tutela, promovida por Eduardo de Jes\u00fas Eraso Oviedo contra el Defensor del Pueblo. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 28 de septiembre de 2022-1 deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
2.2. Inconforme, el actor impugn\u00f3 el fallo de primera instancia2. Esta Sala de Casaci\u00f3n Civil -con auto ATC1563-2022 del 6 de octubre siguiente-3 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, debido a que el mencionado \u00f3rgano colegiado carec\u00eda de competencia. Por tanto, orden\u00f3 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2.3. Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, mediante providencia del 11 de noviembre hoga\u00f1o4 neg\u00f3 el resguardo. En este sentido, el promotor inco\u00f3 nuevamente la impugnaci\u00f3n5. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2022-6 confirm\u00f3 lo decidido por el a quo. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el gestor adujo que se configur\u00f3 un defecto procedimental, por cuanto la Sala de decisi\u00f3n que desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n estuvo integrada por los mismos magistrados que otrora hab\u00edan conocido el resguardo en primera instancia, sin que ninguno se hubiese declarado impedido. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no pudo recursarlos porque no se le inform\u00f3 qui\u00e9nes ser\u00edan los dignatarios que resolver\u00edan la causa. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia del 23 de noviembre de 2022 y, de esta forma, se resuelva nuevamente la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e17 hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas. Luego, pidi\u00f3 que fuera desestimado el amparo, comoquiera que no vulner\u00f3 las garant\u00edas superlativas del gestor. <\/p>\n
2. La procuradora 31 Judicial II para Asuntos Civiles de la capital de la Rep\u00fablica8 enrostr\u00f3 que no se desconocieron los derechos del promotor. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n del presunto defecto procedimental en que incurri\u00f3 el Tribunal accionado, debido a que no se declararon impedidos para resolver la mentada acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. Pues bien, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que <\/p>\n
[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual raigambre, har\u00eda interminable el tr\u00e1mite y se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional con sentencia SU-627 de 2015 sostuvo que la salvaguarda procede, excepcionalmente, contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
(\u2026) cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia. <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, el gestor pretende dejar sin efectos la determinaci\u00f3n tutelar proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de noviembre de 2022, con la cual se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, la Sala advierte la improcedencia del amparo invocado. Ello pues, no se advierten ni se acreditaron hechos constitutivos de una situaci\u00f3n fraudulenta, lo cual, como qued\u00f3 visto, habilitar\u00eda la procedencia de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, cuando el expediente sea remitido a la Corte Constitucional el accionante tendr\u00e1 a su alcance el medio de defensa previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abel fallo de tutela\u00bb mediante la revisi\u00f3n ante la citada Corporaci\u00f3n. Incluso, de no ser seleccionada podr\u00e1 elevar la solicitud de insistencia, lo cual cierra la posibilidad de auscultar por este camino un prove\u00eddo dictado en un tr\u00e1mite de similar temperamento. Al respecto, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021, citadas en STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
5. Finalmente, trat\u00e1ndose de los presuntos impedimentos de los dignatarios que integraron la Sala de Decisi\u00f3n confutada, deviene imperioso indicar que, como se advierte en la p\u00e1gina de consulta procesos de la Rama Judicial, el 18 de noviembre de 2022 fue radicado el proceso en el despacho del magistrado ponente, fecha desde la cual el promotor pudo tener conocimiento de esta situaci\u00f3n. Por tanto, refulge menester enrostrar que el accionante tuvo a su alcance la figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 60 y siguientes de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas, es claro que el actor desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, ha destacado esta Colegiatura que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. Comunicar lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 72-76, archivo \u201c11001020300020220426900-0018Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 78-82. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 86-93. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 99-106. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 108-112. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 113-117. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-4, archivo \u201c202204269_Tutela contra el despacho\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cPRONUNCIAMIENTO VINCULACION TUTELA 2022-04269-00\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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