STC16730-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16730-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00656-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de abril de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nilson Samir \u00c1ngel Mateus contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que la fiscal\u00eda le imput\u00f3 los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n en concurso heterog\u00e9neo con concusi\u00f3n\u00bb en calidad de c\u00f3mplice. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u2013 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 \u2013 se llev\u00f3 a cabo el 23 de agosto de 2019, diligencia en la cual ninguna de las partes o intervinientes puso de presente a la judicatura causales de incompetencia, recusaci\u00f3n o nulidades, as\u00ed como tampoco observaciones concretas al escrito de acusaci\u00f3n, pese a que la fiscal\u00eda \u00abvari\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de las conductas a \u00abcohecho propio y prevaricato por acci\u00f3n, con la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el art\u00edculo 58-10 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la audiencia preparatoria sufri\u00f3 varios aplazamientos por diversos motivos, entre ellos, la renuncia de su defensor de confianza, debiendo contratar a un nuevo abogado para esa gesti\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el 19 de junio de 2020, instalada la audiencia en menci\u00f3n, su nuevo defensor solicit\u00f3 nulidad de la actuaci\u00f3n, desde la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, aduciendo que la fiscal\u00eda no realiz\u00f3 una descripci\u00f3n \u00abcircunstanciada de los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb, petici\u00f3n que fue desestimada por el juez de conocimiento con fundamento en el principio de preclusividad, es decir, porque no fue alegada en el momento procesal oportuno, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, resalt\u00f3, el 19 de octubre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, se abstuvo de resolver la alzada por considerarla improcedente. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 sus cuestionamientos contra las rese\u00f1adas determinaciones y las se\u00f1al\u00f3 de constituir v\u00edas de hecho por defectos \u00abprocedimental y desconocimiento del precedente\u00bb, pues sostuvo que, las nulidades que afectan la validez del tr\u00e1mite \u00abpueden interponerse en cualquier etapa procesal\u00bb seg\u00fan variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Insisti\u00f3 en que la nulidad es viable porque la fiscal\u00eda al momento de acusar no \u00abrealiz\u00f3 una relaci\u00f3n clara y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, ajustados a circunstancias de tiempo respecto a la comisi\u00f3n de cada delito, resultando la acusaci\u00f3n imprecisa, afectando el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja que, \u00abresuelva la alzada propuesta frente a la decisi\u00f3n adoptada el 19 de junio de 2020 por el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 [y] se requiera al mencionado tribunal que se abstenga de hacer manifestaciones contrarias a la honra y dignidad de su apoderado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja efectu\u00f3 una relaci\u00f3n de lo acontecido en el proceso en cuesti\u00f3n y se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 solicit\u00f3 se declare la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de la inmediatez, \u00abcomoquiera que el interesado dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de 5 meses para su interposici\u00f3n, pese a que su apoderado en esta actuaci\u00f3n es el mismo que lo defiende en el proceso penal\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, por cuanto el juicio penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras as\u00ed sea y \u00ab(\u2026) no se haya agotado la actuaci\u00f3n del fallador ordinario, cuenta con la posibilidad de seguir reclamando, al interior de la misma, el respeto de las garant\u00edas judiciales invocadas, sin que sea admisible acudir para tal fin a la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante quien, al entender que la negativa de la salvaguarda se fund\u00f3 en el presupuesto de la inmediatez, sostuvo que, como la decisi\u00f3n atacada data del 19 de octubre de 2020 \u00aby la acci\u00f3n de tutela objeto de impugnaci\u00f3n se interpuso el 6 de abril de 2021, esto es, dentro de los 6 meses siguientes al hecho que violent\u00f3 los derechos fundamentales de mi prohijado\u00bb no era aplicable el criterio de procedibilidad referido para desestimarla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el actor dentro del juicio penal que se le adelanta por los delitos de \u00abcohecho propio y prevaricato por acci\u00f3n\u00bb en calidad de c\u00f3mplice, por abstenerse de resolver de fondo el recurso de apelaci\u00f3n (auto del 19 de octubre de 2020) que interpuso su defensa frente a la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 la solicitud de nulidad planteada en la audiencia preparatoria, por desconocer, supuestamente, precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que se\u00f1alan que, es posible discutir nulidades en escenarios procesales distintos a los contemplados por la normativa adjetiva penal. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
Es que, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente y a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de refutaci\u00f3n previstos en el proceso (alegatos de conclusi\u00f3n y\/o recursos ordinarios y extraordinarios) y no por la v\u00eda tutelar que ahora utiliza que, como en reiteradas ocasiones se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de esta Corporaci\u00f3n, al referirse a la impertinencia de la tutela que persigue la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el fallador ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en las condiciones advertidas deviene improcedente el auxilio incoado, comoquiera que, se reitera, el quejoso cuenta con mecanismos id\u00f3neos al interior del juicio penal para, por un lado, reformular las alegaciones que aqu\u00ed expone en torno a la acusaci\u00f3n, y de otro, procurar hacer valer su condici\u00f3n de inocencia, en la audiencia de juzgamiento o en su defecto, en las instancias subsiguientes a partir de la formulaci\u00f3n de los recursos pertinentes. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar la inviabilidad del amparo, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte improcedente el auxilio si el proceso penal en cuesti\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste le corresponde dirimirlas al juez ordinario en la instancia correspondiente, lo que impide la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 6 de diciembre de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 9 de diciembre de 2022. <\/p>\n
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