STC16731-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16731-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00884-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 21 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Mart\u00ednez Berdejo contra los Juzgados Primero Civil Municipal en Oralidad y Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2021-00579. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la ejecuci\u00f3n seguida en su contra y de otros, por Erwin Antonio Trujillo Consuegra y Ang\u00e9lica D\u00edaz P\u00e9rez, el 21 de octubre de 2021 el Juzgado Primero Civil Municipal en Oralidad de Barranquilla libr\u00f3 mandamiento de pago respecto a la demanda acumulada presentada con base en t\u00edtulos ejecutivos que tienen origen en una promesa de compraventa suscrita entre las partes, pero \u00fanicamente por la suma de $12.604.599, \u00abpor estar probado la no concurrencia de los contratantes a la notar\u00eda, a suscribir la escritura de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso con \u00e9xito reposici\u00f3n, pues en auto del 19 de enero de 2022 el juzgado acogi\u00f3 el recurso y libr\u00f3 orden ejecutiva por la suma de $40.000.000 por concepto de cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
Finalmente refiere que, aunque atac\u00f3 esa determinaci\u00f3n verticalmente, siendo concedido el recurso por auto del 15 de septiembre de los corrientes, sin embargo, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de la misma localidad lo declar\u00f3 inadmisible el d\u00eda 17 del mismo mes y a\u00f1o, incurriendo en v\u00eda de hecho, toda vez que, por una parte, el a quo \u00abrevoco (sic) la decisi\u00f3n considerando que los demandantes si (sic) cumplieron con la obligaci\u00f3n de concurrir a la notaria (sic) s\u00e9ptima, lo que ri\u00f1e con la certificaci\u00f3n expedida por ella, en el entendido de que ellos no concurrieron a suscribir la obligaci\u00f3n de hacer, firmar la escritura de compraventa, al igual que los demandados; y por la otra, s\u00ed es apelable el \u00abauto que profiere mandamiento de pago ejecutivo por v\u00eda de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a las autoridades judiciales encartadas, \u00abdejar sin efecto las providencias adiadas 19\/01\/2.022 y 17\/09\/2.022 proferidas dentro del (\u2026) ejecutivo singular de menor cuant\u00eda (acumulado)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de Barranquilla se\u00f1al\u00f3, que al interior del coercitivo criticado declar\u00f3 inadmisible la alzada interpuesta por la pasiva contra el numeral 2\u00ba de la parte resolutiva del auto de fecha 19 de enero de 2022 proferido por el juez cognoscente, en consideraci\u00f3n a que \u00aben este caso el auto recurrido no niega el mandamiento de pago sino que lo profiere, tal providencia no es apelable (\u2026) acorde con lo dispuesto en la parte inicial del segundo inciso del art\u00edculo 326 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Primero Civil Municipal en Oralidad de la misma urbe, luego de hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones surtidas al interior del coercitivo revisado, pidi\u00f3 que \u00abse exonere a esta c\u00e9lula judicial del presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb, por cuanto las mismas \u00abse encuentran precedidas de las garant\u00edas procesales de las partes, del respeto por el debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia; por lo que no se configuran las v\u00edas de hecho que hagan procedente la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 la salvaguarda, al concluir que los pronunciamientos atacados son razonables, por cuanto revisada la providencia del 19 de enero de 2022 que libr\u00f3 mandamiento de pago acumulado, \u00abde forma indistinta a que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no se aprecia defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional como lo pretende el accionante. Por el contrario, se aprecia que este \u00faltimo aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse al asunto, utilizando la v\u00eda de tutela para dicho fin. Sin embargo, la Sala no aprecia que la providencia este fundamentada en un actuar caprichoso o arbitrario por parte de la agencia judicial accionada, sino que cuenta con argumentos de interpretaci\u00f3n fundados en valoraci\u00f3n probatoria, normativa y jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo agreg\u00f3 que, aunque el promotor tambi\u00e9n busca a trav\u00e9s de la tutela revocar la determinaci\u00f3n del 17 de septiembre de los corrientes, mediante la cual el ad quem inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la anterior resoluci\u00f3n, \u00abresulta indiscutible que el auto que libra mandamiento de pago no se encuentra enlistado en el art\u00edculo 321 del CGP, de modo que no procede el recurso de apelaci\u00f3n contra \u00e9l. As\u00ed las cosas, tampoco se advierte que dicha decisi\u00f3n sea arbitraria ni caprichosa, sino que, por el contrario, resulta razonable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, insistiendo en que, como los acreedores, -promitentes contratantes-, no comparecieron a la respectiva notar\u00eda a suscribir la escritura de compraventa, ello \u00abimpide que la promesa de compraventa adquiera la caracter\u00edstica de t\u00edtulo ejecutivo por carecer de unidad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades encartadas incurrieron en v\u00eda de hecho por cuanto: (i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla libr\u00f3 orden de pago por \u00abconcepto de clausula penal pactada en el contrato de promesa de compraventa\u00bb, respecto de la demanda acumulada en el ejecutivo n\u00b0 2021-00579; y, (ii) el estrado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el gestor contra la anterior determinaci\u00f3n, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a la queja constitucional elevada por el libelista, a la informaci\u00f3n proporcionada por las autoridades enjuiciadas y a las piezas procesales allegadas, la Corte encuentra que el fallo desestimatorio habr\u00e1 de ser confirmado, precisando que lo ser\u00e1 porque la tutela no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la acci\u00f3n se torna prematura. <\/p>\n
3.1. En efecto, el convocante censura lo resuelto por el Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla, en auto del 19 de enero de 2022, por medio del cual \u00abLIBR[\u00d3] MANDAMIENTO DE PAGO (\u2026) por concepto de clausula penal pactada en el contrato de promesa de compraventa\u00bb en el ejecutivo rad. 2021-00579, puesto que, a su juicio, no era procedente dicha orden debido a que ambas partes del litigio \u00abno concurrieron a (\u2026) firmar la escritura de compraventa\u00bb, pero ello constituye una pretensi\u00f3n cuya definici\u00f3n desborda la actual competencia del sentenciador constitucional, en la medida en que anticipar\u00eda la resoluci\u00f3n de fondo que habr\u00eda de adoptar el juez de conocimiento. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, la discusi\u00f3n en torno a que \u00abel incumplimiento fue bilateral y no unilateral, teniendo cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1.609 del C.C.\u00bb, a\u00fan no han sido debatida y menos resuelta por el funcionario cognoscente en las oportunidades procesales pertinentes, pues el litigio a\u00fan est\u00e1 en etapa de notificaci\u00f3n y traslados. <\/p>\n
Ciertamente, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, ello, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr.). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, como al definirse una ejecuci\u00f3n, los jueces deben verificar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, pues tal potestad deber contenida en el anterior estatuto adjetivo, se mantiene en el actual, mientras no se pronuncie de fondo el juez ordinario, a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del pleito sean tra\u00eddos a definici\u00f3n en sede constitucional, pues ello torna prematura la tutela en tanto la competencia del fallador excepcional se restringe por la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la invocaci\u00f3n de la salvaguarda en las circunstancias anotadas, esta Corte ha dicho que mientras est\u00e9n en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente, toda vez que, \u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC11349-2020, 10 dic. 2020, rad. 00467-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque, seg\u00fan la decantada jurisprudencia constitucional, estar\u00eda encaminado a evitar un perjuicio irremediable, definido como tal por la jurisprudencia constitucional, cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Entonces, por estar en curso el proceso tendiente a definir el punto que motiva la inconformidad, cuya idoneidad y eficacia no est\u00e1 en entredicho, sin que a\u00fan se conozca resultado, el auxilio deviene improcedente bajo la aludida modalidad, ya que el actor no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias de existencia, gravedad e inminencia del da\u00f1o, as\u00ed como la urgencia de adoptar medidas impostergables para remediarlo. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
En lo que respecta al reproche contra la determinaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla que declar\u00f3 \u00abINADMISIBLE el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto por el tutelante atacando el numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva del prove\u00eddo del 19 de enero de 2022, al interior del ejecutivo rad. 2021-00579, advierte la Sala, que tal actuaci\u00f3n, no constituye una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura encartada indic\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 438 del estatuto procesal vigente, \u00abel auto que profiere mandamiento de pago NO es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n. (\u2026) De tal manera que cuando la norma indica: \u201c\u2026y el que por v\u00eda de reposici\u00f3n lo revoque\u2026\u201d hace clara referencia a la decisi\u00f3n final de negar el mandamiento de pago despu\u00e9s de haber sido inicialmente proferido\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[c]omo en este caso el auto recurrido no niega el mandamiento de pago sino que lo profiere, tal providencia no es apelable y por tanto, el recurso debe ser inadmitido acorde a lo dispuesto en la parte inicial del segundo inciso del art\u00edculo 326 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, toda vez que, por tornarse prematura, no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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