STC16867-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16867-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04355-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que Luz Roc\u00edo Salgado Pardo le formul\u00f3 a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Treinta y Dos de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho n\u00b0 11001-31-10-032-2022-00078-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante protest\u00f3 porque las agencias convocadas se negaron a declarar la existencia de la sociedad patrimonial que, aduce, conform\u00f3 con William Correa Fl\u00f3rez, a ra\u00edz de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvieron por m\u00e1s de 15 a\u00f1os. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la primera instancia declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n, pero se neg\u00f3 a reconocer sus efectos econ\u00f3micos bajo el argumento de que ella ten\u00eda una sociedad conyugal vigente con otra persona. Aunque apel\u00f3 la decisi\u00f3n, indicando que de acuerdo con la sentencia SC4027-2021 dicha sociedad conyugal se disolvi\u00f3 porque se separ\u00f3 de cuerpos de hecho desde hace mucho tiempo, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n desconociendo los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, y para la protecci\u00f3n de sus derechos a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, y \u201ca conformar una familia e incluso tener un patrimonio\u201d, pidi\u00f3 que se revoquen los veredictos emitidos el 17 de agosto y 26 de octubre de 2022 por las autoridades demandadas y, en su reemplazo, se les ordene \u201caplicar el precedente SC4027-2021\u201d. <\/p>\n
2.- Las agencias convocadas defendieron las actuaciones reprochadas y remitieron el expediente objeto de queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se precisa que la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n a la directriz expedida por el Tribunal de Bogot\u00e1, pues ser\u00eda inane detenerse en el desempe\u00f1o de la sede primigenia, cuando los reparos enfilados en su contra fueron \u00absometidos a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural (\u2026)\u00bb (CSJ STC7006-2021, entre otras). Adem\u00e1s, mediante la aludida determinaci\u00f3n se clausur\u00f3 la controversia examinada. <\/p>\n
2.- Dicho esto, se anuncia que la salvaguarda se desestimar\u00e1, por cuanto la inaplicaci\u00f3n de la sentencia SC4027-2021, y la consecuente negativa a declarar la sociedad patrimonial reclamada por la promotora, no es arbitraria, obedece a razones objetivas, que impiden desconocerlas a trav\u00e9s de este sendero. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal, tras advertir que conforme al art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2995, el surgimiento de la sociedad patrimonial a que pod\u00eda dar lugar la uni\u00f3n marital de hecho depend\u00eda de que los compa\u00f1eros no tuvieran sociedades conyugales vigentes, y destacar que ese no era el caso de la quejosa, ya que la sociedad conyugal nacida en virtud del matrimonio celebrado con Mart\u00edn Alberto Tob\u00f3n Mart\u00ednez no se hab\u00eda disuelto, precis\u00f3, en lo medular: <\/p>\n
Ahora bien, la Sala no desconoce la existencia de la sentencia SC4027- 2021 mediante la cual se alude a la separaci\u00f3n de cuerpos de hecho como causal de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. No se discute que los fallos producidos por las altas cortes son de obligatorio cumplimiento y vinculantes, pues con dicho acatamiento se privilegian valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, igualdad, confianza leg\u00edtima y la coherencia del sistema jur\u00eddico. Pero lo anterior no impide se\u00f1alar que de los siete (7) magistrados que suscribieron la sentencia SC4027-2021, dos (2) salvaron voto y otros dos (2) lo aclararon. En todo caso, los cuatro (4) magistrados, de manera expresa, un\u00e1nime, f\u00e9rrea y concluyente discreparon de que la separaci\u00f3n de cuerpos de hecho sea casual aut\u00f3noma de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, lo que pone en entredicho de que se trate de un precedente, pues no se cumple con la mayor\u00eda que se\u00f1ala el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996, ya que solo tres (3) magistrados respaldaron dicha postura jur\u00eddica. <\/p>\n
Son palabras del magistrado LUIS ALONSO RICO PUERTA en su salvamento de voto: En efecto, aunque la parte resolutiva del fallo obtuvo apoyo de las mayor\u00edas requeridas, tal respaldo no deriv\u00f3 del hecho de compartir su fundamento principal \u2013consistente en trocar en causal de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal el hecho de que los c\u00f3nyuges permanezcan separados de cuerpos por dos a\u00f1os\u2013, sino por los motivos que se expusieron en los votos razonados que anteceden. Por consiguiente, el n\u00facleo argumentativo sobre el cual la Sala de Casaci\u00f3n Civil edific\u00f3 su acuerdo mayoritario est\u00e1 asentado sobre el sentido de la decisi\u00f3n, pero no sobre la nueva postura jurisprudencial que se propuso. Es pertinente cuestionarse, entonces, la validez y pertinencia de proclamar como postura actual de la Corte Suprema de Justicia una tesis que no alcanz\u00f3 un consenso interno m\u00ednimo. Por tanto, es pertinente colegir que no se ha superado el debate que resulta indispensable para entronizar la separaci\u00f3n de cuerpos de hecho como causal aut\u00f3noma e independiente para disolver una sociedad conyugal. <\/p>\n
3.- Postura que, en el pasado reciente, ha sido analizada por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela, y ha dicho que no es irrazonable. <\/p>\n
N\u00f3tese que recientemente, en STC9875-2022, advirti\u00f3: <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el auto que resolvi\u00f3 sobre las objeciones al inventario de bienes presentado en el proceso criticado se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
El Tribunal convocado en la mentada determinaci\u00f3n, en cita de los art\u00edculos 230 y 7 de la Constituci\u00f3n y el C\u00f3digo General del Proceso, respectivamente, en cuanto prev\u00e9n que los jueces en sus providencias est\u00e1n sometidos al imperio de la Ley, precis\u00f3 que se apartaba de la sentencia SC4027-2021 1) por no existir tres providencias en el mismo sentido como lo exige el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 para que exista doctrina probable; 2) por continuar la vigencia de la Ley 28 de 1932, que regula el r\u00e9gimen patrimonial en el matrimonio; 3) por continuar vigente el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil que determina en que eventos se disuelve la sociedad conyugal; y 4) por existir una reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia, plasmada en la sentencia de 1\u00b0 de agosto de 1979, citada; no hay lugar a otorgarle car\u00e1cter vinculante como fuente formal de derecho a la sentencia SC4027 de 2021, \u2013la cual no indica que recoja la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia\u2013 ; todo lo cual nos permite concluir que en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el precedente jurisprudencial sentado de vieja data por la Corte Suprema de Justicia, la terminaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre las partes del presente asunto, solo se verific\u00f3 a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida el d\u00eda 13 de noviembre de 2019 (\u2026), que declar\u00f3 su divorcio\u00bb. <\/p>\n
Y en STC4170-2022, esboz\u00f3: <\/p>\n
De otra parte, en lo que concierne con el interlocutorio de 24 de febrero de 2022, por medio del cual, el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga neg\u00f3 aplicar a la Litis objetada la sentencia SC4027-2021 (14 sep.), no se observa irregularidad alguna, toda vez que, para ello, precis\u00f3:\u00ab(\u2026) el Despacho tendr\u00e1 en cuenta la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en punto a la prohibici\u00f3n legal de coexistencia de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, la cual hasta la fecha se mantiene invariable, sin que sea viable reinterpretar el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005, acompas\u00e1ndolo con el art\u00edculo 3\u00b0 de la ley 54 de 1990, con el fin de acceder a la petici\u00f3n del demandante Francisco Jos\u00e9 Pinz\u00f3n Arias, m\u00e1xime cuando conforme al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, modificado por el canon 25 de la ley 1\u00b0 de 1976, la terminaci\u00f3n o disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal tiene lugar, entre otros casos, por la \u201cdisoluci\u00f3n del matrimonio\u201d y por la \u201cseparaci\u00f3n judicial de cuerpos\u201d, la cual para este caso aconteci\u00f3 el 22 de abril de 2019\u00bb. As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no las conclusiones del juez natural, para esta Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no podr\u00eda calificarse de \u00abirrazonable\u00bb, ya que, fue proferida sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
4.- Ahora, no es cierto, como lo afirma la peticionaria que, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n acusada, se desconozcan los derechos de raigambre constitucional denunciados por la promotora. <\/p>\n
En cuanto al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el cual comporta, entre muchas prerrogativas, la posibilidad de que la jurisdicci\u00f3n defina los derechos y obligaciones de las personas cuando estos entran en conflicto, n\u00f3tese que sus s\u00faplicas fueron resueltas en debida forma, bajo argumentos que, aunque se compartan o no, debe ser respetados, por ser fruto de un raciocinio serio y ponderado. <\/p>\n
En cuanto a la igualdad y seguridad jur\u00eddica, adem\u00e1s de lo expuesto con anterioridad, obs\u00e9rvese que los supuestos f\u00e1cticos analizados en la sentencia SC4027-2021 no son id\u00e9nticos a los de la gestora. De suerte que, aunque si bien all\u00ed se hicieron unas precisiones respecto de un tema que tocaba con el conflicto planteado por la libelista, no se puede predicar que exista una identidad esencial de su caso con el all\u00e1 analizado, que imponga un tratamiento equivalente. Sobre el t\u00f3pico, en STC: <\/p>\n
En lo atinente al \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb con referencia a la sentencia SC4027-2021, se advierte que su aplicaci\u00f3n no resulta \u00abobligatoria\u00bb al sub judice, en la medida en que dicha providencia vislumbra una \u00abdisanalog\u00eda f\u00e1ctica\u00bb frente al litigio que ahora concita la atenci\u00f3n de esta Sala, puesto que no existe nexo o similitud entre los hechos de uno y otro caso; a m\u00e1s que tampoco se evidencia identidad o semejanza de los problemas jur\u00eddicos formulados en cada uno de ellos. <\/p>\n
La Corte Constitucional en el fallo T 1029 de 2012, explic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) una sentencia antecedente es relevante para la soluci\u00f3n de un caso, cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): <\/p>\n
i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. <\/p>\n
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido ser\u00e1 razonable que \u201ccuando en una situaci\u00f3n similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez est\u00e9 legitimado para no considerar vinculante el precedente\u201d. <\/p>\n
La vulneraci\u00f3n del derecho a tener una familia tambi\u00e9n es inexistente, pues el hecho de que no se le hayan reconocido efectos patrimoniales a la uni\u00f3n conformada con William Correa Fl\u00f3rez, no quiere decir que dicha prerrogativa se le haya desconocido. Esto, porque ligado como estaba su derecho a reclamar efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n a que no tuviera una sociedad conyugal anterior vigente, su protecci\u00f3n en dicha esfera estaba limitada al cumplimiento de esas condiciones. Por eso, la Corte con posterioridad al fallo SC4027-2021, reiter\u00f3 que uno de los requisitos para el reconocimiento de la sociedad patrimonial derivada de una uni\u00f3n marital de hecho es la ausencia de sociedades conyugales anteriores. <\/p>\n
As\u00ed, n\u00f3tese que, en un caso discutido y aprobado con posterioridad a ese fallo, la Corte puntualiz\u00f3 mayoritariamente, a diferencia de la anterior ocasi\u00f3n, lo siguiente (SC4671 de 24 de noviembre de 2021): <\/p>\n
En punto a la uni\u00f3n marital de hecho, el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 54 de 1990 la defini\u00f3 como \u00abla formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u00bb. <\/p>\n
A su vez, para el reconocimiento de sus efectos patrimoniales, se impuso que \u00abexista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio\u00bb o que \u00abexista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u00bb (literales a. y b. del art\u00edculo 2\u00b0, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005). <\/p>\n
2.3.1. Con base en estos mandatos, la jurisprudencia perfil\u00f3 los siguientes requisitos para su comprobaci\u00f3n: <\/p>\n
(a) comunidad de vida entre los compa\u00f1eros, quienes deciden unirse con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y desarrollar un proyecto de vida compartido (CSJ, SC, 12 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2003-01261-01); <\/p>\n
(b) singularidad, que se traduce en que los consortes no pueden establecer compromisos similares con otras personas, \u2018porque si alguno de ellos, o los dos, sostienen adem\u00e1s uniones con otros sujetos o un v\u00ednculo matrimonial en el que no est\u00e9n separados de cuerpos los c\u00f3nyuges, esa circunstancia impide la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno\u2019 (CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00162-01); <\/p>\n
(c) permanencia, entendida como la conjunci\u00f3n de acciones y decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan inferir la decisi\u00f3n de conformar un hogar y no simplemente de sostener encuentros espor\u00e1dicos (CSJ, SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117); <\/p>\n
(d) inexistencia de impedimentos legales que hagan il\u00edcita la uni\u00f3n, como sucede, por ejemplo, con el incesto (CSJ, SC, 25 mar. 2009, rad. n.\u00b0 2002-00079-01); y <\/p>\n
(e) convivencia ininterrumpida por dos (2) a\u00f1os, que hace presumir la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (CSJ, SC268, 28 oct. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00591-01)\u2026 (SC128, 12 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00331-01). <\/p>\n
A los cuales habr\u00e1 que a\u00f1adirse, que \u00absi alguno o ambos lo tienen, \u2018que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u2019\u00bb (SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117, reiterada en SC11949, 26 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2001-00011-01)\u2026 (SC003, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00682-01) (se enfatiza). <\/p>\n
Asimismo, en SC5106-2021, tambi\u00e9n de fecha posterior, se expuso: <\/p>\n
De lo anterior se desprende que no constituye impedimento para el surgimiento de la uni\u00f3n marital de hecho o para la continuaci\u00f3n de la previamente formada, la celebraci\u00f3n de un v\u00ednculo matrimonial por uno de los compa\u00f1eros permanentes con tercera persona cuando esta boda carece del \u00e1nimo de convivencia, procreaci\u00f3n o auxilio mutuo, como caracter\u00edsticas connaturales de todo casamiento, pues dicha exigencia no se encuentra prevista en el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
Dicho matrimonio, cuando no est\u00e1 disuelta la sociedad conyugal de \u00e9l proveniente, se encuentra instituido en el literal b) del art\u00edculo 2 de la ley en cita, como regla de principio, como causa de impedimento para que surja la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho, pero no como \u00f3bice para la uni\u00f3n misma; y el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 54 de 1990 tambi\u00e9n la regula como motivo de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial ya constituida. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Recientemente la Sala se pronunci\u00f3 en el mismo sentido al considerar, como pauta general, que: <\/p>\n
(\u2026) propio es colegir que el Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda (\u2026) incurri\u00f3 en el mismo desatino que la Corte detect\u00f3 en el fallo del ad quem y que provoc\u00f3 su quiebre, pues para desestimar dicha solicitud aplic\u00f3 requisitos que solamente conciernen con la \u201csociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d y que, por ende, no pod\u00edan exigirse respecto de la indicada petici\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se colige, pues, que se equivoc\u00f3 el a quo cuando sustent\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n dirigida al reconocimiento de la uni\u00f3n marital objeto de la acci\u00f3n, en la circunstancia de no haberse disuelto, con anterioridad a su iniciaci\u00f3n, la sociedad conyugal conformada entre Pedro Jos\u00e9 Castilla Castillo e Ilvia Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, habida cuenta que tal requisito legal se refiere a la presunci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes, como con suficiente claridad lo consagra el literal b) del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990. (CSJ SC11949 de 2016, rad. 2001-00011) (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
5.- En suma, comoquiera que la inaplicaci\u00f3n de la sentencia SC4027-2021 al caso de la promotora no es caprichosa, se descarta la intervenci\u00f3n constitucional, reservada como se encuentra para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
Por tanto, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley NIEGA la tutela instada por Luz Roc\u00edo Salgado Pardo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16867-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16867-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04355-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela que Luz Roc\u00edo Salgado Pardo le formul\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69823","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69823"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69823\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}