STC16868-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16868-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04360-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Miguel Asprilla Borb\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Unidad Especial de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Nacional Electoral, el Comit\u00e9 de \u00c9tica del Senado de la Rep\u00fablica, las Direcciones Nacionales de los Partidos Pol\u00edticos Liberal y Cambio Radical y el Registrador Nacional del Estado Civil, extensiva a las partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00b0 11001-02-47-000-2022-00031-00 (Rad. Corte 00561). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante pidi\u00f3 que se ordene: <\/p>\n
i) al Magistrado Ponente de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n (\u2026) brindar celeridad en el proceso para evitar un posible vencimiento de t\u00e9rminos y que la denuncia sea archivada o los denunciados busquen la preclusi\u00f3n de la misma (\u2026). <\/p>\n
ii) al Magistrado Ponente de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n (\u2026) ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Unidad Especializada contra la Corrupci\u00f3n a la Administraci\u00f3n P\u00fablica oficie diligencia para surtir etapas en las que se pueda entregar material probatorio y que estas diligencias sean adelantadas en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
iii) al Magistrado Ponente de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n (\u2026) responda el memorial donde solicit\u00f3 una nueva entrevista para la incorporaci\u00f3n de nuevas pruebas (\u2026). <\/p>\n
iv) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n d\u00e9 respuesta a la solicitud de 26 de agosto de 2022 en la cual le solicit\u00f3 asignar vigilancia en el proceso (\u2026). <\/p>\n
v) a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n ordene un mecanismo de protecci\u00f3n [en su favor]. <\/p>\n
Como sustento, manifest\u00f3 que le instaur\u00f3 denuncia penal a dos congresistas por hechos de corrupci\u00f3n donde adem\u00e1s est\u00e1n inmersos otros funcionarios departamentales por los presuntos delitos de corrupci\u00f3n electoral, concierto para delinquir y voto fraudulento\u00b8 en la cual entreg\u00f3 distintos elementos probatorios donde puso en evidencia que esas personas utilizaron presiones y tr\u00e1fico de influencias para ayudar a los acusados para hacerse elegir en las pasadas elecciones legislativas en donde se present\u00f3, adem\u00e1s, concentraci\u00f3n de votos en algunas mesas, en favor de aquellos. <\/p>\n
2. El Magistrado Instructor de la Sala acusada hizo el recuento de los all\u00ed rituado e inform\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n se encuentra al Despacho para verificar el recaudo probatorio, evaluarlo y disponer su impulso y\/o la toma de decisiones, acorde con la ley procedimental aplicable para este caso (Ley 600 de 2000)\u00bb; que la entrega del material probatorio se llev\u00f3 a cabo el 31 de mayo del a\u00f1o en curso. En lo relacionado con las \u00absolicitudes del denunciante han sido resueltas en su debida oportunidad\u00bb, La medida de protecci\u00f3n \u00abmediante auto del 6 de junio de 2022 se remiti\u00f3 a la Oficina de Protecci\u00f3n a Testigos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el memorial presentado por el denunciante\u00bb, dependencia que a su vez comunic\u00f3 que \u00abno se cumple con los requisitos establecidos para su vinculaci\u00f3n [\u2026] en especial, por la ausencia de conexidad [\u2026] de modo que se dispuso su no vinculaci\u00f3n al Programa de Protecci\u00f3n y Asistencia\u00bb tambi\u00e9n comunic\u00f3 que como en reiterados memoriales el denunciante insisti\u00f3 en ser v\u00edctima de amenazas, en auto de 30 de septiembre pasado dispuso remitir copia a la Fiscal\u00eda General de Naci\u00f3n \u00abpara lo de su competencia investigativa (\u2026)\u00bb, y alert\u00f3 sobre \u00abla reserva que cobija este asunto\u00bb. La Registradur\u00eda Nacional del estado Civil esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Hasta el momento de elaboraci\u00f3n del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1. En lo atinente a las pretensiones frente a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, debe decirse que: <\/p>\n
1.1. Lo relacionado con que se ordene al Magistrado Instructor \u00abbrindar celeridad en el proceso para evitar un posible vencimiento de t\u00e9rminos y que la denuncia sea archivada o los denunciados busquen la preclusi\u00f3n de la misma (\u2026)\u00bb, es palpable que la residualidad aqu\u00ed exigida no est\u00e1 satisfecha, por cuanto el asunto objeto de debate, esto es, la calificaci\u00f3n de la denuncia, es un tema que se halla en investigaci\u00f3n por parte de la autoridad instructora y dependiendo de los resultados que arroje dicha labor se adoptaran en su momento las determinaciones a que haya lugar, tal como lo afirm\u00f3 en su respuesta la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
As\u00ed, en casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por disposici\u00f3n expresa del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 y por los raciocinios aqu\u00ed consignados, debe prevalecer el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela denominado subsidiariedad, de forma tal que la controversia descrita debe someterse a los mecanismos ordinarios con los cuales se resolver\u00edan las inconformidades de Asprilla Borb\u00f3n y ello torna en improcedente el ruego superlativo. <\/p>\n
Con ese panorama, emerge de forma clara que aquella ritualidad en el proceso objeto de escrutinio no se ha suscitado y ello deja ver que este remedio fue interpuesto de forma anticipada. <\/p>\n
De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas del gestor, porque: <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (CSJ STC13376-2021, reiterada entre otras en STC8647-2022). <\/p>\n
Ahora bien, si considera que es excesiva la tardanza del servidor judicial para adoptar las determinaciones que por esta v\u00eda exige, cuenta con la posibilidad de recursarlo de conformidad con lo preceptuado en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, que se\u00f1ala como causal de impedimento al \u00ab(\u2026) funcionario judicial [que] haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, sin embargo, no se observa que activara tal medio procesal, circunstancia que por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, hace inviable el ruego. <\/p>\n
1.2. De otra parte, en lo concerniente a los supuestos pedimentos dejados de atender, seg\u00fan lo afirmado por la autoridad encartada, a los mismos les ofreci\u00f3 la correspondiente respuesta, n\u00f3tese como la audiencia para la entrega del material probatorio se realiz\u00f3, seg\u00fan lo afirmado por el encartado, el 31 de mayo pasado. Ahora, la petici\u00f3n de protecci\u00f3n fue direccionada a la entidad correspondiente, esto es a la Direcci\u00f3n de Protecci\u00f3n y Asistencia de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tal como igualmente lo afirm\u00f3 el funcionario instructor que se entiende rendido bajo la gravedad de juramento de conformidad con el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, de ah\u00ed que, sopesadas las circunstancias expuestas por el memorialista y el acontecer de esta tr\u00e1mite, en esos puntuales aspectos no se colige la amenaza o vulneraci\u00f3n de prerrogativas esenciales, de manera que es patente el fracaso del auxilio porque los motivos concretos que llevaron al quejoso para entablar la presente salvaguarda carecen de objeto, puesto que eran inexistentes desde antes de la formulaci\u00f3n de esta queja. Por consiguiente, resulta inane emitir cualquier pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
2. De otro lado, las aspiraciones frente al Ministerio P\u00fablico para que \u00abd\u00e9 respuesta a la solicitud de 26 de agosto de 2022 en la cual le solicit\u00f3 asignar vigilancia en el proceso (\u2026)\u00bb tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad como quiera que el convocante no aport\u00f3 prueba sumaria alguna que respalde sus afirmaciones; y en ese orden de ideas no est\u00e1n cumplidos los presupuestos para dispensar la salvaguarda siquiera como mecanismo transitorio, en vista que: <\/p>\n
(\u2026) no se acredit\u00f3 el acaecimiento de un menoscabo de tal magnitud (perjuicio irremediable), es decir, actual, inminente y serio que determine la urgencia otorgar el resguardo en esas condiciones, sin que de su solo dicho sea posible deducir autom\u00e1ticamente ese efecto nocivo. Adem\u00e1s, no se olvide que aquellas circunstancias relacionadas con hipot\u00e9ticos detrimentos patrimoniales, como la aducida no encajan, por regla general, entre aquellas susceptibles de ser defendidas en este escenario restrictivo. Frente a este \u00faltimo aspecto, la jurisprudencia ha establecido que la interferencia temporal presupone necesariamente la constataci\u00f3n de un da\u00f1o que \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC6136-2018, memorada en STC11066-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, el ruego es improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de Miguel Asprilla Borb\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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