STC16873-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16873-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04371-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Fabiola Esther Daza Pab\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, Luddy Elena Tinoco y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que se ordenara dejar sin efectos \u00abla providencia de fecha tres (03) de junio del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022), proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga (\u2026), por medio de la cual se decidi\u00f3 confirmar el fallo de primera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En apoyo adujo que Luddy Elena Tinoco Rosas promovi\u00f3 en su contra acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, para que se le declara \u00abresponsable\u00bb de los perjuicios causados al apartamento 201 del edificio Doral ubicado en la carrera 34 n\u00ba 44-28 y se le condenara al pago de las lesiones patrimoniales y extra patrimoniales, tasadas las primeros en $3.097.500 por da\u00f1o emergente y, $112.802.092 por lucro cesante, manifestando que, \u00abperturbe su posesi\u00f3n sobre el bien inmueble a ra\u00edz de las construcciones locativas realizadas en el apartamento 301 de la misma edificaci\u00f3n, y, cuya propiedad me pertenece, generaron filtraciones de agua y por ello fuertes humedades. En consecuencia, alego la se\u00f1ora TINOCO que ha sus costas existieron perjuicios procedentes de estas construcciones en mi apartamento a ra\u00edz que su sustento b\u00e1sico era derivados de su labor como esteticista (practicada en su hogar), y, adem\u00e1s, que daba algunas habitaciones en arriendos\u00bb; por lo que, apreci\u00f3 sus pretensiones en la suma de $281.122.592. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que se opuso a la demanda, objet\u00f3 el juramento estimatorio y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de \u00abfalta de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o alegado\u00bb e \u00abinexistencia de nexo causal\u00bb; no obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga \u00abno dio lugar a las excepciones propuestas, declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n al juramento estimatorio y me conden\u00f3 al pago de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($55.486.760) por concepto de lucro cesante, y, el equivalente a DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2.079.675) por concepto de da\u00f1o, al igual, que a las costas procesales\u00bb (11 may. 2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el a quo encontr\u00f3 acreditado que las adecuaciones locativas realizadas en el apartamento 301 afectaron el inmueble 201, principalmente las humedades de gran magnitud avistadas por los funcionarios de la Inspecci\u00f3n de Descongesti\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga y, por lo mismo, fueron el b\u00e1culo del amparo policivo concedido en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 27 de 27 de noviembre de 2016, que hall\u00f3 respaldo en la prueba testimonial recaudada y en el registro fotogr\u00e1fico adosado al expediente. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n el fallo, argumentando \u00ab(i) la funcionaria realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n inadecuada del material probatorio; (ii) incurri\u00f3 en una indebida cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o y ausencia de valoraci\u00f3n de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio; (iii) acusa que hay falta de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o alegado y (iv) para ese extremo es clara la inexistencia del nexo causal\u00bb; sin embargo, el Superior lo refrend\u00f3 al no encontrar una indebida valoraci\u00f3n probatoria (3 jun. 2022). <\/p>\n
Dijo estar en desacuerdo con lo solventado, pues, si bien \u00abdeb\u00eda confirmarse la alzada en lo que ata\u00f1e a la declaratoria de responsabilidad civil y la condena por da\u00f1o emergente; no deb\u00eda concederse perjuicio por lucro cesante, comoquiera que no hab\u00eda suficiente prueba sobre el mismo. En efecto, habi\u00e9ndose objetado razonadamente el juramento estimatorio, correspond\u00eda a la parte actora demostrar fehacientemente la causaci\u00f3n del da\u00f1o, pero as\u00ed NO ocurri\u00f3, ya que ninguna documental arrim\u00f3 con este prop\u00f3sito y, la declaraci\u00f3n de las personas tra\u00eddas al juicio con esta finalidad resultan vagas e imprecisas, como que no pude establecerse a trav\u00e9s de ellas cu\u00e1nto era el ingreso promedio mensual de la se\u00f1ora TINOCO con origen en la actividad comercial que denunci\u00f3 en el libelo genitor\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bucaramanga pidi\u00f3 negar el resguardo por no satisfacer el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con fundamento en el material suasorio arrimado al infolio, pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza esta v\u00eda especial. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, habida cuenta que, la consulta de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se constata que entre la fecha de notificaci\u00f3n por estado de la providencia combatida (7 jun. 2022), por medio de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual promovido por LUDDY ELENA TINOCO ROSAS contra FABIOLA ESTHER DAZA PAB\u00d3N\u00bb, y la remisi\u00f3n del pliego genitor a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico (9 dic. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de (6) meses y dos (2) d\u00edas; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre la exigencia temporal rese\u00f1ada, esta Corte ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si la precursora se demor\u00f3 en proponer este remedio constitucional, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al despacho convocado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. En STC3949-2021 se dijo: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Empero, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis all\u00ed rese\u00f1adas, en la medida que la gestora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a este instrumento especial\u00edsimo. <\/p>\n
3.- Ergo, surge impr\u00f3spero el ruego requerido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Fabiola Esther Daza Pab\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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