STC16874-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16874-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04380-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A. instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 68001 31 03 002 2022 00188 00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se dejara \u00absin efecto la providencia proferida [el] (\u2026) 04 de octubre de 2022, as\u00ed como la totalidad de actuaciones derivadas de [aqu\u00e9lla]\u00bb y, por ende, se emitiera un nuevo prove\u00eddo. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos, el 12 de agosto del a\u00f1o en curso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de la actora y en contra de Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. \u2013 Coosalud EPS- por valor de $320.357.786 representados en 18 facturas, m\u00e1s intereses de mora, y decret\u00f3 el embargo y secuestro de: <\/p>\n
i) Los bienes que se lleguen a desembargar y fueran de propiedad de la ejecutada dentro de los procesos 2018-223 y 2021-271, que cursan en los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Trece Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
ii) Las sumas de dinero que los Departamentos del Cesar, Magdalena, Santander y el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, posean a nombre de la demandada, as\u00ed como las que deban pagarle a futuro de los cr\u00e9ditos que, por concepto de honorarios, prestaciones de servicios, compensaciones y\/o cualquier valor causado en derecho, adeuden o lleguen a adeudarle a la pasiva, limitando la medida a $480.536.679. <\/p>\n
iii) Las \u00absumas de dinero que la deudora tuviere o llegare a tener consignadas en cuentas corrientes, de ahorro, o cualquier otro t\u00edtulo bancario o financiero que posea en Bancolombia S.A., el Banco GNB Sudameris S.A. y en Servitrust GNB Sudameris, limitando la medida a $480.536.679. <\/p>\n
Oficiando \u00aba las diferentes entidades, con la advertencia de que la medida no procede respecto de recursos inembargables \u00abvale decir, de aquellos: I) emanados del Sistema General de Participaciones (art 513 del C.P.C., Decreto 1101 de 2007, art 6 de la ley 179 de 1994 y art 19 del decreto 111 de \/996); II) que tengan como prop\u00f3sito financiar el R\u00e9gimen subsidiado en salud (art 275 de la ley 1450 de 2011 y art 8 del decreto 050 de 2003) y en fin III) que tengan el car\u00e1cter de parafiscales de acuerdo a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -480 de 1997 (providencia de las cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de salud, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto general) y el art\u00edculo 25 de la ley 1751 de 2015\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la demandante apel\u00f3 y el superior convalid\u00f3 la determinaci\u00f3n (4 oct. 2022). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con la \u00faltima decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por desconocimiento del precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00ablos recursos obtenidos en la actividad de recaudo del Sistema de Seguridad en Salud pueden ser objeto, excepcionalmente, de una medida de embargo cuando con dichos recursos se garantice el pago de facturas generadas con ocasi\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre la EPS ejecutada y la IPS ejecutante, es decir, facturas expedidas con ocasi\u00f3n, directamente, de la prestaci\u00f3n del servicio de salud\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido, destacando la legalidad del proceder de la Colegiatura confutada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el fracaso del resguardo, comoquiera que el interlocutorio emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga (4 oct. 2022), que refrend\u00f3 el que decret\u00f3 las medidas cautelares, advirtiendo que no proced\u00edan frente a recursos inembargables (12 ag.), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, explic\u00f3 que de acuerdo con los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Sistema General de Participaciones est\u00e1: a) Constituido por los recursos \u00abtransferidos de la Naci\u00f3n a las entidades territoriales, de modo que se puedan financiar los servicios cuya competencia les asigna la Ley 715 de 2001\u00bb y, b) Conformado por una \u00abparticipaci\u00f3n\u00bb con destinaci\u00f3n espec\u00edfica para el \u00absector educativo\u00bb, una para el \u00absector salud\u00bb, una para \u00abagua potable y saneamiento b\u00e1sico\u00bb y, otra de \u00abprop\u00f3sito general\u00bb (art. 1\u00b0 de la Ley 1176 de 2007). <\/p>\n
Acto seguido, en punto a las \u00abrentas incorporadas en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como los bienes y derechos de los \u00f3rganos que lo integran\u00bb, resalt\u00f3 su car\u00e1cter \u00abinembargable\u00bb, que ha de ser respetado por los funcionarios judiciales, quienes \u00abdeben abstenerse de emitir \u00f3rdenes de embargo cuando no se ajusten a lo prescrito\u00bb en el art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996. <\/p>\n
Posteriormente, sostuvo que frente a los dineros del Sistema General de Participaciones est\u00e1 prohibido su embargo, en los t\u00e9rminos del canon 91 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 111 de 1996, de ah\u00ed que \u00abel servidor p\u00fablico que reciba la orden de embargo de estos recursos \u201cest\u00e1 obligado a efectuar los tr\u00e1mites, dentro de los tres d\u00edas siguientes a su recibo, para solicitar su desembargo\u201d\u00bb; cl\u00e1usula de inembargabilidad que seg\u00fan la sentencia C 1154 de 2008: <\/p>\n
(i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley (\u2026). <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3, que \u00abel numeral 1 del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 como regla general que los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n y los de la seguridad social son inembargables\u00bb. <\/p>\n
Bajo dicho contexto, coligi\u00f3 que, en el sub judice: <\/p>\n
(\u2026) es menester determinar a qu\u00e9 destinaci\u00f3n corresponden los bienes objeto de las medidas rogadas por la parte actora decretadas por el despacho competente, para as\u00ed establecer si son viables o no. Sobre el particular, n\u00f3tese que en el asunto que nos ocupa, se hallaba fuera del alcance de la funcionaria competente dilucidar de modo exacto la clasificaci\u00f3n de los dineros sobre los que versa la cautela decretada en el prove\u00eddo censurado, por lo que, frente a la ausencia de tal claridad, su decisi\u00f3n se encamin\u00f3 a decretar la cautela, con la prevenci\u00f3n [o condicionamiento] de practicarlas siempre que los bienes no sean inembargables, ello con arreglo a la normas que regulan el tema [entre otras, el precepto 594 del C.G.P.] (\u2026). <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Ergo, surge claro el fracaso del ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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