STC16876-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16876-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01940-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 4 de octubre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Omar Sosa Monsalve le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad, ambos de Bucaramanga, extensiva al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 68001-31-07-001-2005-00397-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3: <\/p>\n
i) se declare que en la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, del 21 de septiembre del a\u00f1o 2009, (\u2026), en donde se resolvi\u00f3 confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 9 de marzo del a\u00f1o 2007 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga dentro del radicado 397 \u2013 05, variando el nomen juris de la conducta por la que se conden\u00f3, debe entenderse que el nomen juris, ajustado a derecho, por el que se profiri\u00f3 la sentencia es el de CONCIERTO PARA DELINQUIR. <\/p>\n
ii) se ordene al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, que estudie y decida nuevamente, si concede o no, el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria establecido en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal al accionante\u00bb. <\/p>\n
Del compendio factual adosado se extrae que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga conden\u00f3 a Sosa Monsalve a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 100 s.m.ml.v. por los delitos de homicidio agravado en concurso con sedici\u00f3n, (9 mar. 2007), apelaron entre otros el promotor y el Tribunal estableci\u00f3 el castigo en 20 a\u00f1os pero por los delitos de homicidio agravado homog\u00e9neo en concurso con el il\u00edcito de concierto para delinquir agravado (21 sep. 2009), postul\u00f3 casaci\u00f3n, sin embargo, desisti\u00f3 del remedio, lo cual fue aceptado por el juez de la alzada (22 ene. 2010), as\u00ed que el asunto se remiti\u00f3 al juez de la ejecuci\u00f3n donde inst\u00f3 el otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria, pero no le fue concedida (24 nov. 2020), esgrimi\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. La unidad judicial mantuvo su determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada (31 mar. 2021), decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Tribunal (15 jun. 2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que con la variaci\u00f3n de la denominaci\u00f3n jur\u00eddica del injusto por el que fue castigado de sedici\u00f3n a concierto para delinquir agravado se incluy\u00f3 un agravante que \u00abnunca se trat\u00f3 en el proceso penal ni en la sentencia de primera instancia (\u2026)\u00bb y en ese escenario debe conced\u00e9rsele el subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2. La Magistratura acusada defendi\u00f3 sus determinaciones. El juez encargado de vigilar la pena refiri\u00f3 que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada y respecto al prove\u00eddo mediante el cual le neg\u00f3 el tratamiento extramural (24 nov. 2020) se atuvo a los argumentos all\u00e1 expuestos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego por subsidiariedad frente al veredicto condenatorio de segunda instancia (21 sep. 2009), en la medida que debi\u00f3 emplear de forma efectiva los mecanismos extraordinarios de defensa judicial que el procedimiento penal le habilitaba y la razonabilidad en los interlocutorios emitidos en sede de ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el promotor con asidero en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe respaldarse, pero por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.- En lo atinente al veredicto de 21 de septiembre de 2009, y como quiera que desisti\u00f3 del recurso extraordinario de casaci\u00f3n (22 ene. 2010), la s\u00faplica en ese puntual aspecto no est\u00e1 llamada a prosperar por incumplimiento de presupuesto tempestivo, dado que la providencia de la alzada cobr\u00f3 ejecutoria el 21 de septiembre de 2009 y la interposici\u00f3n de este resguardo se realiz\u00f3 el 20 de septiembre de 2021, por lo que transcurrieron m\u00e1s de 12 a\u00f1os desde el momento en que se dijo haber configurado la transgresi\u00f3n de los intereses ius fundamentales, esto es, se super\u00f3 con creces el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la jurisprudencia constitucional en asuntos de este linaje, pues sobre la materia se tiene ampliamente decantado que <\/p>\n
(\u2026) aunque no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb de la persona (\u2026) As\u00ed acontece porque aunque la ley no prev\u00e9 un l\u00edmite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empe\u00f1o frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contados a partir de que se dict\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb batallada en procura de que la aspiraci\u00f3n ius fundamental \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser\u00bb (CSJ STC6919-2020, STC4015-2022 memoradas en STC5805-2022). <\/p>\n
2.- De otra parte, en lo atinente a la decisi\u00f3n del 21 de junio de 2021, mediante la cual la Sala Penal del Distrito Judicial de Bucaramanga desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que Sosa Monsalve esgrimi\u00f3 frente al interlocutorio de 24 de noviembre de 2020, mediante el cual le denegaron el subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria, el amparo constitucional tampoco est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos, probanzas, marco normativo aplicable al caso concreto y garant\u00edas superiores del inconforme. <\/p>\n
En efecto, una vez revisada la decisi\u00f3n emitida por el juez plural de la alzada se infiere que analiz\u00f3 las circunstancias especiales en que se desarroll\u00f3 la actuaci\u00f3n que llev\u00f3 al juez de la ejecuci\u00f3n para denegar el subrogado y en ese sentido comenz\u00f3 por establecer el marco normativo del asunto a resolver y en ese escenario puntualiz\u00f3 que el art\u00edculo 28 de la Ley 1709 de 2014 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 38 G de la Ley 599 de 2000 dispuso: <\/p>\n
La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del art\u00edculo 38B del presente c\u00f3digo, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparici\u00f3n forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de menores; uso de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos; tr\u00e1fico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales; extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas con fines terroristas; financiaci\u00f3n del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administraci\u00f3n de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en el art\u00edculo 375 y el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 376 del presente c\u00f3digo.(Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa anunci\u00f3 la improsperidad del reclamo, porque no hall\u00f3 elementos de juicio suficientes para replantear la decisi\u00f3n y por ello expres\u00f3: <\/p>\n
La clara redacci\u00f3n de la norma no permite acoger la hermen\u00e9utica que propone el apoderado del penado, esto es, que como a su juicio solo se hizo una correcci\u00f3n del nomen iuris del delito de sedici\u00f3n, no debe aplicarse la prohibici\u00f3n expresa que el legislador consagra en el art\u00edculo 38G para unos delitos, entre ellos, el punible de concierto para delinquir agravado, comoquiera que dicho reato solo se introdujo en segunda instancia sin hacerse un an\u00e1lisis de la tipicidad al respecto. <\/p>\n
Ahora, al ocuparse del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n particular del peticionario rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) para esta Sala es claro que, en efecto, Omar Sosa Monsalve fue condenado por los delitos de homicidio agravado homog\u00e9neo en concurso con el il\u00edcito de concierto para delinquir agravado, este \u00faltimo integrado en la decisi\u00f3n emitida el 21 de septiembre de 2009, por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, comoquiera que \u201cla conducta punible de sedici\u00f3n consagrada inicialmente en el art\u00edculo 71 de la ley 975 de 2005, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C – 370 de mayo 18 de 2006, decisi\u00f3n que dio lugar a la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 71 de la referida ley, como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 11 de julio de 2007, y posteriormente en sentencia del 5 de diciembre de la misma anualidad\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tal modificaci\u00f3n se hizo en atenci\u00f3n a que \u201cla pertenencia a un grupo armado al margen de la ley, es suficiente para satisfacer el elemento t\u00edpico de este delito\u201d, cuesti\u00f3n que justamente si hace alusi\u00f3n a los elementos objetivos del tipo penal, lo que de contera descarta que la variaci\u00f3n de sedici\u00f3n al de concierto para delinquir agravado, sea simplemente un cambio de nombre; igualmente, debe indicarse, que tal como lo dej\u00f3 expuesto la a quo, la sentencia emanada el 21 de septiembre de 2009, se encuentra debidamente ejecutoriada, por lo que no es posible tomar la denominaci\u00f3n jur\u00eddica \u2013sedici\u00f3n-, que fue justamente modificada en ella, para otorgarle el sustituto al sentenciado, ya que tal correcci\u00f3n se hizo a la luz de los postulados constitucionales y jurisprudenciales, en garant\u00eda del principio de legalidad. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, con fundamento en un pronunciamiento de la hom\u00f3loga en lo penal de 28 de mayo de 2208, radicado 29560 resalt\u00f3: <\/p>\n
\u201cAceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracci\u00f3n punible denominada sedici\u00f3n, no s\u00f3lo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo, sino tambi\u00e9n, burlar el derecho de las v\u00edctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podr\u00edan quedar cobijados con la impunidad absoluta \u2013entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la convenci\u00f3n Americana- que se les brindar\u00eda por medio de amnist\u00edas e indultos, medidas que podr\u00edan ser tomadas a discreci\u00f3n del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial torn\u00e1ndose en un imposible la obtenci\u00f3n de la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedi\u00f3 en el caso\u2026\u201d <\/p>\n
En ese sentido, se insiste, en el caso de trato una de las conductas punibles en las que incurri\u00f3 Omar Sosa Monsalve, y por la que actualmente purga pena fue la de concierto para delinquir agravado, el cual se encuentra en la lista de delitos que no permite la concesi\u00f3n de este beneficio conforme el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal, lo cual hace innecesario analizar los siguientes presupuestos exigidos en esta normatividad. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
(\u2026) confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del 24 de noviembre de 2020, mediante la cual el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad neg\u00f3 a Omar Sosa Monsalve la sustituci\u00f3n de la pena intramural por la prisi\u00f3n domiciliaria, comoquiera que no cumple con los requisitos previstos en el art\u00edculo 38G de la Ley 599 de 2000, tal como se dej\u00f3 visto. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el impulsor no comparta tales inferencias, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis del marco normativo de la especialidad penal, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021 memoradas en STC2322-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, surge inevitable el fracaso del ruego, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran. Por el contrario, resulta notoria la aspiraci\u00f3n del gestor de anteponer su propio criterio para atacar la actuaci\u00f3n que no le fue favorable, designio ajeno a esta v\u00eda residual y subsidiaria. <\/p>\n
En suma, por las motivaciones que anteceden, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 15 de noviembre de 2022, este diligenciamiento arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 1 de diciembre pasado. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16876-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16876-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01940-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 4 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}