STC16880-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01369-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de julio de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Ovidio Restrepo Mesa en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, extensiva al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 17001-31-05-003-2015-00450-01 (Rad. Corte 75497). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 \u00abse deje sin efectos la providencia \u2013Sentencia- del 29 de marzo del 2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No.1 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb y en su lugar se profiera una nueva que tenga en cuenta lo lineamientos de la SU-317 del 2021. <\/p>\n
De escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae, en suma, que el accionante promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones con el fin de que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de vejez, porque consider\u00f3 cumpl\u00eda los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales que accedi\u00f3 a las pretensiones (12 abr. 2016), al surtirse el grado jurisdiccional de consulta el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto (21 jun. 2016), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Sala accionada no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado (CSJ SL1109-2022, 29 mar.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios judiciales acusados desconocieron los postulados del \u00f3rgano l\u00edmite constitucional al establecer la obligatoriedad de la afiliaci\u00f3n del actor al Instituto de Seguros Sociales \u2013 ISS, antes de 1994 para poder ser beneficiario del Decreto 758 de 1990, \u00abcuando la mismas(sic) Corte ha indicado que no se debe exigir afiliaci\u00f3n a un fondo en particular sino a un r\u00e9gimen durante su ordinaria vigencia\u00bb. <\/p>\n
2.- La magistratura de casaci\u00f3n defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez plural de la alzada se remiti\u00f3 a las consideraciones plasmadas en la sentencia que expidi\u00f3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales dijo que lo alegado le resultaba ajeno. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir en la razonabilidad de la definitoria en casaci\u00f3n en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el promotor e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo y en que la Corte desat\u00f3 un asunto id\u00e9ntico en SU-273 de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, pero por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.- En cuanto a los reparos expuesto frente a la determinaci\u00f3n de la alzada y de casaci\u00f3n, la Sala centrar\u00e1 su estudio en el fallo que desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio. <\/p>\n
Pues bien, al analizar de manera omnicomprensiva la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta especial justicia. En efecto, los argumentos que condujeron a la improsperidad del cargo que en esa sede elev\u00f3 Carlos Ovidio Restrepo Mesa no resultan descabellados, en tanto resalt\u00f3 que no era objeto de discusi\u00f3n que: <\/p>\n
i) el demandante naci\u00f3 el 16 de febrero de 1949; <\/p>\n
ii) al 1 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad, por lo que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contenido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; <\/p>\n
iii) labor\u00f3 al servicio del Ministerio de Salud desde el 1 de agosto de 1972 hasta el 3 de julio de 1974; <\/p>\n
iv) que en dicho periodo aport\u00f3 a la extinta Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social; y <\/p>\n
v) que la primera cotizaci\u00f3n del demandante al ISS fue en 1997. <\/p>\n
As\u00ed centr\u00f3 su estudio en la inconformidad respecto al alcance del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y en ese sentido resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la censura parte de un supuesto equivocado en su ataque, al entender que el colegiado desconoci\u00f3 que el demandante s\u00ed hab\u00eda estado inscrito en el r\u00e9gimen pensional de prima media, pues, contrario a lo dicho por el recurrente, el Tribunal s\u00ed reconoci\u00f3 que el r\u00e9gimen de reparto simple administrado por Cajanal era el mismo r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, de conformidad con los Decretos 2196 de 2009 y 2011 de 2012, y las consideraciones de la Corte Constitucional en sentencia CC SU130-2013. No obstante, lo que precis\u00f3 fue que, al actor no le eran aplicables las regulaciones emanadas por el Consejo Nacional del Seguro Social, vale decir, el Acuerdo 049 de 1990, porque su primera cotizaci\u00f3n al ISS fue en el 1997, esto es, con posterioridad 1 de abril de 1994. <\/p>\n
Lo anterior, precisamente dado el alcance de la expresi\u00f3n contenida en el inciso segundo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 cuya errada interpretaci\u00f3n se le atribuye al colegiado, la cual es del siguiente tenor: <\/p>\n
La edad para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, el tiempo de servicio o en n\u00famero de semanas cotizadas, y el monto de la pensi\u00f3n de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o m\u00e1s a\u00f1os de edad si son mujeres o cuarenta (40) o m\u00e1s a\u00f1os de edad si son hombres, o quince (15) o m\u00e1s a\u00f1os de servicios cotizados, ser\u00e1 la establecida en el r\u00e9gimen anterior al cual se encuentren afiliados (lo subrayado es de la Sala). <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n realizada por el Tribunal es correcta, pues, si se aspira a que se le aplique el r\u00e9gimen anterior, por lo menos debe demostrarse que en alguna \u00e9poca precedente a la fecha en que entr\u00f3 a regir la Ley 100 de 1993, se estuvo afiliado al r\u00e9gimen cuya aplicaci\u00f3n se reclama, sin que necesariamente deba ser el 1 de abril de 1994. <\/p>\n
Y no puede ser de otro modo, porque si el demandante antes de la referida data, no se hab\u00eda afiliado al ISS, el r\u00e9gimen pensional administrado por \u00e9ste y cuya aplicaci\u00f3n se pretende, era inexistente para el actor ya que no ten\u00eda una expectativa legal o r\u00e9gimen que la beneficiara y que debiera ser protegido por la nueva ley de seguridad social. <\/p>\n
No puede olvidarse que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n en materia de pensiones, introducido con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, es un mecanismo que aten\u00faa el rigor del principio de la aplicaci\u00f3n general e inmediata de la ley. Es un beneficio para los trabajadores antiguos que, para la fecha de la entrada en vigencia de la ley nueva, no han accedido a\u00fan al derecho que se trata. Consiste en aplicar la legislaci\u00f3n anterior, lo que de suyo es algo excepcional, y por lo mismo, de rigurosa aplicaci\u00f3n restringida. (CSJ SL, rad. 17768 del 21 de marzo de 2002, reiterada por CSJ SL, rad. 33442 del 3 de octubre de 2008). <\/p>\n
En esa medida, si el demandante no ven\u00eda inscrito al r\u00e9gimen del Seguro Social, no le era posible aplicar, en particular, el sistema pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por lo que tampoco pod\u00eda aspirar \u00aba mantenerlo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed continu\u00f3 su disertaci\u00f3n con fundamento en la C-597 de 1997, mediante la cual se declar\u00f3 la exequibilidad de la expresi\u00f3n al cual se encuentren afiliados plasmada en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y de trascribir algunos de sus apartes arguy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal no err\u00f3 en su decisi\u00f3n, en la medida en que, aunque el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no pod\u00eda ampararse en el Acuerdo 049 de 1990 pues no estructur\u00f3 en \u00e9l una expectativa leg\u00edtima, por cuanto fue un hecho indiscutido que empez\u00f3 a cotizar a este solo despu\u00e9s de la fecha en que entr\u00f3 en vigor el sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, antes de la Ley 100 de 1993, el demandante pod\u00eda pensionarse bajo los par\u00e1metros de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, pues hab\u00eda prestado su servicio al sector p\u00fablico y realizado aportes a Cajanal (1 de agosto de 1972 hasta el 3 de julio de 1974), pero no pod\u00eda recurrir a los reglamentos del ISS, donde no estuvo afiliado, sino hasta 1997. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que para que una persona beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pueda ampararse en el r\u00e9gimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, debe tener una expectativa leg\u00edtima, la cual no se presenta si se afilia al sistema con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como ocurre en este asunto, pues como ya se indic\u00f3 el actor se afili\u00f3 al ISS en 1997. <\/p>\n
De igual manera, con fundamento en pronunciamientos de la Sala (CSJ SL4392-2020 y SL1981-2020) concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) antes de la Ley 100 de 1993, el demandante pod\u00eda pensionarse bajo los par\u00e1metros de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, pues hab\u00eda prestado su servicio al sector p\u00fablico y realizado aportes a Cajanal (1 de agosto de 1972 hasta el 3 de julio de 1974), pero no pod\u00eda recurrir a los reglamentos del ISS, donde no estuvo afiliado, sino hasta 1997. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que para que una persona beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pueda ampararse en el r\u00e9gimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, debe tener una expectativa leg\u00edtima, la cual no se presenta si se afilia al sistema con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como ocurre en este asunto, pues como ya se indic\u00f3 el actor se afili\u00f3 al ISS en 1997. <\/p>\n
No obstante, el actor no cumple con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 7 de la citada Ley 71 de 1988 para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pues seg\u00fan lo probado, y no discutido en casaci\u00f3n, no acredita m\u00e1s de 20 a\u00f1os de aportes sufragados, pues tan solo cotiz\u00f3, 829,4 semanas, de las cuales, 92 semanas fueron a Cajanal y 737,14 semanas, al ISS despu\u00e9s de 1994. Adem\u00e1s, tampoco acredita los cuatro lustros exigidos en el art\u00edculo 1 de la Ley 33 de 1985, para obtener al derecho pensional a la luz de dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el ad quem no err\u00f3 en su decisi\u00f3n, como quiera que al actor no pod\u00eda beneficiarse de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen previsto en los reglamentos del ISS para acceder al derecho pensional, pues no estuvo afiliado a \u00e9ste antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las conclusiones adoptadas son la inferencia de las probanzas aportadas y de su lectura no refulge la v\u00eda de hecho alegada, ya que el juez plural de casaci\u00f3n efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace reprochado, acorde con la jurisprudencia emitida tanto por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional como por la especialidad del trabajo en el marco de sus competencias. <\/p>\n
2.- De otra parte, en lo atinente a las alegaciones de la impugnaci\u00f3n relacionadas con la supuesta desatenci\u00f3n del precedente SU-273 de 2022, esta se percibe inviable, puesto que entra\u00f1a un nov\u00edsimo planteamiento ajeno a la discusi\u00f3n propuesta desde el inicio, arista que no es posible dilucidarla en esta instancia porque los accionados no tuvieron la oportunidad para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n ante el a quo. De suerte que de ser estudiado por la Corte se quebrantar\u00eda el derecho de defensa que les asiste (CSJ STC7682-2021, reiterada en STC1679-2022). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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