STC16885-2022 <\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16885-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00152-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 25 de agosto de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la tutela promovida por Carlos Gonz\u00e1lez Rojas y Sandra Salcedo Moreno -en nombre propio y de sus dos hijos menores de edad-, contra Juzgado 1\u00b0 de Familia de Tunja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes pidieron que se dejen sin efectos las resoluciones que denegaron el traslado laboral de Carlos Gonz\u00e1lez Rojas (27 may. y 9 ago. 2022) para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto en su favor. <\/p>\n
En sustento, adujeron que Carlos Gonz\u00e1lez Rojas solicit\u00f3 traslado de su cargo de asistente social del Juzgado Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9, al despacho 1\u00b0 de Familia de Tunja. Relataron que la \u00faltima agencia en comento emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 007 del 12 de mayo de 2022 en la que deneg\u00f3 el traslado. Expusieron que esa decisi\u00f3n fue impugnada, pero el fallador la mantuvo mediante resoluci\u00f3n n\u00b0 008 del 05 de agosto de 2022. <\/p>\n
De esas determinaciones derivan la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales y los de su n\u00facleo familiar pues, a su juicio, el juzgado accionado err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto. <\/p>\n
2. El juzgado accionado aport\u00f3 los documentos relativos a la emisi\u00f3n de los actos administrativos cuestionados, hizo un relato de sus actuaciones y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare y la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, pidieron su desvinculaci\u00f3n del sumario tras considerar que los hechos denunciados no se dirigen en su contra. <\/p>\n
Edith Jasmina Correales Guio, Andrea Liliana Paredes M\u00e9ndez, Diana Liceth Murcia Orjuela y Oscar Eduardo Sandoval Rodr\u00edguez -qui\u00e9nes tambi\u00e9n aspiraron al cargo, sin \u00e9xito- reprocharon la motivaci\u00f3n de las resoluciones cuestionadas y pidieron ser tenidos en cuenta para el nombramiento del cargo ofertado. <\/p>\n
3. La primera instancia concedi\u00f3 el amparo porque la agencia accionada desatendi\u00f3 \u00abel m\u00e9rito de quienes solicitaron traslado (\u2026) [y] de quienes integran la lista de elegibles\u00bb. Se expuso un salvamento de voto fincado en la razonabilidad de las decisiones reprochadas. <\/p>\n
4. Olga Lucia G\u00f3mez Cabrejo -quien actualmente ocupa el cargo ofertado- impugn\u00f3 tras considerar que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad. Los accionantes recurrieron para que, en lugar de ordenar que se despliegue un nuevo estudio del asunto, se disponga el traslado de Carlos Gonz\u00e1lez Rojas. El juzgado querellado pidi\u00f3 la revocatoria del fallo y reiter\u00f3 los argumentos de su informe rendido al sumario. <\/p>\n
5. Llegado el paginario a esta Corporaci\u00f3n para que se desatara la impugnaci\u00f3n, se decret\u00f3 la nulidad del veredicto tras considerar que la autoridad que debi\u00f3 tramitar la salvaguarda era el Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1, dado que el accionante \u00abes empleado judicial en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y el inciso 2\u00ba numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, estipula que \u201c[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u201d\u00bb (ATC1483-2022 de 5 de oct.). <\/p>\n
6. El Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 propuso conflicto negativo de competencia que fue resuelto por la hom\u00f3loga constitucional en auto 1811 de 2022 (23 nov. 2022), en el que consider\u00f3 que esta Sala deb\u00eda desatar la segunda instancia del amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 revocada, toda vez que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad. Adem\u00e1s, la tutela no procede de forma transitoria. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que los reproches endilgados van encaminados a cuestionar las resoluciones n\u00b0 007 y 008 -emitidas 12 mayo y 5 de agosto de 2022, respectivamente-, emitidas por el Juzgado 1\u00b0 de Familia de Tunja, en virtud de las cuales se dispuso negar el traslado de Carlos Gonz\u00e1lez Rojas al cargo de asistente social de esa agencia judicial; cuesti\u00f3n que puede ventilarse ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a trav\u00e9s de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho o el mecanismo que se estime procedente a la luz de la ley 1437 de 2011, modificada por la ley 2081 de 2021, aplicable en virtud de la naturaleza de la decisi\u00f3n reprochada. Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) sin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021, STC8998-2022, entre otras). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe precisarse que, aunque los libelistas promovieron el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, no puede perderse de vista que las autoridades administrativas est\u00e1n facultadas para decretar medidas cautelares si es que a ellas hay lugar, de suerte que no se evidencia necesaria la intervenci\u00f3n temprana del Juez constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se percibe \u00abel menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021). En consecuencia, se hace necesario que sea ante el Juez Administrativo que se dirima el asunto para que all\u00ed se establezca si deben ampararse los derechos invocados. <\/p>\n
Finalmente, se advierte el tropiezo de los anhelos de quienes fueron vinculados a este sumario por haber intervenido -de distintas maneras- en el tr\u00e1mite de nombramiento del cargo de asistente social del juzgado querellado, lo anterior comoquiera que la jurisprudencia constitucional tiene dicho que la acci\u00f3n de tutela no es el escenario propicio para que los terceros que pudieran tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en la salvaguarda, promuevan sus propias pretensiones. En concreto se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026) (STC6000-2021) <\/p>\n
En definitiva, por las consideraciones expuestas, no queda alternativa diferente a la de revocar el veredicto objetado y, en su lugar, denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, resuelve NEGAR la tutela instada por Carlos Gonz\u00e1lez Rojas y Sandra Salcedo Moreno -en nombre propio y de sus dos hijos menores de edad-. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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