STC16892-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16892-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00549-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela emitido el 11 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Jhony Luna Urango le interpuso al Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso 13001-13-11-003-2007-00061-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 revocar la negativa del juzgado a entregarle los dineros, que la Direcci\u00f3n de Prestaciones de la Armada Nacional consign\u00f3 a \u00f3rdenes del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos a favor de menor de edad, que le promovi\u00f3 su hija, Yina Paola Luna Mesina, y, en su lugar, se le ordene librar el respectivo t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
En sustento, adujo que la Armada Nacional mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 156 de 1\u00b0 de febrero de 2022 le reconoci\u00f3 $33.207.588, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de la capacidad laboral. No obstante, en cumplimiento del embargo decretado en el juicio de alimentos, le retuvo $8.301.897 y los gir\u00f3 a la cuenta del despacho accionado. Como el litigio termin\u00f3 hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os, en 2009, la obligaci\u00f3n prescribi\u00f3, y la beneficiaria de los alimentos ya es mayor edad, los dineros le pertenecen, por lo que pidi\u00f3 su devoluci\u00f3n. Empero, la agencia judicial desestim\u00f3 la rogativa (29 jul. 2022), y aunque recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n, el despacho la ratific\u00f3 (26 sep. 2022). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la suma retenida la requiere para atender la necesidad de vivienda de sus dos hijos menores, ya que \u201cese dinero estaba destinado a la terminaci\u00f3n de una casita de dos habitaciones\u201d. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n materia de censura. No hubo m\u00e1s pronunciamientos, pese a que la totalidad de los interesados fueron debidamente vinculados. <\/p>\n
3.- La primera instancia neg\u00f3 el amparo porque si bien el proceso de alimentos est\u00e1 terminado, la medida de embargo contin\u00faa vigente. <\/p>\n
4.- Inconforme, impugn\u00f3 el actor. Insisti\u00f3 en las razones por las cuales la retenci\u00f3n de sus dineros es improcedente, e igualmente destac\u00f3 que la demandante en alimentos no compareci\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional, as\u00ed como que lo realmente retenido no eran cesant\u00edas, sino una indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de la capacidad laboral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- Lo primero que debe precisarse, es que no es arbitrario que la Armada Nacional hubiese girado al accionado una porci\u00f3n de lo que dicho organismo le reconoci\u00f3 por concepto de indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de su capacidad laboral. <\/p>\n
En primer lugar, porque, como lo advirti\u00f3 la agencia querellada, es el fruto del embargo decretado en el proceso 2007-00061-00 sobre las prestaciones que el actor percibiera de esa entidad. Y aunque pudiera discreparse de la naturaleza de dicho concepto, lo cierto es que lo deveng\u00f3 en virtud de la relaci\u00f3 laboral que tuvo con el referido ente y, por ende, no es irrazonable que quedara cobijado con la medida cautelar. <\/p>\n
En segunda medida, la cautela est\u00e1 vigente, pues, aunque el litigio termin\u00f3 con sentencia, en 2009, la medida no fue levantada con el objetivo de garantizar el pago de los alimentos, los cuales fueron fijados \u201cen cuant\u00eda del 25% del salario mensual, primas, vacaciones, bonificaciones, horas extras, cesant\u00edas, y dem\u00e1s ingresos que constituyan salario que percibe el demandado como empleado de la Brigada de Infanter\u00eda de Marina No. 1\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el interesado, en su oportunidad, no pidi\u00f3 la extinci\u00f3n de la cautela, para lo cual deb\u00eda prestar garant\u00eda suficiente del pago durante los dos a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
Sobre el deber del juez de garantizar el pago de los alimentos a favor de menor de edad, con posterioridad a la sentencia que los fij\u00f3, y la posibilidad que tiene el demandado de obtener el levantamiento de las cautelas decretadas con ese fin, el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, que es la norma aplicable al asunto debido a que la controversia fue definida en 2009, establece: <\/p>\n
En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del v\u00ednculo que origina la obligaci\u00f3n alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia econ\u00f3mica del alimentante, el juez podr\u00e1 establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad econ\u00f3mica. En todo caso se presumir\u00e1 que devenga al menos el salario m\u00ednimo legal. <\/p>\n
La sentencia podr\u00e1 disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constituci\u00f3n de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes, el juez proceder\u00e1 en la forma indicada en el inciso siguiente. <\/p>\n
El juez deber\u00e1 adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliaci\u00f3n o en la sentencia que los se\u00f1ale. <\/p>\n
Con dicho fin decretar\u00e1 embargo, secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes o derechos de aqu\u00e9l, los cuales se practicar\u00e1n con sujeci\u00f3n a las reglas del proceso ejecutivo. <\/p>\n
El embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Luego, como la retenci\u00f3n de la que se duele el quejoso est\u00e1 destinada a satisfacer la obligaci\u00f3n alimentaria que se le impuso a favor de su hija, y su pago se respald\u00f3 con el embargo de las prestaciones que percibiera de la Armada Nacional, no es caprichoso que dicha entidad destinara pate del valor que le reconoci\u00f3 a la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del despacho convocado. <\/p>\n
2.- No obstante lo anterior, el juzgado s\u00ed incurri\u00f3 en desafuero, ya que, destinados como estaban las sumas descontadas al gestor para cubrir los alimentos de Yina Paola Luna Mesina, le correspond\u00eda, a efectos de resolver la solicitud de devoluci\u00f3n de dineros, determinar si la obligaci\u00f3n de prestarlos estaba vigente, o si por el contrario hab\u00eda cesado, y cu\u00e1ndo ocurri\u00f3 ello. Con mayor raz\u00f3n, si la demandante cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 13 de abril de 2020, como se infiere de su Registro Civil de Nacimiento. <\/p>\n
Si bien, como arriba se indic\u00f3, en casos como el que concita la atenci\u00f3n de la Sala, el juez accionado debe garantizar el pago de los alimentos fijados en la sentencia, esa garant\u00eda no es indefinida, depende de la causaci\u00f3n y subsistencia de aquellos. En ese sentido, la Corte ha destacado que: <\/p>\n
(\u2026) la regla general es que los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda, as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 422 del estatuto civil, de ah\u00ed que si var\u00edan esas condiciones, el cumplimiento de ese deber legal cese de manera ineludible. <\/p>\n
Esa obligaci\u00f3n se puede extinguir por la muerte del alimentario o cuando \u00e9ste deja de estar en estado de necesidad o el alimentante no se halla en condiciones econ\u00f3micas de prestar los alimentos (STC10047-2022). <\/p>\n
De suerte que si el fallador es advertido de la existencia de dineros producto de las cautelas que respaldan la obligaci\u00f3n alimentaria, debe determinar si aquellos, en todo o en parte, deben destinarse o no su pago. Y, asimismo, si es viable declarar extinguida la obligaci\u00f3n y cancelar las medidas cautelares que respaldan su cumplimiento. De otro modo, ser\u00eda dejar al demandado en un estado de indefinici\u00f3n que no tiene por qu\u00e9 soportar, y que mucho menos puede depender de la sola voluntad de su convocante. <\/p>\n
En ese sentido, obs\u00e9rvese que el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 397 del estatuto adjetivo prev\u00e9 que \u201c[l]as peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n de la parte contraria\u201d. <\/p>\n
Sobre los alcances y la finalidad del precepto en comento esta Corporaci\u00f3n, en STC11795-2022, reiter\u00f3 que: <\/p>\n
Lo anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante\u00bb (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct. 2021, rad. 00105-01, citada en STC5487-2022, 5 may. 2022, rad. 00129-01). <\/p>\n
En el caso, el juzgado deb\u00eda aplicar la regla mencionada con el fin de resolver adecuadamente el ruego del censor, pues, aunque no pidi\u00f3 expresamente la exoneraci\u00f3n de los alimentos fijados en la sentencia, claramente disput\u00f3 su vigencia y el deber de seguir asumi\u00e9ndola, al reclamar la devoluci\u00f3n de lo que le fue retenido por la Armada Nacional para respaldar el pago de esa obligaci\u00f3n. De modo que el fallador estaba llamado a verificar si subsist\u00edan las condiciones que originaron la obligaci\u00f3n o si por el contario hab\u00edan desaparecido, a trav\u00e9s del procedimiento all\u00ed contemplado. No de otra manera, sino por medio de dicho tr\u00e1mite, pod\u00eda establecer si el demandado, aqu\u00ed promotor, ten\u00eda o no derecho a que se le entregara todo o parte del monto depositado. <\/p>\n
Adicionalmente, no debe perderse de vista que el juez, como conocedor del derecho, est\u00e1 en el deber de interpretar los designios de las partes, y darles el alcance que les corresponde de acuerdo con las pautas trazadas por el ordenamiento jur\u00eddico (principio iura novit curia). <\/p>\n
3.- En suma, aunque la retenci\u00f3n parcial de los dineros que le correspondieron al actor por concepto de indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral no es arbitraria, al agencia convocada incurri\u00f3 en defecto procedimental al proveer sobre la solicitud mediante la cual exigi\u00f3 la devoluci\u00f3n de dicha suma, ya que pese a que involucraba una petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de alimentos, no aplic\u00f3 el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia y, en su lugar, se dejar\u00e1 sin vigor las determinaciones reprochadas, con el fin de que el juzgado desate nuevamente la s\u00faplica del impugnante, en los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n legal mencionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, se AMPARA el debido proceso de Jhony Luna Urango. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la resoluci\u00f3n por medio de la cual el Juzgado Tercero de Familia de Neiva neg\u00f3 la solicitud de entrega de dineros elevada por el accionante (29 jul. 2022), en el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 13001-13-11-003-2007-00061-00, y las providencias que de ella dependen. En su lugar, se ORDENA al titular de dicho despacho judicial que tr\u00e1mite dicha rogativa como una petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de alimentos, conforme al numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso. Para definir nuevamente la petici\u00f3n se le concede un plazo de total de tres (3) meses, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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