STC16894-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16894-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01531-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Armando Vel\u00e1squez Bejarano y Martha Stella Rivera Salom\u00f3n, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, TV CAR Colombia, TV CAR Colombia SAS, Gabriel de la Hortua Tique, Alexander Vald\u00e9s Cardinale, Ra\u00fal Fernando Salas Pinillos, Luis Fernando Vargas Mart\u00ednez, Valeria Stefania y Luis Fernanda Vargas Ceballes, tr\u00e1mite al que fueron citadas las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual de radicado No. 11001310302420190054201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifestaron que, Luis Fernando Vargas Mart\u00ednez y otros interpusieron demanda de responsabilidad civil extracontractual en su contra y de otros, con la finalidad de que se declarara a los demandados responsables civil y solidariamente por los da\u00f1os y perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2018 y en el que falleci\u00f3 Nelcy Ceballes Ortiz, familiar de los demandantes. <\/p>\n
Explicaron que, al contestar la demanda, entre otras actuaciones, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto, pese a ser los propietarios del veh\u00edculo de placas BFP-822 implicado en el siniestro, no son ellos \u00ablos guardianes del automotor involucrado ni tener la direcci\u00f3n, control y vigilancia del veh\u00edculo, en el momento del accidente\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en la sentencia de 11 de febrero de 2022 declar\u00f3 no probadas las excepciones de culpa exclusiva de la v\u00edctima, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, hecho de un tercero e ineptitud de la demanda y desestim\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda propuesto, por lo que, declar\u00f3 a los demandados responsables civil y solidariamente por los perjuicios reclamados conden\u00e1ndolos al pago de una suma superior a $360\u2019000.000. <\/p>\n
Expresaron que, apelado el fallo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2022 modific\u00f3 parcialmente la providencia de primera instancia, disminuyendo en un 30% el valor de los perjuicios morales reconocidos, y, en lo dem\u00e1s la confirm\u00f3. <\/p>\n
Consideran que las condenas impuestas son injustas, inmerecidas y desproporcionadas, puesto que lesionan el patrimonio econ\u00f3mico que con tanto esfuerzo han adquirido, adem\u00e1s de la grave inestabilidad en el plano de su salud psicol\u00f3gica y f\u00edsica que tal situaci\u00f3n les est\u00e1 causando. <\/p>\n
Afirmaron que no existe prueba razonable que permita inferir que ellos ten\u00edan la guarda, tenencia y control del veh\u00edculo implicado en el accidente de tr\u00e1nsito, condici\u00f3n que puede predicarse del establecimiento de comercio TV CAR Colombia, quien ten\u00eda en alquiler el automotor. <\/p>\n
Denunciaron una indebida valoraci\u00f3n probatoria que llev\u00f3 a las autoridades judiciales a \u00abasignarles valor solo a las formalidades, por encima de la realidad material emergente de la relaci\u00f3n negocial concreta, construida como una relaci\u00f3n de confianza mutua entre sus actores, como consecuencia de una costumbre ya aceptada de alquiler del veh\u00edculo, por pacto o convenio verbal y sin mayores exigencias, tal como lo revelan las declaraciones de las personas involucradas en esta controversia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cuestionaron insistentemente el m\u00e9rito que se le atribuy\u00f3 a algunas pruebas, tales como, el dictamen pericial, la prueba trasladada del proceso penal, las declaraciones y testimonios recaudados. <\/p>\n
Agregaron que el causante de los da\u00f1os causados es Ra\u00fal Salas Pinillos, quien conduc\u00eda el veh\u00edculo al momento del accidente, tercero que desconocen y es completamente ajeno a ellos. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicitaron ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00ab[revocar, en todas sus partes, la sentencia de segunda instancia proferida por su Despacho dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontratcual (\u2026) y proceda a rehacerla revocando la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., en todas sus partes, dadas las razones expuestas] (\u2026)\u00bb, para que, en su lugar, profiera una nueva decisi\u00f3n que ampare los derechos fundamentales desconocidos de los accionantes. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso declarativo referido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de compartir el link del expediente contentivo del proceso declarativo, afirm\u00f3 que los hechos y pretensiones en que se fundamenta el amparo, contrar\u00edan la esencia de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que no puede ser utilizada como instancia adicional para alegar cuestiones propias del proceso, sino para desterrar la amenaza de derechos fundamentales. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 negar el amparo porque \u00abla decisi\u00f3n censurada se adopt\u00f3 con estricto apego a los lineamientos sustanciales y procesales vigentes\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de Gabriel de la Hortua Tique, representante legal de la empresa TV CAR Colombia SAS, mencion\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, y adem\u00e1s, en el proceso bajo examen se garantiz\u00f3 el debido proceso de las partes y las determinaciones adoptadas en primer y segunda instancia, se encuentran acorde con el ordenamiento jur\u00eddico, \u00abcon valoraci\u00f3n en sana cr\u00edtica del acervo probatorio y con respeto al debido proceso y ajustadas al principio de legalidad que se denota o se evidencia en cada una de las decisiones\u00bb <\/p>\n
4. El apoderado judicial de Luis Fernando Vargas Mart\u00ednez -demandante en el proceso de responsabilidad en comento-, expuso que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, pues lo que pretenden es revivir un debate legalmente finalizado para corregir las omisiones en que las que incurrieron, sin ser la acci\u00f3n de tutela un medio id\u00f3neo para buscar terceras instancias. Por ende, considera debe declararse la improcedencia de la pretensi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias que desconocen de manera protuberante las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, o las normas de orden p\u00fablico, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente, obrar en sentido contrario, quebrantar\u00eda los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los se\u00f1ores Jorge Armando Vel\u00e1squez Bejarano y Martha Stella Rivera Salom\u00f3n cuestionan la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2022, a trav\u00e9s de la cual modific\u00f3 parcialmente y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s la decisi\u00f3n del Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad de 11 de febrero de 2022, que accedi\u00f3 a lo pretendido en el proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Luis Fernando Vargas Mart\u00ednez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijas, contra Ra\u00fal Fernando Salas Pinillos, Jorge Armando Vel\u00e1squez Bejarano y Martha Stella Rivera Salom\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan afirman los accionantes, la determinaci\u00f3n de segunda instancia es consecuencia de una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados e inadecuada aplicaci\u00f3n de la normativa que resultaba aplicable al caso, situaci\u00f3n que les ha tra\u00eddo graves consecuencias econ\u00f3micas, de salud, psicol\u00f3gicas y f\u00edsicas. <\/p>\n
3. Delimitado el escenario sobre el que ha de moverse esta decisi\u00f3n, es evidente que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, no tiene injerencia alguna en este asunto, ya que de esta no se desprenden acciones u omisiones que amenacen o vulneren en forma directa los derechos de los solicitantes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, las decisiones judiciales censuradas no fueron proferidas por esa dependencia judicial, ni tiene relaci\u00f3n alguna con el objeto del proceso responsabilidad civil extracontratcual materia de esta acci\u00f3n de tutela. Por tanto, su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para concurrir a este tr\u00e1mite constitucional es inobjetable. <\/p>\n
4. Con esas precisiones, luego de efectuado un an\u00e1lisis al escrito de tutela en armon\u00eda con los medios de convicci\u00f3n incorporados al expediente declarativo, la Sala considera que el amparo reclamado est\u00e1 llamada al fracaso, porque la sentencia de segunda instancia atacada carece de arbitrariedad, y, por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa. <\/p>\n
Lo anterior se fundamenta en que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para llegar a la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, y para lo que ata\u00f1e a este estudio limitado a los inconformismos exteriorizados en el escrito de tutela, sostuvo que, <\/p>\n
(\u2026) se advierte que los argumentos se encuentran soportados en el informe de reconstrucci\u00f3n de accidente de tr\u00e1nsito No. 668, efectuado por In\u00e9s Celina Moncada Fuentes, f\u00edsica especialista I.R.AT., Grupo de Criminal\u00edstica, Seccional de Tr\u00e1nsito y Transporte de Bogot\u00e1, con destino a la investigadora de la Fiscal\u00eda 9 dentro del tr\u00e1mite de la noticia criminal con radicado No. 110016000028201803520 por homicidio culposo, el cual fue sustentado por la perito en la presente causa. As\u00ed como en el resultado de la experticia del veh\u00edculo con placas BFP 822. <\/p>\n
En efecto, el material probatorio aludido da cuenta de las consideraciones de la juzgadora y, se colige que, si bien, los involucrados en el siniestro se encontraban en ejercicio de una actividad peligrosa como la conducci\u00f3n de veh\u00edculos, no debe desconocerse que la conducta del se\u00f1or Ra\u00fal Fernando Salas Pinillos fue la determinante en la ocurrencia del accidente, al circular la camioneta simult\u00e1neamente entre el 3 y 4 carril con la intenci\u00f3n de tomar la calzada de la derecha por lo que golpe\u00f3 el bicimotor en el que se desplazaba la v\u00edctima, el cual transitaba adelante y a su derecha, situaci\u00f3n que ocasion\u00f3 que esta perdiera el control y cayera siendo sobrepasada en su humanidad por una llanta del autom\u00f3vil, el cual se detuvo 154.4 metros m\u00e1s all\u00e1. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se tiene entonces, como lo adujo la juez, que el se\u00f1or Salas Pinillos infringi\u00f3 las normas al no conducir por el centro de la senda que ocupaba, tal como lo prescribe el art\u00edculo 60 de la Ley 769 de 2002 y, adem\u00e1s, no iba atento a los dem\u00e1s actores viales, como lo sostuvo la perito en el informe y en la sustentaci\u00f3n del mismo, al explicar que en los v\u00eddeos analizados, claramente se observa que la occisa transitaba delante del veh\u00edculo, por ende, el implicado ten\u00eda el campo visual para notarla y haber evitado el suceso, pues \u00e9sta al ser alcanzada por detr\u00e1s no contaba con margen de maniobra. Al respecto, vale precisar que la distracci\u00f3n del conductor sobresale a tal punto, que \u00e9l acept\u00f3 que no vio a la se\u00f1ora Nelcy Ceballes, y tan s\u00f3lo se percat\u00f3 del accidente cuando terceros le hicieron se\u00f1as de pare <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, se anota que tal como se registr\u00f3 en el informe de la especialista forense, qued\u00f3 probado que la v\u00edctima circulaba por el tercer carril, como se desprende de la huella de arrastre met\u00e1lico de la bicicleta el\u00e9ctrica sobre dicha senda, lo cual fue corroborado por la profesional al precisar en la declaraci\u00f3n que esta iba por el centro del mismo, en cumplimiento de la exigencia prevista en el art\u00edculo 60 de la Ley 760 de 2002 (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Parti\u00f3, entonces, el Tribunal Superior de la base de la concurrencia de los elementos de la acci\u00f3n por actividades peligrosas por accidentes de tr\u00e1nsito -culpa, da\u00f1o y nexo causal-, pues consider\u00f3 que las pruebas recaudadas apuntaban a que el comportamiento asumido por el conductor del veh\u00edculo cuestionado, tuvo mayor incidencia en la ocurrencia del siniestro, sin que se probara a su favor, o de la parte pasiva, alguna de las causales de exoneraci\u00f3n -caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v\u00edctima-. <\/p>\n
Superado ese tema, abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la responsabilidad tribuida en especial a los accionantes-demandados-, quienes, tanto en el proceso declarativo como en sede de tutela, enfatizaron en que, para la \u00e9poca del accidente, no ten\u00edan la custodia, guarda, tenencia, ni poder de disposici\u00f3n sobre el automotor, por cuanto lo entregaron en alquiler o arriendo a TV CAR Colombia, no obstante, lo que hall\u00f3 el Tribunal Superior de los elementos probatorios fue todo lo contrario. Al respecto, explic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Pues bien, en el sub lite los c\u00f3nyuges Martha Stella Rivera y Jorge Armando Vel\u00e1squez, en calidad de due\u00f1os del veh\u00edculo involucrado en el siniestro, llamaron en garant\u00eda a Gabriel David de la Hortua como propietario del establecimiento de comercio TV Car, respecto del cual aducen la existencia de un contrato de arrendamiento por el alquiler del bien para el d\u00eda del accidente, por ende, alegan que era \u00e9l quien ten\u00eda la custodia, tenencia y cuidado, y deb\u00eda asumir la responsabilidad deprecada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ciertamente, tal como lo explic\u00f3 la juzgadora, del mismo dicho del demandado Jorge Armando Vel\u00e1squez Bejarano y de las declaraciones de Gabriel de la Hortua Tique y de Alexander Vald\u00e9s Cardinale, se advierte que no existi\u00f3 el contrato aludido con el llamado en garant\u00eda, pues se evidencia que la relaci\u00f3n negocial alegada se present\u00f3 entre los se\u00f1ores Vel\u00e1squez Bejarano y Vald\u00e9s Cardinale, siendo este \u00faltimo quien acud\u00eda al propietario para alquilar la camioneta, la cual, a su vez, en calidad de proveedor la suministraba a de la Hortua para ser utilizada en producciones de televisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si bien, de las aludidas declaraciones, tambi\u00e9n se advierte que a petici\u00f3n de Vald\u00e9s Cardinale la camioneta se utiliz\u00f3 en reiteradas ocasiones por TV Car Colombia, que el propietario la enviaba con su empleado Jahir al lugar que era requerido por la producci\u00f3n, y seg\u00fan el dicho del se\u00f1or Jorge Armando, el alquiler le era pagado a su trabajador cuando este iba por el veh\u00edculo, acto que cumpl\u00eda el se\u00f1or de la Hortua o comisionaba a Ra\u00fal Fernando Salas, lo cual da cuenta de posibles relaciones negociales que precedieron a la que es objeto de revisi\u00f3n en esta ocasi\u00f3n; lo cierto es que el contrato de arrendamiento que deprecan para el 14 de diciembre de 2018, d\u00eda en el que ocurri\u00f3 el accidente, no fue probado. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que Jorge Alberto, Gabriel David y Alexander, coincidieron en aseverar que para la fecha del siniestro fue este \u00faltimo quien como proveedor requiri\u00f3 los servicios del veh\u00edculo, el cual provey\u00f3 al beneficiario final, y seg\u00fan el dicho de la Hortua, ese d\u00eda, as\u00ed como en otras ocasiones, le efectu\u00f3 el pago a su aprovisionador sin tener relaci\u00f3n alguna con el titular del bien a quien solo conoci\u00f3 en el lugar del suceso. <\/p>\n
De otra parte, y en gracia de discusi\u00f3n de lo se\u00f1alado respecto a la existencia del aludido contrato, se observa que est\u00e1 acreditado que el d\u00eda del suceso, una vez terminadas las grabaciones, el se\u00f1or Jorge Armando fue requerido por parte de Alexander Valdez para que se llevara la camioneta, tal como se hab\u00eda pactado, sin embargo, ante la imposibilidad de enviar a su empleado decidi\u00f3 aceptar el ofrecimiento que le hicieran para que el veh\u00edculo fuera trasladado a su domicilio por un tercero. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de la existencia o no del negocio con TV Car Colombia, se advierte que, para el momento del suceso, el auto iba de retorno con su pleno consentimiento y, por ende, en calidad de propietario ten\u00eda el control y la disposici\u00f3n del bien, al punto que su conducci\u00f3n por un tercero se efectu\u00f3 con su debida autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco tiene relevancia si los titulares del automotor conoc\u00edan o no al conductor o ten\u00edan alguna relaci\u00f3n con \u00e9l, pues bien puedo haberse designado a otra persona; lo transcendental en el asunto es que, para el momento del suceso, sus propietarios ten\u00edan el control de la disposici\u00f3n y gobierno del veh\u00edculo, lo cual se confirm\u00f3 con la autorizaci\u00f3n alusiva a su conducci\u00f3n, situaci\u00f3n que lejos de infirmar la presunci\u00f3n de guardianes de bien por parte de los c\u00f3nyuges, la confirm\u00f3 (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese panorama, concluy\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada que era viable confirmar la sentencia apelada, al haber quedado demostrada la responsabilidad civil y solidaria de los demandados, por los da\u00f1os y perjuicios sufridos por los demandantes a ra\u00edz del fallecimiento de Nelcy Ceballes Ortiz, como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito, solo modificando la condena por da\u00f1os morales efectuada en primera instancia, para reducirla en un 30%, para cada beneficiario dejando intacto lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Valga destacar que la tasaci\u00f3n de las condenas patrimoniales y extrapatrimoniales impuestas, se efectu\u00f3 con apego en lo preceptuado en los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 1614 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como en las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporaci\u00f3n en sentencias SC5686-2018, SC3728-2021 y SC4124-2021, las que resultaban aplicables dadas las particularidades del caso, frente a lo que ning\u00fan reproche cabe. <\/p>\n
5. Puestas de este modo las cosas, no se vislumbra defecto alguno que constituye una v\u00eda de hecho como lo alegan los accionantes, quienes buscan imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y normativa sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022 y STC9932-2022). <\/p>\n
6. Por lo que refiere al defecto f\u00e1ctico alegado por los accionantes, por la supuesta falta o indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, cumple decir que tales aserciones no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia impugnada, pues, en estrictez, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples ocasiones, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
7. En lo que tiene que ver con que las condenas impuestas a los accionantes les est\u00e1n causando perjuicios patrimoniales y grave inestabilidad en su salud psicol\u00f3gica y f\u00edsica, lo primero que hay que aclarar, es que tales decisiones resultan del servicio y funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia que, en este caso, busca reparar la ocurrencia de unos da\u00f1os y perjuicios causados a quienes acudieron a su reclamo y que, se reitera, no comportan determinaciones caprichosas o arbitrarias. <\/p>\n
Ahora, m\u00e1s all\u00e1 de las preocupaciones o estr\u00e9s que puedan presentar actualmente los accionantes, con ocasi\u00f3n a los montos de dinero a que fueron condenados, lo cierto es que tal situaci\u00f3n no es suficiente para acreditar la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, menos que la \u00fanica manera para que este desaparezca sea que las decisiones atacadas se revoquen, puesto que se desconocer\u00edan indefectiblemente los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los demandantes en el juicio declarativo en menci\u00f3n. <\/p>\n
8. De esta manera, la v\u00eda sustancial tomada por el ad quem para resolver el caso bajo an\u00e1lisis fue la que en derecho correspond\u00eda, se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n adecuada y mancomunada de las pruebas practicadas, se expusieron los motivos con cargo a los medios que sirvieron para demostrar la responsabilidad atribuida a los demandados y, se demostr\u00f3, los da\u00f1os y perjuicios padecidos por los reclamantes. <\/p>\n
9. En consecuencia, se impone negar la acci\u00f3n de tutela invocada por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Armando Vel\u00e1squez Bejarano y Martha Stella Rivera Salom\u00f3n, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y otros. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16894-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16894-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01531-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Armando Vel\u00e1squez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}