STC16898-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16898-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00554-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de noviembre de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la tutela promovida por Mar\u00eda Genny Tarazona Caballero contra Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Bucaramanga, extensiva a los intervinientes en el reivindicatorio con radicado n\u00b0 683074089001-2013-00498-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos el auto que, en segunda instancia, decret\u00f3 una prueba de oficio y fij\u00f3 audiencia para desatar la alzada (28 oct. 2022). Solicit\u00f3 que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al juzgado emitir un nuevo prove\u00eddo en el que prescinda de la probanza decretada y se tramite la apelaci\u00f3n de forma escrita. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandada en la contienda objeto de revisi\u00f3n en la que el Juzgado 1\u00b0 Civil Municipal de Gir\u00f3n dict\u00f3 sentencia de primer grado favorable a las pretensiones (28 abr. 2022). Relat\u00f3 que la apelaci\u00f3n del fallo fue conocida por el juzgado del circuito accionado, quien el 28 de octubre pasado, decret\u00f3 una prueba de oficio y fij\u00f3 como fecha de audiencia para resolver la instancia el 1\u00b0 de diciembre hoga\u00f1o. Narr\u00f3 que contra esas decisiones interpuso reposici\u00f3n que fue desechada (15 nov. 2022). <\/p>\n
De las determinaciones en comento deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues, en su criterio, el juzgado no debi\u00f3 decretar pruebas de oficio debido a que los hechos objeto de litigio se encuentran esclarecidos, adem\u00e1s, porque se estar\u00eda supliendo la desidia probatoria del demandante. Agreg\u00f3 que el tr\u00e1mite de su alzada debe surtirse por escrito y no de forma oral, mediante la audiencia convocada. <\/p>\n
2. El juzgado del circuito accionado remiti\u00f3 el link del expediente, hizo un relato de sus actuaciones y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. El Juzgado municipal que tramit\u00f3 el litigio en primera instancia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sumario tras considerar que la queja se dirige contra su ad quem. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar razonables las decisiones acusadas. <\/p>\n
4. La accionante finc\u00f3 su impugnaci\u00f3n \u00fanicamente en lo relativo al decreto oficioso de la prueba; para tal fin, reiter\u00f3 sus argumentos iniciales1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte al motivo de impugnaci\u00f3n, esto es, el decreto oficioso de pruebas en segunda instancia, pronto se advierte la confirmaci\u00f3n del veredicto objetado toda vez que las decisiones objeto de censura obedecen a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, de la revisi\u00f3n del expediente se observa que mediante auto de 28 de octubre pasado el juzgado del circuito querellado dispuso: <\/p>\n
\u00abOficiar a la Notaria Once de Bucaramanga, para que, con destino al presente proceso, remita copia de la constancia de no acuerdo n. 00032, relativa a la diligencia celebrada el 29 de marzo de 2012, cuyo solicitante fue el se\u00f1or FAVIAN RICARDO ORTIZ SANDOVAL -C.C.1.098.657.841-, y citada la se\u00f1ora MARIA GENNY TARAZONA CABALLERO -C.C.63.286.545- con sus respetivos anexos; concretamente, los \u00abdocumentos presentados como prueba\u00bb, los cuales fueron referenciados en el aludido documento\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n la censora interpuso reposici\u00f3n que fue rechazada de plano en virtud del art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso (15 nov. 2022). En concreto, el juzgado accionado se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se advierte la improcedencia del recurso interpuesto y de ah\u00ed que se imponga proceder a su rechazo, ya que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 169 del C.G.P.1, las providencias que decreten pruebas de oficio, no admiten recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, la prueba de oficio decretada por el juzgado est\u00e1 soportada en el deber del Juez de traer medios suasorios al proceso que resulten indispensables para verificar los hechos relacionados con lo invocado por los litigantes. As\u00ed, el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00ab[l]as pruebas pueden ser decretadas a petici\u00f3n de parte o de oficio cuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb. De ese simple panorama legal, puede afirmarse que el juzgador s\u00ed estaba autorizado legalmente para decretar la prueba de oficio de la cual se duele la actora. <\/p>\n
Ahora bien, para ahondar en garant\u00edas, respecto de lo ordenado tampoco se advierte irregularidad alguna si en cuenta se tiene que fue la misma accionante quien fund\u00f3 algunos de los reparos concretos de su apelaci\u00f3n en alegaciones relativas al documento decretado de oficio, esto es, el acta de no acuerdo conciliatorio. Basta remitirse a los folios 2 y siguientes del escrito en comento para dejar en evidencia que, en varios apartes, la apelante se refiri\u00f3 a la referida acta y de ella deriv\u00f3 distintos raciocinios y consecuencias jur\u00eddicas. Espec\u00edficamente mencion\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juez aduce que se debe tener en cuenta solo y exclusivamente como prueba fehaciente el acta de conciliaci\u00f3n 29 de marzo de 2012 notaria 11 la cual fue firmada y aceptada por las partes (\u2026) <\/p>\n
No se puede tomar como un hecho probado lo que supuestamente se manifest\u00f3 dentro del acta de la conciliaci\u00f3n de la notaria 11 de Bucaramanga (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) el juez se bas\u00f3 netamente en un indicio probatorio del acta de la conciliaci\u00f3n de la notoria 11 del a\u00f1o 2012 (\u2026) es m\u00e1s ni siquiera en esta acta de audiencia de conciliaci\u00f3n menci\u00f3n a la fecha de la notificaci\u00f3n de la supuesta querella a la se\u00f1ora MARIA GENNEY TARAZONA, no aducen que hubiera aportado dicha diligencia de notificaci\u00f3n personal a mi prohijada (\u2026) <\/p>\n
N\u00f3tese como a trav\u00e9s de un indicio del acta de no acuerdo de la conciliaci\u00f3n ante la notaria 11, le da toda credibilidad probatoria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese que es conforme a ese documento que la misma apelante funda algunas de sus alegaciones e inconformidades, de all\u00ed que se descarte la existencia de un actuar antojadizo o caprichoso por parte del juez encartado al requerir el acta para desatar la alzada. En ese sentido, no puede predicarse la vulneraci\u00f3n de derechos con la existencia del auto que decret\u00f3 la prueba de oficio mencionada (28 oct. 2022). <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el recurso impetrado por la gestora contra dicha determinaci\u00f3n, debe resaltarse que las providencias a trav\u00e9s de las cuales se decretan pruebas de oficio no son susceptibles de impugnaci\u00f3n. As\u00ed lo prev\u00e9 el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso que a su tenor literal consagra que \u00ab[l]as providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, aunque lac\u00f3nicamente el juzgado rechaz\u00f3 por improcedente el recurso impetrado por la accionante (15 nov. 2022), tal proceder no implica vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, toda vez que est\u00e1 soportado en los previsto en la norma en menci\u00f3n. As\u00ed lo tiene dicho esta Sala en sentencia STC15495-2021. <\/p>\n
Establecido lo anterior, emerge ostensible que las decisiones que decretaron la prueba de oficio referida y aquella que rechaz\u00f3 por improcedente el recurso impetrado se encuentran soportadas en la interpretaci\u00f3n razonable que el juzgado accionado desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y respecto de lo estipulado en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En definitiva, comoquiera que la decisi\u00f3n del juzgado acusado no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, no queda alternativa diferente a la de confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Escrito de impugnaci\u00f3n obrante en el cuaderno de primera instancia de este sumario como PDF titulado \u00ab0010 126406Impugnacion\u00bb. <\/p>\n
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