STC16899-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC16899-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba70001-22-14000-2022-00172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido por la Sala Tercera Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 10 de octubre de 20221, en la acci\u00f3n de tutela que Alicia Raquel Meza Acosta, Ramiro Enrique, Arleth Anith, Alicia del Carmen, Jairo Alfonso y C\u00e9sar David Arrieta Meza promovieron contra el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal – Sucre y la auxiliar de la justicia Claudia Patricia Castro Canchila, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso n\u00b070215-31-03-001-2021-00010-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los gestores pretendieron que se ordene al convocado corregir las cautelas dictadas en el decurso \u00aby que se ordene a la Auxiliar de Justicia, se\u00f1ora CLAUDIA CASTRO respetar y no perturbar el derecho real de usufructo a la se\u00f1ora, ALICIA RAQUEL ARRIETA MEZA\u00bb. <\/p>\n
En sustento manifestaron que son copropietarios de tres inmuebles denominados \u00abNueva Zelanda\u00bb, \u00abBellavista\u00bb y \u00abVilla Alicia\u00bb, que respecto a los dos \u00faltimos se constituy\u00f3 mediante Escritura P\u00fablica derecho real de Usufructo Vitalicio a favor de su madre Alicia Raquel Meza Acosta. Aseguraron que contra una de las comuneras se adelant\u00f3 proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas y que en dicho tr\u00e1mite, se decretaron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre la totalidad de los bienes mencionados, sin tener en cuenta que la demandada s\u00f3lo era propietaria de una cuota parte de ellos y que Alicia Raquel Meza Acosta era su usufructuaria. <\/p>\n
Manifestaron haber presentado sendas solicitudes de correcci\u00f3n ante el convocado a trav\u00e9s del apoderado de la demandada (27 abr. 5 jul. 25 ago. y 5 sep. de 2022), sin que a la fecha de interposici\u00f3n del amparo (26 nov. 2022)2 hayan sido resueltas. Adem\u00e1s, alegaron que la secuestre ha suscrito contratos de arrendamiento sin su consentimiento, afectando el m\u00ednimo vital de su progenitora, quien subsiste del mencionado usufructo vitalicio. Situaci\u00f3n de la que derivaron la lesi\u00f3n a sus prerrogativas. <\/p>\n
2.- El juzgado querellado defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones y aleg\u00f3 que la tardanza se debe al aumento de la carga laboral que ocasion\u00f3 el \u00abacuerdo No. PCSJA20-11652(\u2026), en el que se modifico[sic] el Juzgado primero Promiscuo del Circuito de Corozal, y paso hacer el Juzgado Primero Civil del Circuito de Corozal, y el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, como juzgado primero Penal del Circuito de Corozal, lo que conllev\u00f3 que los procesos de asuntos civiles y laborales pasaron al conocimiento de este despacho Judicial. No obstante, asegur\u00f3 que como el proceso no ha terminado, los actores cuentan con otros mecanismos para subsanar los errores que le enrostran; por otro lado, inform\u00f3 que \u00abdar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo contemplado en el art\u00edculo 132 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Claudia Patricia Castro Canchila solicit\u00f3 la improcedencia del amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3.- El a-quo concedi\u00f3 el auxilio al considerar que existi\u00f3 la tardanza alegada. <\/p>\n
4.- Los libelistas impugnaron porque, a su juicio, no hubo pronunciamiento de fondo sobre las actuaciones desplegadas por el juzgador y la auxiliar de la justicia en el tr\u00e1mite de embargo y secuestro, as\u00ed como sobre la situaci\u00f3n de la usufructuaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto opugnado se confirmar\u00e1 porque la autoridad accionada se encuentra en mora de tramitar el reclamo de los gestores y no justific\u00f3 objetivamente la tardanza. <\/p>\n
Esta Corte en repetidas ocasiones ha destacado la importancia que tiene la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia que consagran los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (STC15220-2019, STC15139-2019 y STC15115-2019, STC7137-2021). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, es sabido que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, num. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los intervinientes en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. <\/p>\n
De manera que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en las prerrogativas primordiales de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de obtener una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En ese sentido, cobra especial importancia el deber de los servidores judiciales de resolver los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos previstos en la ley, el cual se encuentra consagrado en el numeral 15 del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996. De suerte que, se ha entendido que la mora judicial es el resultado de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC11155-2022, STC11379-2022, entre otras). <\/p>\n
En jurisprudencia reciente (STC13282-2022) esta Sala estableci\u00f3 las variables que deben estudiarse para determinar si una autoridad incurri\u00f3 en mora judicial injustificada y en especial, si esta puede ser conjurada por esta senda: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Como primera medida, debe verificarse la desatenci\u00f3n actual de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, las circunstancias que la generaron y la justificaci\u00f3n que emana de ellas, de lo que debe descartarse el comportamiento negligente o desidioso de la autoridad vinculada. <\/p>\n
En el caso en el que la inactividad se excuse en la congesti\u00f3n judicial o carga laboral, deber\u00e1 aportarse prueba de dicha congesti\u00f3n, de c\u00f3mo esta afecta la atenci\u00f3n oportuna y de las medidas razonables y concretas que han sido entabladas para superar el represamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Por \u00faltimo, debe estudiarse la transcendencia de la vulneraci\u00f3n, lo que se traduce en establecer la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante, a efectos de determinar si la intervenci\u00f3n constitucional es o no necesaria. <\/p>\n
En punto del primero de los requisitos obs\u00e9rvese que, salvo norma especial en contrario, el art\u00edculo 120 del estatuto procesal estipula que: \u00abEn las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Bajo estos derroteros, se observa en primer lugar que el encartado tard\u00f3 m\u00e1s de seis meses en dar tr\u00e1mite a los memoriales aportados por los gestores en los meses de abril,3 julio,4 agosto5 y septiembre,6 en los que se pone de presente que se encuentra pendiente de resolver una solicitud de reducci\u00f3n de embargos, que existe un derecho de usufructo sobre los bienes secuestrados, que la demandada es propietaria de una cuota parte de ellos, e incluso se solicita el pago de los t\u00edtulos judiciales resultantes del arrendamiento a la usufructuaria; adem\u00e1s, si bien el encartado justific\u00f3 la tardanza en la carga laboral, no aport\u00f3 prueba de ello, ni de la forma como esto ha afectado la prestaci\u00f3n del servicio y tampoco de las medidas que ha tomado para conjurarla. <\/p>\n
Finalmente, sobre la trascendencia de la mora, es dable afirmar que, de acuerdo al acontecer procesal, el retraso es fehaciente y ha impedido a los actores una pronta y debida soluci\u00f3n judicial a la controversia suscitada, lo que repercute verdaderamente en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el debido proceso, en la medida que ya han transcurrido 6 meses desde que los convocantes solicitaron la correcci\u00f3n de las cautelas cuestionadas, sin que se advierta que con las \u00faltimas decisiones -24 de octubre de 20227- se hayan resuelto sus peticiones, como se ha visto, la c\u00e9lula judicial convocada, como directora del juicio, ha asumido un comportamiento indiferente y err\u00e1tico frente a las cargas que le competen de conformidad con el canon 42 ibidem. <\/p>\n
Bajo estos derroteros, se cumple con los requisitos dispuestos para la configuraci\u00f3n de mora judicial injustificada. <\/p>\n
Ahora, respecto a los reparos esgrimidos en la impugnaci\u00f3n, no hay duda de que la tardanza denunciada es censurable; no obstante, pronto se advierte que el ruego no puede abrirse paso, pues lo referente a la situaci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas, las actuaciones desplegadas por la auxiliar de la justicia y el usufructo que ostenta Alicia Raquel Meza Acosta, fueron expuestos en los memoriales que se encuentra pendiente por resolver el encartado, por lo que (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, STC6507-2021 entre otras); de manera que dichos reparos deben ser resueltos por el juez natural de la causa. <\/p>\n
Por consiguiente, se revalidar\u00e1 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto se aclara que esta Sala recibi\u00f3 el expediente en la fecha 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan el acta de reparto adosada en el expediente. <\/p>\n
3\u0002 Ver expediente de tutela PDF\u00ab01Tutela\u00bb fol. 116-119 <\/p>\n
4\u0002 Ibidem fol 120-124 <\/p>\n
5\u0002 Ibidem fol 125-127 <\/p>\n
7\u0002 Ver consulta de procesos Consulta de Procesos por N\u00famero de Radicaci\u00f3n- Consejo Superior de la Judicatura (ramajudicial.gov.co) <\/p>\n
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