STC16916-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16916-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2022-00230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 3 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingenier\u00eda Joules MEC SAS, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, el Fondo De Pensiones Porvenir SA., la EPS Sanitas, la Oficina de Trabajo de Neiva, ARL Sura, Liberty Seguros y Andr\u00e9s Felipe Bonilla Parra, y citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional de radicado n\u00famero 41001-81-89-008-2022-00543-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Andr\u00e9s Felipe Bonilla Parra promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en su contra, que concedi\u00f3 de manera transitoria el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva en sentencia de segunda instancia de 1\u00ba de septiembre de 2022, por una patolog\u00eda de origen com\u00fan causada en un accidente de tr\u00e1nsito a altas horas de la noche, en d\u00eda de descanso y en estado de alicoramiento, sin que fueran imputables al empleador. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la causa de terminaci\u00f3n del contrato al accionante fue la terminaci\u00f3n de la obra, adem\u00e1s que el interesado no ten\u00eda serios problemas de salud, se encontraba en fase de recuperaci\u00f3n, tan solo en control por ortopedia y traumatolog\u00eda, lo que supone limitaciones, pero no de gravedad, y no obstante el Juzgado accionado le orden\u00f3 pagarle salarios aun incapacitado. <\/p>\n
Sostuvo que, solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y nulidad de dicho fallo de tutela, y 15 d\u00edas despu\u00e9s, no exist\u00eda pronunciamiento alguno. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abrevocar el fallo de tutela proferido el 01 de septiembre de 2022 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva que otorg\u00f3 estabilidad laboral y reintegro a Andr\u00e9s Felipe Bonilla, en su lugar negar el amparo del derecho fundamental por improcedente\u00bb, y adem\u00e1s \u00abordenar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva que (\u2026), adopte las medidas necesarias para resolver la solicitud desde el 7 de septiembre de 2022, solicitud de aclaraci\u00f3n y nulidad del fallo de tutela fechado 01 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Ministerio de Trabajo y la EPS Sanitas sostuvieron que no eran los responsables del menoscabo a los derechos fundamentales reclamados, y solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el amparo invocado porque no es la acci\u00f3n de tutela el escenario para revivir el debate en una causa constitucional, adem\u00e1s no se cumple con el requisito de la subsidiariedad en tanto que resta agotar el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, y no se acredit\u00f3 que la decisi\u00f3n acusada fuera producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
En cuanto a que no se hab\u00eda resuelto la aclaraci\u00f3n y nulidad de la sentencia de tutela, sostuvo que, mediante auto de 26 de septiembre de 2022, el Juzgado accionado la resolvi\u00f3 configur\u00e1ndose una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante sin manifestar raz\u00f3n concreta de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando se trata de una decisi\u00f3n proferida por un juez constitucional, lo anterior, para evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 200902355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb, o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, contrarias al \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
2. En asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad Ingenier\u00eda Joules MEC SAS, dirige su queja contra la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva el 1\u00ba de septiembre de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 la del Juzgado Octavo Civil Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad de 12 de julio de 2022, en el radicado n\u00famero 41001-81-89-008-2022-00543-01. <\/p>\n
3. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1 Se advierte que, esta acci\u00f3n de tutela se sigue contra una decisi\u00f3n de la misma naturaleza y por regla general no procede. Como es conocido la Corte Constitucional ha fijado como par\u00e1metro que \u00abSi la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede\u00bb (CC. SU627-2015), en el mismo sentido esta Corte ha establecido, \u00abla providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia dictada dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto\u00bb (CSJ. STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014, STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01 y STC13396-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
3.2 Por otra parte, no se cumple con la subsidiaridad como requisito general de procedibilidad de toda acci\u00f3n constitucional, y en particular, como exigencia indispensable para la procedencia excepcional contra sentencias de tutela, lo anterior por cuanto a la fecha, seg\u00fan se pudo verificar en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, el expediente contentivo de ese tr\u00e1mite fue radicado en esa Corporaci\u00f3n el 5 de diciembre de 2022 (T9134582), sin que haya sido elegido o excluido de revisi\u00f3n, acontecer que significa que se cuenta con un escenario id\u00f3neo para controvertir las presuntas equivocaciones o desafueros que se denuncian. <\/p>\n
En otras oportunidades sobre esa tem\u00e1tica esta Sala ha explicado, \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ. STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016 y, STC15982-2022, entre muchas). <\/p>\n
Adem\u00e1s de la solicitud de selecci\u00f3n que se echan de menos, se advierte que la accionante tambi\u00e9n cuenta con el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, medio para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales todos que se encuentran pendientes de surtirse. Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n, ha establecido esta Sala, <\/p>\n
(\u2026) Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992) (CSJ. STC8012-2021, STC15452-2021 y STC2109-2022, entre otras). <\/p>\n
Por todo lo anterior, se advierte clara la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela, puesto que el accionante cuenta con otros escenarios id\u00f3neos para exponer todos los argumentos de inconformidad que pretende hacer valer. Recu\u00e9rdese, la acci\u00f3n de tutela en estos casos procede de manera excepcional \u00absiempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (\u2026) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (CC. SU627-2015). <\/p>\n
4. Finalmente, se impone acoger la postura de primera instancia relativa a la carencia actual de objeto por hecho superado, en lo que tiene que ver con la solicitud de aclaraci\u00f3n y nulidad de la sentencia de tutela de 1\u00ba de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, de las que se quej\u00f3 el accionante por encontrarse pendientes de resoluci\u00f3n al momento en que se interpuso esta acci\u00f3n de tutela el 22 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Para el efecto, se tiene en cuenta que, en providencia de 26 de septiembre de 2022, el mencionado Juzgado accedi\u00f3 a aclarar la referida sentencia constitucional, y neg\u00f3 decretar la nulidad procesal sustentada en la indebida valoraci\u00f3n probatoria, con fundamento en que no encajaba en ninguna de las causales consagrada en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n descrita demarca la improcedencia de este amparo, atendiendo que ser\u00eda in\u00fatil proferir cualquier determinaci\u00f3n sobre el particular, cuando la autoridad judicial competente ya emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos conforme lo reclamaron los accionantes en estas diligencias. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (Ver CSJ. STC de 13 de mar de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de sep de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC1124-2021, STC11271-2021 y STC3782-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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