STC16927-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16927-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04339-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julia Elisa Molina Molina contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2020-00218-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. La accionante interpuso demanda ejecutiva contra la sociedad Gramalote Colombia Limited, con el fin de que se libre mandamiento de pago por la suma de $642.912.480, por las 58 \u00abmensualidades que [esa] empresa adeuda [\u2026] desde el d\u00eda 16 de diciembre de 2015, hasta el 30 de septiembre de 2020 y las que se llegaren a causar hasta el pago total de la obligaci\u00f3n por valor cada una de [\u2026] $7.000.000, o que [la demandada] permita [\u2026] el ingreso de la maquinaria que se habla en el contrato suscrito por el causante [\u2026] Fabio de Jes\u00fas Galvis Mej\u00eda y la minera demandada\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn -con auto del 12 de abril de 2021- determin\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de pago [\u2026] a favor de la [demandante] por los [\u2026] conceptos [\u2026] $264.500.000 como capital representado en la escritura p\u00fablica N\u00b0 7172 del 15 de diciembre de 2015 de la Notar\u00eda 16 de Medell\u00edn, equivalente al total de 58 cuotas por valor de $7.000.000, causadas entre el 16 de diciembre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2020, y las que se sigan causando\u00bb2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la entidad convocada interpuso recurso de reposici\u00f3n3. <\/p>\n
2.3. El Despacho referenciado -con prove\u00eddo del 16 de diciembre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abreponer el auto del 12 de abril de 2021\u00bb. En efecto, dispuso \u00abcesar la ejecuci\u00f3n [\u2026], ante la procedencia de la excepci\u00f3n de falta de requisitos formales del t\u00edtulo adosado base del recaudo [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, orden\u00f3 el \u00ablevantamiento de todas las medidas cautelares que fueron aqu\u00ed decretadas\u00bb4. Actuaci\u00f3n frente a la cual, el extremo activo impetr\u00f3 el remedio horizontal y, en subsidio, el de apelaci\u00f3n5. De cara a la impugnaci\u00f3n presentada, el juez de la causa, con auto del 18 de mayo de 2022, resolvi\u00f3 \u00abrechazar de plano el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. Y \u00abconced[i\u00f3] en el efecto suspensivo el recurso de apelaci\u00f3n [\u2026]\u00bb6. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn -con providencia del 9 de junio de los corrientes- dispuso \u00abconfirmar el auto proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn el 16 de diciembre de 2022 (sic)\u00bb7. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la actora, por v\u00eda de tutela, anota que las autoridades de instancia incurrieron en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, por cuanto le exigen \u00aba la parte demandante cumplir con unas condiciones que no aparecen en el contrato suscrito por Fabio de Jes\u00fas Galvis Mej\u00eda y Gramalote\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abno se demostr\u00f3 ninguna circunstancia que ameritara la exigencia de alguna obligaci\u00f3n previa, que se debiera cumplir por la suscrita o Fabio, para reclamar ejecutivamente [sus] derechos, jam\u00e1s se dijo que el requisito a cumplir ser\u00eda la entrada de [su] parte de una maquinaria\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, estima que se cumpli\u00f3 el \u00abdefecto por falta de motivaci\u00f3n, [ya que] ninguno de los falladores aborda el estudio de la prueba, ni emite consideraci\u00f3n alguna sobre la demostraci\u00f3n del agotamiento efectivo del requisito de procedibilidad para continuar con el tr\u00e1mite al resolver el recurso debidamente interpuesto\u00bb. Y, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n de las normas procedimentales [dado que] ninguno de los falladores se detuvo a mirar con realidad las exigencias de las obligaciones, para que este t\u00edtulo se le diera el tr\u00e1mite de un proceso ejecutivo: la obligaci\u00f3n es clara, expresa y actualmente exigible\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto \u00abel auto del 9 de junio de 2022, [\u2026], que confirm\u00f3 el auto [\u2026], dictado el 16 de diciembre de 2021, pues como se ve cortaron de ra\u00edz los ingresos para [su] subsistencia y a la vez se [le] exige el pago de unas cuotas por el hecho de reclamar lo que [le] pertenece\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital del tr\u00e1mite sub examine8. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn manifest\u00f3 que lo decidido se ci\u00f1\u00f3 al debido proceso. Y agreg\u00f3 que en el auto del \u00ab16 de diciembre de 2021, se dan las razones por las cuales [se determin\u00f3] que el documento adosado como t\u00edtulo ejecutivo, adolece de uno de los requisitos formales para continuar con la ejecuci\u00f3n ordenada, desde la perspectiva de ser una obligaci\u00f3n que se consigna en un contrato bilateral\u00bb.9. <\/p>\n
3. La sociedad Gramalote Colombia indic\u00f3 que el escrito de tutela \u00abde ninguna manera [\u2026] hizo un intento por demostrar c\u00f3mo la valoraci\u00f3n que se hizo de las pruebas constituye una actuaci\u00f3n al margen del ordenamiento jur\u00eddico ostensible, flagrante y manifiesta de ninguna manera tuviese incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb10. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 9 de junio de 2022, que confirm\u00f3 el de primer grado. Ello pues, estima que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues no se valoraron los medios de prueba aportados con la demanda. Adem\u00e1s, estima, con base en las reglas procesales, que se encontraba legitimada para exigir la ejecuci\u00f3n del contrato suscrito por su esposo fallecido. <\/p>\n
2.1. De cara al caso sub examine, verific\u00f3 que con la demanda interpuesta se anex\u00f3 el documento \u00abOficio, por el cual se dispone la notificaci\u00f3n de oferta y cierre de negociaci\u00f3n\u00bb, en el cual, \u00abla sociedad Gramalote Colombia Limited lleg[\u00f3] a unos acuerdos con los mineros artesanales en los municipios de Gramalote \u2013 Retiro, La Mar\u00eda, El Iris y el Balzal\u00bb. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que frente a Fabio de Jes\u00fas Galvis Mej\u00eda, se acord\u00f3 que \u00ab(i) la empresa Gramalote Colombia Limited y el se\u00f1or Fabio de Jes\u00fas Galvis Mej\u00eda acordaron como oferta integral, incluido el valor del entable y herramientas, adem\u00e1s de una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por antig\u00fcedad o tiempo de permanencia en la actividad minera la suma de $400.000.000.oo, comprometi\u00e9ndose el se\u00f1or Galvis a entregar a la sociedad ejecutada lo elementos de trabajo al momento de recibir el primer pago en el a\u00f1o 2012. En este sentido se acord\u00f3 un primer pago de $250.000.000.oo que ser\u00edan cancelados los primeros 15 d\u00edas del mes de diciembre de 2012 y el cual se destinar\u00eda a un proyecto productivo como proveedor de la resistente a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de una volqueta. El resto del dinero; esto es, 200.000.000.oo dinero con el cual deb\u00eda comprar otra volqueta y retro-excavadora y los cuales ser\u00edan desembolsados el primer trimestre del a\u00f1o 2013 [\u2026] (ii) el se\u00f1or Galvis se comprometi\u00f3 a desocupar el predio el 20 de diciembre de 2012, adem\u00e1s de no ejercer labores de miner\u00eda en ninguna de las zonas de concesi\u00f3n minera otorgada por el Estado a la sociedad demandada [\u2026] (iii) Gramalote Colombia Limited har\u00eda en favor del se\u00f1or Galvis Mej\u00eda un reconocimiento econ\u00f3mico de $7.000.000.oo a partir de la entrega del entable y desalojo de la zona; es decir, el 20 de diciembre de 2012, este pago mensual se har\u00eda mes vencido una vez ingresaran los veh\u00edculos de maquinaria pesada que deseaba el se\u00f1or Galvis para prestarle los servicios a la empresa ejecutada\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, indic\u00f3, de cara a la \u00faltima obligaci\u00f3n referida -sobre la cual versa la pretensi\u00f3n de la actora-, que \u00aben calidad de adjudicataria dentro de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Galvis Mej\u00eda del cr\u00e9dito derivado del contrato que fuera presentado como t\u00edtulo ejecutivo y, el cual de acuerdo a la escritura 7172 del 16 de diciembre de 2015 fue avaluada en la suma de $6.000.000\u00bb. En relaci\u00f3n con ello, resalt\u00f3 que \u00abpara poder demandar las obligaciones contenidas en un contrato, es indispensable que sean claras, expresas y exigibles. En este caso la obligaci\u00f3n en principio se torna clara, Gramalote se compromete a una compensaci\u00f3n mensual de $7.000.000.oo a favor del fallecido se\u00f1or Fabio de Jes\u00fas Galvis Mej\u00eda, sin embargo, condiciona la misma a la compra de la maquinaria, objeto del proyecto productivo que el citado se comprometi\u00f3 a implementar para empezar sus labores con la empresa demandada, comprometiendo con ello su exigibilidad\u00bb. En ese sentido, discurri\u00f3 que, con base en los anexos aportados con el escrito inicial, el extremo activo no \u00abacredit\u00f3 el cumplimiento de esta condici\u00f3n de la cual pend\u00eda la exigibilidad a la empresa Gramalote Colombia Limited, pues claramente se indic\u00f3 que la obligaci\u00f3n se cancelar\u00eda una vez ingresaran los mentados veh\u00edculos, requisito indispensable para poder ejecutarla y sin que se demostrara que la deudora, estuviese en mora\u00bb. <\/p>\n
2.3. Asimismo, advirti\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n pretendida y pese a que le fuera adjudicado el cr\u00e9dito en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Galvis Mej\u00eda a la hoy demandante, carece de legitimaci\u00f3n para ejecutarlo debido a que (i) el mismo fue adjudicado en la suma de $6.000.000 y no por el valor que hoy pretende, por lo que, y en gracia de discusi\u00f3n, solo podr\u00eda ejecutarse a Gramalote por ese monto y; (ii) sin embargo y tal como lo alega la empresa demandada, el plurimencionado contrato fue realizado por las condiciones y caracter\u00edsticas de las partes\u00bb. Por tanto, con sustento en el canon 1602 del C\u00f3digo Civil, expuso que lo acordado \u00abse encuentra revestido de obligatoriedad, y permite a cualquiera de las partes involucradas en el mismo, acudir a la justicia cuando una de las partes incumple el contrato o lo cumple imperfectamente. Deviene de lo anterior, que en este caso la obligaci\u00f3n se pact\u00f3 entre Gramalote y Galvis Mej\u00eda, por lo que si sus herederos pretend\u00edan el pago de lo pactado deb\u00edan acudir al proceso declarativo y no a la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sostuvo que, para poder ejecutar el acuerdo citado, \u00abla obligaci\u00f3n que de ella deviene deb\u00eda ser pura y simple, no es posible ejecutar una que depende de una condici\u00f3n, como en este caso, la del causante; esto es adquirir maquinaria pesada para el proyecto productivo que deb\u00eda implementar\u00bb. En ese orden, concluy\u00f3 que \u00ablas obligaciones que se pretenden ejecutar en este caso no son ni clara ni exigibles, pues como ya se advirti\u00f3, que la suma real por la que fue adjudicado es muy inferior a la pretendida o indicada en el contrato y la misma pende de una condici\u00f3n de la cual no acredit\u00f3 su cumplimiento; adem\u00e1s que la misma no puede ser ejecutada por los herederos del causante, pues se trata de un pacto entre la ejecutada y el se\u00f1or Fabio de Jes\u00fas Galvis, haci\u00e9ndose necesaria la declaraci\u00f3n de incumplimiento dentro de un proceso diferente al de ejecuci\u00f3n y se dilucide la pervivencia de tal obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para imponer una interpretaci\u00f3n frente a las normas relativas al caso y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de litigio, por encima de la efectuada por el juez de la causa ordinaria. Mucho menos, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En el punto, es necesario destacar que el Tribunal, -al estudiar si se encontraban cumplidos los requisitos de los t\u00edtulos ejecutivos-, conforme lo reglado por el canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, evidenci\u00f3 que las obligaciones objeto de pretensi\u00f3n no eran susceptibles de ser exigibles12, al mismo tiempo que no resultaban claras13 pues, de acuerdo con el material probatorio adosado a la causa, estas se encontraban sujetas a condici\u00f3n, cumplimiento que en s\u00ed mismo no fue comprobado por la demandante. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el monto requerido en el escrito inicial distaba de lo acordado en el contrato objeto de ejecuci\u00f3n. Aunado a que se acredit\u00f3 que, el pacto referido, no puede ser susceptible de ejecuci\u00f3n por los herederos de Fabio de Jes\u00fas Galvis, en la medida en que se trat\u00f3 de lo convenido entre la empresa convocada y el causante. Por tanto, tal como lo expuso el estrado querellado, es necesario que el incumplimiento de esa negociaci\u00f3n se dilucide en juicio declarativo. Discernimiento que no se advierte irrazonable. <\/p>\n
3.3. Aunado a lo anterior, esta Sala ha sostenido reiteradamente14 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-15. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la actora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto16. <\/p>\n
4. Finalmente, en relaci\u00f3n con las costas a las que fue condenada la accionante, en la medida que estima que \u00abse [le] exige el pago de unas cuotas por el hecho de reclamar lo que [le] pertenece\u00bb, la Sala advierte la improcedencia del amparo, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ha de tenerse en cuenta que la actora no cuestion\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las expensas, -con carga de hacerlo de acuerdo con el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso-, mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas \u2013proferido el 14 de julio de 2022-17. Por lo tanto, la gestora tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad18. <\/p>\n
5. En definitiva, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comunicar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab03. EscritoDemandaAnexos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab15. AutoLibraOrdenDeApremioFijaCauci\u00f3nParaLevantarMedidaCautelar\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab19. RecursoReposicion\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab23. AutoResuelveReposicionCesaEjecucion\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab24. RecursoReposicSubApelacion\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab26. AutoRechazaReposici\u00f3nConcedeApelacion\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00ab02Autoresuelve\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 13 de diciembre de 2022. <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 13 de diciembre de 2022. <\/p>\n
10\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 13 de diciembre de 2022. <\/p>\n
11\u0002 Para ello referenci\u00f3 que: \u00aba) Que la obligaci\u00f3n sea expresa, es decir, que se encuentre debidamente determinada, especificada, y patente en el t\u00edtulo, y no sea el resultado de una presunci\u00f3n legal o una interpretaci\u00f3n de alg\u00fan precepto normativo. b) Que la obligaci\u00f3n sea clara, consiste en que sus elementos aparezcan inequ\u00edvocamente se\u00f1alados; tanto su objeto (cr\u00e9dito) como sus sujetos (acreedor y deudor). c) Que la obligaci\u00f3n sea exigible: significa que \u00fanicamente es ejecutable la obligaci\u00f3n pura y simple, o, que, habiendo estado sujeta a plazo o condici\u00f3n suspensiva, se haya vencido aqu\u00e9l o cumplido \u00e9sta. d) Que el documento provenga del deudor o de su causante: el titulo ejecutivo exige, como regla general, que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento, o heredero de quien lo firm\u00f3, o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor. e) Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: la prueba plena, llamada tambi\u00e9n completa o perfecta, es la que por s\u00ed misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere o, en otras palabras, la que demuestra sin g\u00e9nero alguno de duda la verdad de un hecho, brind\u00e1ndole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo a ese hecho\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 En un asunto de contornos similares, donde se decret\u00f3 la inexigibilidad del t\u00edtulo objeto de recaudo, por cuanto no se cumpli\u00f3 con una de las condiciones para su suscripci\u00f3n, la Corte sostuvo que \u00abatendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal accionado, luego de analizar el acervo probatorio allegado a la actuaci\u00f3n, as\u00ed como revisar la doctrina y jurisprudencia aplicable al asunto, estim\u00f3 acreditada la excepci\u00f3n de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n alegada por la parte demandada, como quiera que la voluntad de las partes con el negocio causal, del que hizo parte el ejecutante, fue someter el pago de los cheques a dos condiciones puntuales, una de las cuales no se cumpli\u00f3\u00bb (STC16634-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que \u00abla revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, es obligatoria como lo establece la norma procesal, de manera preliminar al momento de resolver si procede o no la orden de apremio, cuando ese punto fue invocado por los ejecutados durante la actuaci\u00f3n (excepciones y reparos) como aqu\u00ed aconteci\u00f3 e inclusive a\u00fan de oficio puede abordar ese estudio; por tanto, al reconocer la excepci\u00f3n denominada \u00abno exigibilidad de los t\u00edtulos valores\u00bb, no se avizora un desafuero o una extralimitaci\u00f3n al momento de desatar la alzada, pues el motivo para revocar la orden de apremio fue precisamente evidenciar que el t\u00edtulo no reun\u00eda los requisitos formales\u00bb (STC3064-2022). <\/p>\n
13\u0002 De cara al requisito de la \u00abclaridad\u00bb de los t\u00edtulos ejecutivos, la Corte ha puntualizado que la \u00abclaridad de la obligaci\u00f3n, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequ\u00edvoco y sin confusi\u00f3n en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relaci\u00f3n al cr\u00e9dito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligaci\u00f3n, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el v\u00ednculo jur\u00eddico. Tanto el pr\u00e9stamo a favor del sujeto activo, as\u00ed como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo\u201d\u00bb (STC3298-2019. Reiterada en STC7623-2021). <\/p>\n
14\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
15\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
16\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n