STC16928-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04344-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida Juan Carlos Betancur Tabares contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en los procesos de radicados 05001-31-03-015-2004-00182-00 y 05001-31-03-018-2018-00299-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus \u00abderechos constitucionales fundamentales, seg\u00fan la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, en sus Art del 11 al 42 de la misma, y en especial los art: 23\u00bb, presuntamente trasgredidos por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Arango1 inco\u00f3 demanda reivindicatoria en contra de Antonio, Josefina y Mar\u00eda Carmen Rojas Vargas a efectos de obtener la restituci\u00f3n de los inmuebles identificados con F.M.I. 001S-716206 y 001S-716207. Pidi\u00f3, adem\u00e1s, que se condenara a los demandados a pagar el valor de los frutos civiles o naturales de los bienes2. <\/p>\n
Asever\u00f3 que adquiri\u00f3 el derecho de dominio sobre tales propiedades por medio de la adjudicaci\u00f3n que le fue hecha en la sucesi\u00f3n de su hermana, Mar\u00eda Elvia Arango, protocolizada en la escritura no. 675 del 21 de marzo del 2002, de la Notar\u00eda 26 de Medell\u00edn. Relat\u00f3 que se encuentra privado de su posesi\u00f3n, la cual es ostentada por los demandados \u00abpersonas que entraron en posesi\u00f3n de dichos inmuebles al expulsar a la fuerza a su leg\u00edtimo due\u00f1o\u00bb, quienes, adem\u00e1s, argumentan que \u00abson due\u00f1os, dizque porque son hijos de crianza de Mar\u00eda Elvia Arango o que son hijos sin documentos legales\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 09 de agosto del 2004, el se\u00f1or Arango enajen\u00f3 a Ernesto de Jes\u00fas Betancur Zapata3, \u00abel derecho de dominio y la posesi\u00f3n material que tiene y ejerce\u00bb sobre el apartamento identificado con el folio de matr\u00edcula no. 001S-7262064. En consecuencia, en auto del 29 de abril del 2005, se integr\u00f3 al se\u00f1or Betancur como litisconsorte necesario de la parte activa5. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, mediante providencia del 21 de abril del 20096, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn orden\u00f3 la integraci\u00f3n por pasiva de Ram\u00f3n Rodr\u00edguez \u00dasuga7. Quien, en el t\u00e9rmino de traslado, interpuso demanda de reconvenci\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio de los inmuebles objeto del proceso8. <\/p>\n
2.4. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite de instancia, el Juzgado D\u00e9cimo Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda principal en sentencia del 05 de diciembre del 2018. En consecuencia, conden\u00f3 a los se\u00f1ores Mar\u00eda del Carmen Rojas y Ram\u00f3n Rodr\u00edguez a restituir en favor de la sucesi\u00f3n de los fallecidos Jos\u00e9 Alberto Arango y Ernesto de Jes\u00fas Betancur los bienes identificados con F.M.I. no. 001-716206 y 001-716207; y a pagar una suma por concepto de frutos civiles. En contraste, neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda de reconvenci\u00f3n y desestim\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito9. <\/p>\n
2.5. Inconforme, el apoderado de Rodr\u00edguez \u00dasuga present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de primer grado el 11 de diciembre del 2018. Remedio procesal que fue concedido -en efecto devolutivo- por auto proferido al d\u00eda siguiente10. <\/p>\n
2.6. El accionante critica que, pese a que el proceso lleg\u00f3 al Tribunal el 30 de enero del 2019, a la fecha no ha resuelto la alzada. Reproch\u00f3 que: \u00ab3 a\u00f1os para un fallo de un proceso m\u00e1s claro que el agua, revisado y registrado por la Fiscal\u00eda, revisado por otros juzgados en apelaci\u00f3n por competencia, pero con las argucias de los abogados de los okupas, para demorar y luego pedir posesi\u00f3n y dominio y robasen una propiedad de una forma o de la otra\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicit\u00f3 que se \u00abgaranticen los derechos constitucionales, con lo cual se defina la situaci\u00f3n del fallo eterno, que pondr\u00e1 fin al problema que hoy tenemos por no darse pronta y oportuna respuesta a las apelaciones sin fundamento de los okupas y sus abogados\u00bb. Por otro lado, inst\u00f3 a que se ordene al juzgado iniciador \u00abque tase los da\u00f1os emergentes, as\u00ed como los usufrutos y que los cobre al seguro, en caso de que no los cubra que de disponga de los bienes de los demandados, para hacer frente al pago de los da\u00f1os y usufrutos\u00bb, as\u00ed como instarlo a que efect\u00fae la entrega del bien a sus verdaderos due\u00f1os. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente. <\/p>\n
2.- Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n de la presunta mora judicial en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a la sentencia proferida el 05 de diciembre del 2018 por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la autoridad judicial accionada, por no haber desatado el aludido recurso de apelaci\u00f3n, debe traerse a colaci\u00f3n la sentencia T-747 de 2009, en la que la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es pertinente se\u00f1alar que tanto las partes como los terceros en las respectivas actuaciones judiciales deben no s\u00f3lo cumplir con las cargas procesales que impone el ordenamiento jur\u00eddico en cada proceso, sino abstenerse de realizar conductas que dilaten el tr\u00e1mite judicial, pues ello constituye una las formas como se materializa la violaci\u00f3n del deber constitucional de \u2018colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u2019 (Art. 95-7 C.P.). <\/p>\n
De manera que la celeridad en los juicios resulta trascendental para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. No obstante, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. Al respecto, la Sala ha establecido que <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha establecido que los escenarios de mora judicial que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Es decir, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, en CSJ sept. 17 2013, rad. 00168-02, CSJ STC6772-2019 y en CSJ STC5633-2021). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, revisado el plenario, se observa que en el caso en concreto se surtieron las siguientes actuaciones: <\/p>\n
3.1. El Juzgado D\u00e9cimo Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia de primera instancian el 05 de diciembre del 2018. <\/p>\n
3.2. El apoderado de Ram\u00f3n Rodr\u00edguez \u00dasuga -demandado- present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de primer grado el 11 de diciembre del 2018. Remedio procesal que fue concedido -en efecto devolutivo- por auto proferido al d\u00eda siguiente11. <\/p>\n
3.3. En ese sentido, el expediente fue radicado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 29 de enero del 201912. Y subi\u00f3 al despacho el 31 de enero de la misma anualidad13. <\/p>\n
3.4. El 21 de junio del 2019, se profiri\u00f3 auto mediante el cual se admiti\u00f3 \u00aben el efecto DEVOLUTIVO el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada en el proceso reivindicatorio y demandante de reconvenci\u00f3n por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que, \u00abejecutoriado el presente auto se fijar\u00e1 fecha para llevar a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u00bb14. Fenecido el t\u00e9rmino de ejecutoria, pas\u00f3 al despacho15. <\/p>\n
3.5. Pese a lo anterior, el 30 de junio del 2021, es decir, dos a\u00f1os despu\u00e9s, se profiri\u00f3 auto en el cual se orden\u00f3 la digitalizaci\u00f3n del expediente \u00abpara efectos de correr a continuaci\u00f3n el respectivo traslado para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 04 de junio de 2020, y en esa medida proferir la sentencia correspondiente a la segunda instancia\u00bb16. <\/p>\n
3.6. El 13 de diciembre del 2022, la autoridad judicial accionada requiri\u00f3 a \u00abla parte apelante para que sustente el recurso de apelaci\u00f3n a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, observa la Sala que se ha presentado una demora injustificada en la resoluci\u00f3n de la alzada. Lo anterior si se toma en consideraci\u00f3n que, para la fecha en que se interpuso la acci\u00f3n constitucional17, hab\u00edan transcurrido aproximadamente un a\u00f1o y seis meses desde el momento de la \u00faltima actuaci\u00f3n. Sin que hubiera un pronunciamiento del Despacho dirigido a continuar con el tr\u00e1mite. Ello pese a que el 25 de julio del 2022, la apoderada de la parte demandada radic\u00f3 un memorial de impulso; y el 28 de septiembre, el apoderado del se\u00f1or Rodr\u00edguez \u00dasuga present\u00f3 solicitud para \u00absuspender la diligencia de secuestro que orden\u00f3 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn en el proceso de radicado 05001310300820180024400\u00bb. <\/p>\n
Con todo, se advierte que el 13 de diciembre del 2022, el Despacho accionado profiri\u00f3 auto mediante el cual requiri\u00f3 \u00abla parte apelante para que sustente el recurso de apelaci\u00f3n a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia\u00bb. A continuaci\u00f3n de cuyo fenecimiento \u00abtranscurrir\u00e1 el traslado a la parte contraria y vencido el mismo se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estados\u00bb. <\/p>\n
4. Por tanto, si bien s\u00ed se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor (al debido proceso y no al de derecho de petici\u00f3n), lo cierto es que a la fecha tal Afectaci\u00f3n ces\u00f3. Ello comoquiera que el pasado 13 de diciembre se profiri\u00f3 providencia mediante la cual corri\u00f3 el traslado para la sustentaci\u00f3n del remedio; actuaci\u00f3n imprescindible para la resoluci\u00f3n de la segunda instancia. <\/p>\n
5. Por otro lado, frente a las solicitudes esbozadas por el censor en los numerales dos y tres de la solicitud de amparo, ha de advertirse que tales son peticiones que debe elevar el accionante frente al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn. Ello m\u00e1xime cuando, de conformidad con la p\u00e1gina \u00abconsulta de procesos\u00bb ninguna solicitud se ha elevado al respecto ante el juez de conocimiento. Quien es el \u00f3rgano jurisdiccional que, en principio, tiene la potestad de resolver tales pedimentos en el marco del proceso. <\/p>\n
6. Por lo explicado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR la tutela solicitada, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
. <\/p>\n
SEGUNDO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sucedido procesalmente por Blanca Olivia Sep\u00falveda. Auto del 04 de julio del 2006 obrante a p\u00e1gina 222 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 36 a 46 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Sucedido procesalmente por Juan Carlos, Adriana Mar\u00eda y Luz Stella Betancur Tabares. Auto del 30 de agosto del 2012 obrante a p\u00e1gina 508 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. Tambi\u00e9n se tuvo como sucesora procesal a In\u00e9s Cecilia Palacio Botero, en su calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente de la parte. Auto del 15 de noviembre del 2011 obrante a p\u00e1gina 488 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 188 a 193 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 204 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1gina 41 del PDF \u00abCUA 4 2004 182\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Quien fue integrado al proceso mediante auto del 15 de septiembre del 2009, p\u00e1gina 314 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1gina 25 del PDF \u00abCUA 5 2004 182\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 P\u00e1gina 712 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 P\u00e1gina 754 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 P\u00e1gina 754 del PDF \u00abCUA 1 2004 182\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 P\u00e1gina 3 del PDF \u00abCUA 10 2004 182 TRIBUNAL\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 P\u00e1gina 5 del PDF \u00abCUA 10 2004 182 TRIBUNAL\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 P\u00e1gina 7 del PDF \u00abCUA 10 2004 182 TRIBUNAL\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 P\u00e1gina 9 del PDF \u00abCUA 10 2004 182 TRIBUNAL\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 P\u00e1gina 11 del PDF \u00abCUA 10 2004 182 TRIBUNAL\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 Radicada el 09 de diciembre del 2022 seg\u00fan PDF \u00ab0001Acta_de_reparto.pdf\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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