STC16930-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16930-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03697-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Guillermo Betancourt Arias, quien dice actuar en nombre de QBE del Istmo Compa\u00f1\u00eda de Reaseguros Inc. -en liquidaci\u00f3n-, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso 2011-00079, as\u00ed como a los Juzgados Trece Civil del Circuito, Once y Treinta y Uno Laboral del Circuito, todos de esta ciudad, y a los se\u00f1ores Jos\u00e9 David Lamk y Miguel \u00c1ngel Valois Rubiano. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, actuando en la calidad indicada, procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la sociedad cuyos intereses dice representar. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n allegada, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 un proceso promovido por QBE del Istmo Compa\u00f1\u00eda de Reaseguros Inc. en contra de Seguros del Estado S.A., que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2011-00079, por los perjuicios causados como consecuencia de la desatenci\u00f3n de las obligaciones y deberes derivados de un contrato de reaseguro. <\/p>\n
2.2. El estrado cognoscente, para ese entonces el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 a las pretensiones el 10 de abril de 20141 y conden\u00f3 a pagar a la aseguradora $3.526.443.224,16, decisi\u00f3n que esta apel\u00f3 y la Sala Civil del Tribunal Superior querellado revoc\u00f3 el 6 de agosto de 20152. <\/p>\n
2.3. La parte actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo anterior y, el 7 de octubre de 2020, esta Sala Civil lo cas\u00f3, de modo que confirm\u00f3 -en su totalidad- la sentencia de 10 de abril de 2014, emanada del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e13. <\/p>\n
2.4. Procurando el pago de las sumas por las cuales se le conden\u00f3, Seguros del Estado S.A. constituy\u00f3 t\u00edtulos judiciales a favor de QBE del Istmo -en liquidaci\u00f3n-, por $5.708.919.258,00, seg\u00fan el promotor. <\/p>\n
2.5. Con destino al tr\u00e1mite cuestionado, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 oficio, en el que inform\u00f3 del embargo decretado en el ejecutivo -con radicado 2021-00438- impulsado por Jos\u00e9 David Lamk Guti\u00e9rrez en contra de QBE del Istmo Compa\u00f1\u00eda de Reaseguros Inc. -en liquidaci\u00f3n-4. Lo propio hizo el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo -consecutivo 2019-00239- promovido por Miguel \u00c1ngel Valois Rubiano5 en contra de la reaseguradora. <\/p>\n
2.6. Las anteladas solicitudes no fueron tenidas en cuenta por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en auto de 21 de abril de 20226, confirmado el 5 de agosto ulterior7. Recurrido aquel pronunciamiento por el se\u00f1or Lamk Guti\u00e9rrez, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lo revoc\u00f3 el 18 de octubre siguiente y dispuso que s\u00ed deber\u00edan tenerse en cuenta las cautelares informadas por los dos estrados laborales atr\u00e1s rese\u00f1ados8. <\/p>\n
3. El censor critica lo actuado por la Colegiatura querellada, por cuanto, de una parte, Jos\u00e9 David Lamk Guti\u00e9rrez no estaba legitimado para recurrir la decisi\u00f3n de 21 de abril de 2022, ya que no ostentaba la calidad de tercero ni de interviniente, seg\u00fan las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso que regulan esas figuras y, de otra parte, porque no proceden embargos ni medidas cautelares contra sociedades aseguradoras en estado de liquidaci\u00f3n forzosa, como es el caso de QBE del Istmo Compa\u00f1\u00eda de Reaseguros Inc. -en liquidaci\u00f3n-, a lo cual agreg\u00f3 que el Tribunal dio al asunto un tratamiento equivocado, pues este era un proceso ejecutivo y no declarativo, ya que \u00e9ste \u00faltimo culmin\u00f3. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, pide que se disponga lo pertinente para que se le entreguen los dineros representados en dep\u00f3sitos judiciales constituidos por Seguros del Estado S.A. a favor de la sociedad cuyos intereses dice agenciar. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Miguel \u00c1ngel Valois Rubiano se opuso a lo pretendido, indicando que lo actuado por el Colegiado atacado se ajust\u00f3 a la normatividad aplicable. <\/p>\n
2. La abogada Myryam Marcela Berm\u00fadez Ruiz, quien dijo actuar en nombre de Martha Luz Gil Rodr\u00edguez y \u00abotros\u00bb, y la tambi\u00e9n abogada Mayerly Morales Vargas, quien manifest\u00f3 ser la apoderada de Jos\u00e9 David Lamk Guti\u00e9rrez, tambi\u00e9n defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. Esta \u00faltima aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa del tutelante9. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende que se le entreguen a QBE del Istmo Compa\u00f1\u00eda de Reaseguros Inc. -en liquidaci\u00f3n- los dineros que Seguros del Estado S.A. constituy\u00f3 en favor suyo con ocasi\u00f3n del proceso cuestionado y que, en consecuencia, no se tengan en cuenta los embargos que decretaron los Juzgados Once y Treinta y Uno Laborales del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no se encuentra legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya) (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
De igual forma, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)10. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se habr\u00edan vulnerado en el juicio rebatido a quien dice representar en esta causa; sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del proponente. <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado, por improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 181-191, archivo digital 03ExpedinteDigitalizadoParteTres.pdf <\/p>\n
2\u0002 Fls. 51-66, archivo digital 01CuadernoTribunal.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 121-174, archivo digital 01CuadernoCorteSuprema.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Oficio 280 (fl. 326 archivo digital 03ExpedienteDigitalizadoParteTres.pdf.). <\/p>\n
5\u0002 Oficio 1165 (fl. 331, archivo digital 03ExpedienteDigitalizadoParteTres.pdf.). <\/p>\n
6\u0002 Fls. 324-325, archivo digital 03ExpedienteDigitalizadoParteTres.pdf. <\/p>\n
7\u0002 Fls. 533-535, archivo digital 03ExpedienteDigitalizadoParteTres.pdf. <\/p>\n
8\u0002 Archivo digital 05RevocaAuto.pdf. <\/p>\n
9\u0002 Ninguna de las abogadas prenombradas alleg\u00f3 poder especial para actuar en sede constitucional. <\/p>\n
10\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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STC16930-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16930-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03697-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Guillermo Betancourt […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69859","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69859"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69859\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}