STC16931-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16931-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00460-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, salud y vida digna, presuntamente vulnerados por la acusada. <\/p>\n
2. Anotaron que fueron privados de la libertad y han presentado distintas peticiones ante el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, las cuales consideran que no se han tramitado con \u00abla celeridad que deben tener los despachos judiciales [pues] no son respondidas en los t\u00e9rminos que mencionan los diferentes art\u00edculos de la jurisprudencia colombiana, lo cual genera en la poblaci\u00f3n privada de la libertad efectos contrarios a la Constituci\u00f3n, pues existen los casos de personas que por no ser aprobados sus horas de redenci\u00f3n de trabajo, estudio o ense\u00f1anza, no pueden ser puestos en libertad de forma inmediata luego de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. Refirieron que otros \u00abllevan esperando respuesta de sus solicitudes de [\u2026] permiso por 72 horas, prisi\u00f3n domiciliaria y libertad condicional, por m\u00e1s de siete u ocho meses; lo mismo ocurre con los que tienen recursos de reposici\u00f3n y no pueden ejercer el de apelaci\u00f3n ante otra instancia u aportar otras pruebas de mejoramiento en el tratamiento penitenciario\u00bb. Agregaron que son \u00abconscientes de la congesti\u00f3n que se puede presentar en el despacho [querellado] pero comparado con sus hom\u00f3logos de esta especialidad, [se sienten] en amplia desventaja, ya que a los otros compa\u00f1eros que est\u00e1n a \u00f3rdenes de esos otros juzgados responden bastante m\u00e1s r\u00e1pido, incluso en t\u00e9rminos normales\u00bb. <\/p>\n
2.1. En ese orden, solicitaron que se ordene al Juzgado cuestionado \u00abresolver las solicitudes incoadas [\u2026] por las personas privadas de la libertad [\u2026] en el plazo que [se] determine\u00bb. Adem\u00e1s, se \u00abvincule a los organismos de control y la autoridad competente para la verificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y toma de decisiones que permitan la r\u00e1pida y eficiente medida para descongestionar el Despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
2.2. En escrito de \u00abadici\u00f3n\u00bb, adujeron sobre \u00abun factor de suma urgencia que se present\u00f3 en la CPMS Espinal y que requiere a\u00fan m\u00e1s de medidas inmediatas para favorecer los derechos fundamentales de los que se pide protecci\u00f3n, adicionando el derecho a la salud, ya que se ha presentado la pandemia de Covid 19 en el establecimiento [\u2026]\u00bb. Con base en noticias nacionales y locales, cuestionaron que en dicho lugar \u00abhay 669 casos de Covid en internos y 18 guardias contagiados\u00bb. Frente a ello, indicaron que \u00ablas autoridades locales no se les observa un plan definido para atender mientras tanto se colaps\u00f3 el sistema de salud y [tienen] privados de la libertad con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva cr\u00f3nica) hipertensi\u00f3n, diabetes, fallas renales, VIH positivo, entre otras enfermedades cr\u00f3nicas en donde gracias a medidas de cuidado elemental y la poca agresividad del virus se han sostenido, pero es posible que recaigan y puedan ver amenazadas sus vidas\u00bb. Por lo tanto, requirieron que \u00abse tomen medidas especiales de descongesti\u00f3n carcelarias y entre ellas, el otorgamiento oportuno de subrogados penales y agilidad en [los] tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
3. Con base en los documentos obrantes en el expediente, resulta necesario aclarar que la sentencia de primera instancia constitucional fue proferida el 16 de julio de 2020, misma que fue notificada a las partes e intervinientes en diferentes t\u00e9rminos. Al respecto, los escritos de impugnaci\u00f3n fueron interpuestos entre el 7 y el 9 de octubre de ese mismo a\u00f1o. Sin embargo, dichos recursos fueron admitidos hasta el 11 de noviembre de 2022 y remitidos a esta Sala el 18 siguiente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado inform\u00f3 sobre las solicitudes elevadas por cada uno de los aqu\u00ed tutelantes, sin embargo, respecto de \u00ablos firmantes, con NUI 84445 y NUI 902021 [\u2026], no se pudo establecer su identidad, y si los mismos est\u00e1n por cuenta de este Despacho, pues en el sistema de informaci\u00f3n no registran dichos datos\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abla congesti\u00f3n judicial que afronta [\u2026] es un problema estructural que aumenta cada d\u00eda de manera acelerada, la cual esfuerzo y las largas horas jornadas laborales que se cumplen a diario por parte de los empleados del juzgado, as\u00ed como de la [juez], las que normalmente exceden el horario habitual de trabajo, incluyendo s\u00e1bados y domingos, resulta imposible resolver los asuntos en los plazos establecidos en la ley, superando as\u00ed la capacidad log\u00edstica y humana del despacho\u00bb. Por tanto, indic\u00f3 que en \u00abpro de obtener la descongesti\u00f3n del mismo, desde el 13\/02\/2020, elabor\u00f3 un plan de seguimiento de las peticiones de los internos a disposici\u00f3n del despacho, clasificando las mismas por temas, respetando siempre el derecho a la igualdad [\u2026]\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben respeto del derecho a la igualdad que le asiste a cada uno de los internos por cuenta de es[e] Juzgado, se da respuesta a sus peticiones en el orden de entrada al despacho, por lo tanto, respetuosamente le solicito se abstenga de conceder el amparo solicitado, toda vez que de acceder a las pretensiones a favor de los penados se vulneraria los derechos de aquellos cuyas peticiones ingresaron con anterioridad a las suyas\u00bb. <\/p>\n
2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, luego de exponer las gestiones que frente a la pandemia se han realizado al interior de los centros carcelarios, mencion\u00f3 que no le \u00abcorresponde atender los requerimientos aludidos, por cuanto [\u2026] le corresponde velar por la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad [\u2026], y en ning\u00fan momento le corresponde definir lo relacionado a la solicitud de amparar el derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Servicios Penitenciarios Y Carcelarios resalt\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, contrario sensu, ha desplegado todas las competencias extraordinarias y que est\u00e1n a su alcance a fin de contrarrestar en lo que fuere posible los efectos de un virus totalmente desconocido para la humanidad, orientados a suplir las necesidades derivadas de la pandemia COVID-19 en beneficio de la PPL, adoptando planes de contingencia para prevenir, detectar, contener y en su momento tratar la enfermedad Covid-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC\u00bb. <\/p>\n
4. El Presidente y la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Defensor del Pueblo Regional Tolima, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite \u2013falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva-, ya que consideraron que no han vulnerado derecho fundamental alguno de los tutelantes. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo, por un lado, neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3, de cara a la mora judicial que se alega en contra del juzgado cuestionado, que \u00abpese a que en algunos de los eventos las peticiones presentadas por los actores llevan m\u00e1s de un a\u00f1o desde su presentaci\u00f3n sin que a la fecha se hayan resuelto, la intervenci\u00f3n del despacho accionado permite establecer que la tardanza en resolver los asuntos a su cargo obedece a la alta carga laboral que afronta, que seg\u00fan inform\u00f3 el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en la actualidad cuenta con 2.935 procesos a cargo, sin enlistar las acciones constitucionales\u00bb. Situaci\u00f3n que fue convalidada de acuerdo con lo se\u00f1alado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. <\/p>\n
Por otro, frente a la vulneraci\u00f3n de los derechos expuesta en el marco de la emergencia carcelaria por el Covid-19, ampar\u00f3 las prerrogativas demandadas. Ello pues, comprob\u00f3 que 25 de los accionantes \u00abfueron diagnosticados con Covid-19, [y] no obra en el presente tr\u00e1mite reporte de su estado de salud, ni registro de la atenci\u00f3n m\u00e9dica que se les ha brindado. No obstante, se itera, las condiciones actuales que presenta el centro carcelario de Espinal en el manejo de la pandemia, ponen en riesgo la vida y salud tanto de los actores, como del resto de poblaci\u00f3n privada de la libertad que se encuentra en similares condiciones\u00bb. Por lo tanto, orden\u00f3 que \u00abse realice Consejo de Seguridad en el que participe un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, un miembro del Consorcio de Atenci\u00f3n en Salud PPL, un miembro de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Gobernador del Tolima, el Alcalde Municipal de Espinal, un funcionario de la Secretar\u00eda Local de Salud de Espinal y uno de la Secretar\u00eda de Salud del Tolima\u00bb. Ello, con el fin de establecer los elementos de bioseguridad que se requieren mensualmente para atender al personal recluso. Adem\u00e1s, definir aquellos privados de la libertad que requieren aislamiento provisional de acuerdo con las condiciones m\u00e9dicas y la asignaci\u00f3n de lugares de aislamiento para cumplir con ese objetivo. Y, disponer de la desinfecci\u00f3n diaria del establecimiento penitenciario respectivo. <\/p>\n
IV. LAS IMPUGNACIONES. <\/p>\n
2. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC- menciona que no tiene la legitimaci\u00f3n para asumir las \u00f3rdenes dispuestas en la sentencia constitucional. Y, agrega que \u00abha actuado de manera diligente, desplegando acciones administrativas, gestionando y desarrollando sus competencias a fin de atender todo lo relacionado con la contingencia presentada actualmente por la pandemia COVID-19; y teniendo en cuenta que la C\u00e1rcel y Penitenciaria del Espinal fue declarada libre de COVID-19 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional de Salud solicita la revocaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado, \u00aben virtud de la existencia del fallo de tutela 73001-2333-000-2020-00093-00 mediante el cual se adoptaron medidas contra el Covid y cuya protecci\u00f3n se hace extensiva a la totalidad de la poblaci\u00f3n privada de la libertad del EPMSC Espinal\u00bb. Asimismo, refiere que en caso de no prosperar lo expuesto, requiere \u00abtener en cuenta las disposiciones contenidas en la Resoluci\u00f3n 843 del 26 de mayo de 2020 \u201cPor medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus \u2013 COVID-19 en establecimientos penitenciarios y carcelarios\u201d en cuanto a las funciones que le competen al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 actuando como vocero y administrador del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional De Salud de las Personas Privadas de la Libertad, frente a las cuales se hace \u00e9nfasis que a la fecha se han venido cumpliendo de acuerdo a las instrucciones impartidas por la USPEC\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura expone que con el fallo emitido se desconoci\u00f3 \u00abel esfuerzo que [se] ha realizado [\u2026] en la adopci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n a su alcance, para la agilizaci\u00f3n de las vigilancias de las condenas a cargo del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, atendiendo la restricci\u00f3n presupuestal que afecta el sector justicia\u00bb. En ese orden, considera que debe revocarse el ordinal segundo de la decisi\u00f3n de primera instancia, dado que \u00abno [se] ha vulnerado derecho fundamental alguno a los accionantes y la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para gestionar la creaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada y las entidades vinculadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por los tutelantes, con ocasi\u00f3n del presunto retraso en la resoluci\u00f3n de los requerimientos elevados ante el despacho convocado. Adem\u00e1s, de la ausencia de gesti\u00f3n por las autoridades administrativas en evitar la propagaci\u00f3n del Covid 19 al interior del centro carcelario de El Espinal. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n advierte la confirmaci\u00f3n de lo decidido por la Sala constitucional a quo. En primer lugar, tocante con la mora judicial demandada, se observa el informe rendido por el despacho querellado, en el cual, frente a lo se\u00f1alado razon\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
La congesti\u00f3n judicial que afronta [\u2026] es un problema estructural que aumenta cada d\u00eda de manera acelerada, la cual esfuerzo y las largas horas jornadas laborales que se cumplen a diario por parte de los empleados del juzgado, as\u00ed como de la [juez], las que normalmente exceden el horario habitual de trabajo, incluyendo s\u00e1bados y domingos, resulta imposible resolver los asuntos en los plazos establecidos en la ley, superando as\u00ed la capacidad log\u00edstica y humana del despacho. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el gran n\u00famero de acciones de tutelas, habeas corpus y vigilancias administrativas diarias que se presentan por parte de los reclusos en contra del Despacho, las cuales deben ser atendidas por [ese] Juzgado en los t\u00e9rminos perentorios concedidos, lo que impide que se d\u00e9 celeridad a las dem\u00e1s solicitudes de los reclusos, agravando y dificultando a\u00fan m\u00e1s la problem\u00e1tica expuesta. <\/p>\n
Si bien es cierto, [ese] Despacho no desconoce que el Consejo Superior de la Judicatura no ha sido ajeno a las medidas que deben adoptarse para enfrentar la pandemia del Covid-19 y de esta manera proteger la salud de las personas privadas de la libertad, a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de acuerdos para la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de algunas solicitudes y la exoneraci\u00f3n del reparto de acciones de tutelas y habeas corpus, tambi\u00e9n lo es que estas fueron creadas de manera transitoria para enfrentar la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el pa\u00eds actualmente, las cuales resultan ser insuficientes para afrontar la congesti\u00f3n judicial, que desde tiempo atr\u00e1s ha sido reconocida en reiterados fallos de tutela por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Asimismo, en escrito separado, indic\u00f3 que en \u00abpro de obtener la descongesti\u00f3n del [despacho], desde el 13\/02\/2020, elabor\u00f3 un plan de seguimiento de las peticiones de los internos a disposici\u00f3n del despacho, clasificando las mismas por temas, respetando siempre el derecho a la igualdad [\u2026]\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben respeto del derecho a la igualdad que le asiste a cada uno de los internos por cuenta de es[e] Juzgado, se da respuesta a sus peticiones en el orden de entrada al despacho [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Corolario de lo anterior, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez o la autoridad de conocimiento1. <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648-2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). <\/p>\n
Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, el presunto retraso obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. Y, conforme a la congesti\u00f3n laboral en la que se encuentra el Juzgado requerido, no es posible resolver los recursos y solicitudes presentadas. Ello, soportado en lo manifestado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, quien indic\u00f3 que ese Despacho tiene 2935 procesos y 1726 personas detenidas a cargo. Aunado a que, en igual sentido, dicha autoridad admiti\u00f3 haber solicitado desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os la \u00abapremiante necesidad de fortalecer el n\u00famero de despachos y las plantas de personal [\u2026] de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad del Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Debido a lo expuesto, y tal como lo expuso el estrado constitucional a quo, es menester exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que, con sustento en las competencias legalmente conferidas, adopte medidas efectivas donde se priorice la congesti\u00f3n evidenciada en el Despacho Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, sin perjuicio de la organizaci\u00f3n estructural que a bien tenga para superar lo acontecido. Lo anterior, con fundamento en el art\u00edculo 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 15 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
4. En segundo orden, relativo a la vulneraci\u00f3n del derecho a la salud y la vida alegados por los tutelantes, por cuanto al interior del centro carcelario exist\u00edan \u00ab669 casos de Covid en internos y 18 guardias contagiados\u00bb, sin que se observe un plan para atender a esa poblaci\u00f3n frente los efectos del Covid 19, la Sala observa que el estrado constitucional de primer grado, con sentencia del 16 de julio de 2020 ampar\u00f3 los derechos invocados por los quejosos. Y, en consecuencia, orden\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] que dentro el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, se realice Consejo de Seguridad en el que participe un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, un miembro del Consorcio de Atenci\u00f3n en Salud PPL, un miembro de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Gobernador del Tolima, el Alcalde Municipal de Espinal, un funcionario de la Secretar\u00eda Local de Salud de Espinal y uno de la Secretar\u00eda de Salud del Tolima en la que se establezca y se disponga lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
* La Secretar\u00edas de Salud de Espinal y Departamental del Tolima, deber\u00e1n determinar la cantidad de elementos de bioseguridad que se requieren de forma mensual para atender al personal recluso, funcionarios del INPEC, y personal externo que presta servicios al interior del centro de reclusi\u00f3n del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Espinal. <\/p>\n
<\/p>\n
* Con fundamento en la anterior informaci\u00f3n, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios, el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 y el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Espinal deber\u00e1n establecer si el material entregado satisface la cantidad de elementos mensuales requeridos para el Centro de Reclusi\u00f3n, seg\u00fan lo determinen las Secretar\u00edas de Salud Local de Espinal y Departamental del Tolima. <\/p>\n
En caso contrario, deber\u00e1n adoptar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para suplir la demanda de elementos de bioseguridad que se\u00f1alen las Secretar\u00edas de Salud Local de Espinal y Departamental del Tolima, as\u00ed como establecer la periodicidad y fecha para su entrega. <\/p>\n
<\/p>\n
* Las Secretar\u00edas de Salud Local de Espinal y Departamental del Tolima deber\u00e1n determinar qu\u00e9 personal recluso requiere de aislamientos provisionales de acuerdo con sus condiciones m\u00e9dicas, contagios Covid-19 y personas asintom\u00e1ticas. <\/p>\n
<\/p>\n
* Una vez identificado lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios, la Gobernaci\u00f3n del Tolima y la Alcald\u00eda Municipal de Espinal, de manera conjunta y de conformidad con sus competencias legales, deber\u00e1n disponer de las medidas administrativas y presupuestales, para asignar lugares de aislamiento ya sea afuera o dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Espinal, que tenga la capacidad de recluir al personal privado de la libertad. <\/p>\n
Esto, de acuerdo con la divisi\u00f3n que efect\u00faen la Secretar\u00edas de Salud Local de Espinal y Departamental del Tolima; lugares en los que se brinde las condiciones de seguridad, salud, alimentaci\u00f3n, y hospedaje necesarias al personal recluso. <\/p>\n
<\/p>\n
4.1. En virtud de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n advierte que lo considerado y ordenado por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal resulta acorde con los preceptos fundamentales que resguardan la dignidad, igualdad, salud y vida de aquellas personas privadas de la libertad, con sustento en lo que viene. <\/p>\n
4.2. La Sala evidencia que como consecuencia de la declaratoria de la pandemia por el Covid 19 \u2013el 11 de marzo de 2020 por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud y el 12 siguiente por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social-, las entidades administrativas del orden nacional y locales adoptaron una serie de protocolos para el cuidado de la ciudadan\u00eda. Medidas que, en igual sentido, se debieron aplicar en los establecimientos carcelarios. <\/p>\n
Sin embargo, de la documentaci\u00f3n adosada al presente tr\u00e1mite, si bien se corrobor\u00f3 que se han suministrado insumos para la respectiva protecci\u00f3n, no se avizora informaci\u00f3n particular que permita determinar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad al interior del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de El Espinal. En igual sentido, no es posible definir que lo dispuesto para mitigar el contagio al interior del establecimiento resulte efectivo, dado el n\u00famero de casos positivos por Covid 19 revelado en su contestaci\u00f3n por el Ministerio de Justicia y del Derecho -452-2. M\u00e1xime, cuando en la poblaci\u00f3n privada de la libertad se encuentran personas mayores de 60 a\u00f1os y con enfermedades que requieren particular atenci\u00f3n3. As\u00ed las cosas, se comparte lo considerado y ordenado por el a-quo constitucional. <\/p>\n
4.3. Lo anterior, debido a que como lo ha rese\u00f1ado esta Sala \u00abel derecho fundamental a la salud como la prerrogativa que tiene todo ser humano de poder mantener la normalidad org\u00e1nica funcional, tanto f\u00edsica como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerla cuando se presente una perturbaci\u00f3n en su estabilidad, raz\u00f3n por la que, su protecci\u00f3n debe extenderse a todo tipo de afectaci\u00f3n4. El deber de garant\u00eda de la aludida prerrogativa, trat\u00e1ndose de las personas privadas de la libertad, se maximiza para el Estado, especialmente para las autoridades penitenciarias, debido a la relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n que subyace por la suspensi\u00f3n de la libertad de locomoci\u00f3n, que impone la obligaci\u00f3n de respeto y materializaci\u00f3n del principio de eficacia de los derechos fundamentales, como es el de la salud, el cual no est\u00e1 restringido o limitado5\u00bb (se resalta \u2013 STC4660-2020). <\/p>\n
5. En definitiva, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: (\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
2\u0002 Contestaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y del Derecho. . <\/p>\n
3\u0002 Enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva cr\u00f3nica, hipertensi\u00f3n arterial, c\u00e1ncer u otras comorbilidades. <\/p>\n
4\u0002 CC T-331\/15 <\/p>\n
5\u0002 CC T-193\/17 <\/p>\n
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STC16931-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16931-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00460-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}