AC054-2023 (2023-00021-00)<\/p>\n
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AC054-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00021-00 <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada en nombre de Guillermo Loaiza Bri\u00f1ez, respecto de la sentencia del 15 de julio de 2020, proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 2 de Parque Manzanedo, Santo\u00f1a, provincia de Cantabria, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 12 de enero de 2023, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo del ep\u00edgrafe, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio entre el solicitante y Cenaida Rodr\u00edguez Garcias. <\/p>\n
2. Con el libelo genitor se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica y reciprocidad entre los estados, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia, en ausencia de tratados internacionales aplicables, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse para el reconocimiento, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: \u2026 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. (Negrilla propia). <\/p>\n
La desatenci\u00f3n del anterior requerimiento conduce a que el estudio del pedimento se cierre de plano, ante la inviabilidad de que la Corte pueda adentrarse a evaluar un prove\u00eddo sobre el que no se tiene certeza acerca de su car\u00e1cter definitivo, como lo dispone expresamente el numeral 2\u00b0 del canon 607 ibidem, a saber: \u00abLa Corte rechazar\u00e1 la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del art\u00edculo precedente\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, la presente solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer la exigencia transcrita, huelga puntualizarlo, por cuanto no se alleg\u00f3 la constancia de que la sentencia a homologar est\u00e1 debidamente ejecutoriada en el pa\u00eds de proferimiento, de acuerdo con las normas que gobiernan el caso. <\/p>\n
Total, para demostrar la definitividad de las sentencias provenientes del Reino de Espa\u00f1a, el marco regulatorio aplicable es el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre dicho pa\u00eds y Colombia, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, el cual prescribe que la ejecutoria \u00abse comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 2). <\/p>\n
Se trata de un caso de tarifa legal, por imponer una \u00fanica probanza para acreditar el car\u00e1cter final de un prove\u00eddo emitido por un sentenciador espa\u00f1ol, de all\u00ed que su omisi\u00f3n no puede ser suplida de ninguna forma, como ha sido puesto de presente por esta Corte en multiplicidad de casos, entre otros: <\/p>\n
A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial, el se\u00f1alado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a] reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00852-00). <\/p>\n
Tesis que tambi\u00e9n est\u00e1 contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2020-00368-00) y SC 2918 del 1\u00ba de agosto de 2019 (rad. n.\u00b0 2019-00928-00), entre otros, los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
3. En desatenci\u00f3n de la anterior directriz se tiene que, con el libelo genitor del presente tr\u00e1mite, no se adjunt\u00f3 el documento emanado de la autoridad antes mencionada, con el fin de comprobar la ejecutoria, sin que la manifestaci\u00f3n realizada por la letrada de la administraci\u00f3n de justicia de Santo\u00f1a, provincia de Cantabria, Reino de Espa\u00f1a, pueda suplir la exigencia de marras, por las razones dilucidadas. <\/p>\n
Por lo expuesto se rechazar\u00e1 la solicitud de reconocimiento, en aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 607 del actual estatuto adjetivo, como ya hab\u00eda sido puesto de presente al actor en ocasi\u00f3n precedente. <\/p>\n
4. Con todo, encuentra este despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. El solicitante no aport\u00f3 una copia actualizada del Registro Civil de Matrimonio de las partes, pues el arribado no permite verificar la existencia de anotaciones en \u00e9ste. <\/p>\n
4.2. En la solicitud de exequatur no se identifica a la parte que resultar\u00eda afectada con el pedimento de homologaci\u00f3n, o la manifestaci\u00f3n de que no lo habr\u00e1 y las razones para este colof\u00f3n. <\/p>\n
4.3. No existe claridad frente al contenido de las pretensiones, puesto que no se estableci\u00f3 si lo que se persigue es la homologaci\u00f3n de los efectos personales del fallo for\u00e1neo, las consecuencias patrimoniales, o ambos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto en el escrito inicial se formul\u00f3 como pretensi\u00f3n que \u00abse conceda el EXEQU\u00c1TUR a la sentencia extranjera proferida por la jurisdicci\u00f3n del Estado de Espa\u00f1a (Miembro de la Uni\u00f3n Europea) \u2013 de fecha 15 de julio de 2020, declarada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 2 de Parque Manzanedo s\/n Santo\u00f1a \u2013 Divorcio de mutuo acuerdo de GUILLERMO LOAIZA BRI\u00d1EZ y CENAIDA RODRIGUEZ GARCIAS No. 0000284 \/ 2020 NIG 3907941120200000580 \u2013 Decreto No. 000179\/2020\u00bb (folio 1 archivo digital 01. Demanda y anexos). <\/p>\n
Ahora bien, como la parte dispositiva del fallo emanado del juzgador for\u00e1neo, en su ordinal segundo, decidi\u00f3 aprobar de manera \u00edntegra el \u00abconvenio regulador\u00bb suscrito por las partes, en el cual, a su vez, se adjudic\u00f3 a nombre del c\u00f3nyuge y ahora solicitante, Guillermo Loaiza Bri\u00f1ez, el dinero depositado en el \u00abFondo Nacional del Ahorro de Colombia con una saldo de 26.501.302 pesos\u00bb (sic), lo que se traduce en la afectaci\u00f3n de un derecho real sobre un bien ubicado en el pa\u00eds <\/p>\n
Frente a lo expuesto, se torna imprescindible que el solicitante precise si persigue \u00fanicamente la homologaci\u00f3n del fallo en punto a los efectos personales que puede generar sobre el matrimonio, o si tambi\u00e9n pretende alcanzar el mismo resultado sobre las decisiones patrimoniales de la sentencia, pues estos \u00faltimos podr\u00edan contravenir lo se\u00f1alado en el numeral 4\u00b0 del art 607 del C.G.P., haciendo improcedente el reconocimiento. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Paul Alexander Sierra T\u00e1mara, profesional del derecho inscrito en el Registro Nacional de Abogados, como mandatario de Guillermo Loaiza Bri\u00f1ez en el sub lite, con las facultades conferidas en el acto de apoderamiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero.- Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por a Guillermo Loaiza Bri\u00f1ez para obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia se\u00f1alada en el encabezado de este auto. <\/p>\n
Segundo.- Reconocer personer\u00eda al abogado Paul Alexander Sierra T\u00e1mara como apoderado judicial del solicitante. <\/p>\n
Tercero.- Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Cuarto.- En su oportunidad, arch\u00edvense las diligencias por Secretar\u00eda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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