AC086-2023 (2023-00124-00) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC086-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00124-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn y Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada, Caldas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 22 de febrero de 2021, el Centro Zonal Oriente de la Regional Caldas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emiti\u00f3 auto de restablecimiento de derechos en favor del menor Manuel Esteban Moreno Gonz\u00e1lez y orden\u00f3 su ubicaci\u00f3n en el Internado \u00abVulneraci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Portal de Luz\u00bb de Riosucio, Caldas; sin embargo, mediante Resoluci\u00f3n No. 922 del 1\u00ba de diciembre 2021, la misma autoridad dispuso la remisi\u00f3n del proceso administrativo a la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Sur Oriente de la Regional Antioquia y, por contera, la transferencia del adolescente al medio familiar de la progenitora, quien reside en Medell\u00edn. <\/p>\n
1.1. Recibidas las actuaciones por la \u00faltima dependencia mencionada, decidi\u00f3 enviarlas por p\u00e9rdida de competencia a los Jueces de Familia de Oralidad de dicha ciudad. <\/p>\n
2. El expediente correspondi\u00f3 por reparto al Despacho Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, cuya titular se rehus\u00f3 a conocerlo y orden\u00f3 su traslado al Juzgado Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, al considerar que \u00abcomo el menor al momento de la apertura del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, se encontraba en el municipio de la Dorada -Caldas-, es procedente remitir el expediente al Juzgado de conocimiento que le corresponde para conocer de fondo la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. Respald\u00f3 tal posici\u00f3n en el prove\u00eddo CSJ AC2814-2019, 18 jul., rad. 2019-01497-00 de esta Corporaci\u00f3n [archivo digital 03]. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de dicha urbe igualmente se neg\u00f3 a continuar con el tr\u00e1mite pertinente, al considerar que \u00ab[l]a competencia para agotar el PARD, radica inicialmente en el Defensor de Familia, el Comisario de Familia o el Inspector de Polic\u00eda, de acuerdo con las competencias establecidas en los art\u00edculos 96 al 98 de la Ley 1098 de 2006, y el art\u00edculo 2.2.4.9.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Espec\u00edficamente el art\u00edculo 97 del CIA, refiere que la competencia territorial la ostenta \u201c\u2026 la autoridad del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u2026\u201d\u00bb. En consecuencia, propuso colisi\u00f3n negativa de competencia y remiti\u00f3 el legajo a esta Corporaci\u00f3n por ser la facultada para su definici\u00f3n [archivo digital 04]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto planteado involucra a dos juzgados de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el conflicto. As\u00ed se desprende de los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso (inciso quinto) y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 de 2006, \u00abser\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
3. Confrontado el asunto que se examina con el aparte normativo que acaba de referirse, deviene que no existe duda en cuanto a que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdonde se encuentre\u00bb el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente objeto de las medidas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n en asuntos an\u00e1logos destacando que: <\/p>\n
\u00abLa claridad de la referida disposici\u00f3n no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se \u00abencuentre\u00bb el menor, aludiendo as\u00ed simple y llanamente a su ubicaci\u00f3n f\u00edsica y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicaci\u00f3n en concreto pudieran generar duda. <\/p>\n
Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, compendiados en el concepto de \u00abm\u00ednimo esfuerzo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, acorde con el cual se aspira a que el tr\u00e1mite se desarrolle lo m\u00e1s cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protecci\u00f3n del menor. <\/p>\n
Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que, en aras de la prevalencia del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclin\u00e1ndose por la localizaci\u00f3n de \u00e9ste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado\u00bb (CSJ AC1828-2019, 21 may., rad. 2019-01258-00, reiterada en CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00 y CSJ AC4136-2022, 14 sep., rad. 2022-02926-00). <\/p>\n
4. El prenombrado precepto busca tambi\u00e9n atender el fin del art\u00edculo 96 ibidem, que ordena el seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n o de restablecimiento adoptadas, por cuanto deviene apenas l\u00f3gico que la autoridad a cuyo cargo est\u00e1 el cumplimiento de dicha tarea sea la que tenga mayor facilidad para ello, y esta no puede ser otra distinta a la del lugar de habitaci\u00f3n del menor, quien, de acuerdo con el art\u00edculo 26 de la normativa en cita, tiene derecho a ser escuchado \u00aby sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta\u00bb. <\/p>\n
5. Y no se diga que por el hecho de haber estado el joven Moreno en La Dorada (Caldas) para cuando se dio inicio al tr\u00e1mite administrativo, debe ser el funcionario judicial de ese territorio quien contin\u00fae con las actuaciones subsiguientes sin importar el cambio de habitaci\u00f3n de aquel pues, ha dicho esta Corte que \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC3122-2020, 23 nov., rad. 2020-02837-00 reiterado en CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00 y CSJ AC5459-2022, 29 nov., rad. 2022-03907-00). <\/p>\n
6. En el caso bajo estudio, es claro que la ubicaci\u00f3n del adolescente vari\u00f3 en el curso de las actuaciones, pues fue remitido a la residencia de su progenitora, situada en Medell\u00edn, circunstancia que, de cara a las citas jurisprudenciales y normativas antes referidas, impone a la autoridad de este lugar la competencia para continuar con el tr\u00e1mite de restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
Sobre el punto se pronunci\u00f3 el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y esta Corte acogi\u00f3 tal criterio, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
(…) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (…) Siguiendo la regla establecida en el art\u00edculo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la ni\u00f1a traer\u00eda entonces dos consecuencias impl\u00edcitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inici\u00f3 el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto (CE 2 mar. 2012, rad. 2012-00010-00 y CSJ AC4442-2019, 11 oct., rad. 2019-03275-00, criterio reiterado en CSJ AC5679-2022, 13 dic., rad. 2022-04317-00). <\/p>\n
7. Ahora, frente al temor manifiesto de la primera oficina judicial rese\u00f1ada, relacionado con la inconsistencia que generar\u00eda el cambio constante de funcionario de una localidad a otra en la fase jurisdiccional, ha dicho esta Sala que, justamente esa es la raz\u00f3n por la cual el conocimiento del asunto judicial debe quedar zanjado desde el inicio de dicha etapa y no despu\u00e9s, pues, en caso de equ\u00edvocos, debe analizarse la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Precisamente, en un asunto de similares contornos al que se analiza destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) como hasta el momento la actuaci\u00f3n estuvo en manos de la Comisar\u00eda de Familia de Betania, pero ninguna autoridad jurisdiccional ha avocado su conocimiento, se impone la necesidad de que se le asigne al juzgador del lugar donde se localiza la menor, sin que tenga cabida el postulado de la jurisdicci\u00f3n perpetua. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la medida que la ni\u00f1a a favor de quien se sigue el procedimiento que origina este debate se encuentra actualmente en el Comit\u00e9 Privado de Asistencia a la Ni\u00f1ez -PAN- de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n de la medida administrativa de restablecimiento de derechos que dispuso su ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, el servidor que en sede judicial asumir el asunto es el Segundo de Familia de Oralidad de ese lugar, (CSJ AC5009-2022, 2 nov., rad. 2022-03520-00, reiterado en CSJ AC5679-2022, 13 dic., rad. 2022-04317-00). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia para seguir conociendo del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos del menor al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al ICBF Centro Zonal Oriente de La Dorada, Caldas, al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la misma localidad y a los dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medell\u00edn es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Oriente de La Dorada, Caldas, al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la misma localidad y a los dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC086-2023 (2023-00124-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC086-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00124-00 Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-69915","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69915\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}