ATC002-2023 <\/p>\n
ATC002-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02117-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Universidad del Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali y los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz radicado bajo el n\u00ba 008000122520002-2013-80003, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad, que afecta la actuaci\u00f3n desplegada hasta este momento, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Revisado el expediente se evidenci\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto de 12 de octubre de 2022 admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela formulada por Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez ordenando la vinculaci\u00f3n, entre otros, del Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali. <\/p>\n
Surtido el respectivo tr\u00e1mite, profiri\u00f3 sentencia el 26 de octubre de 2022 a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor. <\/p>\n
3. El accionante alleg\u00f3 memorial de 1\u00ba de noviembre de 2022 mediante el cual manifest\u00f3 que existi\u00f3 un error en el auto admisorio, por cuanto el Juzgado Primero Administrativo Oral al cual hizo referencia en la p\u00e1gina 16 del escrito de tutela correspond\u00eda al de Barranquilla, sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal vincul\u00f3 al Primero Administrativo Oral de Cali. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte. <\/p>\n
2. Dicho ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el asunto en estudio, pues en el auto admisorio se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, cuando el que realmente deb\u00eda ser vinculado, era el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla para que se pronunciara frente a lo relacionado con el proceso 0800013333001201600090-00 y a lo manifestado por el actor en el escrito de tutela. <\/p>\n
Respecto a la obligatoriedad de integrar debidamente el contradictorio en tr\u00e1mites de este linaje, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00abSe ha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019 \u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005, criterio citado en ATC826-2022). <\/p>\n
3. La informalidad de la que est\u00e1 dotada la tutela no puede implicar el quebrantamiento al debido proceso, al que por expreso mandato constitucional est\u00e1n sometidas todas las actuaciones judiciales [Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica] de manera que, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado -entre otras cargas- a enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar, solicitar las pruebas que consideren pertinentes y, ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva y como inicialmente se anunci\u00f3, se impone declarar la nulidad de lo actuado y devolver el expediente al a quo constitucional, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida, vincule en debida forma al Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y vuelva a dictar el respectivo fallo, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia a partir del auto admisorio, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se reponga la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n del Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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