ATC016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01218-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Garc\u00eda Gallo contra el Juzgado Sexto de Familia de Manizales, la Administradora Colombiana de Pensiones y la Aseguradora Solidaria de Colombia, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en su calidad \u00abde heredero determinado de Luis Eduardo Garc\u00eda Correa, fallecido el 25 de febrero de 2018\u00bb, fue demandado por Luz Matilde M\u00e9ndez Atehort\u00faa, quien pretende \u00abse le declare la constituci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la sociedad marital de hecho, que supuestamente sostuvo con mi se\u00f1or padre\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Sexto de Familia de Manizales \u00abmediante auto del 27 de julio de 2022\u00bb, pese a que se present\u00f3 \u00abdespu\u00e9s de 4 a\u00f1os de fallecido nuestro padre y cuando esta se\u00f1ora no fue durante los \u00faltimos a\u00f1os de vida, su compa\u00f1era permanente\u00bb. <\/p>\n
Que, con la anterior actuaci\u00f3n, el despacho judicial desconoci\u00f3 \u00abel t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 8 de la ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 de 2005, y los pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de Justicia [quien], en reiteradas ocasiones ha manifestado que solo para la sustituci\u00f3n pensional se obviar\u00e1 el t\u00e9rmino [en menci\u00f3n], en cuyo caso ya se vio el resultado fraudulento de la se\u00f1ora Luz Matilde M\u00e9ndez Atehort\u00faa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que tambi\u00e9n Colpensiones y la Aseguradora Solidaria de Colombia vulneran sus prerrogativas fundamentales, la primera porque reconoci\u00f3 \u00abla sustituci\u00f3n pensional de mi difunto padre\u00bb a favor de la se\u00f1ora M\u00e9ndez Atehort\u00faa, y la segunda, porque no le ha brindado \u00abrespuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n radicado en el mes de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abque se ordene al Juzgado 6 de Familia modificar el sentido del auto admisorio de la demanda [n\u00b0 2022-00234], declarando el rechazo de la misma por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n; solicitarle a Colpensiones revaluar el tr\u00e1mite y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, as\u00ed como las declaraciones que sirvieron de base fundamental para la asignaci\u00f3n de sustituci\u00f3n pensional, [y] que suspenda el pago de la mesada pensional de sobreviviente de nuestro padre (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio en lo atinente a los reproches dirigidos contra el juzgado, aduciendo que no se cumple el requisito de subsidiariedad ya que el reclamante \u00abtiene a su alcance la posibilidad de hacer uso de cualquiera de los mecanismos procesales previstos por el legislador en el estatuto adjetivo en ejercicio de su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. Sobre el reproche a Colpensiones, dijo que la acci\u00f3n no satisfac\u00eda el requisito temporal, ya que la resoluci\u00f3n criticada data del \u00ab14 de agosto de 2018\u00bb, aunado a que \u00abel actor contaba con la posibilidad de acudir a los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
Empero, concedi\u00f3 la tutela dirigida contra la cooperativa Aseguradora Solidaria de Colombia, al establecer que la gerencia de indemnizaci\u00f3n de seguros de personas, \u00abno ha entregado una respuesta de fondo a lo solicitado en el derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 29 de septiembre de 2022\u00bb, donde el accionante requiri\u00f3 \u00abse expida certificaci\u00f3n y\/o constancia de la suscripci\u00f3n y pago de la p\u00f3liza\u00bb, por lo que orden\u00f3 a dicha entidad, responder \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n [del fallo]\u00bb. <\/p>\n
5. El querellante impugn\u00f3, aduciendo que conforme al \u00absistema jur\u00eddico de nuestro pa\u00eds [se] debe amparar el derecho fundamental al debido proceso, esto debe darse a los asociados, antes, durante y despu\u00e9s de la acci\u00f3n, esto en el estricto sentido de evitar que el juez natural desgaste econ\u00f3micamente este estado social de derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, pues, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, predetermin\u00f3 su conocimiento entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la presente demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que la acci\u00f3n se encamina a censurar la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Sexto de Familia de Manizales, concretamente el prove\u00eddo adiado el 27 de julio de 2022, mediante el cual se admiti\u00f3 la demanda de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital y sociedad patrimonial de hecho n\u00b0 2022-00234, promovida contra los herederos de Luis Eduardo Garc\u00eda Correa, entre quienes se encuentra el ac\u00e1 quejoso. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, y al tenor de lo previsto en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, en este asunto se hace necesario observar lo contemplado en el numeral 5\u00b0 de dicha disposici\u00f3n, seg\u00fan el cual: \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Por lo antedicho, sin que haya lugar a consideraci\u00f3n adicional, es evidente que el conocimiento del presente resguardo debi\u00f3 asumirlo en primera instancia la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), colegiatura a quien se le asignar\u00e1 la competencia para tramitar y fallar el asunto, comoquiera que el reproche constitucional est\u00e1 dirigido contra un juzgado perteneciente a dicho distrito judicial. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC1798-2022, 1\u00b0 dic., rad. 01075-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1704-2022, 16 nov., rad. 00901-01, entre otros). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado entre otros muchos en ATC1929-2021, 15 dic., rad. 00398-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de noviembre de 2022, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC016-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC016-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01218-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-69947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}